CE - 110010315000202206733011SENTENCIA20230511084226

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06733-01

Referencia: Acción de tutela

Actores: EDUARDO MARTÍNEZ CHIPAGRA Y OTRA

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE

CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

LOS ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE AMPARO FUERON OBJETO

DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL

ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DIGNIDAD, SALUD, VIDA , DEBIDO

PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por los actores contra la sentencia de 3 de marzo de 202 3, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C” - DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo por no satisfacer el requisito de la relevancia constitucional.

I.- ANTECEDENTES

1 En adelante la Sección Tercera -Subsección “C”.2

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 06733 01

I.- ANTECEDENTES

1 En adelante la Sección Tercera -Subsección “C”.2

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Actores: EDUARDO MARTÍNEZ CHIPAGRA Y OTRA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.1.- La solicitud

Los señores EDUARDO MARTÍNEZ CHIPAGRA y DURLEY KARINA MARTÍNEZ DUARTE, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad, a la salud, a la vida, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A” - DEL CONSEJO DE ESTADO2 al proferir la providencia de 15 de julio de 2022, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 54001-23-31-000-2004-01294-01.

I.2.- Hechos

Manifestaron que promovieron ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL NORTE DE SANTANDER 3, demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL NORTE DE

SANTANDER, IPS A.S.I. S.A. , ASISTENCIA EN SALUD

2 En adelante la Sección Tercera -Subsección “A”. 3 En adelante el Tribunal.3

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL NORTE DE

SANTANDER, IPS A.S.I. S.A. , ASISTENCIA EN SALUD

2 En adelante la Sección Tercera -Subsección “A”. 3 En adelante el Tribunal.3

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INTEGRAL y COOMEVA E.P.S. , con el fin de obtener el reconocimiento y pago de l os perjuicios causados con ocasión del fallecimiento del menor EMM4 el 25 de octubre de 2002, en la Clínica San José de Cúcuta por presunta falla en el servicio médico.

Afirmaron que el TRIBUNAL, mediante sentencia de 18 de diciembre de 2012, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL NORTE DE SANTANDER y patrimonialmente responsables a COOMEVA E.P.S. S.A. y a la SOCIEDAD ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL ASI S.A., por los perjuicios morales y la pérdida de la oportunidad que se derivó con el fallecimiento del menor EMM.

Señalaron que inconforme con lo anterior COOMEVA E.P.S. S.A. interpuso recurso de apelación ante la SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN “A”- que, mediante sentencia de 15 de julio de 2022 revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones

interpuso recurso de apelación ante la SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN “A”- que, mediante sentencia de 15 de julio de 2022 revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Precisaron que la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo

4 La Sala se reserva el nombre por protección a los menores de edad.4

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al no aplicar el régimen de pérdida de oportunidad, dejando en impunidad el daño moral causado con ocasión del fallecimiento menor, permitiendo que la prestación del servicio de salud se siga prestando de manera negligente.

Advirtieron que la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- incurrió en el defecto fáctico , por cuanto no efectuó una valoración exhaustiva del material probatorio debidamente decretado, a través del cual se lograba advertir la negligencia en la atención médica durante dos meses aplicando tratamientos improvisados que le restaron al menor EMM la posibilidad y la oportunidad de recuperar su salud.

Finalmente, afirmaron que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial de esta Corporación, relacionado con la pérdida de la oportunidad desarrollado en la sentencia dictada el 11 de agosto de 20105, toda vez que, a su juicio,

desconocimiento del precedente judicial de esta Corporación, relacionado con la pérdida de la oportunidad desarrollado en la sentencia dictada el 11 de agosto de 20105, toda vez que, a su juicio, en el caso bajo estudio, debió aplicarse está teoría dado qu e si bien no se acreditó el nexo de causalidad entre la muerte del menor y la omisión en la remisión al especialista, si se p robó la patología congénita que padecía el menor la cual requería una atención

5 Sección Tercera radicado No. 1995-00082-01 (18593).5

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especial y multidisciplinaria en institución hospitalaria. I.4.- Pretensiones

Los actores solicitaron el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] 4.1 - De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de nuestra Carta Política, respetuosamente solicitamos a esa Honorable Corporación Judicial, se ordene como mecanismo de protección fundamental e inmediata, de los derechos constitucionales fundamentales relativos al debido proceso, acceso a la justicia, garantía de una tutela judicial efectiva para nuestros derechos, (arts. 11, 29 y siguientes de la C.Pol.), indemnización por parte del Estado, al n o prestar de manera efectiva el servicio de salud, que hacen parte de nuestros roles como ciudadanos, los

a la justicia, garantía de una tutela judicial efectiva para nuestros derechos, (arts. 11, 29 y siguientes de la C.Pol.), indemnización por parte del Estado, al n o prestar de manera efectiva el servicio de salud, que hacen parte de nuestros roles como ciudadanos, los cuales están siendo amenazados, desconocidos y conculcados por las entidades accionadas.

4.2 - Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos jurídicos la sentencia del 15 de julio de 2022 expedida por el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A, y se mantenga incólume el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander (aquo) (SIC). EN CONSECUENCIA:

Se dé plena aplic ación por el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN "A" a la sentencia 1995 -0008201(18593) del 11 de agosto de 2010 (Consejo de estado) en lo referido a la pérdida de oportunidad o chance.

4.3. - De manera subsidiaria y de conformidad con lo est ablecido en el artículo 8° del Decreto 2591 de 19915, se solicita el amparo transitorio de los bienes ius fundamentales, invocados con el fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”-, manifestó que la acción de tutela resulta improcedente por incumplimiento del6

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la acción de tutela resulta improcedente por incumplimiento del6

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requisito de la relevancia constitucional. Señaló que la decisión cuestionada fue debidamente razonada y se profirió teniendo en cuenta el material probatorio a llegado al plenario, por lo tanto consideró que los actores pretenden reabrir de manera injustificada el debate probatorio y jurídico a través del presente mecanismo constitucional.

