CE - 110010315000202300022011SENTENCIA20230413155446

Demandantes: María Teresa Ospina Montoya y otros Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00022-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-00022-01

Demandantes: MARÍA TERESA OSPINA MONTOYA Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO –SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN

B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por los señores María Teresa Ospina Montoya, Gloria María Posada Betancur, Migdonia Manco Quiroz, Sol Beatriz Taborda Escobar, Adriana Gómez Arteaga, Sol Beatriz Restrepo Correa, Luis Ignacio Zapata Jaramillo y Silvia Montoya Echeverri1, contra la providencia del 23 de febrero de 2023, proferida por el Consejo de Estado - Sección Cuarta, que negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

de 2023, proferida por el Consejo de Estado - Sección Cuarta, que negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito recibido, en el despacho del magistrado ponente (Consejo de Estado – Sección Cuarta), el 12 de enero de 20232, la parte actora instauró acción de tutela contra el auto del 1º de julio de 202 2, proferido por la Subsección B de la Sección Segunda d el Consejo de Estado ; que c onfirmó la decisión de primera instancia, del 1° de febrero de 2021, del Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala

Segunda de Oralidad.

2. Los accionantes consideraron vulnerados los derechos fundamentales “ al debido proceso, en conexidad con el derecho a la defensa, acceso a la administración de justicia e igualdad, en conexidad con el principio de confianza legítima y prevalencia del derecho sustancia l”, con ocasión del auto del 1º de julio de 2022, proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado

1 Se denominarán en lo sucesivo la parte actora. 2 El 6 de enero de 2023 , los accionantes presentaron acción de tut ela ante el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; el 10 de enero de 2023 este juzgado remitió dicha demanda a la Secretaría General del Consejo de Estado , con el propósito de que fuera sometida a reparto.Demandantes: María Teresa Ospina Montoya y otros

Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B

dicha demanda a la Secretaría General del Consejo de Estado , con el propósito de que fuera sometida a reparto.Demandantes: María Teresa Ospina Montoya y otros Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00022-01 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que declaró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra el acto administrativo S2017-396038-0101, del 27 de julio de 2017 , expedido por el director de Gestión Humana del Instituto Colom biano de Bienestar Familia r, que les negó el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

Dejar sin efectos el numeral 1º. De la parte resolutiva del auto del 1 de ju lio de 2022, emitido por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B; con ponencia del Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER, mediante el cual se confirmó el auto de 1º de febrero de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala segunda de oralidad), que declaró de oficio probada la excepción de caducidad.

Ordenar al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B; con ponencia del Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER, q ue profiera nuevo auto

Ordenar al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B; con ponencia del Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER, q ue profiera nuevo auto interlocutorio, por medio del cual resuelva sobre la caducidad, de conformidad con los precedentes y orientaciones de la jurisprudencia aquí invocados3.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los sigu ientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia de segunda instancia:

4. Los señores María Teresa Ospina Montoya, Gloria María Posada Betancur, Migdonia Manco Quiroz, Sol Beatriz Taborda Escobar, Adria na Gómez Arteaga, Sol Beatriz Restrepo Correa, Luis Ignacio Zapata Jaramillo y Silvia Montoya Echeverri ocupan cargos que pertenecen al nivel profesional en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante ICBF) y consideran que , conforme a lo pr evisto en los Decretos 1661 y 2164 de 1991, tienen derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación de desempeño.

5. El 5 de julio de 2017, los accionantes le solicitaron al ICBF el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de de sempeño. M ediante oficio n.° S-2017396038-0101 del 27 de julio de 2017, la entidad negó lo pedido.

6. El 15 de enero de 2018, se declaró fallida la audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 222 Judicial II para Asuntos Administrativos de

Antioquia.

6. El 15 de enero de 2018, se declaró fallida la audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 222 Judicial II para Asuntos Administrativos de

Antioquia.

7. El 13 de febrero de 2019, los demandantes ejercieron el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el propósito de que se declarara la

3 Texto copiado con los errores.Demandantes: María Teresa Ospina Montoya y otros Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00022-01 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ilegalidad del oficio n.° S-2017-396038-0101 del 27 de julio de 2017 y se ordenara el reconocimiento y pago de la mencionada prestación.

8. Mediante auto del 1.° de febrero de 2021 el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Oralidad rechazó la demanda por considerar que caducó la fecha con la que contaban para interponer el c itado medio de control .

