CE - 110010315000202300043011SENTENCIA20230622075339

Radicación: 11001 03 15 000 2023 00043 01

Accionante: Natalia María Oviedo Meriño y otros

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 00043 01

Accionantes: NATALIA MARÍA OVIEDO MERIÑO Y OTROS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA TERCERA

DE DECISIÓN

Tesis: No incurre en violación de derechos fundamentales la sentencia que declara probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa en aplicación de precedente establecido con posterioridad a la interposición de la demanda ordinaria.

No incurre en violación de los derechos fundamentales el fallo que declara la caducidad del medio de control frente a hechos relacionados con un delito de lesa humanidad si para ello realiza un análisis suficientemente amplio sobre las circunstancias que p udieron impedir el ejercicio oportuno del derecho de acción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo dictado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, el

oportuno del derecho de acción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo dictado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, el 24 de marzo de 2023, que declaró improcedente la tutela de la referencia.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los señores Natalia María Oviedo Meriño, Jessica Paola Oviedo Atencia, Andrea Carolina Solano Oviedo, Irina Paola Oviedo Cardoso, Katia Paola Causado Oviedo, Luis Armando Oviedo Atencia y Madgledis Velilla Oviedo, por intermedio de apoderado, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la “seguridad jurídica” , que estim aron vulnerados con la expedición de la sentencia del 25 de mayo de 2022,Radicación: 11001 03 15 000 2023 00043 01

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dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, que confirmó el fallo del 23 de abril de 2021 del Juzgado 7º Administrativo del Circuito de Sincelejo, que declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa que en su momento ellos promovieron contra la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y Policía Nacional, la

del Circuito de Sincelejo, que declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa que en su momento ellos promovieron contra la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y Policía Nacional, la cual se identificó con el radicado 70001-33-33-007-2018-00217-01.

1.2. Los demandantes relataron que interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y Policía Nacional con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por la muerte del señor Rusbel Manuel Oviedo Barreto, que tuvo lugar en la masacre de Chengue, perpetrada por un comando paramilitar el 17 de enero de 2001 en el municipio de Ovejas (Sucre), hechos que fueron declarados delito de lesa humanidad , y por las amenazas y el desplazamiento forzado que ellos sufrieron con ocasión de ese crimen.

Expusieron que, mediante sentencia del 23 de abril de 2021, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuit o de Sincelejo declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa al considerar que fue un hecho notorio que en el año 2011 el Tribunal Administrativo de Sucre condenó en segunda instancia a la administración por su responsabilidad frente a la referida masacre , por lo que , al menos desde ese momento, los demandantes conocieron la participación del Estado en el daño y tuvieron la posibilidad de interponer la demanda.

Manifestaron que, contra la anterior providencia interpusieron el recurso de apelación, en el que solicitaron que se aplicara el mismo criterio que había empleado el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de

tuvieron la posibilidad de interponer la demanda.

Manifestaron que, contra la anterior providencia interpusieron el recurso de apelación, en el que solicitaron que se aplicara el mismo criterio que había empleado el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión, en: (i) la sentencia del 26 de octubre de 2017, que accedió a las pretensiones de la demanda en un asunto igual1, en el que la demanda fue presentada 14 años después de acaecida la masacre de Chengue, y (ii) el auto del 22 de febrero de 2018, que confirmó la providencia dictada por el Juzgado 2º Administrativo de Sincelejo en la audiencia inicial del 6

1 Bajo la radicación 70001-33-33-004-2014-00232-01.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00043 01

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de septiembre de 2017 , que desestimó la excepción de caducidad con base en el criterio de inoperancia de ese fenómeno en este tipo de casos2.

Dijeron que, s in embargo, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión , mediante sentencia del 25 de mayo de 2022 , confirmó el fallo recurrido , al considerar aplicable al asunto el criterio fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 29 de enero de 2020, en la que se unificó la jurisprudencia

confirmó el fallo recurrido , al considerar aplicable al asunto el criterio fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 29 de enero de 2020, en la que se unificó la jurisprudencia en relación con la caducidad de las demandas originadas en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

1.3. Alegaron que el fallo del 23 de abril de 2021, mediante el cual el Juzgado 7º Administrativo del Circuito de Sincelejo decidió el asunto en primera instancia, incurrió en “quebrantamiento de la dogmática probatoria” al declarar que la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Sucre al Estado por su responsabilidad frente a la perpetración de la masacre de Chengue era un hecho notorio.

