CE - 110010315000202300036011SENTENCIA20230626143815

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01

Actor: José Mariano Sánchez Luna

Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Tema: Improcedencia de la tutela contra sentencia de tutela/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Educación, ii) igualdad, iii) dignidad humana y iv) mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 30 de enero de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado , por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene las siguientes parte s: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. José Mariano Sánchez Luna, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 7 de febrero de 2022 dentro de la acción de tutela identificada con el número único de radicación 47-001-3333-001-2021-00264-01, vulneró sus

sentencia de 7 de febrero de 2022 dentro de la acción de tutela identificada con el número único de radicación 47-001-3333-001-2021-00264-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01

Actor: José Mariano Sánchez Luna

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, mediante escrito de l 24 de noviembre de 2021 , presentó acción de tutela contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS), donde solicitó que se ordenara a la entidad accionada que procediera a realizar, en la base de datos del programa de gobierno Jóvenes en Acción, las correcciones y/o actualizaciones requeridas mediante la s olicitud del 4 de octubre de 2021, en aras de sufragarle lo referente al programa académico de Derecho en la Universidad de

Cartagena.

4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante sentencia del 9 de diciembre de 2021, negó las pretensiones del amparo.

5. El Tribunal Administrativo del Magdalena, profirió sentencia de segunda instancia, el 7 de febrero de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral 1° de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia del nueve (09) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta, y en su lugar, se

primera instancia del nueve (09) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta, y en su lugar, se accederá parcialmente a las súplicas de la acción de tutela.

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales de la educación y no discriminación del señor JOSÉ MARIANO SÁNCHEZ LUNA. En consecuencia, se ORDENARÁ al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social como responsable del programa de Jóvenes en Acción, le financie del primero hasta el cuarto semestre del programa de Derecho de la Universidad de Cartagena, por ser el tiempo restante que faltaba para finalizar su primer programa de formación […]”.

6. Al respecto, consideró que:

“[…] Siendo preciso señalar, que al señor JOSÉ MARIANO SANCHEZ LUNA se le debe garantizar el acceso a la educación de manera flexible por ser parte de esta población especialmente vulnerable, en pro de superar situaciones de marcada inequidad y discriminación, bajo el marco de un ordenamiento jurídico que les brinde una pronta y cumplida protección. Sin que se pase por alto, las difíciles situaciones en la que se ven inmersos estos grupos sociales marginados para generar ingresos a fin de solventar sus necesidades básicas de subsistencia.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01

Actor: José Mariano Sánchez Luna

Bajo ese criterio constitucional, se le debe amparar los derechos fundamentales a la educación y no discriminación al joven JOSÉ MARIANO SANCHEZ LUNA, como quiera que, por su condición de víctima de desplazamiento forzado, es menester

Bajo ese criterio constitucional, se le debe amparar los derechos fundamentales a la educación y no discriminación al joven JOSÉ MARIANO SANCHEZ LUNA, como quiera que, por su condición de víctima de desplazamiento forzado, es menester brindarle una protección urgente e inmediata en procura de que le sean garantizadas unas condiciones mínimas de subsistencia, formación educativa y dignidad […]”.

[…]

“[…] En ese entendido, para el caso concreto, resulta procedente que el joven JOSÉ MARIANO SANCHEZ LUNA continúe disfrutando de los incentivos que ofrece el programa Jóvenes en Acción para continuar su proceso de formación profesional, ligado a un proceso de orientación que le permita desarrollar destrezas y habilidades que le permitan superar barreras en sus desafíos educacionales y de empleabilidad.

Con fundamento en lo anterior, el Manual Operativo, versión 8, dispone que en aquellos eventos en los cuales se tramite una solicitud de estado Tránsito, el tiempo de acompañamiento de l primer programa de formación, será descontando del tiempo máximo del segundo programa de formación, exceptuando a los aprendices SENA y estudiantes IES que se certifiquen o se titulen de programas técnicos o tecnológicos a quienes se les acompañará por e l tiempo máximo de duración del segundo programa de formación.

