CE - 110010315000202300039011SENTENCIA20230420103523

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00039-01

Referencia: Acción de tutela

Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA QUE DENEGÓ EL AMPARO .

PREVALENCIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR ALOCUCIÓN

PRESIDENCIAL QUE NO TRANSGREDE PRINCIPIOS DE VERACIDAD

E IMPARCIALIDAD Y NO COLISIONA CON OTROS DERECHOS,

VALORES O PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. AUSENCIA DE

CARGA ARGUMENTATIVA FRENTE A PRESUNTA VULNERACIÓN DEL

DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN VERAZ E

IMPARCIAL.

DERECHO FUNDAMENTAL : ACCESO A LA INFORMACIÓN VERAZ E

IMPARCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de 2 de febrero de 2023, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B - DEL CONSEJO DE ESTADO1, denegó el amparo solicitado.

1 En adelante la Sección Tercera.2

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00039 01

Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

1 En adelante la Sección Tercera.2

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

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Indicó que el pasado 23 de diciembre de 2022 2, el Presidente de la República señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO dirigió un discurso a los miembros de las Fuerzas Armadas, en el que al hacer alusión al expresidente Gustavo Rojas Pinilla manifestó “[…] quiso el pueblo elegirlo Presidente de la República después […]”.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que la expresión cuestionada no obedece a la realidad histórica del país, por cuanto el señor Gustavo Rojas Rojas Pinilla en el año 1970 aspiró a desempeñar nuevamente el cargo presidencial, luego de haberlo hecho por vías de hecho legitimadas en el acto legislativo del 18 de junio de 1953.

Afirmó que la manifestación realizada por el señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO , desconoció su derecho a recibir información veraz e imparcial, en tanto constit uyó una aseveración de un hecho que no ocurrió y por el cual surgió el movimiento autodenominado “M-19”, del cual fue militante el señor Presidente de la República.

2 Cfr. Contenido audio visual disponible en http://www.youtube.com/watch?v=cpvZQNCpmIc, canal de YouTube de la Presidencia de la República, minuto 03:14 a 03:19.4

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YouTube de la Presidencia de la República, minuto 03:14 a 03:19.4

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

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I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo del derecho fundamental invocado como violado, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: Ofrezca Gustavo Francisco Petro Urrego aclaración sobre sus palabras objeto de esta acción de tutela en aras de la veracidad de los hechos en los cuales están basadas.

SEGUNDO: Llévese a cabo la mencionada aclaración en las mismas condiciones donde expresó dichas palabras y facilite su divulgación en los demás medios donde estás hayan sido dada a conocer. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA manifestó que la acción de tutela es improcedente, por inexistencia de la vulneración del derecho deprecado.

Afirmó que el actor no acreditó las razones por las cuales se vulneró su derecho a la información veraz y oportuna, pues no argumentó en que consistió la presunta afectación.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 2 de febrero de 2023, la SECCIÓN TERCERA5

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Mediante sentencia de 2 de febrero de 2023, la SECCIÓN TERCERA5

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denegó el amparo solicitado al no advertir la vulneración del derecho fundamental invocado.

Afirmó que “[…] si bien en el discurso de 23 de diciembre de 2022 (saludo a soldados y policías en Tolemaida) el pre ”sidente de la República afirmó, en relación con el expresidente Gustavo Rojas Pinilla, que: «quiso el pueblo elegirlo presidente de la República después», lo cierto es que esto no significa que se estuviese confirmando la existencia del fraude electoral en las el ecciones presidenciales […].

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor cuestionó la providencia de primera instancia, al señalar que el a quo no valoró el grado de afectación y la protección de los bienes jurídicos que resultaron lesionados con la alocución presidencial.

Precisó que la expresión cuestionada lleva implícita la ocurrencia de la elección de Gustavo Rojas Pinilla como Presidente de la República de Colombia o de lo contrario las palabras “quiso” y “elegirlo” no estarían en ella.

Afirmó que la expresión […] fue proferida por un miembro del6

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estarían en ella.

Afirmó que la expresión […] fue proferida por un miembro del6

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movimiento guerrillero que surgió sosteniendo fraude electoral de la única elección presidencial en la cual Gustavo Rojas Pinilla sería elegido Presidente al solo haber ejercido dicho cargo por v ía hecho legitimada mediante acto legislativo del 18 de junio de 1953. […]

En ese sentido, s olicitó que se revoque el fallo impugnado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

Generalidades de la acción de tutela7

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distribución de negocios entre las Secciones.