Así mismo, argumentaron que el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, al proferir el fallo del 25 de mayo de 2022, incurrió en violación del derecho fundamental a la igualdad, pues no decidió en el mismo sentido en el que lo hizo la Sala Primera de Decisión de esa corporación en la sentencia del 26 de octubre de 2017 y en el auto del 22 de febrero de 2018, invocados en el recurso de alzada.

Arguyeron que el tribunal aplicó con efectos retroactivos el precedente jurisprudencial fijado en la sentencia del 29 de enero de 2020, sin tener en cuenta que para el año 201 8, cuando se interpuso la demanda, la jurisprudencia señalaba que no había lugar a declarar la caducidad en casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

en cuenta que para el año 201 8, cuando se interpuso la demanda, la jurisprudencia señalaba que no había lugar a declarar la caducidad en casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En este orden, señalaron que la sentencia cuestionada desconoció los artículos 1.1, 2, 5, 24, 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos

2 Bajo la radicación 70001-33-33-002-2016-00008-01.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00043 01

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Humanos (CADH), que consagran que, cuando se discuten hechos que constituyen delitos de lesa humanidad, la acción de reparación no caduca.

Además, dijeron que, si la administración de justicia hubiese sido diligente en la decisión del caso, el cual inició el 10 de junio de 2018, este se habría agotado antes de expedirse la sentencia de unificación de enero de 2020.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo explicó que el fallo del 23 de abril de 2021 se basó en los parámetros fijados por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y expuso en extenso los fundamentos de ésta.

por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y expuso en extenso los fundamentos de ésta.

Advirtió que el Consejo de Estado ha señalado que la acción de tutela es improcedente cuando se alega que el juez se ha apartado del precedente relacionado con la contabilización del término de caducidad, pues para esa finalidad debe interponerse el recurso extraordinario de revisión, bajo la causal prevista en el numeral 5 º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esto es, la nulidad originada en la sentencia.

Por último, adujo que la tutela no cumple con el presupuesto de relevancia constitucional porque los demandantes pretenden que el juez de amparo realice el mismo análisis jurídico y fáctico que ya fue abordado por el juez del proceso ordinario, es decir, que solo buscan acceder a una instancia adicional. Además, la insistencia en que se acepte su tesis puede considerarse un abuso del derecho de acción.

2.2. El magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, ponente de la sentencia del 25 de mayo de 2022, explicó que tal decisión se fundamentó en el precedente fijado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, teniendo en cuenta que ésta precisó que el término de caducidad solo s e inaplica cuando seRadicación: 11001 03 15 000 2023 00043 01

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ésta precisó que el término de caducidad solo s e inaplica cuando seRadicación: 11001 03 15 000 2023 00043 01

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presentan circunstancias que materialmente impidan el ejercicio del derecho de acción.

Frente al caso concreto, dijo que la providencia evidenció que algunos de los padres de las personas que integran la parte actora fueron demandantes “dentro del proceso de reparación directa radicado con el # 70001-33-33-004-2014-00232-00 beneficiados con la condena impuesta a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Policía Nacional en Sentencia del 15 de octubre de 2009 por la lamentable muerte violenta del señor Pedro Manuel Barreto Wilches, ocurrida en los mismos hechos del 17 de enero de 2001” 3. Por lo tanto, la Sala concluyó que los aquí demandantes, por conducto de sus padres , tuvieron de tiempo atrás conocimiento sobre la participación del Estado en tales hechos. Además, señaló que, aunque alegaron tener la condición de desplazados, no demostraron haber estado en imposibilidad de interponer la demanda.

Por último, advirtió que la sentencia del 26 de octubre de 2017, proferida por la Sala Primera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, que se invoca como desconocida en esta oportunidad, es anterior a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.

por la Sala Primera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, que se invoca como desconocida en esta oportunidad, es anterior a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.

2.3. La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa manifestó que, al momento de decidir el asunto en segunda instancia, ya se había emitido la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, la cual ya era de obligatorio cumplimiento para e se tribunal, máxime cuando el Consejo de Estado ha señalado que las variaciones jurisprudenciales deben aplicarse de forma general e inmediata.

