CE - 110010315000202206768011SENTENCIA20230525104540

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06768-01

Accionante: ÁLVARO ARCHBOLD NÚÑEZ Y OTROS Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / medio de control de reparación directa / error judicial / defecto fáctico

Acción de tutela - sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia del 6 de marzo de 2023 mediante la cual la Sección Tercera, Subsección B, del Cons ejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

El señor Álvaro Archbold Núñez, actuando en nombre propio y en calidad de apoderado judicial de los señores Jairo Rafael Archbold Núñez, Margarita Eugenia Archbold Núñez, Óscar de Jesús Archbold Núñez, y Amaury Archbold Núñez solicitan la protección de l derecho fundamental al debido proceso, con base en los siguientes:ACCI ÓN DE TUT E L A

Núñez, y Amaury Archbold Núñez solicitan la protección de l derecho fundamental al debido proceso, con base en los siguientes:ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado: 1001 -03 -15 -000 -2022 -06768 -01

Accionante: Álvaro Archbold Núñez y otros

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1. HECHOS

1.1. La señora Nubia Rincón Rodríguez, el 30 de septiembre de 2010 interpuso denuncia penal por los delitos de “falsedad, fraude procesal y cualquier otro que resulte de la investigación” en contra de los señores Álvaro Antonio Archbold Manuel , Margarita Eugenia, Álvaro Segundo, Oscar de Jesús, Jairo Rafael y Amaury Archbold Núñez con ocasión al trámite en una diligencia de remate del 15 de diciembre de 1961, proceso que fue tramitado en vi rtud de la Ley 600 de 2000, teniendo en cuenta que los hechos acontecieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004.

1.2. El 28 de noviembre de 2011 , la Fiscalía Seccional n.° 40 de Cartagena orde nó la p reclusión de la investigación por el delito de supresión, alteración o suposición del estado civil; decretó la prescripción de la acción penal respecto del delito de falsedad en documentos; y negó el restablecimiento del derecho a favor de las

supresión, alteración o suposición del estado civil; decretó la prescripción de la acción penal respecto del delito de falsedad en documentos; y negó el restablecimiento del derecho a favor de las víctimas, razón por la que la parte civil interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación.

1.3. Por lo anterior, mediante Resolución sin número del 17 de junio de 2012 , repuso la anterior decisión y en consecuencia dispuso el restablecimiento del derecho de la tercera parte (1/3) del inmueble a favor de Nuris Rincón Mackenzie y la cancelación de la escritura pública n.° 832 de 1961 y las anotaciones subsiguientes , decisión que fue confirmada con posterioridad, el 30 de septiembre de 2014.

1.4. En consecuencia, la parte actora sol icitó a la Fiscalía tramitar el control de legalidad en virtud del artículo 392 de la Ley 600 de 2000 , petición que fue desestimada el 9 de diciembre de 2014, al considerar que el proceso penal estaba archivado y las decisiones se encontraban en firme.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado: 1001 -03 -15 -000 -2022 -06768 -01

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1.5. El 11 de marzo de 2015, ante dicha negativa la parte accionante

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1.5. El 11 de marzo de 2015, ante dicha negativa la parte accionante interpuso acción de tutela a fin de que se le diera trámite al control de legalidad, mecanismo constitucional que fue declarado improcedente por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena mediante providencia del 13 de mayo de 2015.

1.6. Inconformes los hoy demandantes presentaron acción de tutela en contra del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena, que por reparto correspondió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia , autoridad judicial que , mediante sentencia del 10 de septiembre de 2015 concedió el amparo y en consecuencia ordenó a la demandada pronunciarse respecto del control de legali dad; asimismo advirtió que la prescripción de la acci ón penal constituía una causal objetiva que impedía iniciar la investigación, razón por la que la fiscalía debió declararse inhibida ante la denuncia y no ordenar el restablecimiento del derecho.

1.7. En cumplimiento de la anterior orden , el 15 de septiembre de 2015 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena profirió sentencia de remplazo en la que dejó sin efectos el auto del 13 de mayo de 2015 y en consecuencia dispuso que procedía el control de legalidad, revocó el restablecimiento del derecho y ordenó a la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena que cancelara las anotaciones correspondientes.

1.8. Por lo expuesto, e l 21 de noviembre de 2017 en ejercicio del

legalidad, revocó el restablecimiento del derecho y ordenó a la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena que cancelara las anotaciones correspondientes.

