CE - 110010315000202206750011SENTENCIA20230410155400

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06750-01

Demandante: ERNESTO RODRÍGUEZ RIVEROS

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / defecto sustantivo y decisión sin motivación – incumplimiento del requ isito de subs idiariedad / PROCESO DISCIPLINARIO – accionante abogado sancionado.

La Sala decide la impugna ción pr esentada por el demandante contra la sentencia proferida el 31 de enero de 202 3 por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, por medio de la cual (i) negó el amparo solicitado frente a los cargos por defec to sustantivo y decisión sin motivación y (ii) declaró la carencia actual de objeto por hecho superado , en relación con la petición de dar trámite a la solicitud de acl aración y adición de la sentencia del 10 de nov iembre de 2022, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 16 de diciembre de 2022 1, el señor Ernesto Rodríguez Riveros ejerció acción de

dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 16 de diciembre de 2022 1, el señor Ernesto Rodríguez Riveros ejerció acción de tutela contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Me ta y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , con el fin de que se am pararan sus derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad, al trabajo y de acceso a la administración de justicia , supuestamente vulnerados con las providencias proferidas, respectivamente, el 5 de noviembre de 2021 y el 10 de noviembre de 2022, en el marco de un proceso disciplinario adelantado en su contra. Formuló las siguientes pretensiones:

1 Se advierte que, el 13 de marzo de 2023, el proceso ingresó al despacho de la magis trada ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06750-01

Demandante: Ernesto Rodríguez Riveros Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

1. Se tutelen mis derechos fundam entales aquí reclamados y como

consecuencia de esta decisión se disponga:

2. Que en el término i mprorrogable de cua renta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo que ponga fin a esta acción constitucional, se disponga a ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que:

2.1.- Proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso disciplinario seguido en contra de Ernes to Rodríguez Riveros, dando aplicación a los

disponga a ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que:

2.1.- Proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso disciplinario seguido en contra de Ernes to Rodríguez Riveros, dando aplicación a los artículos 45 y 46 de la ley 1123 de 2007.

2.2.- Que se entre a resolver la solicitud de aclaración y complementación de la sentencia del 10 de noviembre de l año en curso y notificada vía electrónica el día 30 del mismo mes y año.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y d el expedien te digital se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

El abogado Ernesto Rodríguez Riveros fue investigado disciplinariamente por la supuesta comisión de la conducta descrita en el literal e del artículo 34 de la Ley 1123 de 20072, relativa a la falta de lealtad con el cliente.

Mediante providencia del 5 de no viembre de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta sancionó al accionante con suspensión de 2 meses , como responsable de la falta en mención, decisión que fue confirmada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en sentencia del 10 de noviembre de 2022, autoridad que, además, lo declaró responsable por desconocer el deber previsto en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 20073.

Manifiesta la parte actora que, en memorial el 1° de diciembre de 2022, solicitó, vía electrónica, la aclaración y adición de la s entencia del 10 de noviembre de 2022, lo que, a la fecha de interposición de la presente acción aún no se ha resuelto.

electrónica, la aclaración y adición de la s entencia del 10 de noviembre de 2022, lo que, a la fecha de interposición de la presente acción aún no se ha resuelto.

2 Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente : […] e) Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente, a quienes te ngan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el consentimiento de todos, ges tiones que redunden en provecho común; En esta falta también pueden incurri r los miembros de una misma firma o sociedad de abogados que representen intereses contrapuestos […] 3 Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: […] 8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las nor mas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago […].Radicación: 11001-03-15-000-2022-06750-01

Demandante: Ernesto Rodríguez Riveros Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

1.3. Argumentos de la tutela

Para la parte a ctora, en las provide ncias del 5 de noviembre de 2021 y 10 de noviembre de 2022 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta y la

1.3. Argumentos de la tutela

Para la parte a ctora, en las provide ncias del 5 de noviembre de 2021 y 10 de noviembre de 2022 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrieron en defecto sustanti vo y decisión sin motivación, por desconocer lo preceptuado en lo s ar tículos 45 y 46 de la Ley 1127 de 200 7, que establecen , respectivamente, los cr iterios de graduación de la sanción y la necesidad de motivación de la dosificación sancionatoria.