Sostuvo que en el Estatuto de Roma existen delitos de lesa humanidad que se consideran imprescriptibles, pero que esa premisa no puede ser

3 Aparentemente el tribunal accionado incurre en varios errores en esta aparte de su respuesta, principalmente al citar un número de expediente que no corresponde y al referirse a la demanda promovida por familiares de otra víctima de los mismos hechos. No obstante, del contenido de la sentencia del 25 de mayo de 2022 es claro que el fallo al que se haría referencia es aquel que decidió sobre la demanda promovida por los padres de algunos de los aquí demandantes, quienes reclamaron la responsabilidad del Estado por la muerte de Rusbel Manuel Oviedo Barreto, en el proceso con radicado 70001-23-31-000-2003-00086-00, caso que fue decidido mediante sentencia del 15 de octubre de 2009.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00043 01

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mediante sentencia del 15 de octubre de 2009.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00043 01

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aplicada de forma automática en el ordenamiento jurídico interno, pues ni la Constitución Política ni el Código Penal establecen delitos absolutamente imprescriptibles. Adicionalmente, p recisó que la Corte Constitucional ha manifestado que no todo el contenido del Estatuto de Roma pertenece al bloque de constitucionalidad.

También arguyó que los cargos invocados por la parte actora contra la decisión controvertida equivalen a una tutela contra una sentencia de unificación, la cual sería improcedente.

2.4. El jefe del Área Jurídica de la Secretaría General de la Policía Nacional citó en extenso los fundamentos de la sentencia de mayo 25 de 2022 y dijo que ésta no incurrió en violación de los derechos fundamentales de los demandantes pues se basó en la normativa aplicable a la caducidad del medio de control de reparación directa y en el precedente fijado en la sentencia del 29 de enero de 2020 , y que los demandantes pretenden acceder a una instancia adicional.

Sostuvo que la decisión atacada no incurrió en violación del derecho a la igualdad y que los demandantes no pueden pretender que se les apliquen los efectos de otras decisiones que tienen efectos inter pares.

2.5. La Armada Nacional, así como Daniela Paola Oviedo Meriño, Orlando

igualdad y que los demandantes no pueden pretender que se les apliquen los efectos de otras decisiones que tienen efectos inter pares.

2.5. La Armada Nacional, así como Daniela Paola Oviedo Meriño, Orlando Rafael Causado Oviedo, Kellis Paola Causado Oviedo, Víctor Hugo Solano Oviedo, Maryulis Velilla Oviedo, Yoladis Velilla Oviedo, Lizeth Karina Velilla Oviedo, Juan Felipe Velilla Oviedo, Carlos Alberto Velilla Oviedo, Elkin José Velilla Oviedo e Iván Rene Oviedo Atencia4, guardaron silencio.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. Mediante sentencia del 24 de marzo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C , declaró improcedente el amparo al considerar incumplido el presupuesto de la inmediatez, porque la sentencia

4 También demandantes dentro del previo proceso de reparación directa, vinculad os a este trámite desde el auto admisorio como terceros con interés en las resultas del proceso.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00043 01

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cuestionada se notificó por correo electrónico en junio 24 de 2022 y quedó ejecutoriada el 5 de julio siguiente, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 11 de enero de 2023, esto es, más de seis (6) meses después.

ejecutoriada el 5 de julio siguiente, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 11 de enero de 2023, esto es, más de seis (6) meses después.

Además, advirtió que el asunto carecía de relevancia constitucional porque, si bien los actores alegaron la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, no puntualizaron cuáles elementos del núcleo esencial de cada uno de estos se afectaron por la decisión, como también porque omitieron precisar en cuáles defectos específicos incurrió la providencia que cuestionan.

Al respecto, agregó que, aunque la demanda de reparación tuvo origen en posibles delitos de lesa humanidad, que son asuntos de “potencial trascendencia constitucional”, el presupuesto de la relevancia constitucional exige al juez de amparo efectuar una valoración de los cargos propuestos en la demanda, ejercicio que, en este caso, llevó a la Sala a concluir que la real intención de los actores es que el caso sea decidido nuevamente, no con base en la sentencia de unificación, sino bajo parámetros anteriores.

IV. IMPUGNACIÓN

4.1. La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y sostuvo que los hechos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 de la demanda, los cuales transcribió en su totalidad , contienen la exposición detallada de los argumentos que el fallo del 24 de marzo de 2023 echó de menos.

Agregó que el argumento que el fallo atacado expuso con base en el precedente de unificación del 29 de enero de 2020, esto es, que cuando no

argumentos que el fallo del 24 de marzo de 2023 echó de menos.