Igualmente, señaló que el amparo debe ser denegado por cuanto no se acred itó la configuración de los defectos invocados, pues para justificar los cargos de vulneración fue necesario acudir a los argumentos que se consignaron la sentencia acusada, por lo que los actores buscan surtir un nuevo debate probatorio debido al resultado adverso a sus pretensiones.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La sociedad COOMEVA E.P.S. S.A. solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la referencia, por cuanto no es responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por los actores.

Aseguró que no tiene competencia para pronunciarse acerca de las pretensiones de la demanda de tutela, pues el conflicto se7

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Aseguró que no tiene competencia para pronunciarse acerca de las pretensiones de la demanda de tutela, pues el conflicto se7

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circunscribe a la actuación judicial proferida por la Subsección Ade la Sección Tercera del Consejo de Estado, autoridad contra quien se dirige la acción de tutela.

I.6.2. La sociedad ASISTENCIA EN SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES S.A.S. manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva , por cuanto los hechos de la acción de tutela se relacionan con una empresa distinta que prestó sus servicios en el año 2002.

Recalcó que fue constituida mediante documento privado el 6 de febrero de 2004 y los hechos de la presunta violación datan del año 2002, por lo tanto no le podía ser endilgada alguna responsabilidad, pues la situación fáctica fue anterior a su fecha de creación y constitución.

I.6.3. El INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER aseguró que no goza de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto fue absuelto de los cargos formulados en la demanda al comprobarse que no tuvo relación con la actuación activa u omisiva desplegada por la IPS ASI.

I.6.4. El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital8

demanda al comprobarse que no tuvo relación con la actuación activa u omisiva desplegada por la IPS ASI.

I.6.4. El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital8

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contentivo del medio de control de reparación directa objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al objeto de la acción de tutela de la referencia.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 3 de marzo de 2023 la SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN “C” -, desvinculó de la acción constitucional a la sociedad ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL S.A., por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

Asimismo, declaró improcedente el amparo al considerar que no se encontró satisfecho el requisito gener al de la relevancia constitucional, al evidenciar que los cargos elevados en la demanda no estaban debidamente justificados.

Además, concluyó que los argumentos de la tutela están dirigidos a revivir el debate jurídico efectuado por la autoridad judicial accionada, como si se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario.

Igualmente, sostuvo que […] en atención a la autonomía judicial y al carácter excepcionalísimo que reviste la tutela formulada en contra9

accionada, como si se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario.

Igualmente, sostuvo que […] en atención a la autonomía judicial y al carácter excepcionalísimo que reviste la tutela formulada en contra9

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de una providencia judicial, se debe acotar que no basta con manifestar inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano constitucional […].

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Los actores cuestionaron la providencia de primera instancia, al señalar que es indispensable la intervención del juez de tutela en aras de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y la vulneración de sus derechos fundamentales.

Afirmaron que el asunto reviste de importancia constitucional que merece ser analizada por parte del órgano de cierre como mecanismo excepcional, toda vez que la decisión cuestionada pone en riesgo el resarcimiento de los daños ocasionados por la muerte de su hijo, circunstancia que se derivó del actuar negligente de las entidades prestadoras de los servicios de salud.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA10

resarcimiento de los daños ocasionados por la muerte de su hijo, circunstancia que se derivó del actuar negligente de las entidades prestadoras de los servicios de salud.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA10

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Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitució n Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que COOMEVA E.P.S. S.A. y el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , formularon petición de desvinculación en la presente acción de tutela.11

sentencia.

La Sala advierte que COOMEVA E.P.S. S.A. y el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , formularon petición de desvinculación en la presente acción de tutela.11

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensione s del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tute la se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el12

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 06733 01

bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el12

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demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

La Sala advierte que la sociedad COOMEVA E.P.S. S.A. actuó como parte demandada dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 54001-23-31-0002004-01294-01, objeto del presente estudio, razón por la que, en calidad de tercera, le asiste interés en la decisión de la acción constitucional de la referencia, por lo que se denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Ahora bien, por su parte, el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , fue absuelto de responsabilidad en la decisión de primera instancia y, comoquiera que la acción de tutela está dirigida a controvertir una decisión judicial que le concierne a COOMEVA E.P.S. S.A. y a la SOCIEDAD ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL S.A ., la Sala advierte que

que la acción de tutela está dirigida a controvertir una decisión judicial que le concierne a COOMEVA E.P.S. S.A. y a la SOCIEDAD ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL S.A ., la Sala advierte que dicha entidad no tiene interés directo en las resultas del proceso , razón por la que se aceptará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.13

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de juli o de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procede nte la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).14

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En la mencio nada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez

constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan a gotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desbord e institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad pr ocesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo15

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con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímen es de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generar on la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza

vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectaci ón de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferid as son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge c uando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.16

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o t ribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que se deje sin efecto la providencia de 15 de julio de 2022, proferida, por la SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN “A”- dentro del medio de control de reparación directa identificada con el número único de radicación 54001-23-31-000-2004-01294-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a juicio de los actores, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al no aplicar el régimen de pérdida de la oportunidad,17

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 06733 01

Actores: EDUARDO MARTÍNEZ CHIPAGRA Y OTRA.

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dejando en impunidad el daño moral causado con ocasión de la muerte de su hijo, permitiendo que la prestación del servicio de salud se siga prestando de manera negligente.

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