Generalidades de la acción de tutela7

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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

La Sala observa que en el presente caso el señor HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA interpuso acción de tutela con la finalidad de obtener el amparo a su derecho fundamental al acceso a la información veraz e imparcial.

El actor atribuyó la vulneración de su derecho fundamental al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO , quien en su calidad de Presidente de la República el pasado 23 de diciembre de 2022 elevó un discurso público en el que aludió al expresidente Gustavo Rojas

3 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".8

un discurso público en el que aludió al expresidente Gustavo Rojas

3 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".8

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Pinilla y dijo: “[…] quiso el pueblo elegirlo Presidente de la República después […]”, manifestación que consideró errada y contraria a la realidad histórica del país.

En primera instancia, la SECCIÓN TERCERA, a través de sentencia de 2 de febrero 2023, denegó el amparo solicitado al no advertir la vulneración del derecho fundamental invocado.

El actor impugnó la decisión y argumentó que el a quo no valoró el grado de afectación y la protección de los bienes jurídicos que resultaron lesionados con la alocución presidencial pues, a su juicio, la expresión cuestionada lleva implícita la ocurrencia de un hecho que no aconteció.

Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de procedibilidad y, de ser así, establecer si el señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO en su calidad de Presidente de la República vulneró el derecho fundamental deprecado por el actor.

La Sala advierte que la solicitud de amparo fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la presunta vulneración del derecho

FRANCISCO PETRO URREGO en su calidad de Presidente de la República vulneró el derecho fundamental deprecado por el actor.

La Sala advierte que la solicitud de amparo fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la presunta vulneración del derecho fundamental invocado se originó con ocasión del discurso público9

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expresado por el señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO en su calidad de Presidente de la República el pasado 23 de diciembre de 2022 y, la acción de tutela fue radicada el 11 de enero de 2023, esto es, dentro de un plazo razonable4.

Por otro lado, en lo que concierne a la subsidiariedad, la Sala también encuentra acreditado dicho requisito, comoquiera que, por una parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la protección inmediata del derecho al acceso a la información y, por otra, el actor no cuenta con otro mecanismo de defensa ju dicial para procurar la defensa del derecho deprecado.

Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del asunto.

Del derecho a la libre expresión y el acceso a la información.

La Constitución Política protege el derecho a la libertad de expresión y la información veraz e imparcial, en los siguientes términos:

asunto.

Del derecho a la libre expresión y el acceso a la información.

La Constitución Política protege el derecho a la libertad de expresión y la información veraz e imparcial, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir

4 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).10

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información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura […]”.

Puntualmente, sobre el derecho a la libertad de expresión , la Corte Constitucional ha señalado que:5

“[…] la jurisprudencia constitucional ha establecido que la libertad de expresión es un derecho fundamental de doble vía porque involucra tanto al emisor como al receptor de actos comunicativos, agrupa un conjunto de garantías y libertades diferenciables en su contenido y alcance, tales como la libertad de expresar pensamientos y opiniones, la libertad de informar

porque involucra tanto al emisor como al receptor de actos comunicativos, agrupa un conjunto de garantías y libertades diferenciables en su contenido y alcance, tales como la libertad de expresar pensamientos y opiniones, la libertad de informar y recibir información veraz e imparc ial, la libertad de fundar medios masivos de comunicación y el derecho de rectificación6. Bajo ese entendido, al desarrollar esta garantía, la Corte ha adoptado una doble dimensión:

“Sobre esa base, la Corte ha explicado que la libertad de expresión en s entido genérico consiste en el ‘el derecho general a comunicar cualquier tipo de contenido a otras personas, e [incluye] no solo la libertad de expresión en sentido estricto, sino también las libertades de opinión, información y prensa [previstas en el artículo 20 de la Constitución]’ 7. Entre tanto, la libertad de expresión en sentido estricto se define como ‘el derecho de las personas a expresar y difundir libremente el propio pensamiento, opiniones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma es cogidos por quien se expresa’8. Conlleva el derecho de su titular a no ser molestado por expresar su pensamiento, opiniones (sic)9 o ideas y cuenta, además, con una dimensión individual y una colectiva”10.

Entonces, puede decirse que la libertad de expresión constituye una “categoría genérica que agrupa un haz de

5 SU-274 de 2019. Mp. José Fernando Reyes Cuartas. 6 Sentencia T-244 de 2018. 7 Sentencia T-277 de 2015. 8 Sentencia C-442 de 2011. 9 En la cita original se incluye la “informaciones”.