1.8. Por lo expuesto, e l 21 de noviembre de 2017 en ejercicio del medio de control de reparación directa los accionantes presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación - Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Notariado y Registro (Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena), proceso que correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena,ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado: 1001 -03 -15 -000 -2022 -06768 -01

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4 dependencia judicial que, a través de la sentencia del 29 de enero de 2019 negó las pretensiones de la demanda, al estimar que no se configuró el daño antijuridico.

1.9. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión n.º 004 mediante sentencia del 11 de marzo de 2022 confirmó la decisión de primer grado.

2. PRETENSIONES

La accionante solicita:

«PRIMERA: Que se declare que el Juzgado Séptimo (Sic) Administrativo del Circuito de Cartagena vulneró nuestros derechos fundamentales al debido proceso y contradicción al

primer grado.

2. PRETENSIONES

La accionante solicita:

«PRIMERA: Que se declare que el Juzgado Séptimo (Sic) Administrativo del Circuito de Cartagena vulneró nuestros derechos fundamentales al debido proceso y contradicción al incurrir en una vía de hecho por defecto fáctico en la sentencia RD -2019-016 del veintinueve (29) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

SEGUNDA: Que se declare que el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró nuestros derechos fundamentales al debido proceso y contradicción al incurrir en una vía de hecho por defecto fáctico en la sentencia Número 027 del 2022, de la Sala de Decisión No. 004.»

3. INFORMES

Mediante auto del 16 de enero de 2023 la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena y al Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión n.° 004 como accionados y a la Nación, Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, Superintendencia de Notariado y Registro y a la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena, como terceros interesados en las resultas del proceso.

3.1. El Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena por conducto de la juez titular del despacho , indicó que no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora en la demandaACCI ÓN DE TUT E L A Radicado: 1001 -03 -15 -000 -2022 -06768 -01

Accionante: Álvaro Archbold Núñez y otros

Radicado: 1001 -03 -15 -000 -2022 -06768 -01

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5 de tutela, teniendo en cuenta se surtieron debidamente todas la etapas del proceso ordinario y se profirió sentencia con fundamento en el material probatorio y las disposiciones normativas aplicable s al caso concreto.

3.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar a través del magistrado ponente de la decisión cuestionada, solicitó se declare la improcedencia de la acción de tu tela, al considerar que no cumple con los requisitos generales de procedencia particularmente con el de relevancia constitucional.

Por otra parte, indicó que no avizoró con las pruebas allegadas al plenario el primer elemento de responsabilidad como lo es el daño , toda vez que no solicitó la parte interesada la práctica de contradicción del dictamen allegado como lo dispone el artículo 228 del CGP; además porque el perito no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 226 del CGP, de modo que, correspondía a la parte act ora demostrar las afirmaciones consignadas en el escrito de la demanda según lo previsto en el artículo 167 del CGP.

Así pues, insistió en que no incurrió en defecto fáctico, porque hizo una valoración integral d el acervo probatorio que reposaba en el expediente.

En ese contexto, lo que pretendía con el mecanismo constitucional era

Así pues, insistió en que no incurrió en defecto fáctico, porque hizo una valoración integral d el acervo probatorio que reposaba en el expediente.

En ese contexto, lo que pretendía con el mecanismo constitucional era que se revisara nuevamente los argumentos esbozados en la demanda ordinaria.

3.3. La sociedad MAAJO ARCHBOLD NÚÑEZ S.C ., a través de apoderado judicial manifestó que se incurrió en defecto procedimental, porque no fue vinculada al proceso penal, a pesar de que la medida de restablecimiento del derecho ordenada por los operadores judicialesACCI ÓN DE TUT E L A Radicado: 1001 -03 -15 -000 -2022 -06768 -01

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6 afectó sus derechos patrimoniales por ostentar la propiedad del inmueble, circunstancia que acreditaba el daño padecido.

3.4. La Fiscalía General de la Nación requirió se declare improcedente la acción de tutela , toda vez que la parte actora no da cuenta de por qué a pesar de existir otro mecanismo idóneo para ventilar la controvers ia aquí expuesta, no hizo uso de los mismos; asimismo porque no sustentó las causales específicas de procedibilidad de la acción.

