CE - 110010315000202206741011SENTENCIA20230511115758

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2022-06741-01

Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción impuesta a juez en un proceso disciplinario. Desconocimiento del precedente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación formulada por Jorge Enrique Figueroa Morantes, en contra de la sentencia proferida el 8 de febrero de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de tutela de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Jorge Enrique Figueroa Morantes promovió solicitud de tutel a con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 5 de octubre de 2022 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el proceso disciplinario identificado con el radicado 05001110200020170001701.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

Judicial, en el proceso disciplinario identificado con el radicado 05001110200020170001701.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1. Sol Ángel Vásquez Escobar presentó queja disciplinaria en contra de Jorge2

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06741-01

Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes Enrique Figueroa Morantes, en su condición de juez trece penal municipal de Medellín, por los malos tratos recibidos en la audiencia celebrada el 6 de enero de 2017, en el proceso penal con radicado 2016-00950, adelantado en contra de

Esperanza Magnolia Izquierdo Moreno.

1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, a través de providencia proferida el 28 de febrero de 2020, declaró disciplinariamente responsable a Jorge Enrique Figueroa Morantes por desconocer el deber previsto en el artículo 153-4 de la Ley 270 de 19961, en concordancia con la prohibición contenida en el 154-6 ibidem2, y en el 34-6 de la Ley 734 de 2002 3; así como lo dispuesto en los artículos 10-14, 140 5 y 178 -1 del Código de Procedimiento Penal 6 y 29 de la Constitución Política 7. En consecuencia, lo

1 ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: (…)

4. Observar permanentemente en sus relaciones con el público la consideración y cortesía debidas.

1 ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: (…)

4. Observar permanentemente en sus relaciones con el público la consideración y cortesía debidas. 2 ARTÍCULO 154. PROHIBICIONES. A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el

caso, les está prohibido: (…)

6. Realizar en el servicio o en la vida social actividades que puedan afectar la confianza del público u observar una conducta que pueda comprometer la dignidad de la administración de justicia. 3 ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público:

(…)

6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razó n del servicio. 4 ARTÍCULO 11. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos en este código. (…) 5 ARTÍCULO 140. DEBERES. Son deberes de las partes e intervinientes: (…) 6 ARTÍCULO 178. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTOS. <Artículo modificado por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Se interpondrá, sustentará y correrá traslado a los no impugnantes en la respectiva audienci a. Si el recurso fuere debidamente sustentado se concederá de inmediato ante el superior en el efecto previsto en el artículo anterior.

sustentará y correrá traslado a los no impugnantes en la respectiva audienci a. Si el recurso fuere debidamente sustentado se concederá de inmediato ante el superior en el efecto previsto en el artículo anterior. Recibida la actuación objeto del recurso el juez lo resolverá en el término de cinco (5) días y citará a las partes e intervinientes a audiencia de lectura de auto dentro de los cinco (5) días siguientes. Si se trata de juez colegiado, el Magistrado ponente dispondrá de cinco (5) días para presentar proyecto y de tres (3) días la Sala para su estudio y decisión. La audiencia de lectura de providencia será realizada en 5 días. 7 ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a3

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06741-01

Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de dos (2) meses. En contra de esta decisión el demandante interpuso recurso de apelación.

Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de dos (2) meses. En contra de esta decisión el demandante interpuso recurso de apelación.

1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante sentencia proferida el 5 de octubre de 2022, negó la solicitud de nulidad presentada por el investigado y modificó la decisión del a quo en el sentido de: (i) absolverlo del cargo relacionado con la incursión en la prohibición descrita en el artículo 34-6 de la Ley 734 de 2002,

(ii) confirmar la responsabilidad respecto del cargo por desconocimiento del artículo 153-4 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con la prohibición contenida en el 154-6 ibidem y (iii) reducir a un mes la sanción impuesta.

