CE - 110010315000202206764011SENTENCIASENTENCIA20230427161915

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06764-01

Demandante: Flor Claudia Hernández Mojica

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2022-06764-01 Demandante FLOR CLAUDIA HERNÁNDEZ MOJICA Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Equivalencia entre estudio y experiencia en el empleo público SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Flor Claudia Hernández Mojica contra la sentencia de 2 de febrero de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta que dispuso lo siguiente: «PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de Educación Nacional.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia del mecanismo de amparo promovido por la señora Flor Claudia Hernández Mojica contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por no superarse el requisito de relevancia constitucional».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 15 de diciembre de 20221, la señora Flor Claudia Hernández Mojica interpuso

Subsección B, por no superarse el requisito de relevancia constitucional».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 15 de diciembre de 20221, la señora Flor Claudia Hernández Mojica interpuso acción de tutela, en nombre propio, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “Señor Consejero, bajo el principio de equidad y en el marco del estado social de derecho, respetuosamente pido el amparo constitucional de los derechos. Acceso a la justicia debido proceso, a la defensa, protección del estado social de derecho, derecho a la igualdad, mínimo vital, derecho adquirido, entre otros, porque me encuentro ad -portas de padecer o sufrir un daño inminente e irreparable, contra el cual NO existe otro mecanismo de defensa, al tener que devengar pensión menguada que lesiona el mínimo vital.

En consecuencia, con el respeto de costumbre, solicito que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia fechada seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022), proferida en el proceso RAD: 20001 -23-39-000-2016-00016-01 (990 -2021). Demandan te: Flor Claudia Hernández Mojica Que se ordene a la Sala De Lo Contencioso -Administrativo. Sección Segunda Subsección B que revoque la sentencia de primera instancia calendada seis 16) de octubre de dos mil

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Demandante: Flor Claudia Hernández Mojica

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que revoque la sentencia de primera instancia calendada seis 16) de octubre de dos mil

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Demandante: Flor Claudia Hernández Mojica

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co veintidós (2022) expida una decisión de remplazo en la cual conceda la equivalencia de maestría más experiencia para salario de docente con doctorado” (sic para toda la cita).

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. En el año 2016, la señora Flor Claudia Hernández Mojica presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , con el fin de que se anularan los actos administrativos mediante los cuales el Municipio de Valledupar – Secretaría de Educación negó su solicitud consistente en que su experiencia docente se le equivaliera al título de doctorado; y que, en consecuencia, a partir del 4 de febrero de 2013 y por los años subsiguientes, se le pagara el salario correspondiente a quienes tienen un título de doctorado. 2.2. El Tribunal Administrativo del Cesar conoció en primera instancia el asunto , bajo el radicado Nro. 20001-23-39-000-2016-00016-00. Mediante sentencia del 30 de julio de 2020 dicha autoridad judicial negó las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión, el Tribunal explicó: i) que la actora solo tenía un título de magíster, que no se equiparaba al de doctorado; ii) que las

demanda. Como fundamento de su decisión, el Tribunal explicó: i) que la actora solo tenía un título de magíster, que no se equiparaba al de doctorado; ii) que las equivalencias contenidas en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015 tenían carácter facultativo y no obligatorio; iii) que el Ministerio de Educación Nacional no había establecido que los parámetros contenidos en el estatuto de profesionalización docente debían tenerse en cuenta para «reemplazar o sustituir el título de doctorado bajo la experiencia que hayan conseguido los docentes»; y iv) que el único mecanismo establecido para lograr la reubicación salarial de los docentes era la evaluación de competencias. 2.3. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 2.4. Mediante sentencia de 6 de octubre de 2022 , el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B confirmó la decisión de primera instancia.

