CE - 110010315000202300003011SENTENCIA20230508140430

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00003-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.

TESIS: MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LAS PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA DE LA REFERENCIA Y, EN SU LUGAR,

DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DEL

PRESUPUESTO DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE

LEGAL Y ECONÓMICO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO DISPUESTO PARA

PRESENTAR SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de 8 de febrero de 2023, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “ A”- DEL CONSEJO DE ESTADO 1 denegó el amparo solicitado.

1 En adelante Sección Segunda.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00003-01

Actora: Compañía de Financiamiento Tuya S.A.

1 En adelante Sección Segunda.2

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Actora: Compañía de Financiamiento Tuya S.A.

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La sociedad COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. , actuando a través de su apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia y al principio pro damnato, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO 2, con ocasión de la providencia proferida el 8 de septiembre de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 05001-23-33-000-2020-00093-01.

I.2.- Hechos

Refirió que en el año 2000 presentó ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales , -en adelante DIAN-, solicitud para acogerse al régimen de estabilidad tributaria para los años 2001 a 2010,

2 En adelante la Sección Cuarta.3

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Actora: Compañía de Financiamiento Tuya S.A.

2 En adelante la Sección Cuarta.3

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petición que fue denegada por esa entidad.

Adujo que adelantó un primer proceso ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo , dentro del medio de control de controversias contractuales , el cual fue conocido por la Sección Tercera, Subsección “B”, del Consejo de Estado que, en sentencia de 29 de agosto de 2013 , anuló el acto administrativo por medio del cual la DIAN le negó la solicitud de existencia del régimen de estabilidad tributaria , pero no le concedió ninguna de las pretensiones de restablecimiento o indemnización de perjuicios.

Sostuvo que, por lo anterior, solicitó ante la DIAN la devolución y/o compensación de las sumas de dinero pagadas, por concepto de pago de lo no debido del gravamen de los movimientos financieros del año 2002, petición denegada mediante la Resolución núm. 80 de 16 de octubre de 2018 y confirmada en auto administrativo núm. 001768 de 2019, al considerarla extemporánea.

Relató que, como consecuencia de ello, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN, con el fin de que se declara rá la nulidad de los anteriores pronunciamientos y se ordenara la devolución de4

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN, con el fin de que se declara rá la nulidad de los anteriores pronunciamientos y se ordenara la devolución de4

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$523.594.073 por el pago de lo no debido, proceso al cual le fue asignado el número único de radicación 2020-00093-00.

Afirmó que el proceso correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de Antioquia que, en sentencia de 24 de marzo de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda al estimar que el término de prescripción de cinco años transcurría desde la ejecutoria de la sentencia del 29 de agosto de 2013 , por lo que estaba dentro del plazo para solicitarla.

Manifestó que la DIAN interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue desatado por la SECCIÓN CUARTA que, en sentencia de 8 de septiembre de 2022, revocó la decisión del a quo y, en su lugar , denegó las pretensiones al considerar qu e la solicitud de devolución por el pago de lo no debido no se presentó dentro de término previsto para el efecto, pues este debía contabilizarse desde la fecha en la que se realizó el pago.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

solicitud de devolución por el pago de lo no debido no se presentó dentro de término previsto para el efecto, pues este debía contabilizarse desde la fecha en la que se realizó el pago.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial por5

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medio del cual se ha dispuesto que la solicitud de devolución y/o compensación por el pago en exceso o de lo no debido, se debe computar a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoció en favor suyo, el derecho a estar bajo el amparo del régimen de estabilidad tributaria.

En primera medida, destacó que el Consejo de Estado3 ha reconocido la configuración del silencio administrativo p ositivo en casos en los cuales la administración ha omitido pronunciarse en el plazo indicado por la ley, o modificó de manera unilateral las condiciones planteadas por el contribuyente, presentando un modelo de contrato por fuera de los términos propuestos.

Arguyó que el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 4 de febrero de 2016 precisó que “[…] independientemente de que la sentencia que declara la existencia del régimen de estabilidad tributaria no haya dictado una orden de condena en

sentencia de 4 de febrero de 2016 precisó que “[…] independientemente de que la sentencia que declara la existencia del régimen de estabilidad tributaria no haya dictado una orden de condena en concreto o en abstracto, lo cierto es que esas sentencias tienen un componente económico: el pago mutuo de las obligaciones pecuniarias. Y el cumplimiento de esas obligaciones se materializa cuando se ejecuta la

3 Consejo de Estado, Sala Especial Transitoria de Decisión 4C, sentencia de 7 de abril de 2008 , C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, expediente identificado con el número único de radicación 1100103-15-000-2004-00406-01.6

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sentencia, en las mismas condiciones de que se ejecuta la sentencia condenatoria […]”.