Bajo estas directrices, se tiene que el señor JOSÉ MARIANO SANCHEZ LUNA al haber cursado hasta el sexto (6) periodo académico del programa de Antropología, en la Universidad del Magdalena, con el acompañamiento del Programa de Jóvenes en Acción desde el inicio de sus estudios (2019 -I); sólo podrá ser financiado hasta el cuarto semestre que adelante en el programa de Derecho de la Universidad de

en la Universidad del Magdalena, con el acompañamiento del Programa de Jóvenes en Acción desde el inicio de sus estudios (2019 -I); sólo podrá ser financiado hasta el cuarto semestre que adelante en el programa de Derecho de la Universidad de Cartagena, por ser el tiempo restante que faltaba para finalizar su primer programa de formación, en tanto que el Estado no puede asumir los gastos de otra carrera profesional, a elección del actor, por el tiempo máximo de su duración, en razón a que se trata de un decisión que proviene de su esfera personal.

Siendo preciso aclarar que, a la luz del Manual Operativo, versión 8, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social no se hará responsable de la terminación total del proceso de formación en Derecho del señor JOSÉ MARIANO SANCHEZ LUNA, por el manejo, la administración y la buena distribución de los recursos que tengan a su disposición […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1Tutelar los derechos fundamentales invocados en esta acción constitucional.

2Modificar el numeral 2° de la parte resolutoria de la providencia judicial proferida en segunda instancia por el H. Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del trámite de tutela con rad. No. 2021-00264. El cual quedará así:

“(…) SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales de la educación y no discriminación del señor JOSÉ MARIANO SÁNCHEZ LUNA. En consecuencia, se ORDENARÁ al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social como responsable del programa de Jóvenes en Acción,4

no discriminación del señor JOSÉ MARIANO SÁNCHEZ LUNA. En consecuencia, se ORDENARÁ al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social como responsable del programa de Jóvenes en Acción,4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01

Actor: José Mariano Sánchez Luna

le financie el programa de Derecho de la Universidad de Cartagena, hasta que haya finalizado este programa de formación. […]”.

8. Indicó que:

“[…] IQue, es justificada la aparente tardanza en instaurar esta acción de tutela, toda vez que, ocurrió un evento que constituyó fuerza mayor, que me incapacitó. En resumen, fui intervenido quirúrgicamente en ambos ojos, para revertir mi ceguera (corta visión) y mejorar mi calidad de vida.

IIQue, la sentencia accionada trasgrede los mismos derechos que ampara, toda vez que, trunca de tajo la permanencia y continuidad en el sistema educativo.

IIIQue, como sujeto de especial protección constitucional, focalizado en el Sisbem (sic) IV como sujeto en pobreza extrema, no devengo recursos para financiar y/o continuar mi proceso de formación una vez se haya consumido el amparo constitucional otorgado por el H. Tribunal Administrativo del Magdalena.

IVQue, el programa gubernamental de Jóvenes en Acción, según Sentencia T-341 de 2020, tiene como finalidad la entrega de incentivos monetarios a los jóvenes más vulnerables de la población colombiana, tendientes a contribuir con el acceso y la permanencia en los programas de educación.

1.4. Caso Concreto:

de 2020, tiene como finalidad la entrega de incentivos monetarios a los jóvenes más vulnerables de la población colombiana, tendientes a contribuir con el acceso y la permanencia en los programas de educación.

1.4. Caso Concreto:

En el caso que nos ocupa se tiene que la sentencia aquí accionada trasgrede los mismos derechos que ampara y de conformidad el derecho a la igualdad y a la dignidad humana, toda vez que, me impide de tajo la permanencia y continuidad en el sistema educativo y dificulta aún más mis condiciones mínimas de subsistencias. […]”.

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante auto del 13 de enero de 2023, i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Magdalena; y iii) vinculó al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindiera informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social señaló lo siguiente:5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01

Actor: José Mariano Sánchez Luna

“[…] Por lo que reiteramos que la entidad dio cumplimiento al fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo, situación que se dio a conocer al accionante en su momento. […]”.

[…]

“[…] Por lo que reiteramos que la entidad dio cumplimiento al fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo, situación que se dio a conocer al accionante en su momento. […]”.

[…]

“[…] Por todo lo anterior nos oponemos a las pretensiones de la acción de tutela, teniendo en cuenta que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, no incurrió en actuación u omisión alguna que generara amenaza o vulneración a los derechos fundamentales del accionante; en consecuencia, solicitamos al Despacho DENEGAR la solicitud de tutela y DESVINCULAR a PROSPERIDAD SOCIAL de la presente acción […]”.

