CE - 110010315000202300016011SENTENCIA20230330202241

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00016-01

Referencia: Acción de tutela

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE

CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

LOS ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE AMPARO FUERON OBJETO

DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL

ACCIONADA, ADEMÁS, GUARDAN RELACIÓN CON UNA PRETENSIÓN

ECONÓMICA CONFORME CON EL CRITERIO ESTABLECIDO POR LA

CORTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA SU-573 DE 2019.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA E IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por las actoras contra la sentencia de 9 de febrero de 2023, mediante la cual la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO 1 declaró improcedente la solicitud de amparo por no satisfacer el requisito de la relevancia constitucional.

1 En adelante la Sección Quinta.2

SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO 1 declaró improcedente la solicitud de amparo por no satisfacer el requisito de la relevancia constitucional.

1 En adelante la Sección Quinta.2

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Las señoras YURANY CATHERINE y NATALIA YERALDINE APONTE DÍAZ y CLAUDIA EDITH DÍAZ OSTOS , actuando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, los cuales consideraron vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CASANARE2 al proferir la providencia de 4 de agosto de 2022, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 85001-3333-001-2018-00242-02.

I.2.- Hechos

Manifestaron que el señor PEDRO REY APONTE CORREA laboró como contratista al servicio de la EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE3, durante el período comprendido entre enero y agosto de 2016.

2 En adelante el Tribunal. 3 En adelante Enerca.3

como contratista al servicio de la EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE3, durante el período comprendido entre enero y agosto de 2016.

2 En adelante el Tribunal. 3 En adelante Enerca.3

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Afirmaron que el 26 de octubre de 2016 el señor PEDRO REY APONTE CORREA falleció, por lo que actuando en calidad de cónyuge supérstite e hijas designaron como representante para la sucesión a la señora YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ , quien se encargó de suscribir con la empresa ENERCA los trámites relacionados con la ejecución faltante y las actas de liquidación de los contratos suscritos por el señor APONTE CORREA.

Señalaron que presentaron las facturas de cobro ante la empresa ENERCA con el fin de obtener el pago de las obligaciones contractuales adquiridas, documentos que no fueron objetados por la entidad ni tampoco fueron canceladas las acreencias en la cuenta bancaria constituida a nombre del causante.

Aseguraron que promovieron ante el TRIBUNAL demanda en ejercicio de la acción ejecutiva contra ENERCA, con el fin de obtener el pago de las obligaciones pendientes.

Mencionaron que la demanda fue remitida por competencia al

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE YOPAL que,

ejercicio de la acción ejecutiva contra ENERCA, con el fin de obtener el pago de las obligaciones pendientes.

Mencionaron que la demanda fue remitida por competencia al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE YOPAL que, mediante providencia de 30 de agosto de 2018 , ordenó seguir adelante la ejecución contra la empresa ENERCA por la suma de $758.441.047.4

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Declararon que la citada empresa realizó unos abonos parciales a la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado Primero Promiscuo de Duitama, despacho en el que cursaba el proceso de sucesión intestada e interpuso el recurso de reposición contra el mandamiento de pago , presentando excepciones relacionadas con el pago y la inexistencia de la obligación, entre otros.

Reseñaron que el 6 de octubre de 2021 se llevó a cabo la diligencia de instrucción y juzgamiento , en la que se declararon no probadas las excepciones y se ordenó seguir adelante con la ejecución.

Subrayaron que inconforme con lo anterior, ENERCA interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 4 de agosto de 2022, modificó la decisión del a quo y, en su lugar, ordenó seguir adelante la ejecución conforme a la liquidación de los valores que determinó en la parte resolutiva.

4 de agosto de 2022, modificó la decisión del a quo y, en su lugar, ordenó seguir adelante la ejecución conforme a la liquidación de los valores que determinó en la parte resolutiva.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Precisaron que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto material o sustantivo al no tener en cuenta el artículo 430 del Código General del Proceso que establece que los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán ser cuestionados mediante el recurso5

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de reposición contra el mandamiento de pago.

Advirtieron que el TRIBUNAL de manera arbitraria examinó el elemento de exigibilidad del título ejecutivo, aún cuando la empresa ENERCA no lo alegó en la oportunidad procesal respectiva, sino que lo puso de presente en la proposición de excepciones y en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

Mencionaron que la autoridad judicial accionada no efectuó una interpretación sistemática del artículo 496 del CGP, i) al ignorar que la representación de las herederas y cónyuge se efectúo por medio de la designación de un representante para la administración de los bienes de la sucesión y, ii) al no analizar la certificación emitida por la entidad demandada mediante la cual exigió un representante de la sucesión para la suscripción de las actas de liquidación y facturas.

bienes de la sucesión y, ii) al no analizar la certificación emitida por la entidad demandada mediante la cual exigió un representante de la sucesión para la suscripción de las actas de liquidación y facturas.

