CE - 110010315000202206772011SENTENCIA20230525165226

Demandantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-01

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mi veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-01 Demandantes: LUZ MYRIAM PÉREZ PALACIO Y OTROS Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTROS Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma la decisión que negó defecto sustantivo y adiciona frente al defecto por desconocimiento del precedente – desplazamiento forzado – caducidad de la acción de grupo. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de primera instancia del 20 de febrero de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación que negó el amparo frente a los reproches contra el fallo del 25 de agosto de 2022 y declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional frente a los reparos a los autos del 28 de octubre de 2022 y 1º de diciembre de 2022. 1. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo Las señoras Luz Myriam Pérez Palacio, María Ospina Nieto y Giuliana Monroy Pérez, y el señor William Fredy Hincapié Betancur presentaron acción de tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Primera y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad con el fin de que les sea amparado su derecho fundamental al debido proceso, «acceso a la justicia y seguridad jurídica». Las mencionadas garantías constitucionales las estimaron vulneradas con ocasión

Sección Primera y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad con el fin de que les sea amparado su derecho fundamental al debido proceso, «acceso a la justicia y seguridad jurídica». Las mencionadas garantías constitucionales las estimaron vulneradas con ocasión 1 Con escrito del 16 de diciembre de 2022 enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado.Demandantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-01

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de las siguientes providencias, proferidas en el marco de la acción de grupo2 que promovieron contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Policía Nacional. (i) sentencia del 25 de agosto de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad revocó el fallo del 27 de noviembre de 2018, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Medellín, que había accedido parcialmente3 a las pretensiones de la acción de grupo y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad; (ii) auto del 28 de octubre de 2022, a través del cual la Sección Primera del Consejo de Estado resolvió no seleccionar para revisión la sentencia del 25 de agosto de 2022 y; (iii) providencia del 1º de diciembre de 2022 que confirmó el auto del 28 de octubre de 2022. 1.2. Peticiones de amparo constitucional La parte actora solicitó: PRIMERA: Se ordene AMPARAR los derechos fundamentales invocados al debido proceso, derecho de defensa en armonía con los precedentes Judiciales el objeto de la revisión e insistencia, derecho acceso a la justicia y seguridad jurídica, inaplicación del bloque de constitucionalidad, inaplicación de los precedentes convencionales; en favor los accionantes, y de TODOS los integrantes de la Acción de Grupo incluidos en el proceso radicado bajo el número 05001 3331 001 2010 00407-01, en la cual se encuentran incluidos los aquí accionantes MARIA OSPINA NIETO, WILLIAM FREDY HINCAPIE BETANCUR, GIULIANA MONROY PEREZ, LUZ MYRIAM PEREZ PALACIO. En consecuencia se deje sin efecto alguno la sentencia proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, siendo magistrados ponentes las magistradas,

BETANCUR, GIULIANA MONROY PEREZ, LUZ MYRIAM PEREZ PALACIO. En consecuencia se deje sin efecto alguno la sentencia proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, siendo magistrados ponentes las magistradas, doctores, ADRIANA BERNAL VÉLEZ. - GLORIA MARIA GOMEZ MONTOYA, BEATRIZ ELENA JARAMILLO MUÑOZ, o quien haga sus veces, esto es, SENTENCIA No S02-115AP de 25 de Agosto de 2022, radicado bajo el número, 05001-3331-010-2010-00407-01. SEGUNDA: Se ordene a dicha corporación, dictar la sentencia que en derecho corresponda aplicando los postulados constitucionales esbozados en la sentencia de tutela dentro de las 48 horas siguientes a la ejecutoria de la decisión adoptada en esta acción de tutela. TERCERA: Se solicita dejar sin valor alguno, las decisiones proferidas en los autos de fecha, 28 de octubre y 2 de diciembre de 2022 proferidas por el Consejo de Estado Sección Primera dentro del trámite surtido en la Acción de Revisión y recurso de insistencia ante la misma Corporación, dentro de la Acción de Grupo instaurada por HUMBERTO DE JESÚS ROJAS OCAMPO 2 Proceso identificado con el radicado 05001-33-31-001-2010-00407-00/01 3 Negó las pretensiones frente a algunos demandantes que no acreditaron su condición de desplazados para la época de los hechos.Demandantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicación:

