CE - 110010315000202300032011SENTENCIA20230427150326

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00032-01

Demandante: Gabriel Ángel Cardona Gómez

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-00032-01

Demandante: GABRIEL ÁNGEL CARDONA GÓMEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: MORA JUDICIAL

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Gabriel Ángel Cardona Gómez contra la sentencia de 9 de febrero de 2023, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El actor, mediante apoderada, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , por estimar vulnerado s los derechos fundamentales a

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El actor, mediante apoderada, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , por estimar vulnerado s los derechos fundamentales a la dignidad, al mínimo vital, a la familia, al debido proceso, a la vida, a la salud, a la “protección especial por estado de debilidad manifiesta ” y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formul ó la siguiente pretensión:

“(…) se ordene o se autorice la alteración del turno que para sentencia tenga el proceso de reparación directa radicado 05001333302920170004801.

3. De ser necesario, se inste también a la Rama Judicial para que por medio del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o a quien corresponda, se profieran instrucciones y/o autorización dirigidas al Tribunal Administrativo de Antioquia, a fin de se materialice la prelación para el proceso de reparación directa del accionante solicitada, esto es, profiriéndose de una vez la sentencia de segunda instancia que corresponda según las probanzas.”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Cardona Gómez interpuso demanda de reparación directa contra la E.S.E. METROSALUD, en la que solicitó que se declarara responsable administrativa y patrimonialmente por los daños causados en su cuerpo y, en consecuencia, al pago de los perjuicios ocasionados.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00032-01

Demandante: Gabriel Ángel Cardona Gómez

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Gabriel Ángel Cardona Gómez

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Al respecto, narró que el 23 de mayo de 2015, fue hospitalizado e n la Unidad Hospitalaria Santa Cruz, adscrita a la ESE METROSALUD, en la que le fue aplicado un tratamiento errado por profesionales de la salud no especializados en el tema.

Expresó que fue remitido a la CLINICA LEON XIII y que, entre los meses de mayo a julio de 2015, le realiza ron varias cirugías , entre estas, amputación de ambas piernas, arriba de la rodilla e incluso con desarticulación de cadera , como consecuencia del indebido manejo de su afección .

Del proceso de reparación directa que interpuso conoció del asunto en primera instancia el Juzgado 29 Administrativo de Medellín (radicado 05001333302920170004800) que, en sentencia del 11 de febrero de 2021 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda .

Esa decisión fue apelada por el demandante, la E.S.E. METROSALUD y La Previsora S.A., razón por la que el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de Antioquia.

El 27 de julio y 5 de agosto de 2021, el actor radicó solicitudes de prelación de turno para que se profiriera fallo de segunda instancia.

de Antioquia.

El 27 de julio y 5 de agosto de 2021, el actor radicó solicitudes de prelación de turno para que se profiriera fallo de segunda instancia.

El 13 de agosto de 2021, el proceso ingresó para fallo.

3. Argumentos de la acción de tutela

El demandante advirtió que es sujeto de especial protección por su condición de debilidad manifiesta, pues las cirugías a las que fue sometido le causaron deformidad física, amputación de miembros inferiores, entre otros. Por ello, afirmó que necesita servicios médicos permanentes d e rehabilitación, psiquiatría, psicología, terapia ocupacional y otras especialidades para permitirle la readaptación social.

Así mismo, dijo que fue diagnosticado con diabetes, por lo que se encuentra medicado y “debe tener una dieta alimenticia que no puede llevar”.

Además, indicó que por la pérdida de ambas piernas la Junta de Calificación de Invalidez lo calificó con pérdida de la capacidad laboral del 80,59 %.

Expresó que se encuentra en una precaria condición económica, porque, desde la pérdida de su capacidad laboral, su único ingreso es la pensión, que equivale a 1 salario mínimo mensual. Señaló que de él dependen su esposa y su hija de 20 años, que por ser sus cuidadoras permanentes no pueden dedicarse a otras actividades . Además, que su nieta de 9 años se encuentra a su cuidado desde que su hijo fue asesinado.

Anotó que debió adquirir préstamos para construir un baño propio en su vivienda, por lo que el mo nto de su pensión se vio disminuido y no cubre sus necesidades básicas y las de su familia.

asesinado.

Anotó que debió adquirir préstamos para construir un baño propio en su vivienda, por lo que el mo nto de su pensión se vio disminuido y no cubre sus necesidades básicas y las de su familia.

Afirmó que las condiciones de su vivienda no son aptas para su estado, pues es un espacio reducido, que se encuentra dividido por gradas, sin rampas ni ascensor. De modo que su movilidad se encuentra limitada, pues se moviliza en una silla deRadicado: 11001-03-15-000-2023-00032-01

Demandante: Gabriel Ángel Cardona Gómez

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ruedas. Así mismo, resaltó que el barrio en el que vive (Popular 2), tampoco es apto para movilizarse, ya que las vías son demasiado inclinadas.

Advirtió que el 19 de marzo d e 2021, fue asesinado su hijo, crimen perpetrado a pocos metros de su vivienda, por una banda criminal que opera en el sector. Por ello, el actor y su familia viven atemorizados.

Anotó que acudió en varias ocasiones al Tribunal Administrativo de Antioquia con el fin de solicitar que se profiriera sentencia de segunda instancia dentro del proceso de reparación directa en el que actúa como demandante . Sin embargo, la única

Anotó que acudió en varias ocasiones al Tribunal Administrativo de Antioquia con el fin de solicitar que se profiriera sentencia de segunda instancia dentro del proceso de reparación directa en el que actúa como demandante . Sin embargo, la única información que recibió fue que el proceso se encontraba al despacho para fallo.

Resaltó que la Corte Constitucional en la sentencia T -220 de 2007, expresó que debe brindarse una protección especial a las personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad, y que dentro de esta categoría incluye a los disminuidos físicos o psíquicos.

En consecuencia, en el presente asunto debía aplicarse el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, que señala que puede modificarse el orden de ingreso de los expedientes y darse prelación al presente asunto, pues está demostrado el estado de debilidad manifiesta en el que se encuentra.

4. Oposición

La Magistrada Adriana Bernal Vélez del Tribunal Administrativo de Antioqui a informó las actuaciones adelantadas en el expediente con radicación 05001 -33-33029-2017-00048-01.

Señaló que ese despacho tiene 179 procesos de primera instancia y 492 procesos de segunda instancia al despacho para fallo.

Así mismo, expresó que, al 31 de diciembre de 2022, la carga de ese despacho era la siguiente:

De igual forma que del 1 al 19 de enero de 2023, recibió como reparto:

Finalmente, indicó que el 20 de enero de 2023, profirió auto en el que resolvió de forma negativa la solicitud de prelación de fallo presentada por el demandante .

Finalmente, indicó que el 20 de enero de 2023, profirió auto en el que resolvió de forma negativa la solicitud de prelación de fallo presentada por el demandante . Dicha decisión fue aportada como anexo al infor me.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00032-01

Demandante: Gabriel Ángel Cardona Gómez

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La Empresa Social del Estado METROSALUD solicitó ser desvinculada del presente trámite, porque carece de legitimación en la causa por pasiva, pues lo pretendido recae sobre las competencias del Tribunal Administrativo de Antioquia.

5. Sentencia impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado desvinculó del trámite constitucional a la ESE METROSALUD, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Respecto al fondo del asunto, negó el amparo solicitado por el actor, con fundamento en que, revisado el expediente, no se evidenciaba inactividad por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia que configure mora judicial injustificada.

Al respecto, señaló que, si bien el proceso se encuentra en despacho para sentencia, los procesos judiciales son fallados conforme la fecha en que ingresan para dicho trámite. De modo que los términos son razonables, si se tiene en cuenta

Al respecto, señaló que, si bien el proceso se encuentra en despacho para sentencia, los procesos judiciales son fallados conforme la fecha en que ingresan para dicho trámite. De modo que los términos son razonables, si se tiene en cuenta la carga y congestión de los despachos judiciales.

Advirtió que el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió auto el 20 de enero de 2023 en el que resolvió la solicitud de prelación presentada por el señor Cardona Gómez, en el sentido de precisar que, de las pruebas aportadas, se evidenciaba que el demandante es una persona de 55 años y cuenta con una pensión de invalidez. De modo que no se demostró una afectación al derecho al mínimo vital.

Indico que en el presente asunto no se demostró la configuración de un perjuicio irremediable que conlleve a ordenar la alteración de los turnos de los asuntos que es encuentran para fallo.

6. Impugnación

El actor sostuvo que está demostrado el incumplimiento de los términos legales por parte del Tribunal Administrativo del Antioquia al no proferir el fallo de segunda instancia y, por ende, la violación al acceso de administra ción de justicia.

Expresó que si en el despacho que tiene conocimiento del asunto existe congestión y una alta carga laboral, se debió vincular al Consejo Superior de la Judicatura “para que diera cuenta si es por falta de presupuesto asignado, de mala ad ministración judicial, o las razones para ello (…)”.

Advirtió que el a quo no tuvo en cuenta que la autoridad judicial profirió el auto de 20 de enero de 2023, mediante el que se resolvió la solicitud de prelación de turno,

judicial, o las razones para ello (…)”.

Advirtió que el a quo no tuvo en cuenta que la autoridad judicial profirió el auto de 20 de enero de 2023, mediante el que se resolvió la solicitud de prelación de turno, solamente después de que se int erpusiera la acción de tutela. Así mismo, resaltó que “tampoco se tuvo en cuenta que aunque en este año se dio una respuesta, es evidente que no contiene las valoraciones debidas para la gravedad de mis condiciones particulares ni para el caso particular .”.

Indicó que el juez de primera instancia no valoró las pruebas aportadas, que demostraban la precaria condición económica en la que se encuentra, la protección especial que debe ser garantizada por los problemas de salud que le aquejan, la situación de vivienda en la que reside y los problemas de inseguridad del barrio en el que vive.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00032-01

Demandante: Gabriel Ángel Cardona Gómez

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaz a o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

Previo plantear el problema jurídico, se precisa que las pretensiones presentadas en el escrito de tutela están encaminadas concretamente a que « se ordene o se autorice la alteración del turno que para sentencia tenga el proceso de reparación directa radicado 05001333302920170004801.»

No obstante, de la argumentación planteada, la Sala estima que el actor también acude a la acción de tutela por la presunta demora del tribunal en decidir las citadas peticiones del 27 de julio y 5 de agosto de 2021 relacionadas con la prelación o alteración de turno.

De conformidad con lo expuesto en la tutela y en la impugnación a la Sala le corresponde determinar si en el presente caso, i) la acción de tutela es procedente para ordenar la alteración del turno para que se dicte sentencia en el proceso de reparación directa con radicado 2017-00048-01 y ii) si se configuró mora judicial por parte del tribunal en decidir sobre las solicitudes elevadas por el actor .

Prelación o alteración de turno

Sería del caso resolver sobre la procedibilidad de la acción de tutela para conseguir

parte del tribunal en decidir sobre las solicitudes elevadas por el actor .

Prelación o alteración de turno

Sería del caso resolver sobre la procedibilidad de la acción de tutela para conseguir la prelación de turno y la presunta vulneración de los derechos invocados por el actor, si no fuera porque, se advierte, se configura la carencia act ual de objeto por hecho superado por las siguientes razones:

En el sub examine, el señor Gabriel Ángel Cardona Gómez solicitó que se ordenara al Tribunal Administrativo de Antioquia que autorizara la alteración del turno para dictar sentencia en el proceso de reparación directa con radicado 05001333302920170004801.

Durante el trámite de la acción de tutela, esto es, el 23 de enero de 2023, el tribunal dictó auto en el que negó las peticiones del actor del 27 de julio y 5 de agosto de 2021, relacionadas con la alteración de turno , tal y como aparece en la siguiente imagen de la página de consulta de procesos de la Rama Judicial.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00032-01

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Señor ciudadano este documento fue firmado electr ónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es decir,

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es decir, que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: el hecho superado y el daño consumado. En lo que aquí interesa, hay que decir que el hecho superado exige que la pretensión de tutela se sat isfaga sin que medie orden judicial. Por lo tanto, la Sala declarará carencia actual de objeto por hecho superado frente a las solicitudes de prelación y alteración de turno elevadas ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00032-01

Demandante: Gabriel Ángel Cardona Gómez

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De la mora judicial

Previo a resolver, conviene decir que la mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la actuación judicial;

incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y (iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes por parte del juez1.

El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o corporación judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ej emplo, se presentan condiciones estructurales, como la excesiva carga laboral, la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas.

Sobre el particular, la sentencia T -186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a tal punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer si se configuró o no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos y, por ende, la mora judicial solo estará justificada cuando:

acceso a la administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos y, por ende, la mora judicial solo estará justificada cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende,

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.

Del caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción , el señor Cardona Gómez alega que se configuró mora judicial, por lo que pretende la protección de los derechos fundamentales invocados y que, en consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia , que acceda a la solicitud de prelación de turno que presentó en el proceso de reparación directa en el que es demandante .

Para determinar si existió o no mora judicial, la Sala considera pertinente analizar si se cumplen con los siguientes criterios : i) el juez u órgano judicial excede desproporcionadamente los términos qu e tenía para dictar una decisión; ii) la mora desborda el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto; y iii) no existe motivación para justificar la demora en la que se está incurriendo.

1 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T -186 de

motivación para justificar la demora en la que se está incurriendo.

1 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T -186 de 2016, T-052 de 2018 y T-441 de 2020.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00032-01

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En este caso, es necesario consultar en la página web de la Rama Judicial las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05-00-13-33-3029-2017-00048-01 que cursa en el Tribunal Administrativo de Antioquia. De la revisión de la página de consulta de proceso de la Rama Judicial, se puede destacar que:

• el 27 de mayo de 2021 , el proceso fue remitido de los Juzgados

Administrativos de Medellín al Tribunal Administrativo de Antioquia.

• el 4 de junio de 2021, el Tri bunal Administrativo de Antioquia admitió las apelaciones interpuestas por el señor Cardona Gómez , la E.S.E.

METROSALUD y La Previsora S.A.

• el 27 de julio y 5 de agosto de 2021, el actor radicó solicitud de prelación de turno para que se profiriera fallo de segunda instancia.

METROSALUD y La Previsora S.A.

• el 27 de julio y 5 de agosto de 2021, el actor radicó solicitud de prelación de turno para que se profiriera fallo de segunda instancia.

• el 13 de agosto de 2021, el proceso ingresó al despacho para fallo .

• el 20 de enero de 2023 , el Tribunal Administrativo de Antioquia negó la solicitud de prelación de turno presentada por el señor Cardona Gómez. Esa decisión fue notificada el 24 de enero de ese año.

Del recuento procesal, la Sala advierte que para el momento en que se interpuso la solicitud de amparo, la autoridad judicial demandada no había resuelto la solicitud de prelación. Sin embargo, con ocasión a la interposición de la solicitud de amparo el Tribunal Administrativo de Antioqui a profirió auto el 20 de enero de 2023 en el que resolvió de forma negativa esa petición .

En tal sentido, el tribunal tardó más de 1 año y 5 meses en pronunciarse frente a las solicitudes de prelación de fallo y, por ende, se considera que se configuró mora judicial injustificada pues, sin desconocer la carga laboral del despacho, tal y como lo precisó la magistrada titular, la resolución de dicha petición, que no resulta de la mayor complejidad, tardó en decidirse de manera injustificada. Sin embargo, como en el trámite de la acción de tutela se decidió, no hay lugar a dictar una orden en ese sentido, toda vez que la pretensión de la tutela fue satisfecha.

Fallo ultra y extra petita

En principio, el juez de tutela debe resolver las solicitudes de amparo, en los

ese sentido, toda vez que la pretensión de la tutela fue satisfecha.

Fallo ultra y extra petita

En principio, el juez de tutela debe resolver las solicitudes de amparo, en los términos planteados por los demandantes. Sin embargo, pueden existir casos en los que se advierta de manera evidente la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, por razones diferentes a las expuestas por los interesados.