Además, porque lo que pretende es reabrir oportunidades procesales debidamente agotadas ; más aún cuando en las sentencias

asimismo porque no sustentó las causales específicas de procedibilidad de la acción.

Además, porque lo que pretende es reabrir oportunidades procesales debidamente agotadas ; más aún cuando en las sentencias cuestionadas se hizo un análisis integral del material probatorio.

3.5. La Rama Judicial , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Cartagena mediante apoderado judicial solicitó se declare la improcedencia de l a acción de tutela, dado que, no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la parte actora cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, además porque lo que pretende es una tercera instancia.

3.6. La Superintendencia de Notariado y Registro, manifestó no haber vulnerado algún derecho fundamental a la parte accionante, por lo que requirió se r desvinculada del presente asunto por falta de legitimación en la causa por pasiva.

3.7. La Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena, informó que una vez revisado el Sistema de Información Registral, no observó folio de matrículas o turnos de calificación; asimismo que no le consta los hechos esgrimidos en el escrito de tutela , por lo tanto solicitó ser desvinculada del proceso.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado: 1001 -03 -15 -000 -2022 -06768 -01

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4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

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4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado mediante sentencia del 6 de marzo de 2023 rechazó por improcedente el amparo constitucional, al considerar que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional, en la medida que los accionantes reiteran los argumentos planteados en el recurso de apelación, los cuales fueron resueltos en el fallo de segunda instancia proferido en el proceso ordinario.

No obstante , señaló que el tribunal no incurrió en defecto fáctico , porque valoró las pruebas que la parte demandante echa de me nos, sin embargo, arribó a una conclusión diferente a la pretendida ; igualmente, no desconoció las actuaciones del proceso penal en virtud de las cuales alegó la existencia de un daño antijurídico.

En esa medida, insistió que el tribunal no solo hizo remisión expresa a cada una de las pruebas, con referencia a su ubicación en el expediente, sino que tuvo por probado lo alegado por la parte actora en relación con el trámite del restablecimiento del derecho, el control de legalidad y el hecho de que los accionantes tuvieran que acudir a la acción de tutela en dos oportunidades para hacer valer sus derechos.

Asimismo, que aunque el tribunal afirmó que el dictamen no fue sometido a contradicción en todo caso se pronunció frente a su mérito probatorio para concluir que no podían demostrarse los perjuicios reclamados.

5. IMPUGNACIÓN

sometido a contradicción en todo caso se pronunció frente a su mérito probatorio para concluir que no podían demostrarse los perjuicios reclamados.

5. IMPUGNACIÓN

La parte accionante recurrió el fallo de primera instancia, para lo cual insistió en que las autoridades judiciales accionadas incurrieron enACCI ÓN DE TUT E L A Radicado: 1001 -03 -15 -000 -2022 -06768 -01

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8 defecto fáctico por indebida valoración probatoria, que permitía inferir que no solo existió el daño sino que este fue antijurídico.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:

• ¿El Tribunal Administrativo de Bolívar al proferir la providencia del 11 de marzo de 20221 mediante la cual confirmó la decisión de negar las súplicas de la demanda del medio de control de reparación directa, incurrió en el defecto fáctico2?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a

de negar las súplicas de la demanda del medio de control de reparación directa, incurrió en el defecto fáctico2?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) el cumplimiento de l os requisitos generales de procedencia; y, de encontrarla procedente, iii) el marco conceptual del defecto fáctico; y iv) el caso concreto.

1 La Sala debe aclarar que aunque se cuestiona, también, la providencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar del 21 de abril de 2021, el análisis se centrará sobre la decisión de segunda instancia por ser la que puso fin al proceso. 2 Si bien es cierto la parte demandante plantea en la tutela, también, defecto procedimental, la Sala entiende que el reproche manifestado, es respecto un inadecuado análisis probatorio, razón por la que limitará su estudio a este defecto.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado: 1001 -03 -15 -000 -2022 -06768 -01

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2. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decision es judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualqu ier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa med ida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela co ntra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.

independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 4 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001 -03-15-000-2009-0132801(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado: 1001 -03 -15 -000 -2022 -06768 -01

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Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la ac ción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de

sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) q ue no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes even tos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.

2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado: 1001 -03 -15 -000 -2022 -06768 -01

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11 2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración como los d erechos quebrantados se encuentran

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11 2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración como los d erechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.