5 SU-274 de 2019. Mp. José Fernando Reyes Cuartas. 6 Sentencia T-244 de 2018. 7 Sentencia T-277 de 2015. 8 Sentencia C-442 de 2011. 9 En la cita original se incluye la “informaciones”. 10 Sentencia T-022 de 2017. Cfr. Sentencia T-244 de 2018.11

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derechos y libertades diversos”11, entre los cuales se destacan: i) la libertad de opinión o también llamada libertad de expresión en sentido estricto, que comprende la libertad para expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones e ideas, sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión; y ii) la libertad de información que protege la libertad de buscar, transmitir y recibir información veraz e imparcial sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole12. Si bien ambas pueden ser ejercidas a través de cualquier medio de expresión, la Corte ha aclarado que cuando se manifiestan a través de los medios de comunicación se incorporan al contenido de la libertad de prensa, que incluye, además, el derecho a fundar y mantener en funcionamiento tales medios13. […]” (Negrillas pertenecen al texto).

De acuerdo con lo referido por la Corte, el derecho a la libertad de expresión transita por una doble vía, en la medida en que involucra

mantener en funcionamiento tales medios13. […]” (Negrillas pertenecen al texto).

De acuerdo con lo referido por la Corte, el derecho a la libertad de expresión transita por una doble vía, en la medida en que involucra tanto al emisor como al receptor del mensaje y, además, reúne una serie de garantías relacionadas tanto con la libertad de opinión, esto es, la posibilidad de expresar y difundir pensamiento s, opiniones e ideas propias, por cualquier medio, como con la libertad de información, la cual protege la libertad de buscar, transmitir y recibir información veraz e imparcial.

Se trata a su vez de una libertad trascendental en la democracia, pues “es a través de los medios de comunicación que la ciudadanía está informada sobre los sucesos que los pueden afectar en las decisiones de los representantes políticos o en sucesos del ámbito

11 Sentencia T-904 de 2013. 12 Ibídem. 13 Ibídem.12

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económico o social de interés general”14.

Asimismo, la Corte Constitucional al estudiar el ejercicio de la libertad de expresión en discursos, indicó:

[…] 16. En términos generales, esta Corporación ha referido que “la publicación de informaciones e ideas referentes a cuestiones que tienen relevancia pública es una de las funciones asignadas a los

de expresión en discursos, indicó:

[…] 16. En términos generales, esta Corporación ha referido que “la publicación de informaciones e ideas referentes a cuestiones que tienen relevancia pública es una de las funciones asignadas a los medios de comunicación, y la sociedad tiene a su vez el derecho a recibirlas”15; sin embargo, ha aclarado que el principio de relevancia pública se refiere a “la necesidad de una información que se desenvuelva en el marco del interés general del asunto a tratar. En este sentido, dos aspectos cobran vigencia: la calidad de la persona y el contenido de la información”16.

Sobre la calidad de la persona -personajes públicos - ha explicado que “quienes por razón de sus cargos, actividades y de su desempeño en la sociedad se convierten en centros de atención con notoriedad pública, inevitablemente tienen la obligación de aceptar el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral. (…) Sin embargo, esta relevancia prima facie no puede versar sobre cualquier tipo de información relacionada con la persona pública porque el riesgo de afectar la intimidad, el honor o cualquier otro derecho quedaría siempre latente”17. […]

En cuanto al contenido de la información esta Corte considera que “resulta imperativo, además, que el contenido de una información obedezca a un verdadero y legítimo interés general de conformidad con la trascendencia y el impacto social. Así, la libertad de información toma ventaja cuando de la magnitud misma de los hechos surge la necesidad de conocimiento público y se despierta el interés general, mas no una simple curiosidad

conformidad con la trascendencia y el impacto social. Así, la libertad de información toma ventaja cuando de la magnitud misma de los hechos surge la necesidad de conocimiento público y se despierta el interés general, mas no una simple curiosidad generalizada sin importar ahora la calidad del sujeto como