3 Negó las pretensiones frente a algunos demandantes que no acreditaron su condición de desplazados para la época de los hechos.Demandantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-01

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Y/O contra NACION MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO Y POLICIA NACIONAL. Radicado bajo el número 050013331-010-2010-00407-014. 1.3. Hechos De la solicitud de tutela se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo: La parte actora afirmó que entre los años 1999 y 2000 imperó en el municipio de Nariño, Antioquia, el poder de las FARC, grupo ilegal que llevó a cabo crímenes selectivos y masacres. Narró que en el mes de agosto de 2000 el Ejército Nacional retomó el control de la zona y para el 2002 ya estaba restablecida la estación de policía; sin embargo, la guerrilla se quedó en las montañas y desde allí seguían asediando a la población civil con amenazas que les obligaba a desplazarse. Aseguró que solo hasta marzo de 2009 se generaron planes de retorno seguros con acompañamiento de las autoridades administrativas competentes. Afirmó que, ante los hechos ocurridos se instauró, el 22 de septiembre de 2010, acción de grupo contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional en la cual se peticionó el reconocimiento de una indemnización por la falla en el servicio por parte del Estado, concretamente, porque la Fuerza Pública tuvo conocimiento de los ataques de los cuales eran víctimas y no adelantó actuaciones para protegerlos, situación que conllevó su desplazamiento forzado. Del asunto conoció el Juzgado Primero

Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Medellín, autoridad judicial que, en sentencia del 27 de noviembre de 2018 accedió parcialmente5 a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión, expuso que el Estado era responsable por la atención irregular o inoportuna de la obligación de protección y el nexo causal entre dicha omisión y la producción del daño, lo que condujo al desplazamiento de los habitantes del municipio de Nariño, Antioquia. Frente a la caducidad, afirmó que, comoquiera que la acción vulnerante cesó cuando se iniciaron los planes de retorno seguro al citado municipio, que fueron en el 2009, y la demanda se presentó el 22 de septiembre de 2010, no operaba la caducidad, pues no habían trascurrido los 2 años de que trata el artículo 47 de la Ley 472 de 19986. 4 Trascripción literal del original con posibles errores. 5 Negó las pretensiones frente a algunos demandantes que no acreditaron su condición de desplazados para la época de los hechos. 6 “Artículo 47. CADUCIDAD. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante del mismo”.Demandantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-01

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Contra la anterior decisión, las partes interpusieron recurso de apelación. En síntesis así: (i) los ahora tutelantes alegaron que el juzgado no tuvo en cuenta al grupo ausente de personas que, aunque no demandaron, también sufrieron el daño; (ii) la Policía Nacional manifestó que el hecho fue generado por un tercero, y (iii) el Ejército Nacional afirmó que en el expediente no se probó que el desplazamiento fuera consecuencia de la omisión de dicha autoridad. La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad mediante sentencia del 25 de agosto de 2022, a través de la cual revocó la providencia de primera instancia y declaró probada la excepción de caducidad. Dicho cuerpo colegiado explicó que la toma guerrillera del municipio de Nariño empezó el 30 de julio de 1999 y finalizó el 29 de agosto de 2000, fecha en la que el Ejército Nacional retomó el control de esa entidad territorial. Luego, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 y en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 29 de enero de 2020, habían trascurrido más de dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante del mismo. Agregó que, para inaplicar el término de caducidad, la aludida sentencia de unificación del Consejo de Estado estableció que la parte demandante debía demostrar que no conocía los hechos o que se encontraba en imposibilidad material para acudir en término a la justicia; no obstante, esto no se acreditó. La parte actora interpuso recurso de revisión eventual de la acción de grupo, el cual fue declarado improcedente por el Consejo de Estado, Sección Primera mediante providencia del 28 de octubre de 2022, tras considerar que el caso bajo estudio fue objeto de unificación por parte de la

acreditó. La parte actora interpuso recurso de revisión eventual de la acción de grupo, el cual fue declarado improcedente por el Consejo de Estado, Sección Primera mediante providencia del 28 de octubre de 2022, tras considerar que el caso bajo estudio fue objeto de unificación por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Posteriormente, los tutelantes interpusieron recurso de insistencia de petición del mecanismo de revisión eventual, y con providencia de 1º de diciembre de 2022 se confirmó la decisión, bajo los mismos argumentos del proveído de 28 de octubre de 2022 y, además, se adujo que la solicitud de insistencia no era la etapa procesal para formular nuevos argumentos, como el desconocimiento de sentencias judiciales. 1.4. Fundamentos de la solicitud La parte actora refirió de manera taxativa que la providencia acusada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.Demandantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-01