11. El Tribunal Administrativo del Magdalena consideró lo siguiente:

“[…] De acuerdo a la decisión de unificación traída a colación, la presente solicitud de amparo no cumple con los requisitos de procedencia excepcionales antedescritos, pues el actor no demostró que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fuera producto de una situación fraudulenta, cuestión derivada de la evidente rectitud de las actuaciones adelantadas por esta Corporación.

En los términos descritos, solicito se declare la improcedencia de la acción, teniendo en cuenta que la misma no cumple ni los requisitos generales ni los excepcionales fijados jurisprudencialmente para el efecto […]”.

12. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta informó la actuación procesal del trámite de tutela y anexó el respectivo expediente digital.

La sentencia impugnada

13. L a Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 30 de enero de 2023, por medio de la cual resolvió

lo siguiente:

La sentencia impugnada

13. L a Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 30 de enero de 2023, por medio de la cual resolvió

lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor José Mariano Sánchez Luna, contra el Tribunal Administrativo del Magdalena […]”.

13.1 Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] La Sala de la Sección Segunda de esta corporación en providencia del 4 de marzo de 20101, consideró que la acción de tutela contra sentencias proferidas en un trámite de la misma naturaleza es improcedente. En tal sentido afirmó que es indiscutible que el juez en tratándose de fallos de tutela está inmerso en la posibilidad de equivocars e y con ello, de lesionar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Frente a esta posibilidad, sin embargo, el ordenamiento jurídico ha

1 Radicación No. 11001-03-15-000-2010-00083-00, Actor: José Isaac Nossa Ballesteros.6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01

Actor: José Mariano Sánchez Luna

establecido un mecanismo de control para evitar la vulneración de derechos fundamentales mediante sentencias de tute la, mecanismo que por decisión del propio constituyente es el de revisión por parte de la Corte Constitucional, el cual no solo busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales, sino erigirla como máximo tribunal en rela ción con la interpretación de estos y como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los

solo busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales, sino erigirla como máximo tribunal en rela ción con la interpretación de estos y como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos2.

Así mismo, se excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela por presentarse vías de hecho, en razón a que la misma Constitución Política definió directamente las etapas básicas del procedimiento de amparo y previó que los errores de los jueces de instancia, inclusive de sus interpretaciones sobre los derechos fundamentales, pudieran ser siempre conocidos y corregidos por un órgano creado por él, la Corte Constitucional, a trav és del mecanismo de la revisión.

Conforme a lo anterior, admitir que los fallos de tutela definitivamente decididos o excluidos de revisión por la Corte Constitucional sean luego objeto de una nueva acción de tutela, sin que se evidencie violación al derecho al acceso a la administración de justicia o al debido proceso, sería avalar el desgaste de la administración de justicia para la tramitación de una nueva instancia sobre un proceso de tutela ya concluido, lo cual es contrario a la Constitución (art. 86 C.P.) y a la ley (art. 33 del Decreto 2591 de 1991). Esto por una poderosa razón: decidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991), opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.) 3. Una vez ha quedado

para revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991), opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.) 3. Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisión judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido […]”.

[…]

“[…] En el presente caso, de acuerdo con los argumentos expuestos por el señor José Mariano Sánchez Luna, lo pretendido es cuestionar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual, en segunda instancia, le tuteló los derechos fundamentales a la educación y no discriminación y ordenó al DAPS, como responsable del programa d e Jóvenes en Acción, financiarle del primero al cuarto semestre derecho de la Universidad de Cartagena; ello, teniendo en cuenta que, según su dicho, la financiación debe ordenarse respecto de la totalidad del plan académico.

En vista de lo anterior, es evidente que el amparo deprecado resulta improcedente, pues no se trata de que el Tribunal Administrativo del Magdalena hubiere incurrido en un defecto o irregularidad y mucho menos en fraude , como lo exige la jurisprudencia constitucional, sino del claro d esacuerdo del señor José Mariano Sánchez Luna con la decisión adoptada, respecto del cual, la Subsección resalta que en el escrito petitorio no se sustentó de ninguna manera el amparo deprecado […]”.