De igual forma, alegó la v ulneración de sus derechos fundamentales , al no haberse resuelto la solicitud de aclaración y adición de la sentencia de segunda instancia, en los términos establecidos en los artículos 285 y 287 del Código General del Proceso.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 12 de enero de 2023 , el despacho sustanciador de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de E stado admitió la s olicitud de amparo y ordenó notificar a los despachos accionados y, en calidad de terceros con interés, al Juzga do Primero Laboral del Circuito de Villavicenc io y al señor Javier Antonio Gutiérrez Lozano.

En la misma decisión se negó la medida provisional solicitada.

2.2. En memorial radicado el 18 de enero d e la presente anualidad, el señor Ernesto Rodríguez Riveros manifestó que , mediante auto del 17 de enero d e 20 23, la Comisión Nacional de Diciplina Judicial negó la solicitud de aclaración y adición de la

Rodríguez Riveros manifestó que , mediante auto del 17 de enero d e 20 23, la Comisión Nacional de Diciplina Judicial negó la solicitud de aclaración y adición de la sentencia del 10 de diciembre de 2022 , lo que, a su juicio, confirma la violación de sus derechos fundamentales pues la sanción disciplinaria se encuentra prescrita.

2.3. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por conducto de uno de sus magistrados, rindió el informe respectivo y solicitó que se negara el amparo deprecado, para lo cual manifestó que, en la pro videncia del 10 de n oviembre de 2022, se tuvieron como base las normas vigentes y aplicables el caso particular, así como las pruebas aportadas al proceso disciplinario, con base en las cuales se logró demostrar la responsabilidad disciplinaria del abogado Erne sto Rodríguez Riveros , por incurrir en la fa lta contemp lada en el artículo 34, literal e , de la Ley 112 3 de 2007, a título de dolo.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06750-01

Demandante: Ernesto Rodríguez Riveros Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Expuso que lo preten dido por el accionante es revivir los hechos que fueron objeto de debate en el proceso disciplinario, buscando generar la prescripción respecto de la conducta cometida, lo cual resulta imp rocedente, aunado al hech o de que los cargos por ausencia de motivación en la dos ificación de la sanción no fue un tema objeto de reproche en el recurso de apelación presentado contra la providencia de

la conducta cometida, lo cual resulta imp rocedente, aunado al hech o de que los cargos por ausencia de motivación en la dos ificación de la sanción no fue un tema objeto de reproche en el recurso de apelación presentado contra la providencia de primera instancia dictada en el proceso disciplinario, que era la op ortunidad idónea para hacerlo.

Respecto de la aclaración y adición de la sentencia de segunda instancia, manifestó que el memorial pasó al despacho del magistrado el 14 de diciembre de 2022 y que el 19 del mismo mes y año la Rama Judicial salió a vacancia judicial , por lo que solo hasta el 17 de enero de 2023 se resolvió la solicitud, en el sentido de negar la. De modo que tampoco se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales del accionante sobre este cargo.

2.4. Los demás vinculados guardaron silencio.

3. Fallo Impugnado

La Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante providencia del 22 de ener o de 2023 , negó el amparo solicitad o frente a los cargos por defecto sustantivo y decisión sin motivación, por considerar que, contrario a lo expuesto por el accionante en la tutela, las autoridades judiciales demandadas aplicaron la normativa vigente, realizaron un análisis la culpabilidad y explicaron los motivos por los cuales la sanción en este caso correspond ía a suspensión en el ejercicio de la profesión por dos ( 2) meses, la cual estuvo soportada , además, en un estudio razonable de los hechos y las pruebas allegadas al proceso.

De otra parte, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en relación

profesión por dos ( 2) meses, la cual estuvo soportada , además, en un estudio razonable de los hechos y las pruebas allegadas al proceso.

De otra parte, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con la petición de dar trámite a la solicitud de aclaración y adición de la sentencia del 10 de noviembre de 2022, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , toda vez que al proceso se allegó el auto del 17 de enero de 2023, mediante la cual se profirió la de cisión que el accionante e xtrañaba, en el sentido de negar las solicitudes radicadas contra la providencia de segunda instancia dictada en el proceso disciplinario.