En ese orden de ideas, recalcó que en sentencia de 28 de marzo de 20194 la Sección Cuarta del Consejo de Estado analizó el tema de la compensación frente a la solicitud por el pago de lo no debido, ante lo cual concluyó que es a partir del momento de ejecutoria de la sentencia cuando se pueden exigir las obligaciones derivadas de dicho régimen.

Sostuvo que mediante sentencia de 30 de marzo de 2016 5, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo refirió, respecto de la

sentencia cuando se pueden exigir las obligaciones derivadas de dicho régimen.

Sostuvo que mediante sentencia de 30 de marzo de 2016 5, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo refirió, respecto de la liquidación de los intereses por devolución de los impuestos pagados, la importancia de la ejecutoria de la sentencia constitutiva del derecho a la estabilidad tributaria.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 28 de marzo de 2019, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 05001 -23-31-000-201200228-01. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 30 de marzo de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 25000 -23-27-000-200900273-01.7

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Advirtió que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo6 ha hecho referencia al derecho a la devolución de los dineros pagados por concepto de tributos respecto de actos administrativos que posteriormente fuero declarados nulos.

Así las cosas, puso de presente que la Sección Cuarta del Consejo de Estado7 ha dispuesto que la prescripción del derecho a reclamar el

concepto de tributos respecto de actos administrativos que posteriormente fuero declarados nulos.

Así las cosas, puso de presente que la Sección Cuarta del Consejo de Estado7 ha dispuesto que la prescripción del derecho a reclamar el pago de lo no debido empieza a contar a partir del pago realizado sin causa legítima y, por tanto, es desde esa fecha que empieza a correr el término para ejercer el derecho a la devolución de este.

Por lo anterior, precisó que en el caso concreto, el derecho reclamado se configuró en el momento en que la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 29 de agosto de 2013 decretó la nulidad del acto administrativo acusado, por lo que fue a partir de la ejecutoria de esa decisión judicial que adquirió el derecho a pertenecer al régimen especial tributario, de tal forma que solo hasta ese momento nació la posibilidad de reclamarlo y la prescripción debe

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia de 1o. de octubre de 2019, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 66001-23-33-003-2012-00007-01. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 10 de marzo de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 25000 -23-27-000-201200273-01.8

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00273-01.8

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“[…] se declare que la sentencia proferida por la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO del 8 de septiembre de 2022, radicación 05001-23-33-000-2020-00093-01 (25606), vulneró el (sic) derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. ; como consecuencia de ello anule dicho fallo y dicte la sentencia que debe reemplazarlo […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN CUARTA advirtió que la sustentación de la acción de tutela revela que lo pretendido por la actora es la revisión del criterio que fundamentó la tesis del cómputo de la prescripción de las solicitudes de devolución, pues no alude a aspectos que acrediten la vulneración de un derecho fundamental ni la existencia de un perjuicio irremediable, así como tampoco al cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad como la relevancia constitucional.

En efecto, destacó que lo pretendido por la actora es modificar por vía de acción de tutela la posición mayoritaria de la Sala, lo que hace improcedente la solicitud de amparo.

I.6. Intervinientes10

En efecto, destacó que lo pretendido por la actora es modificar por vía de acción de tutela la posición mayoritaria de la Sala, lo que hace improcedente la solicitud de amparo.

I.6. Intervinientes10

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I.6.1.- La DIAN alegó que la solicitud de amparo resulta improcedente, comoquiera que la parte actora no sustentó en debida forma la procedencia de este mecanismo constitucional, además, carece de relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido es revivir un debate de los argumentos propuestos dentro del proceso ordinario.