3. Fundamentos de la acción Tras argumentar que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la parte actora sostuvo que, al proferir la sentencia de 6 de octubre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente, fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución, por las razones que se expondrán a continuación. 3.1. Desconocimiento del precedente: La parte actora manifestó que existe jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual, para el ejercicio de la función pública, los títulos de posgrados son reemplazables por equivalencia

a continuación. 3.1. Desconocimiento del precedente: La parte actora manifestó que existe jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual, para el ejercicio de la función pública, los títulos de posgrados son reemplazables por equivalencia de experiencia y viceversa es decir la experiencia se reemplaza por títulos. Asimismo, indicó que en la Sentencia SU-172 de 2015, la Corte Constitucional explicó que la potestad discrecional se presenta cuando una autoridad es libre, dentro de los límites de la ley, de tomar una u otra decisión, porque esaRadicado: 11001-03-15-000-2022-06764-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co determinación no tiene una solución concreta y única prevista en la ley. Así las cosas, acorde a la definición de facultad discrecional de la Corte Constitucional se tiene que la expresión «podrán» no es discrecional en la medida de que «la norma que contiene esa expresión le indica al servidor público lo que debe hacer para la equivalencia o sustitución de título para acceder a salario de doctorado. Es decir le da la solución». 3.2. Defecto fáctico: La parte actora censuró el siguiente aparte de la providencia controvertida: «Por consiguiente, no es de recibo la tesis planteada por la recurrente, según la cual ella no pretende ascender de grado o pasar de nivel en el escalafón docente, sino el reajuste de su salario, comoquiera que para ser reubicada en un nivel salarial superior, la normativa aplicable

pretende ascender de grado o pasar de nivel en el escalafón docente, sino el reajuste de su salario, comoquiera que para ser reubicada en un nivel salarial superior, la normativa aplicable a la materia exige, además de reunir los correspondientes requisitos, obtener más de 80% en la evaluación de competencias, aspecto sobre el cual nada se probó en el sub lite ». A partir de este, aseguró que no pretende ni la reubicación al nivel salarial B o al C o al D, ni el ascenso de grado en el escalafón pues ella ya se encuentra en el grado 3 del escalafón que la rige, que es el máximo. En ese sentido, aseguró que lo que persigue es que su salario sea equivalente al de docen te con doctorado. E indicó que, según el Decreto 449 de 2022, para acceder al salario de doctorado o de maestría basta con estar escalafonado en el grado 2 o 3, condición que ella cumple por encontrarse en el último de estos. Por lo expuesto, manifestó qu e el defecto fáctico se configura por desconocimiento de las reglas de la sana crítica. 3.3. Defecto sustantivo: La accionante adujo que el artículo 36 del Decreto 1278 de 2002, según el cual la evaluación de competencia tiene como fin el cambio de nivel salarial (los niveles salariales son A, B, C y D) o el ascenso de grado (los grados son 1, 2 y 3), es impertinente en el caso. Y esto se debe a que basta estar escalafonada en el grado 2 o 3 para acceder al salario de doctorado o de maestría. Por ende, rei teró que tenía derecho al pago de su salario en esas condiciones, pues ya se encuentra escalafonada en el grado 3A.

basta estar escalafonada en el grado 2 o 3 para acceder al salario de doctorado o de maestría. Por ende, rei teró que tenía derecho al pago de su salario en esas condiciones, pues ya se encuentra escalafonada en el grado 3A. De otra parte, se refirió al siguiente fragmento de la sentencia controvertida: «(…) también yerra la actora cuando dice que el Decreto 108 3 de 2015 dispone «[…] una orden […] para la autoridad responsable de aplicar equivalencia, en el sentido de que esa facultad está condicionada a que si el evento probable ocurre, es decir, el empleado público acredita la suficiente experiencia profesional […] la autoridad tiene la obligación y el deber de aplicar la equivalencia», pues, se insiste, dicho Decreto reglamentario explícitamente señala que se debe consignar en los manuales específicos o en acto administrativo separado las equivalencias para los empleos que lo requieran y que los grados o títulos que exigen las normas que regulan los empleos no podrán compensarse por experiencia u otras calidades, salvo cuando la ley así lo prevea, supuestos que no se cumplen en el presente asunto ». Al respecto, la parte actora transcribió el parágrafo 1 del artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015, que regula las equivalencias, según el cual «las autoridades competentes determinarán en sus respectivos manuales específicos o en acto administrativo separado , las equivalencias para los empleos que lo requieran, de conformidad con los lineamientos establecidos en el presente decreto » (Negrillas propias). Y sostuvo que la expresión «acto administrativo separado » de la norma transcrita significa que cuando el emplead o cumple los requisitos de la