Indicó que, si bien el acto administrativo demandado fue proferido el 27 de julio de 2017 por el director de Gestión Humana del ICBF y no fue comunicado a los actores, se tomaría como fecha de conocimiento de esa decisión el 15 de enero de 2018, que corresponde con aquella en la que se expidió la certificación de no conciliación ; por lo que el plazo de 4 meses empezó a correr el 16 de enero de 2018 , y la demanda

corresponde con aquella en la que se expidió la certificación de no conciliación ; por lo que el plazo de 4 meses empezó a correr el 16 de enero de 2018 , y la demanda fue radicada el 13 de febrero de 2019, es decir, por fuera del tiempo es tipulado para ejercer el medio de control.

9. Los actores interpusieron recurso de apelación contra la referida decisión y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en auto del 1º de julio de 2022, la confirmó y manifestó que la prima técn ica no puede ser tenida en cuenta como prestación periódica cuando no ha sido reconocida al trabajador 4 y por eso insistió en que la disposición que rige la contabilización del término de caducidad del medio de control es la prevista en el numeral 2.°, literal d del artículo 164 5 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA); por ende, no podía ser aplicado el numeral 1.°, literal c del mismo artículo6.

1.4. Fundamentos de la solicitud

10. Los accionantes indicaron que cumplen con todos los requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra el proveído judicial, del 1.° de julio de 2022, proferido por el Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección B, y alegaron los defectos sustantivo, por violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

11. Consideraron que la providencia configuró un defecto sustantivo debido a que la caducidad declarada carece de sustento normativo, por interpretación errónea

precedente jurisprudencial.

11. Consideraron que la providencia configuró un defecto sustantivo debido a que la caducidad declarada carece de sustento normativo, por interpretación errónea del numeral 1.°, literal c del artículo 164 del CPACA ; pues la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho puede ser presentada en cualquier tiempo cuando “[s]e dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones

4 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Rad. N.° 20001-23-33-000-2015-00284-01 (36332015). 11.07.2016. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. 5Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales; (…). 6 Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: 1. En cualquier tiempo , cuando: (…) c) Se dirija contra actos que recon ozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; (…).Demandantes: María Teresa Ospina Montoya y otros Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00022-01

pagadas a particulares de buena fe; (…).Demandantes: María Teresa Ospina Montoya y otros Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00022-01 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.

12. Así mismo señalaron que el demandado incurrió en el defecto por la violación directa de la Constitución , en consideración a que se vulneró su derecho para acceder a la administración de justicia (artículo 229 de la Constitución Política) con el auto, del 1.° de julio de 2022, al interpretar equivocadamente el artículo 164 del CPACA, que regula el tema de la caducidad, razones que lo llevaron a declarar la ocurrencia de ese fenómeno jurídico sin que existieran los presupuestos fácticos requeridos.

13. Respecto al desconocimiento de l precedente jurisprudencial , indicaron que en el auto cuestionado se omitió darles aplicación a las providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado 00260 del 25 de agosto de 2016; 01393 del 1.° de febrero de 2018 y 2017-05670 de 2020.

1.5. Trámite de la acción de tutela

14. Mediante auto del 17 de enero de 2023, el magistrado ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela de la referencia , ordenó notificar a las partes y dispuso vincular en calidad de terceros con interés : al ICBF y

Cuarta del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela de la referencia , ordenó notificar a las partes y dispuso vincular en calidad de terceros con interés : al ICBF y al Tribunal Administrativo de Antioquia.

15. Así mismo, notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estad o y reconoció personería al abogado Carlos Alberto Rhenals Doria, como apoderado de la parte actora.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera ele ctrónica, se present aron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B

16. Mediante escrito de l 20 de enero de 202 3, el magistrado pon ente manifestó que se atiene a lo que se demuestre durante el trámite, y que en la parte motiva de la providencia de l 1º de julio de 2022 se establecieron las razones que s irvieron de fundamento a la decisión.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Antioquia

17. El escribiente del tribunal , a través de correo electrónico del 20 de enero de 2023, env ió copia digital del expediente con radicado n.° 05001-23-33-000-20190448-00.Demandantes: María Teresa Ospina Montoya y otros Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00022-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.7. Fallo impugnado

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.7. Fallo impugnado

18. Mediante la sentencia del 23 de febrero de 2023 , la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la solitud de amparo al considerar que la providencia objeto de reproche se fundamentó en el criterio establecido por el Consejo de Estado 7, el cual señala que la prima técnica no puede ser tenida en cuenta como prestación periódica cuando no ha sido reconocida al trabajador y se viene devengando . P or eso insistió en que la disposición que rige la contabilización del término de caducidad del medio de contr ol es el previsto en el numeral 2.° , literal d del artículo 164 del CPACA porque no se trata de una ingreso ordinario pues aún no había sido percibida por ninguno de los integrantes de la parte actora y, por ende, no podía ser aplicado el numeral 1.° literal c.