2 Corte Constitucional. Sentencia SU – 1219 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda. 3 Frente a este fenómeno la Sentencia de la Sección Segunda antes referida de 4 de marzo de 2010, es clara

2 Corte Constitucional. Sentencia SU – 1219 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda. 3 Frente a este fenómeno la Sentencia de la Sección Segunda antes referida de 4 de marzo de 2010, es clara en diferenciar entre la ocurrencia de la cosa juzgada constitucional y la cosa juzgada legal.7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01

Actor: José Mariano Sánchez Luna

La impugnación

14. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado por las siguientes razones4:

“[…] Lo resaltado en los numerales anteriores, permite apreciar en el plenario que, el derecho a la Educación goza de una protección especial por parte del Estado, debido a que el mismo permite el goce efectivo de los demás derechos fundamentales. La especial p rotección del derecho a la Educación le da una prevalencia ante la autonomía de cualquier institución y/o autoridad, más aún si se trata de la población vulnerable, lo cual exige de las autoridades públicas un trato preferente y urgente, en pro de superar situaciones de marcada inequidad y discriminación.

Ahora, descendiendo al caso concreto considero que, la orden contenida en el numeral 2° de la parte resolutoria de la providencia proferida por el H. Tribunal Administrativo del Magdalena, amenaza directamente mi permanencia y continuidad en el sistema educativo, toda vez que se le ordena al Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social que financié solo hasta el cuarto (04) Semestre de mi

Administrativo del Magdalena, amenaza directamente mi permanencia y continuidad en el sistema educativo, toda vez que se le ordena al Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social que financié solo hasta el cuarto (04) Semestre de mi proceso de formación en la Universidad de Cartagena, inst itución en la cual me encuentro actualmente formándome en el programa de pregrado Derecho.

En mérito de lo dicho y probado, reclamo un trato urgente y preferente por parte de esta autoridad, y le suplico H. Consejero revoque la providencia que resolvió e l trámite de tutela con el rad. No. 11001 -03-15-000-2023-00036-00, para en su lugar proceda a modificar el numeral 2° de la parte resolutoria de la providencia proferida el siete (07) de febrero del año dos mil veintidós (2022), dentro del trámite de impugnación con el rad. No. 47-001-3333001-2021-00264-01; A fin de asegurar el goce efectivo de los derechos ya amparados. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 5, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 7 y con el artículo 13

Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 7 y con el artículo 13 Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

4 Transcripción literal del escrito de impugnación. 5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 6 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela" 7 “por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado” 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01

Actor: José Mariano Sánchez Luna

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

17. Corresponde a la Sala establecer si en el caso sub examine es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento del requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente, si se cumplió con el requisito de la procedencia excepcional de la tutela contra sentencias de tutela.

18. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la educación , iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana ; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital , procediendo posteriormente a v ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto , siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

19. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01

Actor: José Mariano Sánchez Luna

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

20. Esta Sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

21. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige cont ra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la

constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verifica r la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.

23. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administ rativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 12 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01

12 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01

Actor: José Mariano Sánchez Luna

que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desc onocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

25. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo l a premisa del cumplimiento del requisito de la procedencia excepcional de la tutela contra sentencias de tutela como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C -590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional14.

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias de tutela

26. Por regla general, este mecanismo judicial de origen constitucional resulta improcedente en el evento en que se le atribuya la vulneración de los derechos fundamentales a las decisiones adoptadas por los jueces de tutela.

27. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU – 627 de 1 de octubre de 2015 15, fijó la excepción de la precitada

fundamentales a las decisiones adoptadas por los jueces de tutela.

27. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU – 627 de 1 de octubre de 2015 15, fijó la excepción de la precitada regla jurisprudencial, recopilando, para tal efecto, una serie de criterios de procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela o respecto de una actuación previa o posterior a la mencionada providencia.

28. En el primer escenario, la solicitud de amparo constitucional procede si: i) la sentencia de tutela es proferida por un juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional; ii) se presenta la cosa juzgada fraudulenta; iii) se cumplen con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; iv)

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 14 Corte Constitucional. Sentencia C590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 15 Corte Constitucional. Sentencia SU -627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01

Actor: José Mariano Sánchez Luna

la acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01

Actor: José Mariano Sánchez Luna

la acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; v) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y, vi) no existe otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

29. En el segundo escenario la Corte Constitucional contempló dos eventos de

procedibilidad, estos son:

“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impar