1. En relación con esa decisión, el actor a lega vulnerados sus derechos fundamentales en tanto la corporación judicial demandada incurrió en:

• Decisión sin motivación debido a que la autoridad precitada no hizo ningún análisis sobre el fenómeno prescriptivo de la acción disciplinaria, regulado en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 y, luego, en el 33 de la Ley 1952 y 7 de la Ley 2094 de 2021, comoquiera que no se pron unció sobre el tiempo transcurrido entre el 6 de enero de 2017 y el 5 de octubre de 2022, es decir, los cinco años que duró el trámite del proceso.

• Defectos sustantivo, procedimental y orgánico por violación al principio de congruencia, puesto que la corporación demandada (i) no podía, en sede de

que duró el trámite del proceso.

• Defectos sustantivo, procedimental y orgánico por violación al principio de congruencia, puesto que la corporación demandada (i) no podía, en sede de apelación, en el acápite de cuestión previa, corregir los errores presentados en el juicio de tipicidad de la conducta investigable y sorprender al investigado con cargos que nunca se le imputaron, así estos tenga n una connotación de menor entidad que los que dieron origen a la investigación, sino que debió declarar la nulidad de todo lo actuado, para que el juez disciplinario de primera instancia realizara el correspondiente juicio de tipicidad y enmendara l a irregularidad; (ii)

presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.4

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06741-01

Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes al reemplazar al instructor disciplinario e imponer su calificación jurídica en el capítulo referido y en la parte resolutiva del fallo atacado, desarticuló la estructura del proceso disciplinario dispuesto en la Ley 734 de 2002 y (iii) carecía de competencia para modificar la calificación jurídica ausente en la decisión apelada.

• Desconocimiento del precedente judicial ya que, de un lado, la cita consignada en el aparte denominado «cuestión previa», esto es, la sentencia proferida el 25 de agosto de 2021 en el proceso con radicado 2015-0040001, no satisface las

en el aparte denominado «cuestión previa», esto es, la sentencia proferida el 25 de agosto de 2021 en el proceso con radicado 2015-0040001, no satisface las características de ser seria, razonable y suficiente, puesto que no fue dictada en la misma sede, toda vez que se expidió con ocasión de un grado de jurisdiccional de consulta, el tiempo o de indagación preliminar fue mayor que en el sub lite, la complejidad de ambos no es asimilable y los instantes en que se asumió la defensa por los investigados fue diferente; por otra parte, se omitieron las decisiones adoptadas el 4 de marzo de 2020 y el 21 de octubre de 2021 en los procesos disciplinarios con radicados 2017 -00371-01 y 2019 -00302-01, respectivamente, en los que sí se realizó un juicio de validez de todo lo actuado, que llevó a analizar temáticas que en derecho se denominan como «de carácter procesal sustantivo», que pueden modificar el tratamiento jurídico del inculpado para favorecerlo en sus consecuencias o extinguir el resultado de su actuar.

• Defecto fáctico por la falta de coherencia jurídica-interna en la evaluación probatoria en el análisis de los juicios de responsabilidad disciplinaria.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1. Que se declare INAPLICABLE, por contravenir la Constitución y de acuerdo con el artículo 4° de la Carta Fundamental, la decisión de segunda instancia dictada el pasado 5 de octubre del 2022 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial respecto del radicado 050011102000201700017 01.

el artículo 4° de la Carta Fundamental, la decisión de segunda instancia dictada el pasado 5 de octubre del 2022 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial respecto del radicado 050011102000201700017 01.

2. Que se ORDENE a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial REHACER la decisión de segunda instancia, teniendo en cuenta en ello los parámetros que sobre el particular imponga la acción de tutela, esta vez con la garantía de la debida motivación y el principio de la congruencia.5

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06741-01

Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

3. SE INAPLIQUE el Acuerdo 1589 del 2002, artículo séptimo, numeral tercero, a fin de que se excluya a la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros de un nuevo conocimiento de segunda instancia dentro del radicado 05001110201700017-01. En tal sentido, que SE ORDENE a la Oficina de Reparto respectiva que se proceda como si fuese reparto por primera vez y se tomen las previsiones del caso para su radicación, registro y compensaciones que se requieran. […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial 8 solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo de la referencia, en atención a que no cumple el requisito de relevancia constitucional, pues el demandante se limitó a señalar los derechos fundamentales vulnerados y los defectos sustantivo, fáctico y falta de motivación, sin demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada de aquellos, por lo que lo pretendido es convertir la solicitud de tutela en una tercera

derechos fundamentales vulnerados y los defectos sustantivo, fáctico y falta de motivación, sin demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada de aquellos, por lo que lo pretendido es convertir la solicitud de tutela en una tercera instancia para discutir la decisión adoptada por la autoridad disciplinaria.