conformidad con los lineamientos establecidos en el presente decreto » (Negrillas propias). Y sostuvo que la expresión «acto administrativo separado » de la norma transcrita significa que cuando el emplead o cumple los requisitos de la equivalencia es imperativo expedir un acto administrativo particular y concreto.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06764-01

Demandante: Flor Claudia Hernández Mojica

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En esa medida, manifestó que no tiene sentido que exista tanto una reglamentación general, como una separada mediante acto administrativo, para reglar lo que ya está regulado de manera general. En su criterio, «Si acepta la tesis que todo depende de la discrecionalidad del nominador, entonces la expresión ácto administrativo separado queda convertida en un texto jurídico demagógico o populista desde el punto de vista semántico porque oscurece la norma que debe ser explici ta (sic) para convertirla en implícita». También se refirió al artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015, según el cual «Los requisitos de que trata el presente decreto no podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, la s funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, las autoridades competentes al fijar los requisitos específicos de estudio y de experiencia para su ejercicio, podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias». Aseguró que la norma transcrita contiene el vocablo «podrán» en dos sentidos y ambos casos son órdenes imperativas. Sostuvo que la primera utilización en

siguientes equivalencias». Aseguró que la norma transcrita contiene el vocablo «podrán» en dos sentidos y ambos casos son órdenes imperativas. Sostuvo que la primera utilización en la norma de este verbo es en sentido negativo: «Los requisitos de que trata el presente decreto no pod rán ser disminuidos ni aumentados» . Esa expresión es una orden imperativa que le prohíbe a la autoridad disminuir o aumentar los requisitos; de manera que las autoridades no pueden reglamentar o modificar los requisitos dispuestos en la norma. A su vez, indicó que la segunda utilización del verbo «podrán» es en sentido positivo: «podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias ». En su criterio, esa expresión también es una orden imperativa porque, a su juicio, «Resulta a todas luces absurdo que se diga que cuando el uso de la palabra PODRÁN es negativo, es una orden. Pero que cuando tiene sentido positivo NO es una orden. En consecuencia dentro del contexto normativo reseñado, la palabra PODRÁN no es de ninguna manera una facultad optativa de la autoridad». A lo anterior añadió el verbo «podrán» se encuentra conjugado «EL TIEMPO FUTURO IMPERFECTO DEL MODO INDICATIVO también funge como modo imperativo», y que dada su conjugación este alude a órdenes. Esto significa que, por ley, la autoridad responsable de aplicar la equivalencia está obligada a concederla cuando el empleado público acredite la suficiente experiencia profesional. De otra parte, manifestó que contar con un doctorado no es requisito para ser docente de primaria o educación secundaria; de manera que el doctorado solamente es un factor para determinar el salario. Por ende, consideró que «el doctorado se puede compensar por las equivalencias