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Para sustentar su dicho adujo que la autoridad judicial accionada aplicó de manera errónea el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 y la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 que no existía al momento de presentarse la acción de grupo. Indicó que el cambio de jurisprudencia con efectos ex tunc respecto a la categoría de imprescriptibilidad e inoperancia de la caducidad en cuanto a la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, atenta contra la seguridad jurídica y los derechos que les asiste como desplazados de la violencia. Manifestó que el tribunal accionado omitió aplicar los instrumentos internacionales vinculantes para Colombia, que sostienen la tesis de la imprescriptibilidad de las acciones en delitos denominados como de lesa humanidad. No obstante, no especificó los fallos internacionales desconocidos. Frente a las providencias que resolvieron sobre el recurso de revisión eventual y de insistencia afirmó que existen decisiones divergentes del Consejo de Estado sobre la materia y que contrario a lo establecido por la Sección Primera de esta Corporación, no es cierto que se hubiesen presentado argumentos nuevos. 1.5. Trámite de la acción Por auto del 19 de enero de 2021 el magistrado ponente de la primera instancia: (i) admitió la acción de tutela; (ii) ordenó notificar a las partes, para que rindieran informe sobre los hechos de la solicitud de amparo; (iii) vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, a la Policía Nacional, al Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito, y a los demás integrantes que conformaron la parte demandante en la acción de grupo con radicado 05001-33-31-001-2010-00407-017 y; (iv) dispuso comunicar del asunto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el mismo auto señaló que, pese a que los

que conformaron la parte demandante en la acción de grupo con radicado 05001-33-31-001-2010-00407-017 y; (iv) dispuso comunicar del asunto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el mismo auto señaló que, pese a que los accionantes obraron mediante apoderado judicial, no se aportó prueba de la representación de María Ospina 7 Señores Humberto de Jesús Rojas; María Nory Nieto; Libia Betancur Pérez; Gustavo Hincapié; Francinet Hincapié Betancur; Yuriana Andrea Hincapié B; Damaris Gómez Marín; Miriam Zapata Ramos; Luz Elena Arias Duque; José Luis Villada; Vanessa Villada Arias; Ester Julia Marín; Marco Julio Nieto; Aracelly Rojas; Marco Fidel Sánchez; Juan Fernando Sánchez Rojas; Nora Emilse Betancur; María Auxiliadora Gómez; María Escobar; Ricardo Ramos; Wilson Dairon Ramos Escobar; Janed YamidRamos Escobar; María Adiela Quintero;, Yerney Quintero y Yunedis Gracia; Egidio García Morales; Obed Romero Gallo; Gladys Gallo de Romero; Luz Amparo Romero Gallo; Leonardo Rodríguez Osorio; Beatriz Elena Rojas Nieto; Romelia Hincapié Betancur; Conrado de Jesús Osorio Betancur; Jhon Bayron Echeverry; María Ospina Nieto; José Daniel Orozco Ospina; Carlos Andrés Orozco Ospina; Isai

Pérez Pérez; Ana Mercedes Palacio Monsalve; Beatriz Pérez Palacio; Hugo Alexander Pérez Palacio; Astrid Yolima Pérez Palacio; Amalia Sánchez Morales; María Carlina Morales Jurado; Ángela María Sánchez Morales; María Ernestina Hincapié Hidalgo; José Jesús Gómez Castaño; Lida Marcela Gómez Hincapié; Aida Libis Gómez Hincapié; Aura Dolly Hincapié Betancur; Diomer Ferney Henao Hincapié; Luz Miriam Pérez Palacio; José Uriel Hincapié Betancur; Ana Julia Betancur de Hincapié; Alba Nidia Londoño Cifuentes,; Wilder Sánchez Rojas, en nombre propio y en representación de Carlos M. Sánchez; Mirllinedi Marín Hincapié, Wilder A. Sánchez M; María del Carmen Gómez Marín; Elkin Darío Suárez Gómez; Jesús María Suárez Gómez; Franceny Suárez Gómez, Francy Astrid Palacio Gómez, y Fernando Henao Orozco.Demandantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-01

