CE - 110010315000202300028011SENTENCIA20230516115057

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-00028-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: MARÍA EXAEL BARRAZA LOZANO

TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. LA ACCIÓN DE

TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. LA ACTORA PRETENDE CUESTIONAR UNA

DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE MECANISMO SE TRATASE DE UN

RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de 24 de febrero de 2023, proferida en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

1 En adelante SECCIÓN TERCERA.2

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Actora: MARÍA EXAEL BARRAZA LOZANO

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Actora: MARÍA EXAEL BARRAZA LOZANO

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I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora MARÍA EXAEL BARRAZA LOZANO, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de favorabilidad, lo s cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA al proferir en segunda instancia la sentencia de 24 de agosto de 2022, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 470013333003-2017-00036-01.

I.2.- Hechos

Indicó que, como consecuencia de la separación con su exesposo, en el año 201 0 éste promovió un proceso judicial de liquidación de la sociedad conyugal, en el que solicitó el embargo y secuestro de un inmueble ubicado en la ciudad de Santa Marta , compuesto por dos unidades habitacionales independientes que estaba n arrendadas a terceros.3

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Sostuvo que el proceso aludido fue atribuido para su trámite al

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Sostuvo que el proceso aludido fue atribuido para su trámite al JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE SANTA MARTA 2 que, mediante decisión de 22 de julio de 2011, decretó la medida cautelar aludida y entregó el bien al secuestre GUILLERMO MORAN

SÁNCHEZ.

Manifestó que el auxiliar de la justicia fue negligente en el desarrollo de sus funciones , dado que no rendía cuentas a tiempo y permitió que los arrendatarios incurrieran en mora de los cánones por cerca de $8.000.000 y de los servicios públicos por $4.000.000 aproximadamente.

Expuso que, como consecuencia de reiteradas solicitudes que elevó, el JUZGADO DE FAMILIA por auto de 7 de octubre de 2014, relevó al secuestre y designó uno nuevo.

Explicó que el 14 de diciembre de 2015, compró la parte del bien que le correspondía a su exesposo, no obstante, el levantamiento de la medida cautelar solo fue efectuada hasta el 19 de octubre de 2017.

2 En adelante el JUZGADO DE FAMILIA.4

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Anotó que en el año 2017 promovió un medio de control de reparación directa contra la RAMA JUDICIAL, con la finalidad de que se le declarara administrativamente responsable por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, atribuible a la labor de l secuestre y, en consecuencia, se le cancelaran $7.920.060 por concepto de arreglos locativos del inmueble, $4.404.980 por servicios públicos, $9.600.000 por cánones de arrendamiento dejados de percibir y los respectivos perjuicios morales.

Agregó que el referido proceso fue identificado con el número único de radicación 470013333003 -2017-00036-00 y atribuido para su trámite en primera instancia al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA que, mediante sentencia de 2 de marzo de 2021, accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda.

Precisó que, como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la RAMA JUDICIAL, el TRIBUNAL mediante sentencia de 24 de agosto de 2022, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de caducidad.5

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probada de oficio la excepción de caducidad.5

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Explicó que el TRIBUNAL señaló que los dos años de la caducidad del medio de control aludido empezaron a transcurrir desde el 12 de junio de 2013, fecha en que tuvo conocimiento de los daños y solicitó al JUZGADO DE FAMILIA el relevo del secuestre.

Agregó que la autoridad judicial accionada indicó que tuvo hasta el 15 de junio de 2015 para interponer la demanda, no obstante, como presentó la solicitud de conciliación el 3 de octubre de 2016 y la demanda el 8 de febrero de 2017, operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

Adujo que el TRIBUNAL destacó que aunque la caducidad se contara desde el 15 de octubre de 2014, fecha en que quedó ejecutoriado el auto mediante el cual el JUZGADO DE FAMILIA relevó al secuestre, el medio de control también estaría caducado, comoquiera que teniendo en cuenta que la conciliación se declaró fallida el 16 de noviembre de 2016, tenía hasta el 6 de diciembre siguiente para haber presentado la demanda.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que al proferir la sentencia cuestionada el TRIBUNAL incurrió6

noviembre de 2016, tenía hasta el 6 de diciembre siguiente para haber presentado la demanda.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que al proferir la sentencia cuestionada el TRIBUNAL incurrió6

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en el defecto fáctico, dado que no podía tener como fecha inicial del cómputo de la caducidad el 12 de junio de 2013 , cuando se solicitó el relevo del secuestre, porque tal situación “[…] no significaba que era conocedora de los alcances y el efecto nefasto que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia produjera […]”.