19. Agregó que no se configur ó el defecto sustantivo alegado porque el término del conteo de la caducidad obedeció a la naturaleza de la prestación, es decir, el que debía aplicarse era el de 4 meses y no en cualquier tiempo como lo pretende la parte actora por, justamente el criterio que tiene esa subsección frente a la esencia de la prima técnica.

20. Respecto al presunto desconocimiento del precedente judicial, la Sala destac ó que, en el caso objeto de estudio, la decisión proferida por la autoridad de mandada es razonable en la medida en que no existe posición unificada 8 respecto a la posibilidad de demandar en cualquier tiempo el acto administrativo que niega el

que, en el caso objeto de estudio, la decisión proferida por la autoridad de mandada es razonable en la medida en que no existe posición unificada 8 respecto a la posibilidad de demandar en cualquier tiempo el acto administrativo que niega el reconocimiento de la prima técnica . Es decir, el juez natural podía optar por cualquiera de las dos posturas señaladas y como se vio, optó por dar aplicación al literal d, numeral 2.° del artículo 164 del CPACA, conclusión que, en todo caso, se encuentra debidamente motivada y respaldada por la autonomía que caracteriza la actividad judicial, la jurisprudencia vigente aplicable al caso y el análisis normativo propio del proceso ordinario.

1.8. Impugnación

21. Mediante escrito remitido el 6 de marzo de 2023 la parte actora impugnó la anterior decisión , y señaló que tanto los autos de los jueces or dinarios, como la sentencia de tutela de primera instancia, no tuvieron en cuenta que l os demandantes tienen vigente el vínculo laboral con el ICBF y, por tanto , no existe un término de caducidad para presentar la demanda, conforme a lo previsto en el lite ral c del numeral 1.º del artículo 164 del CPACA . Esto significa que no había lugar a que se declarara la caducidad de la acción; por el contrario, al tribunal le correspondía fijar la fecha para la audiencia inicial.

7Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Rad. N.° 20001 -23-33-000-2015-00284-01 (36332015). 11.07.2016. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

7Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Rad. N.° 20001 -23-33-000-2015-00284-01 (36332015). 11.07.2016. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. 8 Ver, sentencias en las que se evidencia posiciones contrarias: 12 de noviembre de 2020 radicado 2014-0019901 C.P Rafael Francisco Suárez; 31 de mayo de 2018 radicado 2015 -002204-01 C.P Sandra Lisset Ibarra.Demandantes: María Teresa Ospina Montoya y otros Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00022-01 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

22. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Consejo de Estado respecto a la prima técnica, entre otros conceptos laborales, como prestación periódica cuando es negada estando vigente el vínculo laboral del demandante , y apoyó su argumento en varias providencias proferidas por e l alto tribunal de lo contencioso administrativo9.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

23. Esta sala es competente para conocer de la impugnación , presentada por la parte demandante contra el fallo del 23 de febrero de 2023, proferido por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, de conformidad con lo establecido por el numeral 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1. 10 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 .° del

de Estado – Sección Cuarta, de conformidad con lo establecido por el numeral 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1. 10 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 .° del Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problemas jurídicos

24. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida por la Sección Cuarta de esta corporación, el 23 de febrero de 2023.

9Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente, Ibarra Vélez, Sandra Lisset, actor: Flor Cecilia Ramírez Sánchez, radicado: 25000 23 42 000 2017 04738 01 (0850 -2018) de fecha 21 de junio de 2018. - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente, Rafael Francisco Suarez Vargas, actor: Andrés Isabelino Urrutia Moreno, radicado: 76001-23-33-000-2017-0071501(1389-19) de fecha 13 de mayo de 2021. - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente, César Palomino Cortés, actor: María Isabel Ospina Castro, radicado: 25000 -23-42000-2018-01669-01(4324-19) de fecha 25 de febrero de 2021. - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