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Nieto y Giuliana Monroy Pérez, por lo que requirió a esas actoras para que allegaran los respectivos poderes; estos fueron efectivamente allegados al expediente y, en consecuencia, reconoció personería al señor Carlos Fernando Sánchez Taborda en calidad de apoderado judicial de la totalidad de los accionantes. Finalmente, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara una publicación en la página web de la Corporación con la información de la tutela, para ponerla en conocimiento de los terceros interesados y solicitó copia del expediente 05001-33-31-001-2010-00407-01. 1.6. Contestaciones Realizadas las notificaciones correspondientes se allegaron los siguientes informes: 1.6.1 Consejo de Estado, Sección Primera Por conducto del magistrado ponente de las providencias de 28 de octubre de 2022 y 1º de diciembre de 2022 solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues se reiteran los argumentos que fueron planteados contra la decisión cuestionada. 1.6.2. Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional Pidió que se negaran las pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que el tribunal accionado aplicó debidamente el término de caducidad del artículo 47 de la Ley 472 de 1998, la cual rige las acciones de grupo. 1.6.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín y los demás demandantes en la acción de grupo con radicado No. 05001-33-31-001-2010-0040700/01, pese a estar debidamente notificados, guardaron silencio. 1.7. Sentencia de primera instancia En sentencia del 20

y los demás demandantes en la acción de grupo con radicado No. 05001-33-31-001-2010-0040700/01, pese a estar debidamente notificados, guardaron silencio. 1.7. Sentencia de primera instancia En sentencia del 20 de febrero de 20238, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, luego de superar todas las causales adjetivas de procedibilidad, negó el amparo frente a los reproches contra el fallo del 25 de agosto de 2022 y declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional frente a los autos del 28 de octubre de 2022 y 1º de diciembre de 2022, bajo la siguiente argumentación: 8 Esta decisión fue notificada el 10 de marzo de 2023.Demandantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-01

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Respecto de los defectos sustantivo y fáctico alegados contra el fallo que puso fin a la acción de grupo precisó que los abordaría desde la perspectiva del primero, comoquiera que la argumentación obedeció a una (i) indebida interpretación de las normas en materia de caducidad de la acción de grupo y (ii) errónea aplicación de la sentencia de unificación dictada por esta Corporación el 29 de enero de 2020, pues se profirió con posterioridad a la interposición de la aludida demanda. Hecha la anterior precisión y desendiendo al caso concreto concluyó que el defecto sustantivo no se configuró en la medida que, si bien el tribunal accionado realizó la contabilización de la caducidad de una manera diferente al fallador de primera instancia, dicha interpretación resultó adecuada porque, en aplicación del artículo 47 de la Ley 472 de 19989, computó los dos años desde el momento en que los actores conocieron que el Estado incurrió en una omisión que se concretó en el desplazamiento forzado, postura, además, acorde con la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Al respecto destacó que fue acertado concluir, por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, que el hecho vulnerante cesó el 29 de agosto de 2000, fecha en la cual el Ejército Nacional retomó el control del municipio de Nariño y, además, para el 10 de julio de 2022 ya estaba restablecida la estación de policía, entonces, como la demanda se radicó hasta el 22 de septiembre de 2010, ya había operado el fenómeno de la caducidad.

Por otra parte, advirtió que la sentencia de unificación proferida por esta Corporación el 29 de enero de 2020 no dio lugar a la inaplicación de la norma indicada en precedencia. Explicó que esa providencia no creó un requisito ni un término nuevo, sino que precisó que los jueces, en estos casos, no podían dejar de aplicar el plazo establecido legalmente -2 añosy que, tal como se indicó en el fallo atacado, para su inaplicación, la parte actora debía demostrar que no conocía los hechos o que se encontraba en imposibilidad material para acudir en tiempo a la justicia. Finalmente, frente a los autos dictados en el marco del recurso de revisión eventual e insistencia consideró que no superaban el requisito de la relevancia constitucional en la medida que lo pretendido era reabrir un asunto zanjado en la acción de grupo y que, como bien se concluyó por la Sección Primera del Consejo de Estado el recurso de revisión eventual no es la oportunidad para tratar de imponer un criterio jurídico diferente al fijado por los jueces, sino que este tiene como objetivo unificar jurisprudencia, lo que llevaba a la declaratoria de improcedencia del mismo. 9 “Artículo 47. CADUCIDAD. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante del mismo”.Demandantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-01

