CE - 110010315000202300012011SENTENCIA20230427170522

Demandante: E.S.E Hospital Universitario de

Santander

Demandado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado Radicación: 11001-03-15-000-2023-00012-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00012-01

Demandante: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –

SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedente por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de primera instancia del 3 de marzo de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación. En esta providencia se declaró improcedente la acción de tutela. Esto, porque no se encontró acreditado el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

improcedente la acción de tutela. Esto, porque no se encontró acreditado el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 19 de diciembre de 2022 , la E.S.E Hospital Universitario de Santander actuando por intermedio de la jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica interpuso acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación. La E.S.E peticionaria consideró que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica e igualdad.

2. La accionante adjudic ó la trasgresión de las citadas garantías constitucionales, a la sentencia de 19 de octubre de 2022 dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la que resolvió revocar parcialmente la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del César; y en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directaDemandante: E.S.E Hospital Universitario de

Santander

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presentada por la señora Martha Isabel Ramírez y su grupo familiar contra la E.S.E Hospital Universitario de Santander y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional1.

1.2. Pretensiones

presentada por la señora Martha Isabel Ramírez y su grupo familiar contra la E.S.E Hospital Universitario de Santander y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional1.

1.2. Pretensiones

3. La E.S.E. accionante solicitó:

PRIMERA: De manera respetuosa y en virtud de la decisión adoptada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B el 19 de octubre de 2022 en contra de mi representada, solicito señor Juez Constitucional, TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO

PROCESO, SEGURIDAD JURÍDICA E IGUALDAD Y FALTA DE VALORACIÓN PROBATORIA de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER que se encuentran consagrados en el artículo 13, 29 y 86 de la Constitución Política.

SEGUNDA: Que, en virtud de lo anterior, se deje sin efecto la SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA adoptada por la accionada el 17 de octubre de 2022 dentro del trámite de segunda instancia del proceso de reparación directa Rad. 20001233100201100033 01(50085) iniciado por MARTHA ISABEL RAMÍREZ Y OTROS en contra de mi representada y la NACIÓN – MINISTERIO DE

DEFENSA – POLICÍA NACIONAL.

TERCERA: Como consecuencia de lo anterior se modifique la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Santander y en su lugar se exonere a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER de cualquier condena en el presente caso, por cuanto la muerte de los hermanos HERNÁNDEZ

adoptada por el Tribunal Administrativo de Santander y en su lugar se exonere a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER de cualquier condena en el presente caso, por cuanto la muerte de los hermanos HERNÁNDEZ RAMÍREZ ocurrió por una falla en el servicio de la otra entidad demandada y no como consecuencia de alguna acción u omisión por parte de la ESE HUS.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. El 27 de septiembre de 2009 a las 4:00 a.m., los hermanos Carlos Arturo y César Andrés Hernández Ramírez ingresaron a la estación de policía del municipio de San Alberto – Cesar, luego de que fueran detenidos al haber estado involucrados en una discusión que se presentó en una fiesta a la que asistieron. Luego, a las 6:30 a.m., se produjo un incendio en la celda en la que se encontraban retenidos los señores Hernández Ramírez, lo que les causó quemaduras graves.

5. Inicialmente, los hermanos Carlos Arturo y César Andrés Hernández Ramírez fueron atendidos en el Hospital de San Alberto y luego de ello, fueron llevados al servicio de urgencias del Hosp ital José David Padilla Villafañe de Aguachica (Cesar), en donde fueron diagnosticados con quemaduras de segundo y tercer grado en el 30% y 40% de los cuerpos, así como heridas en las vías respiratorias.

6. Posterior a ello, los señores Hernández Ramírez fueron remitidos al Hospital Universitario de Santander, en razón a que necesitaban manejo especializado con

1 Rad. 20001233100020110003300/01 (50.085).Demandante: E.S.E Hospital Universitario de Santander

Universitario de Santander, en razón a que necesitaban manejo especializado con

1 Rad. 20001233100020110003300/01 (50.085).Demandante: E.S.E Hospital Universitario de Santander

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monitorización permanente de signos vitales en unidad de quemados debido a la gravedad de las quemaduras. Sin embargo, ambos fallecieron el 6 y 7 de octubre de 2009.

7. Por lo anterior, el grupo familiar de los hermanos Hernández Ramírez , integrado por Martha Isabel Ramírez, Jorge Iván Ortega Fontalvo, Mónica Patricia Hernández Ramírez, Luis Guillermo Hernández Ramírez, Ruby Esther Bornacelly de Hernández, María Consuelo Peña Ramírez y José Antonio Ramírez , presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y la E.S.E Hospital Universitario de Santander con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte de Carlos Arturo y César Andrés Hernández Ramírez.

8. En primera instancia, el proceso lo conoció el Tribunal Administrativo del Cesar. Esa autoridad judicial a través de sentencia del 24 de octubre de 2013 dictó sentencia en el asunto de la referencia en la que accedió a las pretensiones de la demanda.

9. Indicó que estaba probado que las quemaduras que sufrieron las víctimas

sentencia en el asunto de la referencia en la que accedió a las pretensiones de la demanda.

9. Indicó que estaba probado que las quemaduras que sufrieron las víctimas fueron causadas por ellas mismas por un incendio que ellos iniciaron al prenderle fuego a la colchoneta de la celda donde se encontraban retenidos , sin embargo el daño era atribuible a la omisión en la obligación de vigilancia y cuidado de la Policía para evitar que aquellos se hicieran daño, pues la conducta que asumieron los detenidos no era imprevisible, teniendo en cuenta que estaban embriagados y en excesivo grado de exaltación.

10. También, la autoridad judicial de primera instancia consideró que la E.S.E Hospital Universitario de Santander era administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte de los hermanos Hernández Ramírez, pues no trasladó oportunamente a las víctimas a la UCI por falta de cupos, a pesar de que en la valoración médica se determinó la atención en esta unidad como prioridad 1. Dicha demora en la remisión estaba probada porque los pacientes ingresaron al hospital el 27 de septiembre de 2009 y solo fueron remitidos a la UCI de otra clínica el 3 y el 7 de octubre, respectivamente, lo que posiblemente ocasionó su muerte.

11. Finalmente, mencionó que hubo concurrencia de culpas en la causación del daño, pues la actividad de la administración no fue la única causa eficiente del mismo, ya que, al incendiar la colchoneta, las víctimas concurrieron en la causación del daño. Por este motivo, el tribunal redujo las condenas impuestas en un 50%.

12. Contra la anterior decisión, la Policía Nacional y la E.S.E. Hospital

del daño. Por este motivo, el tribunal redujo las condenas impuestas en un 50%.

12. Contra la anterior decisión, la Policía Nacional y la E.S.E. Hospital Universitario de Santander2 presentaron recurso de apelación.

2 Como fundamento del recurso de apelación, l a E.S.E ., consideró que existía un error en la valoración de las pruebas porque el Tribunal desconoció las actas de necropsia, las historias clínicas y el concepto técnico del comité de conciliación de la entidad. Además, que el Tribunal no tuvo en cuenta que, debido al accidente que sufrieron las víctimas, sus probabilidades de supervivencia eran mínimas.Demandante: E.S.E Hospital Universitario de Santander

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13. Las alzadas fueron decididas por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, que en sentencia del 19 de octubre de 2022 revocó parcialmente la decisión de primer grado y en su lugar, declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima propuesta por el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la E.S.E Hospital Universitario de Santander de los perjuicios causad os a los demandantes por la muerte de los señores Carlos Arturo y César Hernández Ramírez.

14. Como fundamento de su decisión, el juez de segundo grado indicó que de

Hospital Universitario de Santander de los perjuicios causad os a los demandantes por la muerte de los señores Carlos Arturo y César Hernández Ramírez.

14. Como fundamento de su decisión, el juez de segundo grado indicó que de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, estaba probado que la causa de las quemaduras que sufrieron las víctimas fue el incendio que aquellas provocaron al prender en fuego las colchonetas que se le entregaron para descansar. Así, concluyó que dicha conducta fue la causa exclusiva del daño que se le imputó al

Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

15. En relación con la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, la mencionada Subsección afirmó que, si bien en el expediente no existía prueba idónea y fehaciente que indicara que la causa directa de la muerte de las víctimas fue la remisión tardía a la UCI, lo cierto es que los médicos que los atendieron consideraron que ambos requerían manejo de cuidado intensivo debido a la gravedad de las quemaduras que sufrieron tanto en el cuerpo como en la vía aérea, y a las dificultades respiratorias que padecieron.