4. ImpugnaciónRadicación: 11001-03-15-000-2022-06750-01

Demandante: Ernesto Rodríguez Riveros Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

El señor Ernesto Rodríguez Riv eros impugnó la anterior decisión, para lo cual manifestó que la inconformidad presentada en la tutela se centraba en la dosimetría de la sanción a imponer, por cuanto, a su juicio, carece de sustento y no se tuvieron en cuenta en cuenta los cri terios de g raduación de la sanción que establece el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

De igual forma, señaló que , teniendo en cuenta que la última decisión adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial data del 17 de enero de 2023, quedando ejecutoriada la decisión sancionatoria con posterioridad, se deb ía decretar la prescripción de la acción disciplinaria, lo cual no ocurrió, situación que vulnera sus

la Comisión Nacional de Disciplina Judicial data del 17 de enero de 2023, quedando ejecutoriada la decisión sancionatoria con posterioridad, se deb ía decretar la prescripción de la acción disciplinaria, lo cual no ocurrió, situación que vulnera sus derechos fundamentales.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En los términos de la impu gnación, corresponde a la Sala determi nar si hay l ugar a confirmar, revocar o modificar el fallo del 31 de enero de 202 3, proferido por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.

Para el efecto, primero se deberá analizar si en el caso concreto la s olicitud de amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela c ontra providencia judicial, particularmente, el de subsidiariedad.

Solo en el evento de superar tales requisitos, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, para establece r si las autoridades demandadas vulneraron o no los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la subsidiariedad4

La tutela proce de cuando el interesado no dispo ne de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio

4 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes prov idencias de tutela: (i) sentencia de l 1º de junio de 2016 (expediente 2015 -03373-00), M.P. Hugo Fernan do Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia

Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes prov idencias de tutela: (i) sentencia de l 1º de junio de 2016 (expediente 2015 -03373-00), M.P. Hugo Fernan do Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).Radicación: 11001-03-15-000-2022-06750-01

Demandante: Ernesto Rodríguez Riveros Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derec ho fundamental vulnerado o amena zado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irre mediable y, de concurrir , concederá el amparo impetrado.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, qu e tiene un cam po restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente efica ces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 865 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 19916 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para

existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derec hos fundamenta les. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó7:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar sol ución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental, re specto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la pro tección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concur rencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tan to, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin prop uesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de únic o medio de protección, precisame nte incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

5 «Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela par a reclamar ante los jueces, en todo momento

sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

5 «Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela par a reclamar ante los jueces, en todo momento y l ugar, mediante un p rocedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmedi ata de sus derechos constitucional es fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa j udicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca). 6 “Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu élla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dicho s medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)». 7 Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06750-01

Demandante: Ernesto Rodríguez Riveros Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Entonces, para que el juez estudie una solicitu d de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

Entonces, para que el juez estudie una solicitu d de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio irremediable, así8: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».

4. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».

4. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados con las providencias del 5 de noviembre de 2021 y 10 de noviembre de 2022 , proferidas, respectivamente, por la Comisión Sec cional de Disciplina Judicial del Meta y la Comisión N acional de Disciplina Judicial , por medio de las cuales se declaró al abogado Ernesto Rodríguez Riveros como responsable de cometer la conducta descrita en el literal e del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 , relativa a la falta a la le altad con e l cliente, por lo que fue sancionado con suspensión en el ejercicio de la profesión por dos (2) meses.

8 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P . Gabriel Eduardo Mendo za Martelo. Citando a: Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06750-01

Demandante: Ernesto Rodríguez Riveros Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Concretamente, el accionante considera que , al dictar las providencias en mención, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo y decisión sin motivación, por desconocer lo preceptuado en los artículos 45 y 46 de la Ley 1127 de 2007, que, en su orden, establecen los criterios de graduación de la sanción y la

motivación, por desconocer lo preceptuado en los artículos 45 y 46 de la Ley 1127 de 2007, que, en su orden, establecen los criterios de graduación de la sanción y la necesidad de motivación de la dosificación sancionatoria.

Contrario a lo expuesto por el a quo, considera la Sala que la solicitud de amparo respecto a los cargos m encionados deviene improcedente, dado que el señor Rodríguez Riveros disponía de otro mecanismo judicial para reclamar la protección de los derechos fundamentales invocados como se pasa a explicar:

En efecto, tal como se expresó, mediante prov idencia del 5 de noviembre de 2021 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Me ta declaró al hoy accionante responsable de cometer la falta tipificada en el literal e del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 , decisión en la cual , respecto a la dosimetría de la sanción a imponer , expuso lo siguiente:

9. Dosimetría de la sanción a imponer

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 11 23 d e 2007, para la graduación de la sanción, debe tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, con apoyo a lo dispuesto en el artículo 45 del mismo ordenamiento, se sancionará con SUSPENSIÓN de DOS MESES, porque en su condición de profesional del derecho, estaba llamado a actuar con absoluta lealtad frente a su cliente, sin embargo, ante la carencia de antecedentes disciplinarios, como la no concurrencia de causales de a gravación, esta

condición de profesional del derecho, estaba llamado a actuar con absoluta lealtad frente a su cliente, sin embargo, ante la carencia de antecedentes disciplinarios, como la no concurrencia de causales de a gravación, esta Comisión de Disciplina Judicial considera que es la sanción procedente […].

Pues bien, contra la decisión sancionatoria de primera instancia, el señor E rnesto Rodríguez Riveros interpuso el recurso de apelación, en el cual expuso sus argumentos para que se declarara la configuración de la prescripción de la acción disciplinaria y presentó su inconformidad sobre el grado de culpabil idad que se le endilgó, pues, a su juicio, nunca se probó el dolo en el comportamiento investigado.

Sin embar go, en dicha oportuni dad, el accionante no manifestó ninguna contrariedad respecto de la dosimetría de la sanción , punto que, como se expuso, fue abordado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta . De ahí que, si el señ or Rodríguez Ri veros no incluyó ese aspecto en el recurso de apelación, era apenas natural que no hubiera sido objeto de pronunciamiento en segunda instancia, por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06750-01

Demandante: Ernesto Rodríguez Riveros Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En virtud de lo anterior, ob serva la Sala que el planteamie nto expuesto en la presente acción de tutela busca revivir una oportunidad procesal fenecida, toda vez que el recurso de apelación i nterpuesto contra la sentencia del 5 de noviembre de

En virtud de lo anterior, ob serva la Sala que el planteamie nto expuesto en la presente acción de tutela busca revivir una oportunidad procesal fenecida, toda vez que el recurso de apelación i nterpuesto contra la sentencia del 5 de noviembre de 2021 era la oportunidad idónea para que el accionante presentara las inconformidades hoy planteadas frente a la dosimetría de la sanción , por lo que es claro que no se cu mple con el requisito de la subsidiariedad ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, del cual no se hizo uso.

Bajo este contexto, si bien pu ede flexibilizarse la regla de la subsidiariedad cuando se advierte la existencia de un perjuicio i rremediable, al punto que sea necesaria la intervención urgente del juez const itucional, lo cierto es que en este caso no se acreditó dicho perjuicio y, por ende, inaplicable la mencionada flexibilización.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos expuestos en la impugnación de l fallo de primera instancia sobre la configuración de la prescripción de la sanción disciplinaria, se precisa que ese es un aspecto que debe alegarse ante el juez natural , dado que al jue z de tutela le está vedado inmisc uirse en asuntos cuya com petencia el legislador ha asignado a autoridades judiciales e specíficas, como la Comisió n Nacional de Disciplina Judicial. Además, no es de recibo que la Sala estudie en esta instancia aspectos que no fueron planteados en la solicitud de am paro, puesto que se estarían d esconociendo las garantías de defensa y contradicción de la parte demandada, cuya contestación se fundó en los supuestos fácticos y j urídicos

instancia aspectos que no fueron planteados en la solicitud de am paro, puesto que se estarían d esconociendo las garantías de defensa y contradicción de la parte demandada, cuya contestación se fundó en los supuestos fácticos y j urídicos contenidos en la solicitud de amparo , mas no en una supuesta prescripción de la acción disciplinaria.

Finalmente, la Sala comparte la conclusión del a quo, en el sentido de que , como la solicitud de aclaración y adición del fallo del 10 de noviem bre de 2022, fue resuelta mediante providencia del 17 de enero de 2023 , esto es, durante el curso de es ta acción constitucional, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la pre tensión encaminada a que la CNDJ se pronunciara frente a aquel memorial.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sal a de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la R epública y por autoridad de la ley,Radicación: 11001-03-15-000-2022-06750-01

Demandante: Ernesto Rodríguez Riveros Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

F A L L A:

Modificar la sentencia 31 de en ero de 2023 , dictada por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, la cual quedará así:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Ernesto Rodríguez Riveros, en lo que concierne a los defectos sustantivo y decisión sin motivación, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Ernesto Rodríguez Riveros, en lo que concierne a los defectos sustantivo y decisión sin motivación, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO. Declarar conf igurada la c arencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la pretensión de darle trámite a la solicitud de acl aración y adición de la sentencia del 10 de nov iembre de 2022, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz. CUARTO. Envíese el expediente de tutela a l a Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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