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1.8. Impugnación10 La parte actora adujo que la decisión de primera instancia debe revocarse con base en la siguiente argumentación: Manifestó: «Con todo respeto de la Alta dignatura y del Tribunal Accionado, nuevamente reitero que dichos órganos Judiciales, están fundando sus decisiones en normas y jurisprudencia que se generaron de manera posterior a la presentación de la demanda, bajo el entendido, que por supuesto marcan del defecto sustancial alegado como vulnerante de los derechos solicitados en amparo»11. Así, insistió en que al dictarse la sentencia de 25 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad no tuvo en cuenta que «Al momento de presentarse la demanda regía para el desplazamiento forzado en materia de reclamación de perjuicios, el artículo 47 de la ley 472 de 1998, amén de la jurisprudencia que regía para ese momento puesta en conocimiento en la Acción de Grupo de manera oportuna, donde era reiterativo el alto Tribunal en establecer que el Desplazamiento forzado como tal, no tenía término de caducidad al considerarse de lesa humanidad, por tanto la demanda podía presentarse en cualquier tiempo»12. Explicó que el Código Contencioso Administrativo no dispuso que el derecho era reconocible a partir del conocimiento de los hechos, sino que esa argumentación surgió con la jurisprudencia proferida en vigencia de la Ley 1437 de 2011. En relación con la declaratoria de improcedencia de los autos dictados por la Sección Primera del Consejo de Estado en el marco del recurso de revisión eventual y la insistencia, no elevó ningún reproche. 2. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 20 de febrero de 2023 dictado por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación. Lo anterior de

ningún reproche. 2. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 20 de febrero de 2023 dictado por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 10 Escrito de impugnación enviado por correo electrónico el 13 de marzo de 2022. 11 Trascripción literal del original con posibles errores. 12 Ibídem.Demandantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-01

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2.2. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si conforme a los argumentos expuestos en la impugnación debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de primera instancia del 20 de febrero de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación. Es oportuno precisar que la parte actora en su escrito de impugnación basó su línea argumentativa, únicamente, en atacar la decisión desfavorable del a quo constitucional frente al defecto sustantivo, el cual sea de paso recordar que fue analizado respecto del fallo de 25 de agosto de 2022 dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad que declaró probada la excepción de caducidad, por tanto el análisis de la segunda instancia versará, concretamente, sobre ese punto. Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad, y de encontrarlos superados; (iii) el estudio del caso concreto. 2.2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201213 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema14. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales15. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los fijados hasta el momento jurisprudencialmente”. Al efecto,

de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales15. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los fijados hasta el momento jurisprudencialmente”. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial. 13 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. N.° 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 15 Se dijo en la mencionada sentencia: DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. 16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicación:

de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-01

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Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia. 2.2.2. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva 2.2.2.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia y seguridad jurídica. Ahora bien, como se señaló en los antecedentes se tiene que al verificar la argumentación expuesta en el escrito de tutela, el asunto se abordó por el a quo constitucional bajo el estudio del defecto sustantivo, en la medida que se acusó tanto la indebida aplicación del plazo de caducidad en una acción de grupo que involucra desplazamiento forzado y de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 que prevé como regla que en los asuntos sobre daños sufridos con ocasión de los delitos de lesa humanidad, también se debe hacer exigible el término para demandar establecido por el legislador -2 años-. Para los accionantes, la providencia de la referencia no podía ser aplicada en la acción de grupo, pues no existía al momento en que se radicó la demanda. Por esto, los criterios allí establecidos no podían ser exigidos. Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante constitucionalmente. En primer lugar la parte actora presenta una cuestión de carácter ius fundamental en la medida

que no solo invoca la protección de sus garantías superiores, sino que el caso involucra el dere