16. En punto de lo anterior, el juez colegiado de segunda instancia afirmó que encontró acreditado en el proceso que «durante toda su estadía en el hospital ambos pacientes presentaron pronóstico reservado debido al riesgo de falla respiratoria, pese a lo cual hubo demora en la remisión. Los hermanos Hernández llegaron al hospital el 27 de septiembre de 2009 y fueron trasladados a la UCI de la Clínica La Merced el 3 y el 6 de octubre de 2009, respectivamente». Así, concluyó

llegaron al hospital el 27 de septiembre de 2009 y fueron trasladados a la UCI de la Clínica La Merced el 3 y el 6 de octubre de 2009, respectivamente». Así, concluyó que la demora en la remisión a una UCI fue determinante en la causación del daño.

17. En consecuencia, la autoridad judicial revocó parcialmente la decisión de primera instancia y en su lugar, condenó a la E.S.E. Hospital Universitario de Santander al pago de la totalidad de los perjuicios, pues en su sentir, no existió concurrencia de culpas en la producción del daño entre la actuación de las víctimas y la omisión en la que incurrió el hospital.

1.4. Fundamentos de la vulneración

18. La E.S.E tutelante alegó que la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica e igualdad, porque incurrió en el defecto fáctico.

19. Al punto, la peticionaria mencionó que la autoridad judicial accionada realizó una i ndebida valoración de las pruebas allegadas al expediente –sin mencionar cuáles–. Así, consideró que si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado hubiera analizado adecuadamente los elementos probatorios delDemandante: E.S.E Hospital Universitario de

Santander

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plenario, habría concluido que la Policía Nacional era responsable del daño reclamado. Lo anterior, toda vez que la entidad no cumplió con la obligación de asegurar su cuidado e integridad con ocasión de su «actuar omisivo» al no realizar una requisa minuciosa que los llevara a decomis ar los fósforos que las víctimas tenían en su poder.

20. Por otro lado, indicó que la autoridad judicial accionada no podía atribuirle a su representada la consecuencia de la muerte de los hermanos Hernández Ramírez por la no disposición de una unidad de cuidados intensivos, cuando lo cierto es que en la misma sentencia de segunda instancia se hace alusión a la grave condición de los pacientes desde el primer momento de la atención en salud.

21. De esta manera, la E.S.E. mencionó que el juez de segundo grado impuso una condena en su contra sin contar con algún medio de convicción que así lo acreditara, y dicha falta probatori a se trató de cubrir con la aplicación del principio de la prohibición de regreso que rige en materia penal.

1.5. Trámite de la acción de tutela

22. En auto del 12 de enero de 2023 , el magistrado ponente de la decisión admitió la acción de tutela y dispuso la notificación de la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación.

23. Además, ordenó la vinculación como terceros con interés a: i) los miembros del grupo familiar que figuraron como demandantes dentro del proceso ordinario 3;

Tercera de esta Corporación.

23. Además, ordenó la vinculación como terceros con interés a: i) los miembros del grupo familiar que figuraron como demandantes dentro del proceso ordinario 3; ii) al Tribunal Administrativo del César 4; y iii) a la Nación – Ministerio de Defensa

Nacional – Policía Nacional.

1.6. Intervenciones e informes

24. Realizadas las notificaciones ordenadas 5, se presentaron las siguientes

intervenciones:

3 Martha Isabel Ramírez, Jorge Iván Ortega Fontalvo, Mónica Patricia de Hernández Ramírez, Luis Guillermo Hernández Ramírez, Ruby Esther Bornacelly de Hernánde z, María Consuelo Peña Ramírez y José Antonio Ramírez. 4 Autoridad judicial que conoció en primer grado de la demanda de reparación directa. 5 En este punto es importante señalar que la Secretaría General de esta Corporación requirió a la E.S.E Hospital Universitario de Santander para que aportara las direcciones de notificación de los demandantes del proceso ordinario –Martha Isabel Ramírez, Jo rge Iván Ortega Fontalvo, Mónica Patricia de Hernández Ramírez, Luis Guillermo Hernández Ramírez, Ruby Esther Bornacelly de Hernández, María Consuelo Peña Ramírez y José Antonio Ramírez–, con el fin de poder vincularlos al presente trámite (índice 15 SAMAI ). El referido hospital atendió el requerimiento en memorial allegado el 26 de enero del año en curso en el que informó la dirección del domicilio indicado por los demandantes en el escrito de tutela y la dirección y el correo electrónico de su apoderado (índice 16 SAMAI). Luego, la mencionada dependencia notificó la presente acción al correo electrónico

demandantes en el escrito de tutela y la dirección y el correo electrónico de su apoderado (índice 16 SAMAI). Luego, la mencionada dependencia notificó la presente acción al correo electrónico cafebogo23@hotmail.com y a las direcciones aportadas por la parte accionante por medio de correo certificado (índices 17 y 18 SAMAI). Luego, la Secretaría General de esta Corporación expidió constancia secretarial en la que informó que, a pesar de que notificó la acción de tutela de la referencia por correo certificado a las direcciones aportadas por la parte accionante, revisó la trazabilidad y confirmó que el oficio fue devuelto por parte de la Empresa de Correos 4 -72. Por lo anterior, indicó que, con el fin de poner en conocimiento de las demás personas que actuaron comoDemandante: E.S.E Hospital Universitario de Santander

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1.6.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado

25. El magistrado ponente de la decisión presentó informe. En aquel manifestó que no desea participar de la presente solicitud de amparo ni como parte ni como tercero y que acatará estrictamente las decisiones adoptadas por los jueces constitucionales en el curso del presente trámite de tutela.

1.6.2. La Policía Nacional

26. La Policía Nacional en su condición de tercero con interés rindió informe en

constitucionales en el curso del presente trámite de tutela.

1.6.2. La Policía Nacional

26. La Policía Nacional en su condición de tercero con interés rindió informe en el que se opuso a las pretensiones del escrito de tutela porque consideró que la sentencia de segunda instancia no desconoció los derechos fundamentales invocados; y que en el caso no se configuró una amenaza inminente e injustificada que ameritara la procedencia del mecanismo de amparo, más aún teniendo en cuenta que la parte accionante puede hacer uso de otras vías judiciales para obtener la protección solicitada, sin precisar cuál.

1.6.3. Carlos Felipe Bohórquez – apoderado judicial de Mónica Patricia Hernández Ramírez, Martha Isabel Ramírez y Jorge Iván Ortega Fontalvo

27. El apoderado judicial de los terceros con interés de la referencia rindió informe en el que afirmó que la presente solicitud de amparo no cumpl ía con los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

28. Por otro lado, adujo que la parte accionante no cumplió con la carga argumentativa, toda vez que no indicó los medios probatorios que, a su juicio, fueron valorados erróneamente, ni c ómo dicho análisis era relevante para que los jueces de instancia del proceso ordinario cambiaran su decisión. Por esto, solicitó que se negara la acción de tutela y que se dejara en firme la sentencia proferida en segunda instancia el 17 de octubre de 2002 por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación.

29. El Tribunal Administrativo del César y los demás integrantes del grupo

instancia el 17 de octubre de 2002 por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación.

29. El Tribunal Administrativo del César y los demás integrantes del grupo familiar que fungieron como demandantes dentro del proceso ordinario pese a que fueron notificados, guardaron silencio.

demandantes, publicaría tal aviso en la página web de la Rama Judicial un aviso para notificar el auto admisorio y la acción de tutela a los miembros del grupo familiar que figuraban como demandantes dentro del proceso ordinario . L a mencionada dependencia solicitó al Tribunal Administrativo del césar que publicara tal aviso en la página web de dicha Corporación (índice 20 SAMAI). Estas actuaciones fueron debidamente realizadas ( índice 21 SAMAI y página web de la Rama Judicial).Demandante: E.S.E Hospital Universitario de Santander

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1.7. Sentencia de tutela de primera instancia

30. En sentencia del 3 de marzo de 20236, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela porque no encontró acreditado el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. Esto,

por los siguientes motivos:

31. En primer lugar, consideró que los argumentos planteados en el escrito de tutela no giran en torno al contenido, alcance o goce de los derechos fundamentales

por los siguientes motivos:

31. En primer lugar, consideró que los argumentos planteados en el escrito de tutela no giran en torno al contenido, alcance o goce de los derechos fundamentales y no demuestran cómo la providencia judicial afectó los derechos invocados.