Agregó que el argumento que el fallo atacado expuso con base en el precedente de unificación del 29 de enero de 2020, esto es, que cuando no se haya ejercicio el derecho de acción dentro de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia de los hechos, la tardanza podrá justificarse en la existencia de razones materiales que hayan impedido la interposición de la demanda, es violatorio del derecho a la igualdad, pues crea un requisito probatorio que no existía cuando se interpuso la demanda de reparación directa y que, por tanto, para ellos era imposible de cumplir.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00043 01

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En tal sentido, dijeron que, al interponer la demanda , partieron de la premisa de “que la acción era imprescriptible”, y que, de haber conocido con antelación esta regla , h ubieran expuesto y probado los hechos y motivos que les impidieron accionar dentro de los dos (2) años siguientes, como por ejemplo que, al momento de los hechos, varios de los ahora demandantes eran menores de edad.

Agregaron que el nuevo criterio jurisprudencial, que impone la caducidad a acciones derivadas de delitos de lesa humanidad, constituye un aspecto que no fue debatido en la primera instancia del proceso ordinario ni en el recurso de apelación. Por tanto, el tribunal violó las reglas de competencia del juez

acciones derivadas de delitos de lesa humanidad, constituye un aspecto que no fue debatido en la primera instancia del proceso ordinario ni en el recurso de apelación. Por tanto, el tribunal violó las reglas de competencia del juez de segunda instancia, previstas en el artículo 357 del CPC.

Por último, alegaron que la tutela cumple con el presupuesto de la inmediatez porque la sentencia del 25 de mayo de 2022 quedó ejecutoriada el 5 de julio del mismo año, por lo que el plazo de seis (6) meses vencía el 6 de enero de 2023, fecha en la cual los términos estaban suspendidos por vacancia judicial, y éstos reiniciaron el 11 del mismo mes y año, fecha en la que fue presentada la solicitud de amparo.

5. CONSIDERACIONES

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. Los señores Daniela Paola y Natalia María Oviedo Meriño, Orlando Rafael, Kellis Paola y Katia Paola Causado Oviedo, Víctor Hugo y AndreaRadicación: 11001 03 15 000 2023 00043 01

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Rafael, Kellis Paola y Katia Paola Causado Oviedo, Víctor Hugo y AndreaRadicación: 11001 03 15 000 2023 00043 01

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Carolina Solano Oviedo, Madgledis, Maryulis, Yoladis, Lizeth Karina, Juan Felipe, Carlos Alberto y Elkin José Velilla Oviedo, Irina Paola Oviedo Cardozo, Luis Armand o, Jessica Paola e Iván Rene Oviedo Atenc ia interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y Policía Nacional, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por la muerte del señor Rusbel Manuel Oviedo Barreto (tío de todos los anteriores), sucedida durante la masacre de Chengue, perpetrada por un comando paramilitar el 17 de enero de 2001 en el municipio de Ovejas (Sucre), hechos que fueron declarados delito de lesa humanidad , así como por las amenazas y el desplazamiento forzado que sufrieron con ocasión de ese crimen.

5.2.2. E l Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, mediante fallo de abril 23 de 2021, declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa , en aplicación del precedente de unificación fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el fallo del 29 de enero de 2020 y por la Corte Constitucional

de control de reparación directa , en aplicación del precedente de unificación fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el fallo del 29 de enero de 2020 y por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU -312 de 2020 respecto del cómputo de la caducidad en los casos en los que se alegan delitos de lesa humanidad.

5.2.3. Los actores apelaron la anterior providencia y, mediante sentencia del 25 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, la confirmó, al considerar que no existían situaciones que justificaran la tardanza en la presentación del medio de control.

5.2.4. Los señores Natalia María Oviedo Meriño, Jessica Paola y Luis Armando Oviedo Atencia, Andrea Carolina Solano Oviedo, Irina Paola Oviedo Cardoso, Katia Paola Causado Oviedo y Madgledis Velilla Oviedo presentaron acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos fundamentales por la anterior decisión.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELARadicación: 11001 03 15 000 2023 00043 01

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5.3.1.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige

5.3.1.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar qu e este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

En ese orden, la Sala analizará si se cumplen los requisitos generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela iniciada por los actores contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, con ocasión de la sentencia del 25 de mayo de 2022, que confirmó la decisión de declarar la caducidad de la acción respecto de la demanda de reparación directa promovida contra la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y Policía Nacional, la cual se identificó con el radicado 70001-33-33-007-2018-00217-01.