De otra parte, manifestó que contar con un doctorado no es requisito para ser docente de primaria o educación secundaria; de manera que el doctorado solamente es un factor para determinar el salario. Por ende, consideró que «el doctorado se puede compensar por las equivalencias regladas por el artículo 2.2.2.5.1 del decreto 1 083 de 2015, y por tanto se puede acceder a salario de doctorado a través de la equivalencia reglada por ese artículo. Los decretos de salarios de los docentes, en ninguna parte mencionan o especifican que el salario para doctorado tenga que ser con base e n el título académico de doctorado. En consecuencia significa que pueden devengar salario de doctorado quienes cumplan con cualquiera de las dos opciones de equivalencia, es decir tener maestría más experiencia o solamente el tiempo de experiencia. Mi procurada cumple lo requerido en ambas opciones». 3.4. Violación directa de la Constitución: La accionante manifestó que el derecho a la igualdad, puntualmente a salario igual trabajo igual; los derechos adquiridos; y el principio de favorabilidad para el trabajador están consagrados en la Constitución Política. Al respecto, indicó lo siguiente: «A trabajo igual, salario igual; las funciones, jerarquía y competencias y responsabilidades de profesora de bachillerato (educación básica y media)Radicado: 11001-03-15-000-2022-06764-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co son las mismas para profesores con o sin título de posgrado. Favorabilidad. Pienso y creo que las expresiones “podrán” y “acto administrativo separado” deben ser interpretadas bajo el

www.consejodeestado.gov.co son las mismas para profesores con o sin título de posgrado. Favorabilidad. Pienso y creo que las expresiones “podrán” y “acto administrativo separado” deben ser interpretadas bajo el principio pro operario Considero que ha sido vulnerado el debido proceso porque no hub o ningún pronunciamiento sobre los principios de favorabilidad y derecho adquirido».

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto de 11 de enero de 2023, se admitió la acción de tutela interpuesta por la señora Flor Claudia Hernández Mojica contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; se vinculó al Tribunal Administrativo del Cesar, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, al municipio de Valledupar – Secretaría de Educación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y se dispuso efectuar las demás las notificaciones correspondientes. 4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B manifestó que en la providencia controvertida están explicadas las razones que sirvieron de fundamento para la decisión adoptad a. Por ende, indicó que se atendrá a lo que se demostrara durante el trámite. 4.3. El Ministerio de Educación Nacional manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no es competente para atender solicitudes de reconocimiento y pago d e prestaciones a cargo de las secretarías de educación y del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Y añadió que el procedimiento de reconocimiento y pago de prestaciones sociales a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por ley, se encuentra en cabeza de la entidad territorial certificada y de la sociedad fiduciaria administradora del fondo.

Y añadió que el procedimiento de reconocimiento y pago de prestaciones sociales a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por ley, se encuentra en cabeza de la entidad territorial certificada y de la sociedad fiduciaria administradora del fondo. 4.4. El Tribunal Administrativo del Cesar y el municipio de Valledupar guardaron silencio en el trámite de la tutela.

5. Providencia impugnada Mediante sentencia de 2 de febrero de 2023, el Consejo de Estado, Sección Quinta declaró la improcedencia de la tutela al considerar que el requisito de relevancia constitucional no se encontraba superado, puesto que los argumentos en los cuales se fundame ntó la acción constitucional son una reiteración de los que fueron propuestos al interior del proceso ordinario.

6. Impugnación La parte actora impugnó la decisión de primera instancia reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera queRadicado: 11001-03-15-000-2022-06764-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 5 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe

proceso. Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un error ostens ible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional. Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de: i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autori dad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos

que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión pr oferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, ii i) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06764-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contra providencias judiciales; ii) la existencia de una o varias causales especiales de procedibilidad; y iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial

www.consejodeestado.gov.co contra providencias judiciales; ii) la existencia de una o varias causales especiales de procedibilidad; y iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora Flor Claudia Hernández Mojica, a falta del requisito de relevancia constitucional.

Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir la sentencia de 6 de octubre de 2022, en el marco del med io de control tramitado bajo el radicado 20001-23-39-000-2016-00016-00/01, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente, fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución alegados por la parte actora.

4. Requisito de relevancia constitucional y su análisis del caso 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias

y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T –248 de 2018, ha fija do algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suf iciente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la

de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda

6 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06764-01

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisi ones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso

jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer presupuesto genérico de pr ocedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importan