14 Corte Constitucional, sentencia T-040 de 2013. 15 Sentencia SU-1723 de 2000. En esa ocasión, conoció la acción de tutela instaurada por un reconocido cantante que estaba siendo investigado penalmente. Según indicó, un medio de comunicación expuso aspectos íntimos de su vida privada, de su comportamiento sexual y de su salud, sin c ontar con su autorización. Los jueces de instancia negaron el amparo invocado, decisiones que fueron confirmadas en sede de revisión. Al analizar el caso concreto, la Corte sostuvo que el accionante era una persona que por razón de su actividad como compositor musical y cantante, se había convertido en una figura públicamente reconocida que debía “asumir las consecuencias de ello, una de las cuales consiste en la relativización de su vida privada” y manifestó que por encontrarse vinculado a una investigación penal, la sociedad contaba con un interés legítimo para conocer la información. 16 Ibídem. 17 Ibídem.13

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personaje público o privado”18. Sobre el particular, se ha pronunciado en los siguientes términos:

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personaje público o privado”18. Sobre el particular, se ha pronunciado en los siguientes términos:

“Si bien todo ejercicio comunicativo, cualquiera sea su contenido, valor y forma de expresión, está prima facie amparado por la libertad de expresión, se ha reconocido que cier tos discursos son merecedores de especial protección constitucional, debido a su importancia para promover la participación ciudadana, el debate y el control de los asuntos públicos. Así, los discursos políticos, que comprenden no sólo aquellos de contenido electoral sino toda expresión relacionada con el gobierno de la polis y, en particular, las críticas hacia el Estado y los funcionarios públicos, son objeto de especial consideración y cualquier intento de restricción es vista con sospecha, debido a que: (i) a través de ellos no sólo se manifiesta el estrecho vínculo entre democracia y libertad de expresión, sino que se realizan todas las demás finalidades por las cuáles se confiere a ésta una posición preferente en los estados constitucionales; (ii) este tipo de discursos suelen ser los más amenazados, incluso en las democracias más vigorosas, por cuanto quienes detentan mayor poder social, político o económico pueden llegar a ser afectados por tales formas de expresión y, en consecuencia, verse tentados a movilizar su poder para censurar dichas manifestaciones y reprimir a sus autores.19

El carácter de derecho de ‘doble vía’ que se predica de la libertad de expresión cobra todo su sentido en presencia de este tipo de discursos, pues en tales casos la libertad de expresión no sólo ampara el derecho de quienes

El carácter de derecho de ‘doble vía’ que se predica de la libertad de expresión cobra todo su sentido en presencia de este tipo de discursos, pues en tales casos la libertad de expresión no sólo ampara el derecho de quienes transmiten información y opiniones críticas sobre los gobernantes y funcionarios públicos, sino también, y

18 Sentencia SU-1723 de 2000. Esta postura fue reiterada en la sentencia T-546 de 2016, oportunidad en que la Corte estudió la acción de tutela instaurad a contra una editorial, por la publicación del libro “La comunidad del anillo ”, cuya carátula contiene la imagen del actor, la cual fue usada sin su consentimiento. // Esta Corporación negó el amparo invocado porque la imagen utilizada no necesitaba el consentimiento o autorización de uso por parte del actor, en razón a que estaba disponible en la web y reflejaba el ejercicio de la función pública que desempeñaba, es decir, tenía como escenario la esfera pública del demandante sin que pudiera catalogarse co mo una imagen incriminatoria o como una intromisión en el escenario privado e íntimo del actor. Se pronunció sobre los discursos especialmente protegidos, dentro de los cuales se encuentran los discursos políticos y de interés público, y reiteró que comprende tanto los de contenido electoral como toda expresión relacionada con el gobierno y, con mayor razón, las críticas hacia el Estado y los funcionarios públicos. 19 En la ya citada sentencia C -391 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo Escob ar Gil), la Corte efectuó una detallada presentación de las razones y de los antecedentes que, en el derecho local y comparado, justifican la especial protección constitucional de los discursos políticos y, en

Gil), la Corte efectuó una detallada presentación de las razones y de los antecedentes que, en el derecho local y comparado, justifican la especial protección constitucional de los discursos políticos y, en particular, de los que tienen por objeto la crítica de los poderes y funcionarios públicos. En la sentencia T-218 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo) se sintetizan algunos leading cases en la jurisprudencia comparada.14

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muy especialmente, el derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a estos discursos”20.

Al respecto, también ha indicado que “[e]n principio todo tipo de discursos o expresiones están protegidas por la libertad de expresión con independencia de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten. No obstante, hay cierto tipo de discursos que reciben una protección más reforzada que otros, como lo son el discurso político, el debate sobre asuntos de interés público y la opinión sobre funcionarios y personajes públicos. Los discursos políticos o sobre temas de interés público hacen referencia no sólo a aquellos de contenido electoral sino a todas las expresiones relevantes para el desarrollo de la opinión pública sobre los asuntos que contribuyan a la vida de la Nación, incluyendo las críticas hacia el Estado y los funcionarios públicos”21.