2.1.2. Así mismo, se observa que las providencias objeto de tutela carecen de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

2.1.3. Se advierte, igualmente, qu e la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado desde la fecha en que fu e notificada la decisión cuestionada (5 de octubre de 2022) hasta la radicación de la acción de tutela ( 19 de diciembre de 2022).

2.1.4. De igual modo, en lo relacionado con el requisito de relevancia constitucional, es necesario reiterar que la Corte Constitucional ha delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo un asunto tiene una marcada importancia 5. Así, en sentencia T -114 de 2002, indicó que cuando se cumple con este requisito cuando de ellos se desprenden violaciones a los derechos fundamentales.

En efecto, ha señalado que:

«[…] la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia

involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes».6

5 Corte Constitucional. Sentencia T 136 de 2015. Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle Correa. 6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado: 1001 -03 -15 -000 -2022 -06768 -01

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12 Así las cosas, contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto a resolver sí es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de un defecto fáctico en que presuntamente incurrieron las autoridades judiciales accionadas.

Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, realizar el estudio de fondo de la acción de tutela en cuestión a efectos de identificar si se incurrió en la vulneración de derechos fundamentales alegada.

2.2. Defecto fáctico

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico

tutela en cuestión a efectos de identificar si se incurrió en la vulneración de derechos fundamentales alegada.

2.2. Defecto fáctico

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional 7 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa 8, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, compr ende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva9, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo

7 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 8 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía. 9 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado: 1001 -03 -15 -000 -2022 -06768 -01

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13 resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremad amente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le cor responde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»10.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, la parte accionante cuestiona la providencia del 11 de marzo de 2022 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la decisión de primer grado que negó las súplicas de la demanda del medio de control de reparación directa, al considerar que no se acreditó el daño antijurídico.

de Bolívar confirmó la decisión de primer grado que negó las súplicas de la demanda del medio de control de reparación directa, al considerar que no se acreditó el daño antijurídico.

Por su parte, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado rechazó por improcedente la acción de tutela, porque no se acreditó el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que los accionantes reitera ron los argumentos planteados en el recurso de apelación, los cuales fueron resueltos en el fallo de segunda instancia proferido en el proceso ordinario.

10 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado: 1001 -03 -15 -000 -2022 -06768 -01

Accionante: Álvaro Archbold Núñez y otros

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No obstante, advirtió que el tribunal no incurrió en defecto fáctico, porque valoró las pruebas que la parte demandante echó de menos, así como tampoco desconoció las actuaciones del proceso penal en virtud de las cuales alegó la existencia de un daño antijurídico.

En escrito de impugnación insistió en que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto alegado por indebida valoración probatoria, que permitía inferir que no solo existió el daño sino que este fue antijurídico.

En escrito de impugnación insistió en que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto alegado por indebida valoración probatoria, que permitía inferir que no solo existió el daño sino que este fue antijurídico.

De conformidad con las piezas procesales que reposan en el expediente, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Bolívar, para confirmar la providencia que negó las pretensiones de la demanda, consideró:

«(…) En el proceso quedaron acreditados los siguientes hechos relevantes para la resolución del problema jurídico:

• Copia del escrito dirigido por los demandantes a la Fiscal Seccional No. 40 solicitando la preclusión de la investigación penal No. 244.366. • Auto de 28 de noviembre de 2011 proferido por la Fiscalía Seccional Cuarenta, mediante la cual se precluyó la investigación penal No. 244 - 366 a favor de Álvaro Archbold Manuel, Oscar de Jesús Archbold Núñez, Álvaro Archbold Núñez, Amaury Archbold Núñez, Jairo Rafael Archbold Núñez, Margarita Eugenia Archbold Núñez; y se decreta la prescripción frente al delito de falsedad. • Denuncia realizada por Nubia Rincón Rodríguez el 21 de septiembre de 2010 por los presuntos delitos de falsedad y fraude procesal contra Alvaro Archboid Manuel, Archboid Manuel Álvaro Antonio Margarita Eugenia Archboid Núñez, Alvaro Segundo Archboid Núñez, Amaury Archboid Núñez, Jairo Rafael Archboid Núñez y Oscar De Jesús Archboid Núñez, Rad. No. 244366 de 30 de septiembre de 2010.

Núñez, Amaury Archboid Núñez, Jairo Rafael Archboid Núñez y Oscar De Jes