Asimismo, manifestaron que el TRIBUNAL no aplicó el inciso 3 del artículo 2° de la Ley 1231 de 2008 , mediante la cual se regula la aceptación tácita del contenido crediticio de facturas, sin que la empresa ENERCA pueda alegar con posterioridad la falta de legitimación de la heredera que las representaba.

Igualmente, afirmaron que la exigibilidad de la obligación no se6

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

debería determinar a partir de l a orden de consignación a la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado que conoció del proceso de sucesión, toda vez que, a su juicio, la a utoridad judicial debió efectuar una valoración de la omisión de la empresa ENERCA quien tuvo la oportunidad de cancelar las acreencias contractuales a través del pago por consignación a la cuenta del causante.

Finalmente, afirmaron que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial 4 de esta Corporación, en los que de manera reiterada se han fijado las reglas relacionadas con la exigibilidad de las actas de liquidación de los contratos estatales y que dichos documentos prestan mérito ejecutivo.

desconocimiento del precedente judicial 4 de esta Corporación, en los que de manera reiterada se han fijado las reglas relacionadas con la exigibilidad de las actas de liquidación de los contratos estatales y que dichos documentos prestan mérito ejecutivo.

I.4.- Pretensiones

4 Las actoras consideran desconocidas las siguientes providencias:

• Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra. Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil cinco (2005). Radicación número: 85001-23-31-000-1997-00508-02(21120). Conoce la Sala del asunto de la referencia, en virtud del grado jurisdiccional de consulta de la sentencia.

• Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 32666. C.P. Ruth Stella Correa Palacio Radicación número: 25000-23-26-000-2002-01920-02(32666) 11 de noviembre de 2009

• Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente:

Ruth Stella Correa Palacio, Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil siete (2007), Radicación número: 85001-23-31-000-2005-00291-01(31825).

• Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B Consejero

ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil trece (2013). Radicación número: 20001-23-31-000-2010-00292-01(43011)

ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil trece (2013). Radicación número: 20001-23-31-000-2010-00292-01(43011)

• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 31 de mayo de 2013, Exp. No

23903.7

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Las actoras solicitaron el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERA: Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad procesal a las suscritas accionantes, los cuales fueron vulnerados por parte del Tribunal Administrativo de Casanare mediante fallo de segunda instancia proferido dentro del proceso ejecutivo 2018-242.

SEGUNDA: Se ordene REVOCAR la sentencia de fecha 04 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal administrativo de Casanare dentro del proceso ejecutivo 2018-242 promovido por las herederas de PEDRO REY APONTE CORREA en contra de la

Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A ESP.

TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de Casanare determinar que la fecha de exigibilidad de los títulos ejecutivos presentados por las suscritas

Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A ESP.

TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de Casanare determinar que la fecha de exigibilidad de los títulos ejecutivos presentados por las suscritas accionantes se efectuó desde la firmeza de las actas bilaterales de liquidación de los contratos 380, 023 y 464 de 2016 suscritos

entre Pedro Rey Aponte y ENERCA S.A. ESP.

CUARTA: En virtud de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de Casanare que emita una providencia judicial en la que ordene realizar una nueva liqui dación del crédito de acuerdo a la exigibilidad de los títulos ejecutivos de conformidad a los fundamentos expuestos en la presente acción de tutela.

QUINTA: Se ordene al Tribunal Administrativo de Casanare que emita una providencia judicial en la que or dene a la empresa ENERCA S.A. ESP consignar a favor de las suscritas accionantes el valor que corresponde por concepto de intereses moratorios desde el momento en que se hicieron exigibles las obligaciones hasta el pago total de las mismas, teniendo en cue nta los abonos que la ejecutada ha realizado hasta la fecha de presentación de esta acción constitucional […]”. (Negrilla fuera de texto)

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que no incurrió en violación de las8

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

garantías fundamentales, por cuanto en la providencia cuestionada se analizaron los problemas jurídicos derivados del recurso de apelación interpuesto por ENERCA, los cuales se c ircunscribieron a determinar el momento en que se hizo exigible la obligación derivada de la relación contractual y la condena en costas impuesta a la parte ejecutada.

Desvirtuó la configuración de los defectos alegados, al considerar que la figura jurídica del pago por consignación fue un aspecto que no se alegó en los problemas jurídicos planteados.