000-2018-01669-01(4324-19) de fecha 25 de febrero de 2021. - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente, Gabriel Valbuena Hernández, actor: Fernando Torres Caicedo, radicado: 7600123-31-000-2013-0007-01(4468-18) de fecha 13 de febrero de 2020. - Consejo de Est ado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente, Gabriel Valbuena Hernández, actor: Lilian Clemencia Palacio Luján, radicado: 76001-23-33-000-2017-00897-01(0820-19) de fecha 2 de julio de 2020. - Consejo de Est ado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente, William Hernández Gómez, actor: Rafael Martínez Sánchez, radicado: 25000 -2342-000-2014-00599-01(4212-15) de fecha 18 de febrero de 2021. - Consejo de Estado, Sa la de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente, Rafael Francisco Suárez Vargas, actor: Clara Isabel Nieto Rodríguez, radicado: 25000-23-42-000-2017-05670-01(155318) de fecha 23 de enero de 2020. 10 “ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37

del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (…)

7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto”.Demandantes: María Teresa Ospina Montoya y otros Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00022-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

25. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los argumentos del escrito de tutela, la impugnación y lo probado en el proceso, corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

26. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la sala analizará lo

siguiente:

• ¿La Subsección B de la Sección Segunda, del Consejo de Estado incurrió en los defectos sustantivo, de violación directa de l a Constitución y de desconocimiento del precedente judicial , al declarar la caducidad del medio

siguiente:

• ¿La Subsección B de la Sección Segunda, del Consejo de Estado incurrió en los defectos sustantivo, de violación directa de l a Constitución y de desconocimiento del precedente judicial , al declarar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que ejercieron los actores contra el acto administrativo proferido por el ICBF , que les negó el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño?

27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

(i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de pr ocedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones y la misma sala plena habían adoptado posturas diversas sobre el te ma12 y declaró su procedencia.13

29. Así pues, esta sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no

de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declar ará la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

30. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 13 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la p rocedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandantes: María Teresa Ospina Montoya y otros Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00022-01 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

31. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional14

32. En relación con el aludido presupuesto general, la sala cita como antecedente la sentencia de tutela del 3 de noviembre de 2022 15 que replanteó la postura de esta sección en atención al criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU215, de 16 de junio de 2022, por lo que declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter nuevamente a discusión lo que a nalizó el juez natural de la causa.

2.4.1.1. Sentencia SU -215 de 2022 de la Corte Constitucional, unificación de criterios en materia de relevancia constitucional16

33. A través del aludido pronunciamiento, la Corte Constitucional revisó las

2.4.1.1. Sentencia SU -215 de 2022 de la Corte Constitucional, unificación de criterios en materia de relevancia constitucional16

33. A través del aludido pronunciamiento, la Corte Constitucional revisó las sentencias profe ridas en primera y segunda instancia por las secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.

34. Con la acción constitucional repr ochó las sentencias dictadas dentro de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido contra las liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como ingresos gravados la tarifa del IVA por los ser vicios de producción prestados por RTI S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones sobre el impuesto sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.

35. En dicho proceso, la Sección Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia por no encontrar satisfecho el requisito general de procedibilidad de la

14 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 10 .03.22. M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001 -03-15-000-2020-00822-00; y sentencia del 02.12.21, rad. 11001-03-15-000-2021-07007-00. 15 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 .11.2022. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio , rad. 11001-03-15-000-2022-04753-00.

15 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 .11.2022. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio , rad. 11001-03-15-000-2022-04753-00. 16 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 .10.2022. M.P. Rocío Araujo Oñate, rad. 1100103-15-000-2022-04756-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 .10.2022. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2022-03065-01.Demandantes: María Teresa Ospina Montoya y otros Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00022-01 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co subsidiariedad, y negó otros cargos de la acción constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera confirmó integralmente la decisión del a quo.

36. En esa oport unidad, al momento de estudiar los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección Quinta se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de tutela contra una decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad.

37. Mientras que, la Sección Primera encontró satisfechos los requisitos generales que ha señalado la Corte Constitucional 17, salvo el de la subsidiariedad frente a uno de los cargos y, sobre la relevancia constitucional determin ó que “se invocaron los derechos fundamentales presuntamente vulnerados”.

que ha señalado la Corte Constitucional 17, salvo el de la subsidiariedad frente a uno de los cargos y, sobre la relevancia constitucional determin ó que “se invocaron los derechos fundamentales presuntamente vulnerados”.

38. Por su parte, la Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

39. En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial

(…) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asi mismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y ‘no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales