CE - 110010315000202300035011SENTENCIASENTENCIA20230629172137

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00035-01

Demandante: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez en representación de sus hijas

Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-00035-01

Demandante MARIEL JANETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EN

REPRESENTACIÓN DE SUS HIJAS ALINE MUÑOZ RODRÍGUEZ Y

SHARIC RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Demandado SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y JUZGADO 35

ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ Temas Acción de tutela contra providencias judiciales. Medio de control de reparación directa. Reconocimiento de perjuicios morales a hijos de crianza. La prueba del perjuicio. Privación injusta de la libertad.

Defectos: fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la Constitución.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por las accionantes contra la sentencia

Defectos: fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la Constitución.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por las accionantes contra la sentencia del 27 de febrero de 2023, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, que dispuso: «1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y unidad familiar invocados por la señora Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez, por las razones expuestas en las consideraciones.»1.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 11 de enero de 2023 2, Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez , representadas legalmente por su madre la señora Mariel Janeth Rodríguez, instauraron acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y a la unidad familiar. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones: «2.1. Se deje sin efecto, parcialmente, la sentencia de primera instancia del 29 de mayo de

2020 del Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, D. C., dentro del trámite del expediente de Reparación Directa 11001 – 33 – 36 – 035 – 2016 – 00305 – 00, solamente en cuanto tiene que ver con la decisión de exclusión de las NIÑAS ALINE MUÑOZ

del expediente de Reparación Directa 11001 – 33 – 36 – 035 – 2016 – 00305 – 00, solamente en cuanto tiene que ver con la decisión de exclusión de las NIÑAS ALINE MUÑOZ RODRIGUEZ y SHARIC RODRIGUEZ RODRIGUEZ, como destinatarias de la reparación del perjuicio moral, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de William Yohanny Miraña Torres.

1 Página 21 de la sentencia de tutela de primera instancia que data del 27 de febrero de 2023. Samai, índice 21 2 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00035-01

Demandante: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez en representación de sus hijas

Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 2.2. Se deje sin efecto, parcialmente, la sentencia de segunda instanc ia del 29 de julio de 2022 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera – Subsección “B”, dentro del trámite del expediente de reparación directa 11001 – 33 – 36 – 035 – 2016 – 00305 – 01, solamente en cuanto tiene que ver con la decisión d e exclusión de las NIÑAS ALINE MUÑOZ RODRIGUEZ y SHARIC RODRIGUEZ RODRIGUEZ, como destinatarias de la reparación del perjuicio moral, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de William Yohanny Miraña Torres.

MUÑOZ RODRIGUEZ y SHARIC RODRIGUEZ RODRIGUEZ, como destinatarias de la reparación del perjuicio moral, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de William Yohanny Miraña Torres. 2.3. Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B”, dicte una sentencia de reemplazo, en la que tenga en consideración respecto de las NIÑAS ALINE MUÑOZ RODRIGUEZ y SHARIC RODRIGUEZ RODRIGUEZ, los derechos fundamentales a la igualdad, a tener u na familia en su dimensión material bajo la estructura de familia de crianza, y no ser separadas de ella, protección contra cualquier forma de discriminación o abandono, y la aplicación del precedente en cuanto la presunción del daño moral de los hijos, in cluso aquellos de crianza conforme la interpretación sistemática del precedente jurisprudencial.»3

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. En el escrito de tutela, se lee que William Yohanny Miraña Torres y Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez eran compañeros permanentes y convivían con sus tres hijas: Gise Tatiana Miraña Rodríguez quien tiene vínculo consanguíneo con sus dos padres, y Sharic Rodríguez Rodríguez y Aline Muñoz Rodríguez que son «hijas de crianza» del señor Miraña Torres4. 2.2. El señor William Yohanny Miraña Torres y su grupo familiar presentaron demanda en ejercicio de la pretensión de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación por la alegada privación

2.2. El señor William Yohanny Miraña Torres y su grupo familiar presentaron demanda en ejercicio de la pretensión de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación por la alegada privación injusta de l a libertad de la que éste fue objeto el 29 de enero de 2015 , en cumplimiento de sentencia penal. En los antecedentes del caso analizado se informa que el señor William Miraña Torres fue dejado en libertad el 27 de mayo de 2015, debido a que se constató que fue otra persona la que cometió el delito investigado y a que las autoridades penales no identificaron correctamente al investigado. 2.3. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá que, en sentencia del 29 de mayo de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. El a quo consideró que el señor William Miraña Torres sufrió el daño antijurídico debido a que fue injustamente privado de la libertad por errores en la plena identificación del verdadero autor del delito investigado. Luego se demostró la falla en el servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

3 Páginas 7 y 8 del escrito de tutela. Samai, índice 2. 4 Aunque en la acción de tutela no se menciona, de la revisión del expediente ordinario, concretamente en informe pericial psicológico, la señora Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez mencionó que procreó otra hija con el señor Miraña Torres, cuyo nombre es Heidy Carolina Miraña Rodríguez. Según se lee en el informe,

informe pericial psicológico, la señora Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez mencionó que procreó otra hija con el señor Miraña Torres, cuyo nombre es Heidy Carolina Miraña Rodríguez. Según se lee en el informe, la menor tenía tres meses de edad en el momento en que la psicóloga practicó la entrevista (6 de mayo de 2016). Se precisa que Heidi Carolina Miraya Rodríguez no actuó como demandante en el proceso de reparación directa sub examine.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00035-01

Demandante: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez en representación de sus hijas

Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 No obstante, no reconoció indemnización respecto de las menores Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez y de la señora Sandra Patricia Duarte Sandoval. 2.4. Las partes apelaron el fallo de primera instancia. Los demandantes solicitaron, entre otros, que se accediera al reconocimiento del perjuicio moral a favor de las menores Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez . Destacaron que se acreditó que en la fecha de ocurrencia de los hechos convivían con la víctima directa de la privación injusta de la libertad, quien cumplía rol de “protector” de las menores. 2.5. En sentencia del 29 de julio de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera

cumplía rol de “protector” de las menores. 2.5. En sentencia del 29 de julio de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia en lo que respecta a la negativa de reconocer el perjuicio moral frente a las menores Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez. La autoridad judicial aclaró que las menores son h ijas de la señora Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, pero no tienen un vínculo consanguíneo con la víctima directa de la privación de la libertad. Agregó que a la demanda solo se aportó la evaluación psicológica de la señora Mariel Janeth Rodríguez, en su calidad de compañera permanente, pero no se describió la afectación que tuvieron sus hijas con el hecho. En razón a ello, declaró no probado el perjuicio y confirmó la decisión de no reconocerlo. 2.6. La providencia fue aclarada en auto del 30 de noviembre de 2022, en el sentido de corregir errores de digitación en los nombres de algunos de los demandantes.

3. Fundamentos de la acción En consideración de la parte actora, las sentencias censuradas incurrieron en defecto fáctico por omisión en la valoración de todo el conjunto probatorio recolectado en el proceso. Alegaron que el perjuicio moral de las aquí accionantes se probó con el dictamen pericial en el que se concluyó su dependencia emocional y económica con la víctima directa de la privación injusta de la libertad.

Agregaron que las sentencias de primera y segunda instancia también incurrieron en defecto por desconocimiento del precedente judicial habida cuenta de que

y económica con la víctima directa de la privación injusta de la libertad. Agregaron que las sentencias de primera y segunda instancia también incurrieron en defecto por desconocimiento del precedente judicial habida cuenta de que soslayaron la aplicación de las sentencias de unificación del Consejo de Estado en las que se indica que se debe presumir el daño moral de los familiares en el primer grado de consanguinidad con la víctima. Finalmente, advirtieron la concreción del defecto por violación directa a la Constitución por la discriminación a la que se vieron expuestas las menores Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez frente al reconocimiento e indemnización del daño moral, pues su hermana Gise Tatiana Miraña Rodríguez sí fue debidamente resarcida.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 13 de enero de 2023, el despacho ponente de primera instancia admitió la acción de tutela; y vinculó, en calidad de terceros con interés en el proceso constitucional, a la Nación, Rama Judicial y a la Fiscalía General deRadicado: 11001-03-15-000-2023-00035-01

Demandante: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez en representación de sus hijas

Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 la Nación, así como a todas las personas que constituyeron la parte activa del medio de control de reparación directa nro. 11001-33-36-0352016-00305-01. Adicionalmente, solicitó a las autoridades judiciales que conocieron el proceso

la Nación, así como a todas las personas que constituyeron la parte activa del medio de control de reparación directa nro. 11001-33-36-0352016-00305-01. Adicionalmente, solicitó a las autoridades judiciales que conocieron el proceso ordinario que se sirvieran remitir el expediente digitalizado para que haga parte de esta acción de tutela. 4.2. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto del ponente de la sentencia acusada, solicitó que se desestimen las prete nsiones de la acción de tutela, porque el asunto no supera el requisito de procedencia de relevancia constitucional. Explicó que la decisión judicial acusada se sustentó en el principio de autonomía judicial y la parte actora pretende controvertirla con fu ndamento en una tesis subjetiva de valoración probatoria. Advirtió que los medios de prueba aportados al proceso sub examine no respaldan la alegada afectación emocional que padecieron las menores hijas de crianza de la víctima directa del daño antijurídi co a indemnizar, por lo que no era posible reconocer a su favor esa categoría de perjuicios. 4.3. El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto de apoderado judicial, solicitó que se niegue el amparo, porque las sentencias censuradas, en realidad, atienden al ordenamiento jurídico aplicable a estos asuntos y al análisis razonable de las pruebas del proceso. Indicó que los demandantes no acreditaron el daño moral respecto de las hijas de crianza de la víctima directa y por ello no hubo lugar a reconocerles indemnización por ese concepto.

pruebas del proceso. Indicó que los demandantes no acreditaron el daño moral respecto de las hijas de crianza de la víctima directa y por ello no hubo lugar a reconocerles indemnización por ese concepto. Acusó que la parte demandante tenía a disposición el mecanismo de adición de la sent encia para procurar el reconocimiento de esta categoría de perjuicios, pero no lo utilizó. 4.4. La Fiscalía General de la Nación , por conducto de abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, advirtió que las accionantes no expusieron carga argumentativa suficiente que respalde la posible configuración de los defectos que atribuye a las sentencias acusadas. De otra parte, manifestó que la decisión de no reconocer perjuicios morales respecto de las menores hoy accionantes no comporta una decisión caprichosa o arbitraria, sino que atiende a la actividad probatoria desplegada en el curso del proceso judicial. 4.5. El Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá, por conducto del titular del despacho, remitió el expediente digitalizado del medio de control de reparación directa nro. 110013336035201600305-00. Adicional a lo anterior, hizo una relación de las actuaciones judiciales que surtió el proceso en la primera instancia y concluyó que ese despacho judicial no vulneró los derechos fundamentales de las accionantes y que la sentencia se fundamentó en el marco jurídico aplicable y la debida valoración de las pruebas del proceso.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00035-01

Demandante: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez en representación de sus hijas

Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

pruebas del proceso.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00035-01

Demandante: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez en representación de sus hijas

Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

5. Providencia impugnada En sentencia de 27 de febrero de 2023, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo constitucional solicitado por la señora Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez , quien actúa en representación de sus hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez en atención a los argumentos que a continuación se expondrán.

En primer lugar, el a quo destacó que encontró cumplidos todos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Relativo a la relevancia constitucional expuso que, el asunto reviste importancia porque refiere a la posible vulneración de derechos fundamentales de menores de edad. En cuanto al fondo del asunto, en el fallo se indicó que los registros civiles de las menores Aline y Sharic no acreditan una relación de consanguinidad con la víctima directa de la privación injusta de la libertad. Tampoco se acreditó que éste hubiera adelantado el trámite de adopción que demuestre una relación paterno - filial entre las aquí accionantes y el señor William Yohanny Miraña Torres. Adicional a lo anterior, precisó que el dictamen pericial da cuenta del padecimiento emocional de la señora Mariel Janeth Rodríguez con ocasión de la privación de la

las aquí accionantes y el señor William Yohanny Miraña Torres. Adicional a lo anterior, precisó que el dictamen pericial da cuenta del padecimiento emocional de la señora Mariel Janeth Rodríguez con ocasión de la privación de la libertad de su compañero permanente, pero no acredita tal situación respecto de sus hijas. Así las cosas, estimó que la conclusión probatoria frente a la falta de prueba del perjuicio moral padecido por las aquí accionantes fue razonable. Relativo al desconocimiento del precedente judicial, indic ó que la tesis jurisprudencial citada por los accionantes no aplicaba al caso particular, debido a que la presunción de aflicción aplica a los familiares en el primer grado de consanguinidad y las menores accionantes no cumplen con ese criterio. Del anter ior argumento también derivó la no prosperidad del cargo por violación directa a la Constitución, puesto que no puede hablarse de un trato discriminatorio comparado con el reconocimiento de perjuicio que sí se decretó frente a la menor Gise Tatiana Miraña Rodríguez toda vez que respecto de esta última si se acreditó la relación de consanguinidad exigido para aplicar la presunción de aflicción.

6. Impugnación La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos: 6.1. Las niñas Sharic Rodríguez Rodríguez y Aline Muñoz Rodríguez son hijas de crianza del señor William Yohanny Miraña Torres, es decir, hacían parte del grupo familiar Miraña Rodríguez y vivían bajo el modelo patriarcal del hombre como «proveedor económico y emocional». Por tanto, el señor Miraña Torres era quien cumplía el rol de protector y proveedor de estas menores quienes fueron

grupo familiar Miraña Rodríguez y vivían bajo el modelo patriarcal del hombre como «proveedor económico y emocional». Por tanto, el señor Miraña Torres era quien cumplía el rol de protector y proveedor de estas menores quienes fueron sometidas a escenarios de hambre durante su detención. 6.2. Las menores accionantes solicitan la protección de sus derechos a la igualdad, a tener una familia desde una dimensión material y a no ser objeto de discriminación, dada su calidad de sujetos de especial protección constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00035-01

Demandante: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez en representación de sus hijas

Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 6.3. El juez de tutela de primera instancia dio un entendimiento restrictivo a la sentencia T-113 de 2019, dado que en esta providencia no se establece el registro civil de nacimiento como tarifa legal frente a la prueba del vínculo familiar, por el contrario, se indica que a falta de este documento es posible llegar a la conclusión probatoria a partir de indicios.

En palabras de las impugnantes: «conforme a la Sentencia T-113 de 2019 y las razones subyacentes, la prevalencia del derecho sustancial implicará que, ante la imposibilidad de obtener el registro, porque las accionantes no son hijas ni adoptivas, ni consanguíneas, SINO DE CRIANZA, la interpretación conforme a la constitución exigirá que se analice (SI EXISTEN INDICIOS QUE PERMITAN DAR POR PROBADA LA SITUACIÓN QUE SE PRETENDE

DE CRIANZA, la interpretación conforme a la constitución exigirá que se analice (SI EXISTEN INDICIOS QUE PERMITAN DAR POR PROBADA LA SITUACIÓN QUE SE PRETENDE ACREDITAR (COMO LA RELACIÓN FAMILIAR).» Por ello, afirman, debe analizarse el amparo solicitado a partir de la libertad de configuración familiar consagrada en el artículo 42 de la Constitución Política. 6.4. En la sentencia del 14 de febrero de 2018, el Consejo de Estado (Exp. 52616) resolvió revocar sentencia e incluir a las hijas de crianza dentro del grupo familiar y las ubicó en el primer grupo de afectados a efectos de resarcimiento de perjuicios. Luego, es claro que además de la familia consanguínea o de adoptiva, también existen otros modelos de familia como la de crianza. 6.5. Las sentencias censuradas incurrieron en defecto fáctico f rente al reconocimiento del perjuicio moral que padecieron las hijas de crianza del señor William Miraña Torres por la omisión o indebida valoración de los siguientes hechos probados: (i) quedó acreditado, con los registros civiles de nacimiento que las menores aquí accionantes no contaban con figura paterna consanguínea, por lo tanto, era el señor Miraña Torres quien cumplía ese rol: (ii) el dictamen pericial aportado al proceso da cuenta de que el grupo familiar del que hacían parte la señora Mariel Janet h Rodríguez y sus hijas era concebido como de estructura patriarcal, lo que explica que «el Señor WILLIAM YOHANNY MIRAÑA entrará a suplir el papel de protector y proveedor de sus hijas de crianza

concebido como de estructura patriarcal, lo que explica que «el Señor WILLIAM YOHANNY MIRAÑA entrará a suplir el papel de protector y proveedor de sus hijas de crianza de 7 y 9 años, en procura de la familia conformada con la Señora Mariel Janneth Rodríguez» 6.6. La sentencia emitida por el Tribunal accionado desconoce el precedente contencioso sobre la presunción del daño moral para los parientes que se ubican en el primer grado frente a la víctima directa de privación injusta de la libertad. Al respecto, se deben considerar las sentencias del 28 de agosto de 2014, proceso nro. 68001 -23-31-000-2002-02548-01(36149) y del 29 de noviembre de 2021, emitida dentro del proceso nro. 18001 -23-31-001-200600178-01 (46681).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 5, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las

5 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los

su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00035-01

Demandante: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez en representación de sus hijas

Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuand o se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitu cional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos un o de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 6 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido

los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por ello, la procedencia de la acci ón contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos se restringe a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico 3.1. Las accionantes consideran que las sentencias proferidas en el proceso de reparación directa sub examine, en lo relativo a la negativa en el reconocimiento del perjuicio moral a favor de las menores Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez , incurrieron en error en sus fundamentos jurídicos y fácticos. Esto, porque el acervo probatorio aportado al proceso acreditaba que las citadas menores eran «hijas de crianza » del señor William Yohanny Mir aña Torres y que padecieron económica y emocionalmente con su aprehensión. Luego, conforme a la jurisprudencia de unificación vigente y vinculante debió reconocerse a su favor la referida categoría de perjuicio.

Este caso reviste relevancia constitucional en tanto refiere a la posible vulneración del derecho a la reparación integral de dos menores de edad, como lo consideró el a quo, situación que justifica el análisis de fondo para establecer si la sentencia de junio de 2022, comporta los defectos acusados en la acción de tutela. Además, esta Sala no evidencia que el mecanismo constitucional se tome como una instancia adicional, porque se controvierte el

establecer si la sentencia de junio de 2022, comporta los defectos acusados en la acción de tutela. Además, esta Sala no evidencia que el mecanismo constitucional se tome como una instancia adicional, porque se controvierte el razonamiento fáctico del juez que sólo fue expuesto en la segunda instanc ia del proceso de reparación directa. 3.2. De otra parte, es pertinente mencionar que si bien los defectos se predican respecto de las sentencias de primera y segunda instancia en el medio de control de reparación directa, esta Sala mantendrá la delimitación de los cargos de la acción de tutela y de la impugnación a la sentencia del 29 de julio de 2022, debido a que fue ésta providencia la que definió el litigio en la

6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00035-01

Demandante: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez en representación de sus hijas

Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 segunda instancia del proceso de reparación directa sub examine. Como es claro, los cargos o in conformidades contra la sentencia de primera instancia debieron exponerse en el recurso de apelación, por ser el momento procesal oportuno para tal fin.

8 segunda instancia del proceso de reparación directa sub examine. Como es claro, los cargos o in conformidades contra la sentencia de primera instancia debieron exponerse en el recurso de apelación, por ser el momento procesal oportuno para tal fin. 3.3. De conformidad con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar si le asistió razón al a quo al concluir que la sentencia del 29 de julio de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no comporta defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial ni violación directa a la Constitución. El análisis del desconocimiento del precedente judicial y del defecto fáctico se hará de manera conjunta en tanto refieren a las exigencias probatorias establecidas por la jurisprudencia para reconocer el perjuicio moral a favor de las víctimas in directas de la privación injusta de la libertad y si estas fueron acreditadas en el caso sub examine.

4. La sentencia censurada no desatendió el precedente relativo al perjuicio moral de las víctimas indirectas de la privación injusta de la libertad ni incurrió en defecto fáctico 4.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.

La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial implica que, “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son

La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial implica que, “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación” 7. Entonces, para esta Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se