Igualmente, señaló que en la providencia cuestionada se valoraron las pruebas bajo las reglas de la sana crítica, sin que sea viable reabrir un nuevo debate judicial a través del mecanismo constitucional como si se tratara de una tercera instancia.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La empresa ENERCA manifestó que la acción de tutela se debe declarar improcedente, por cuanto a pesar de la abundante jurisprudencia citada no lograron demostrar de manera objetiva la violación de los derechos fundamentales deprecados.9

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

violación de los derechos fundamentales deprecados.9

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Finalmente, aseguró que la demora en el pago de las facturas fue por la injustificada tardanza de las actoras en dar apertura de la sucesión, por lo que la consignación de los rubros adeudados se pudo efectuar una vez el juzgado de familia comunicó el número de la cuenta de depósitos judiciales.

I.6.2. El JUZGADO pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 9 de febrero de 2023, la SECCIÓN QUINTA declaró improcedente el amparo deprecado al considerar que no se encontró satisfecho el requisito gener al de la relevancia constitucional, por cuanto los argumentos que se plant earon se circunscriben a aspectos legales y netamente económicos.

Igualmente, sostuvo que no se evidenció la vulneración de las garantías constitucionales que permitiera superar el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que no se evidenció una afectación al mínimo vital, por cuanto la empresa ENERCA efectuó diferentes pagos y no log raron acreditar que los dineros faltantes sean necesarios para la subsistencia de las actoras.10

afectación al mínimo vital, por cuanto la empresa ENERCA efectuó diferentes pagos y no log raron acreditar que los dineros faltantes sean necesarios para la subsistencia de las actoras.10

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Las actoras cuestionaron la providencia de primera instancia, al señalar que no es cierto que la acción de tutela este encaminada a debatir aspectos meramente económicos, sino que, por el contrario, pretende demostrar que la conducta de la autoridad judicial accionada se aparta a rbitraria e injustificadamente de los presupuestos jurídicos para proferir una decisión justa, igualitaria y razonada.

Insistió que el asunto reviste de importancia constitucional que merece ser analizada por parte del órgano de cierre, con el fin de verificar la existencia de los defectos alegados los cuales se concretan de manera clara en la decisión proferida por el TRIBUNAL.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en11

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en11

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de12

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde

relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defe nsa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constituci onal todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonabl e y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y13

vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y13

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como me canismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no s e trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.14

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

adelante se explican.14

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

a. Defecto orgánico , que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que af ecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance

y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance . En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que las actoras pretenden que se deje sin efecto la providencia de 4 de agosto de 202 2, proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 85001-33-33-001-2018-00242-02.15

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a juicio de las actoras, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto material o sustantivo, i) al no tener en cuenta el artículo 430 del Código General del Proceso que establece que los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán ser cuestionados mediante el recurso de

actoras, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto material o sustantivo, i) al no tener en cuenta el artículo 430 del Código General del Proceso que establece que los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán ser cuestionados mediante el recurso de reposición contra el mandamiento de pa go, situación que no fue advertida por la empresa ENERCA en la oportunidad procesal respectiva; ii) al no efectuar una interpretación sistemática del artículo 496 del CGP, ignorando que la representación de las herederas y cónyuge se efectúo por medio de la designación de un representante para la administración de los bienes de la sucesión, además de no valorar la certificación emitida por la entidad demandada mediante la cual exigió un representante de la sucesión para la suscripción de las actas de liquidación y facturas; y, iii) al no aplicar el inciso 3 del artículo 2 ° de la Ley 1231 de 2008, mediante la cual se regula la aceptación tácita del contenido de crediticio de facturas, sin que la empresa ENERCA pueda alegar con posterioridad la falta de legitimación de la heredera que las representaba.

Finalmente, afirmaron que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial de esta Corporación, en los que se han fijado las reglas relacionadas con la exigibilidad de las16

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y OTRAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

actas de liquidación de los contratos estatales y el mérito ejecutivo que revisten tales documentos.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 9 de febrero de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se cumplió con el presupuesto de la relevancia constitucional.

Inconformes con lo anterior, l as actoras impugnaron la decisión proferida en primera instancia, al señalar que no es cierto que la acción de tutela este encaminada a debatir aspectos meramente económicos, sino que, por el contrario, preten de demostrar que la conducta de la autoridad judicial accionada se aparta arbitraria e injustificadamente de presupuestos jurídicos para proferir una decisión justa, igualitaria y razonada.

Insistieron que el asunto reviste de importancia constituciona l que merece ser analizada por parte del órgano de cierre, a fin de verificar la existencia de los defectos alegados los cuales se concretan de manera clara en la decisión proferida por el TRIBUNAL.

Por lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio a lo s argumentos expuestos en la impugnación y, en primer lugar, debe determinar si17

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00016 01

Actoras: YURANY CATHERINE APONTE DÍAZ Y O