En todo caso, aseguró que no se incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente alegado, toda vez que la decisión acusada estuvo ajustada a derecho.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 8 de febrero de 2023, la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación denegó el amparo solicitado al considerar que la posición asumida en la providencia cuestionada resulta válida y razonable, pues ante la falta de postura unificada por parte del Consejo de Estado que constituya precedente obligatorio, la autoridad judicial de instancia goza de un margen de discrecionalidad más amplio para adoptar el criterio que considere idóneo, sin que ello

razonable, pues ante la falta de postura unificada por parte del Consejo de Estado que constituya precedente obligatorio, la autoridad judicial de instancia goza de un margen de discrecionalidad más amplio para adoptar el criterio que considere idóneo, sin que ello implique el desconocimiento de garantías constitucionales.11

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En efecto, explicó que las sentencias presuntamente desconocidas no constituyen precedente judicial obligatorio, por lo que no resultaba cierto afirmar que se incurrió en desconocimiento del precedente.

Sumado a lo ant erior, afirmó que independientemente de la consideración de la actora fre nte a que existía una duda en el cómputo del plazo, en el proceso ordinario se analizó tal situación y la autoridad judicial accionada expuso las razones por las cuales la solicitud de devolución de ciertas sumas de dinero fue extemporánea, sin que corresponda al juez constitucional refutar esa posición, ya que esto implicaría invadir la autonomía e interpretación del juez de la causa, máxime cuando se trata de una decisión adoptada p or el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo y no se evidencia que se haya incurrido en un yerro ostensible y arbitrario.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia

evidencia que se haya incurrido en un yerro ostensible y arbitrario.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia señalando que, contrario a lo advertido por el a quo, la autoridad judicial accionada sí desconoció los precedentes judiciales de la Sala Plena del Consejo de Estado , siendo esta una de las causales que12

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hacen procedente el amparo dentro de la acción de tutela contra providencia judicial.

Insistió en que dos de los precedentes expuestos fueron proferidos por la Sala Plena del Consejo de Estado, lo que significa que sí resultan ser precedentes verticales vinculantes, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional8, pues en ellos se hizo referencia a la devolución de los dineros pagados por concepto de tributos respecto de actos administrativos que posteriormente fueron declarados nulos, temática que guarda plena identidad con la que aquí se discute.

Arguyó que, contrario a la conclusión allegada por el a quo, no puede afirmarse válidamente que el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial no se configuró , pues las sentencias proferidas por la Sala Plena del Alto Tribunal Constitución s í constituyen precedente y resuelven exactamente los mismos problemas jurídicos sometidos a consideración de la SECCIÓN

del precedente judicial no se configuró , pues las sentencias proferidas por la Sala Plena del Alto Tribunal Constitución s í constituyen precedente y resuelven exactamente los mismos problemas jurídicos sometidos a consideración de la SECCIÓN CUARTA, por lo que la omisión en su aplicación vulnera su derecho fundamental al debido proceso.

8 SU 354 de 2017.13

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Refutó que la autoridad judicial acciona da le dio prevalencia al precedente horizontal sobre el vertical, pues los pronunciamientos emitidos por la Sala Plena del Consejo de Estado debieron ser aplicados, pues en ellos se emitió una decisión de unificación sobre el tema objeto de debate.

Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia y, en su lugar, acceder al amparo solicitado.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artícu lo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artícu lo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.14

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).15

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma

no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desbor de institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principi os de cosa juzgada y16

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de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principi os de cosa juzgada y16

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seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crí menes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que gen eraron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a

hechos que gen eraron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afec tación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales17

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especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, com o lo ha señalado la Corte,

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especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, com o lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece de l apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley

en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado18

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fuera del texto)

En el presente caso, la actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 8 de septiembre de 2 022, proferida por la SECCIÓN CUARTA, a través de la cual revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda por considerar que la solicitud de devolución del pago de lo no debido se presentó de forma extemporánea , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2020-00093-01.

La inconformidad de la parte actora radica en que, a su juicio, la decisión acusada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial9 por medio del cual se ha dispuesto que la

La inconformidad de la parte actora radica en que, a su juicio, la decisión acusada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial9 por medio del cual se ha dispuesto que la

9 Consejo de Estado, Sala Especial Transitoria de Decisión 4C, sentencia de 7 de abril de 2008, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, expediente identificado con el número único de radicación 1100103-15-000-2004-00406-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 28 de marzo de 2019, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 05001 -23-31-000-201200228-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 30 de marzo de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 2 5000-23-27-000-200900273-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia de 1o. de octubre de 2019, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 66001-23-33-003-2012-00007-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 10 de marzo de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 25000 -23-27-000-201200273-01.19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00003-01

00273-01.19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00003-01

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