32. Lo anterior en la medida en que los motivos de inconformidad planteados por la parte accionante no trascendieron de un mero descontento con lo decidido en el proceso ordinario, pues pidió una nueva valoración de todo el material probatorio allegado al proceso y no indicó las pruebas en concreto, que a su juicio, se dejaron de valorar y no tuvo en cuenta las conclusiones a las que llegó la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación a partir del examen que realizó de los elementos probatorios allegados al proceso. Así, la acción de tutela fue presentada con el fin de que se abriera una instancia adicional al proceso de reparación directa que ya definió la controversia planteada por la E.S.E Hospital Universitario de

Santander.

33. En segundo lugar, el juez de tutela de primera instancia consideró que la solicitud de amparo no cu mplió con la carga argumentativa para demostrar la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

1.8. Impugnación

34. La E.S.E accionante presentó escrito de impugnación 7 en el que solicitó revocar la decisión de primera instancia y en su lugar que se ampararan sus derechos fundamentales. Como fundamento de su alzada, reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial y precisó que lo pretendido mediante el ejercicio de esta acción constitucional no es lograr una tercera instancia, sino velar por la protección de los derechos de la entidad prestadora de salud.

expuestos en el escrito inicial y precisó que lo pretendido mediante el ejercicio de esta acción constitucional no es lograr una tercera instancia, sino velar por la protección de los derechos de la entidad prestadora de salud.

35. Mediante auto del 29 de marzo de 2023 , el magistrado ponente de primera instancia concedió la impugnación presentada por la E.S.E Hospital Universitario de Santander contra la decisión del 3 de marzo de 2023.

6 Esta decisión fue notificada el 21 de marzo de 2023. 7 El escrito de impugnación fue presentado 24 de marzo de 2023.Demandante: E.S.E Hospital Universitario de Santander

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

36. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 3 de marzo de 2023 dictado por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa y solicitudes de desvinculación

1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa y solicitudes de desvinculación

37. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

38. La Sala advierte que la E.S.E Hospital Universitario de Santander se encuentra legitimada en la causa por activa. Esto porque le asiste un interés directo y personal en las resultas del proceso, pues figura como demanda da dentro del proceso de reparación directa en el que se profirió la providencia reprochada a través de este mecanismo constitucional.

39. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación se encuentra legitimada en la causa por pasiva. Esto, porque es la autoridad judicial que profirió la decisión de segu nda instancia del 19 de octubre de 2022 reprochada en esta oportunidad.

2.3. Problema jurídico y metodología de la decisión

40. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, el 3 de marzo de 2023.

41. Para ello, le corresponde a la Sala determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de la relevancia constitucional.

Corporación, el 3 de marzo de 2023.

41. Para ello, le corresponde a la Sala determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de la relevancia constitucional.

42. De encontrarse superados, la Sala analizará lo siguiente: •¿La Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica e igualdad de la E.S.E Hospital Universitario de Santander. Lo anterior, con la expedición del fallo del 19 de octubre de 2022 que revocó parcialmente la decisión de primer grado y en su lugar, encontró probada la excepción de culpa exclusivaDemandante: E.S.E Hospital Universitario de

Santander

Demandado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado Radicación: 11001-03-15-000-2023-00012-01

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de la víctima propuesta por el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la E.S.E Hospital Universitario de Santander por los perjuicios causados a los demandantes por la muerte de los señores Carlos Arturo y César Andrés Hernández Ramírez?

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

43. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque hasta ese momento,

43. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema9. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requ isitos especiales y excepcionales10.

44. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 11. En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia12 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial13.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo d e la Sala Plena antes reseñado. 10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 12 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 12 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 s on: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identif