En esos casos, y en virtud de la informalidad que caracteriza a la acción de tutela, el juez está habilitad o para intervenir de manera urgente con el propósito de proteger los derechos fundamentales que se ven en situación de amenaza o vulneración. Así lo aclaró la Corte Constitucional al referirse a las facultades extra y ultra petita:

“En cuanto a la posibilidad de que los fallos puedan ser extra y ultra petita en materia de tutela, esta Corte de manera pacífica ha señalado que el juez de tutela puede al momento de resolver el caso concreto conceder el amparo incluso a partir deRadicado: 11001-03-15-000-2023-00032-01

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situaciones o derechos no alegados, atendiendo la informalidad que reviste el amparo y además quien determina los derechos fundamentales violados. Así, desde

situaciones o derechos no alegados, atendiendo la informalidad que reviste el amparo y además quien determina los derechos fundamentales violados. Así, desde los primeros pronunciamientos se ha sentado esta posición, toda vez que conforme a la condición sui generis de esta acción, la labor de la autoridad judicial no puede limitarse exclusivamente a las pretensiones invocadas por la parte actora, sino que debe estar encaminada a garantizar el amparo efectivo de los derechos fundamentales.” 2 (Subrayado fuera de texto).

Ahora bien, en el presente asunto la Sala encuentra acreditado que el señor Gabriel Ángel Cardona Gómez es un sujeto de especial protección constitucional por la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra , como se procede a exponer:

Al presente asunto se aportó la historia medica expedida por el centro de atención Instituto del Corazón S.A.S., en la que consta que al señor le fueron realizadas cirugías de amputación, así: “ AMPUTACIÓN SC BILATERAL POR ISQUEMIA AGUDA DESDE AORTA (26/05/2015 CLINICA LEON XIII)” y “ AMPUTACIÓN DE

MUSLO IZQUIERDO (REQUIRIÓ AMPLIACIÓN DE AMPUTACIÓN POR

HALLAZGOS DE ISO Y TEJIDO DESVITALIZADO), 11/06/2015

DESARTICULACIÓN DE CADERA .”.

Es decir, al actor le fueron practicadas cirugías de amputaciones de ambas piernas, inclusive, una de ella requirió desarticulación de cadera. De modo que está demostrado que el señor Cardona Gómez sufre de una discapacidad física que le genera problemas de movilidad, por lo que debe transportarse en silla de ruedas.

inclusive, una de ella requirió desarticulación de cadera. De modo que está demostrado que el señor Cardona Gómez sufre de una discapacidad física que le genera problemas de movilidad, por lo que debe transportarse en silla de ruedas.

De igual forma, se aportó certificado proferido por COLPENSIONES, en el que consta que el actor devenga pensión de invalidez y que la mitad de su pensión está destinada al pago de compromisos crediticios con bancos.

Aunado a lo anterior, el señor Cardona Gómez afirma en la tutela que dependen de él su esposa y su hija, quienes por ser sus cuidadoras permanentes no pueden dedicarse a otra actividad, y su nieta de 9 años. A dicionalmente, resalta los gastos y prestamos en los que tuvo que incurrir para construir un baño propio en su vivienda que se ajuste a su especial condición.

En consideración a las especiales condiciones en las que se encuentra el actor, la Sala no se limitará exclusivamente a la pretensión invoc ada en la acción de tutela de la referencia, sino que hará uso de las facultades extra y ultra petita.

En consecuencia, con el fin de proteger los derechos fundamentales del señor Cardona Gómez y teniendo en cuenta su especial condición , se estudiará si es procedente ordenar al tribunal accionado la alteración del turno, con el fin de que se profiera sentencia de segunda instancia en el proceso de reparación directa 201700048-01.

Sobre el particular , resulta pertinente precisar que la Corte Constitucional ha admitido que excepcionalmente se modifique el orden de los turnos de decisión, y se dé prelación a ciertos asuntos. Para ello, debe acreditarse un grave riesgo de los

Sobre el particular , resulta pertinente precisar que la Corte Constitucional ha admitido que excepcionalmente se modifique el orden de los turnos de decisión, y se dé prelación a ciertos asuntos. Para ello, debe acreditarse un grave riesgo de los derechos fundamentales de los usuarios de administración de ju sticia y que se

2 Sentencia SU-195 de 2012.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00032-01

Demandante: Gabriel Ángel Cardona Gómez

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colom