17. En todo caso, la Corte ha aclarado que si bien la especial

el desarrollo de la opinión pública sobre los asuntos que contribuyan a la vida de la Nación, incluyendo las críticas hacia el Estado y los funcionarios públicos”21.

17. En todo caso, la Corte ha aclarado que si bien la especial importancia y potencial riesgo de amenaza que recae sobre los discursos que tienen por objeto la crítica de los funcionarios públicos, ha llevado a considerar que, en principio, cualquier intento de restricción, previa o posterior, de estas modalidades de expresión constituye censura, ello no implica que la libertad de expresión esté desprovista de limitaciones en ese campo, sino que “se traduce en la reducción del marg en del que disponen las autoridades para establecer límites a este tipo de discursos y en la imposición de cargas argumentativas y probatorias reforzadas para efectos de justificar eventuales restricciones”22. […]

21. En definitiva, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y los aspectos que le son inherentes, en ciertas situaciones puede dar lugar a tensiones con otras prerrogativas ius fundamentales, por ejemplo, el buen nombre, la honra o la privacidad, circunstancias en las

20 Sentencia T-904 de 2013. La Corte estudió la acción de tutela instaurada por una ciudadana que se desempeñaba como Contralora General de la República, contra un medio de comunicación que divulgó un video en el que se registraba la imagen de sus hijos menores mientras jugaban fútbol en la vivienda, así como la imagen de uno de los escoltas y las placas del vehículo en el que se movilizaba, esto, con ocasión de una querella por el ruido que se producía en el hogar de la accionante. Esta Corporación

así como la imagen de uno de los escoltas y las placas del vehículo en el que se movilizaba, esto, con ocasión de una querella por el ruido que se producía en el hogar de la accionante. Esta Corporación concedió la protección del derecho a la intimidad de los menores, pero no accedió a las pretensiones relacionadas con la información de la querella. 21 Sentencia T-155 de 2019. Este Tribunal revisó la acción de tutela instaurada por un ciudadanoservidor público y subgerente de un hospital - por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad, debido a una publicación en la red social Facebook donde se indicaba que él pertenecía a un cartel de la corrupción. // La Corte resolvió negar el amparo invocado, al considerar que “no se violan los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra o a la intimidad de un servidor público cuando una persona, en ejercicio de su libertad de expresión y de su derecho a ejercer control al poder político, lo cuestiona y relaciona con la comisión de actuaciones contrarias a la ley, si sus afirmaciones representan una opinión (que expresa, por ejemplo, una manifestación de protesta, indignación o inconformidad con determinada situación de interés público) y no u na supuesta información (una acusación concreta sobre una persona determinada)”. 22 Ibídem.15

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cuales, prima facie, no puede pregonarse una prevalencia de un derecho sobre otro, pues en cada caso deberá la autoridad competente analizar los diferentes factores que median en la discusión . Al respecto, piénsese en los fines perseguidos y en la esencia misma de la reserva que se imprime a ciertas actuaciones judiciales que escapan al dominio colectivo. Por otro lado, se encuentran los llamados “discursos especialmente protegidos” en los cuales la privacidad y otros derechos de personalidades públicas deben ceder a c osta del interés que la comunidad pueda tener legítimamente sobre algunas de sus actuaciones. […] (Negrillas pertenecen al texto).

De lo anterior se colige que, todo el ejercicio comunicativo est á amparado por la libertad de expresión, sin embargo, ciertos discursos públicos cuentan con una protección constitucional especial dada su relevancia, por lo que la información que se emite en el marco del interés general debe ser verificada bajo dos aspectos: (i) la calidad de la persona que lo emite, es decir, q uien por razón de su cargo, actividad o desempeño en la sociedad se convierte en una figura pública; (ii) el contenido de la información, la cual se refiere a que ciertas manifestaciones son merecedoras de especial atención, como los discursos políticos que comprenden toda expresión política relacionada con el gobierno, críticas hacia el Estado y a los funcionarios públicos, los debates sobre asuntos de interés público y,

ciertas manifestaciones son merecedoras de especial atención, como los discursos políticos que comprenden toda expresión política relacionada con el gobierno, críticas hacia el Estado y a los funcionarios públicos, los debates s