Señaló que tampoco se podía tener como parámetro el 15 de octubre de 2014, fecha en la que qued ó ejecutoriado el auto que relevó al secuestre, porque se trató de un daño de tracto sucesivo que se prolongó más allá de dicha data, porque el auxiliar de justicia siguió ejerciendo sus funciones, al punto de que el 9 de diciembre de esa anualidad informó al JUZGADO DE FAMILIA sobre un requerimiento que había efectuado a los arrendatarios del inmueble para que hicieran su entrega.

Agregó que , e n ese orden de ideas, también se desconocen los precedentes judiciales contenidos en las sentencias SU 659 de 2015,

requerimiento que había efectuado a los arrendatarios del inmueble para que hicieran su entrega.

Agregó que , e n ese orden de ideas, también se desconocen los precedentes judiciales contenidos en las sentencias SU 659 de 2015, T 342 de 2016 y T 301 de 2019, relativas a la caducidad frente a daños de tracto sucesivo y la flexibilización de dicho término en situaciones particulares.

Agregó que, en todo caso, la fecha de la caducidad debe7

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contabilizarse bien sea desde el 14 de diciembre de 2015 , cuando adquirió el 100% del bien y pudo tener conocimiento efectivo del daño o desde el 19 de octubre de 2017, cuando el JUZGADO DE FAMILIA levantó la medida cautelar que recaía sobre el inmueble.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] 1. Sean amparados los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al principio de favorabilidad y reparación integral.

2. Se deje sin efecto la sentencia No 470013333-003-2017-0003601 de fecha 24 de agosto de 2022 y notificado el 28 de noviembre de 2022, emanado del Tribunal Administrativo del Magdalena, que

2. Se deje sin efecto la sentencia No 470013333-003-2017-0003601 de fecha 24 de agosto de 2022 y notificado el 28 de noviembre de 2022, emanado del Tribunal Administrativo del Magdalena, que declaró de oficio la excepción de caducidad y procedió a revocar la Sentencia de fecha 2 de marzo de 2021 con Radicado No 47-0013333-003-2017-00036-00 de primera Instancia del Juzgado

Tercero Administrativo de Santa Marta.

3. Que en su lugar se ordene al Tribunal Administrativo del Magdalena Despacho 004, proferir sentencia de fondo, que corresponda en derecho, se ajuste al amparo, garantía real y efectiva protección de los derechos fundamentales al debido proceso y con ello el derecho d e acceso a la administración de justicia, y a la reparación integral con el análisis integral los medios de pruebas aportados al proceso y la configuración del daño como punto de partida para el cómputo del término de caducidad en el proceso de reparación directa instaurado por la accionante.

4. Las demás que se consideren pertinentes para la protección y8

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amparo de los derechos fundamentales de los accionantes […].

5. Confirmar la indemnización reconocida a favor de María Exael Barraza Lozano contenida en la sentencia proferida dentro de la

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amparo de los derechos fundamentales de los accionantes […].

5. Confirmar la indemnización reconocida a favor de María Exael Barraza Lozano contenida en la sentencia proferida dentro de la acción de reparación directa No. 247-001-3333-003-2017-0003600 por el Juzgado Tercero Administrativo […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL puso de presente que, en efecto, había lugar a declarar la caducidad del medio de control de reparación directa porque: “[…] a pesar de que la demandante tuvo conocimiento del hecho dañoso el 12 de junio de 2013, sólo acudió a promover el medio de control correspondiente hasta el 8 de febrero de 2017, encontrándose fenecida la oportunidad para hacerlo […]”.