5.3.1.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional en controversias relacionadas con delitos de lesa humanidad

La sentencia impugnada declaró no cumplido el requisito de relevancia constitucional, bajo el argumento de que los actores no puntualizaron cuáles elementos del núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados resultaron afectados por la decisión judicial controvertida, y porque omitieron precisar en cuáles defectos específicos incurrió la providencia que cuestionan. En su impugnación, la parte actora alegó que

invocados resultaron afectados por la decisión judicial controvertida, y porque omitieron precisar en cuáles defectos específicos incurrió la providencia que cuestionan. En su impugnación, la parte actora alegó que en la demanda habían quedado suficientemente expuestos los fundamentos de la alegada vulneración de los derechos fundamentales.

En este punto, es importante recordar que en el proceso ordinario la parte actora reclamó la responsabilidad del Estado, derivada de la muerte del señor Rusbel Manuel Oviedo Barreto, la cual tuvo lugar en la masacre de Chengue, perpetrada por un comando paramilitar el 17 de enero de 2001Radicación: 11001 03 15 000 2023 00043 01

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en el municipio de Ovejas, y por las amenazas y el desplazamiento forzado que posteriormente sufrieron con ocasión de ese crimen; es decir, como consecuencia de un delito de lesa humanidad, pese a lo cual la autoridad judicial accionada declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa, con fundamento en el precedente fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera importante traer a colación el concepto de delito de lesa humanidad, precisado en forma reiterada por la Corte Suprema de Justicia5, así:

de unificación del 29 de enero de 2020.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera importante traer a colación el concepto de delito de lesa humanidad, precisado en forma reiterada por la Corte Suprema de Justicia5, así:

“Cuando nos referimos a los crímenes de lesa humanidad, hablamos de infracciones graves al derecho internacional de los derechos humanos, que ofenden la conciencia ética de la humanidad y niegan la vigencia de las normas indispensables para la coexistencia humana. En ese sentido, el efecto del delito de lesa humanidad tiene dos dimensiones: por un lado inflige un daño directo a un grupo de personas o a un colectivo con características étnicas, religiosas o políticas y, por otro lado, causa un daño por la vía de la representación a toda la humanidad. En la segunda dimensión, la naturaleza del acto lesivo es de tal magnitud, que la humanidad se hace una representación del daño, evocando el dolor y el sufrimiento que provocaron dicho tipo de ac tos a otros seres humanos, presumiéndose que esos hechos socavan la dignidad misma de los individuos por la sola circunstancia de ejecutarse a pesar de que no estén involucrados directamente los nacionales de otros países . Así entonces, el daño que produce el delito de lesa humanidad se traslada, por representación, a toda la comunidad internacional, constituyéndose en el límite de lo soportable para la humanidad y el ser humano”. (Subrayas de la Sala).

De conformidad con lo anterior, se puede advertir que, cuando nos encontramos frente a la posible comisión de delitos de lesa humanidad y sus graves consecuencias, existe una relación directa con la vulneración

ser humano”. (Subrayas de la Sala).

De conformidad con lo anterior, se puede advertir que, cuando nos encontramos frente a la posible comisión de delitos de lesa humanidad y sus graves consecuencias, existe una relación directa con la vulneración de las garantías constitucionales representadas en los derechos fundamentales a la vida y dignidad humana.

5 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Auto de 21 de septiembre de 2009, expediente 32022.

Igualmente véase: sentencia de 3 de diciembre de 2009, expediente 32672 caso Salvador Arana; auto de 13 de mayo de 2010, expediente 33118 caso Masacre de Segovia y auto de 16 de diciembre de 2010, expediente 33039.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00043 01

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Así, es claro para la Sala que los eventos en los que se alegue la posible violación de derechos fundamentales derivada de providencias judiciales que decidieron procesos sobre hechos eventualmente constitutivos de delitos de lesa humanidad, como ocurre en el presente caso con la muerte del señor Rusbel Manuel Oviedo Barreto y las amenazas y desplazamiento forzado de los que los actores habrían sido víctimas como consecuencia de una masacre perpetrada por un grupo paramilitar , tales situaciones merecen un análisis detallado por parte de los jueces constitucionales, pues es evidente su relevancia constitucional, al tratarse de hechos

de una masacre perpetrada por un grupo paramilitar , tales situaciones merecen un análisis detallado por parte de los jueces constitucionales, pues es evidente su relevancia constitucional, al tratarse de hechos relacionados con el conflicto armado que por años ha padecido nuestro país, en el que han resultado afectados civiles en estado de indefensión.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el presente caso , aparece cumplido el requisito de la relevancia constitucional, en tanto que lo que se debate es la posible responsabilidad del Estado como consecuencia de la ocurrencia de hechos graves, posiblemente constitutivos de delitos de lesa humanidad , evento que sin duda podría comprometer derechos