En relación con la notificación de la sentencia acusada aclaró que ello es procedente solo con la firma de la magistrada ponente, pues se trata de un acto adelantado respecto de una decisión que había sido aprobada en la Sala 77; situación que no desconoce derecho alguno , sino que, por el contrario, resulta ser una actuación conforme a los lineamientos propios de esa corporación y los fines del proceso y de la notificación.

Indicó que no se desconoció el principio de congruencia, puesto que la variación o nueva calificación de los cargos nunca existió, y tampoco el derecho a la defensa, por cuanto el peticionario siempre estuvo representado por un abogado de oficio, a quien se le notificó y comunicó cada actuación adelantada, tan es así, que participó en las diferentes etapas procesales a través de la presentación de descargos, solicitud de pruebas, radicación de alegatos de conc lusión e interposición d el recurso de alzada.

8 Ver índice 11 de SAMAI. Archivo denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CORREO_06741(.pdf) NroA ctua 116

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06741-01

Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes Finalmente, frente al reclamo sobre el análisis del fenómeno de la prescripción,

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06741-01

Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes Finalmente, frente al reclamo sobre el análisis del fenómeno de la prescripción, afirmó que el demandante no tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, pues el auto de apertura de investigación disciplinaria es del 16 de noviembre de 2017, por lo que, para el momento en que se profirió la sentencia de segunda instancia no se había cumplido el término mencionado.

1.3 Sentencia de primera instancia9

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , mediante sentencia proferida el 8 de febrero de 2023, declaró improcedente la solicitud de tutela en lo relativo a la decisión sin motivación con ocasión del cargo de la prescripción de la actuación disciplinaria, en tanto no fue alegado durante el trámite del proceso disciplinario; y neg ó el amparo respecto a la configuración de los defectos sustantivo, procedimental, orgánico y desconocimiento de l precedente judicial, al considerar que, si bien pudiera pensarse que el fallador de primera instancia cometió un error de tipicidad, lo cierto es que aquel no resultaba suficiente para decretar la nulidad de todo lo actuado.

Por último, señaló que la autoridad demandada dio aplicación a la postura que consideró adecuada para resolver el asunto puesto a su consideración. En cuando al defecto fáctico no encontró mérito para pronunciarse.

1.4. Escrito de impugnación10

Jorge Enrique Figueroa Morantes impugnó la sentencia de primera instancia, para

al defecto fáctico no encontró mérito para pronunciarse.

1.4. Escrito de impugnación10

Jorge Enrique Figueroa Morantes impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y manifestó su inconformidad con la manera en que el a quo constitucional abordó el reclamo constitucional formulado al considerar que el fundamento utilizado tanto para declarar la improcedencia como para negar el amparo, a su parecer, resulta errado, además del indebido estudio del perjuicio irremediable, pues no se tuv ieron en

9 Ver índice 14 de SAMAI 10 Ver índice 15 de SAMAI7

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06741-01

Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes cuenta las consecuencias económicas que tiene el hecho de no poder ejercer su cargo de juez durante un mes.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el e scrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 11 y el Acuerdo 80 de l 12 de marzo de 2019 12, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso -administrativo del Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 14 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se

11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.8

01328-01, M.P. María Elizabeth García González. 14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.8

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06741-01

Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

[Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena ,15 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede pre sentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional 16 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y

relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 17 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuesto s en la solicitud y de los derechos

15 Consejo de Estado . Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tut ela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.9

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06741-01

Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno

Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interes ado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.18

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problemas jurídicos

La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad adjetiva, especialmente, el de subsidiariedad?