Anotó que, en todo caso, si hubiese contado la caducidad a partir de la ejecutoria del auto en el que se relevó al secuestre, esto es, desde el 15 de octubre de 2014, “[…] también estaría vencido el término de caducidad al momento de incoar la demanda […]”.

Indicó que , en ese orden de ideas, no vulneró ningún derecho fundamental a la actora, por lo que no hay lugar a conceder el amparo solicitado.9

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I.5.2.- La RAMA JUDICIAL , vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso, manifestó que: “[…] no se configura el defecto alegado, pues la providencia fue debidamente motivada y de cara a las prueba s oportunamente decretadas y practicadas dentro del proceso […]”.

Anotó que no hay mérito para conceder el amparo deprecado, dado que no está probada la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Solicitó que, en todo caso, se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que quien eventualmente estaría llamado a responder es el TRIBUNAL accionado.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de febrero de 2023, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al advertir que : “[…] no le corresponde al juez del amparo revisar, ni evaluar la interpretación y el alcance dado por el juez natural del asunto a los preceptos aplicados al r esolver la controversia […]”10

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Agregó que este recurso judicial tampoco constituye una instancia adicional al proceso ordinario, ni es un escenario para refutar la valoración probatoria del juez de conocimiento o para que la parte desfavorecida por una decisión proponga una mejor solución al caso.

Concluyó que comoquiera que “[…] no se advierte que la decisión cuestionada sea caprichosa o arbitraria y los argumentos expuestos por la solicitante están encaminados a volver sobre la controversia decidida por el juez natural, la tutela es improcedente […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la sentencia proferida en primera instancia insistiendo en que no podía contabilizarse el término de la caducidad desde las fechas señaladas por el TRIBUNAL, porque el daño fue sucesivo y se prolongó más allá de esas datas.

Reiteró que el secuestre ejecutó acciones sobre el inmueble incluso después de que fue relevado de su designación, además de que solo pudo adquirir el 100% de la propiedad del bi en hasta el 14 de diciembre de 2015 y la medida cautelar fue levantada hasta el 19 de octubre de 2017, fechas a partir de las cuales, en su sentir, se debe11

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octubre de 2017, fechas a partir de las cuales, en su sentir, se debe11

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contar la caducidad.

Iteró que, en ese orden de ideas, se configuraron los defectos fáctico y desco nocimiento del precedente judicial contenido en las sentencias SU 659 de 2015, T 342 de 2016 y T 301 de 2019, relativas a la caducidad frente a daños de tracto sucesivo y la flexibilización de dicho término en situaciones particulares.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.12

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distribución de negocios entre las secciones.12

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Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la RAMA JUDICIAL solicitó su desvinculación del presente caso, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que l e atribuye al demandado la posibilidad de13

en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que l e atribuye al demandado la posibilidad de13

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desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumar io, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cua lquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la ac ción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés

violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, independiente mente de la prosperidad o no de las pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que la RAMA JUDICIAL fue demandada en el proceso ordinario origen de la controversia, es claro que debía ser notificada de la existencia del14

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presente trámite, en razón al interés directo que como tercero le asiste en las resultas de este y, en consecuencia, se denegará su desvinculación, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

desvinculación, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella15

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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con to da claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de

deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas16

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las decisiones inherentes a ellas y de pro piciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificar ían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de u na irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo

d. Cuando se trate de u na irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de im putarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fun damento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tu tela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales17

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los debates sobre la protección de los derechos fundamentales17

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no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carec e del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carec e del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.18

Número único de radicación: 110010315000-2023-00028-01

Actora: MARÍA EXAEL BARRAZA LOZANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la sentencia de 24 de agosto de 2022, proferida por el TRIBUNAL, mediante la cual revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 470013333003-201700036-01.

La controversia tiene origen en una deman da de reparación directa presentada en el año 2017 por la actora contra la RAMA JUDICIAL, porque estimab a que había incurrido en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como consecuencia de la mala gestión que hizo un secuestre a quien se le encarg ó la tenencia y administración de un i