De ser favorable la respuesta al anterior interrogante, se de terminará si: ¿la Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los derechos fundamentales de Jorge Enrique Figueroa Morantes con ocasión de la sentencia del 5 de octubre de 2022, mediante la cual, en segunda instancia, lo sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo de juez de la república por un (1) mes, al incurrir, presuntamente, en violación del principio de congruencia, defectos sustantivo, procedimental, fáctico y desconocimiento del precedente?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1.1. De la subsidiariedad frente al reclamo relacionado con la prescripción de la acción disciplinaria.

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el

2.4.1.1. De la subsidiariedad frente al reclamo relacionado con la prescripción de la acción disciplinaria.

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como

18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.10

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06741-01

Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de

amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia19, es decir, no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tute la el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

En el caso concreto, Jorge Enrique Figueroa Morantes, entre otros, consideró vulnerados sus derechos fundamentales en tanto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no analiz ó la pertinente a la prescripción de la acción disciplinaria adelantada en su contra, a pesar de que transcurrieron, desde el 6 de enero de 2017 al 5 de octubre de 2022, más de cinco años.

A judicio de la Sala, el cargo referido no cumple con el requisito de subsidiariedad,

19 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T -1140 de 2004, T -1093 de 2004, T -514 de 2003 y T1121 de 2003.11

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06741-01

Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

1121 de 2003.11

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06741-01

Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes en tanto no fue alegado durante el trámite de segunda instancia del proceso disciplinario, y m al podía esperar el demandante que se profi riera la sentencia acusada para advertirlo solo ante el juez de tutela; razón por la cual, se confirmará la decisión del a quo de declarar la improcedencia de la solicitud de tutela al respecto.

2.4.1.2. Sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad adjetiva en cuanto a las demás inconformidades alegadas

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo de los demás argumentos de inconformidad expuestos.

Para lo cual es pertinente señalar que, aun cuando la parte demandante mencionó varias vías de hecho, aquellas se subsumen en un desconocimiento de precedente judicial que se refieren a la congruencia del fallo en procesos de naturaleza disciplinaria, razón por la cual solo se hará alusión al marco normativo de tal defecto.

2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial

Se recuerda que la Corte Constitucional 20 ha definido el precedente como la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos debe ser considerada por las autoridades judiciales al mome nto de proferir una decisión. En esa misma línea el tribunal constitucional ha destacado que la relevancia del precedente

pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos debe ser considerada por las autoridades judiciales al mome nto de proferir una decisión. En esa misma línea el tribunal constitucional ha destacado que la relevancia del precedente responde a: i) la necesidad de proteger el derecho a la igualdad y salvaguardar los principios de buena fe y seguridad jurídica de qui enes acuden a la administración de justicia y; ii) el reconocimiento del carácter vinculante de las decisiones judiciales adoptadas por los órganos cuya función es unificar jurisprudencia, con lo cual se le otorga la «categoría de fuente de derecho aplicable al caso concreto».

20 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.12

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06741-01

Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes En ese sentido y dada la imposibilidad que le asiste al legislador de regular, a partir de disposiciones de carácter general, cada situación particular y concreta que se puede presentar al interior de una sociedad, es que surge la n ecesidad e importancia de reconocer la obligatoriedad del precedente judicial, ya que, cuando la norma no es clara o su construcción gramatical resulta ambigua, es el juez, a partir del análisis de la situación fáctica en estudio y las normas aplicables a esta, quien define cada caso, a partir de la creación de las denominadas reglas de origen judicial21. Es desde esa realidad que el precedente judicial adquiere la categoría de fuente formal de derecho22 que propende por la aplicación uniforme de este, como una forma de materializar el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que deben dirigir toda actuación del Estado.

fuente formal de derecho22 que propende por la aplicación uniforme de este, como una forma de materializar el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que deben dirigir toda actuación del Estado.

Asimismo, cabe advertir que la jurisprudencia constitucional ha entendido que la lectura del artículo 230 de la Constitución Política, según el cual «los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley», d