CE - 110010315000202300051011SENTENCIA20230629164014

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00051-01

Demandante: Servidores Judiciales del Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Bucaramanga

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00051-01

Demandante: SERVIDORES JUDICIALES DEL JUZGADO VEINTISÉIS

CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CONSEJO

SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER ,

COMISIÓN INTERINSTIT UCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL

Y MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Temas: Tutela contra autoridades administrativas. Acto administrativo que dispuso traslado de un despacho judicial y su planta de personal .

Requisito objetivo de la subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sec ción Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por los señores Ana Isabel Bonilla Castro y Marco Antonio Gualdrón

Requisito objetivo de la subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sec ción Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por los señores Ana Isabel Bonilla Castro y Marco Antonio Gualdrón Carreño, quienes actúan en nombre propio , contra la sentencia de 27 de febrero de 2023, dictada por la Sección Tercera, Subsección “ B” del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes señalaron que son servidores judiciales del Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Bucaramanga el cual se integra por seis funcionarios que residen en los municipios de Girón, Floridablanca y Bucaramanga.

Indicaron que mediante el artículo 52 del Acuerdo PCSJA22 -12028 de 19 de diciembre de 2022, expedido por el Consejo Super ior de la Judicatura, se dispuso el traslado permanente junto con su planta de personal a partir del 11 de enero de 2023, al municipio de Piedecuesta con la denominación Juzgado Cuarto Civil Municipal de Piedecuesta.

2. Fundamentos de la acción

Los señores Doris Angélica Parada Sierra, Ana Isabel Bonilla Castro, Ludy Stella Sánchez Díaz, Marco Antonio Gualdrón Carreño, Yuri Natalia Dávila Núñez y Diana Catalina González Ortiz presentaron acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Con sejo Seccional de la Judicatura de Santander, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y el Ministerio de Hacienda y

Diana Catalina González Ortiz presentaron acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Con sejo Seccional de la Judicatura de Santander, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en defensa de los derechos fundamentales al mérito, “libre elección de sede” , vivienda, mínimo vital y unión familiar, los cuales consider aronRadicado: 11001-03-15-000-2023-00051-01

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2 vulnerados con la decisión de trasladar el Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Bucaramanga al municipio de Piedecuesta, Santander.

Adujeron que la decisión proferida en el artículo 52 del Acuerdo PCSJA22-12028 de 19 de diciembre de 2022, en el sentido de trasladar el precitado Juzgado y toda su planta de personal al municipio de Piedecuesta, no tiene un sustento claro basado en estadísticas, por lo que la misma se torna caprichosa y arbitraria.

Además, señalaron que aunq ue tiene en cuenta las necesidades en torno al servicio de justicia en el municipio de Piedecuesta, desconoce aquellas que sirvieron de sustento al crear los Juzgados 20 a 29 Civiles Municipales de Bucaramanga y que han permitido la disminución en el repar to y, por lo tanto, en la carga laboral , así como tampoco se revisó la afectación de los usuarios que

sirvieron de sustento al crear los Juzgados 20 a 29 Civiles Municipales de Bucaramanga y que han permitido la disminución en el repar to y, por lo tanto, en la carga laboral , así como tampoco se revisó la afectación de los usuarios que tienen procesos judiciales en curso pues se deberán postergar audiencias y , en general, el impulso de los mismos para cumplir con las exigencias del citad o acuerdo.

De igual modo , señalaron la forma como esa decisión afecta a cada uno de los accionantes, en los siguientes términos:

• Doris Angélica Parada Sierra : adujo que es la titular del despacho judicial y que el nombramiento en ese cargo le implicó un traslado de residencia, junto con su hija, toda vez que vivía en Tunj a, por lo que se vio obligada a alejarse de su familia , a lo que agregó que luego de haber logrado una estabilidad emocional, adquirió una vivienda en Bucaramanga.

Señaló que el traslad o a Piedecuesta rompe la unidad familiar pues ya no va a poder realizar con su hija las actividades que acostumbraba a hacer, tales como acompañarla al colegio y almorzar con ella, a lo que agregó que deberá contratar una persona para que lo haga.

Señaló que su vida digna se afecta dado que sus horas de descanso se reducen porque el tráfico entre el municipio de Piedecuesta y Bucaramanga es muy alto y, además, indicó, que se aumentan los costos de vida porque debe asumir gastos de traslado . S obre es te último particular informó sus ingresos y gastos e indicó que le queda n libres $329.195, lo que es

es muy alto y, además, indicó, que se aumentan los costos de vida porque debe asumir gastos de traslado . S obre es te último particular informó sus ingresos y gastos e indicó que le queda n libres $329.195, lo que es insuficiente para asumir los gastos que implica el transporte.

• Ana Isabel Bonilla Castro : manifestó que es la secretaria del Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Piedecuesta . I ndicó que tiene a su cargo el cuidado de sus padres -es hija única -, quienes son adultos mayores y padecen varias enfermedades de alto riesgo , por lo que la cercanía a su casa le permite estar atenta a cualquier emergencia y una vez final izada la jornada laboral llegar temprano para encargarse de las tareas del hogar .

Afirmó que en taxi el traslado dura 5 a 10 minutos entre su residencia y el trabajo. Adicionalmente, señaló que se aumentan los gastos de traslado pues actualmente los costos son de $268.400, pero estos se incrementarán a $1.113.200 cuando deba movilizarse a Piedecuesta , teniendo en cuenta que el servicio de taxi cuesta $50.600 ida y regreso.

• Ludy Stella Sánchez Díaz : afirmó que ocupa el cargo de oficial mayor e indicó que lu ego de haber superado el concurso de méritos eligió como sede la ciudad de Bucaramanga. Manifestó que vive en Girón y que el traslado a Piedecuesta presenta muchas dificultades porque solo hay una ruta que pasa muy lejos de su casa, lo que implica tener qu e abordar dosRadicado: 11001-03-15-000-2023-00051-01

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ruta que pasa muy lejos de su casa, lo que implica tener qu e abordar dosRadicado: 11001-03-15-000-2023-00051-01

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3 transportes y eso impacta en su vida porque presenta enfermedades de salud mental, entre otras , una denominada agorafobia que se pueden ver intensificadas por el aumento del tiempo en el transporte, pues actualmente tarda 15 minutos, el cual aumentaría de 40 a 90 minutos.

De igual forma, señaló que ese tiempo “la priva” de pasar tiempo con su familia y su tía abuela que tiene 91 años de edad , quien está bajo su cuidado.

Asimismo, señaló que por sus patologías debe estar en controles médicos permanentes con los médicos tratantes que se encuentran en Bucaramanga.

También, aseguró que el aumento de los costos de traslado afecta su mínimo vital , lo cual evidenció a través de un listado de sus gastos mensuales.

• Marco Antonio Gualdrón Carreño : afirmó que ocupa el cargo de escribiente y que residía en la ciudad de Cartagena, en condiciones de pobreza extrema en medio de las cuales logró alcanzar el título profesional de abogado. Afirmó que este es su primer empleo y acceder a l mismo le implicó ca mbiar su residencia a la ciudad de Bucaramanga junto a su mascota, que además sirve de apoyo emocional porque permite el manejo

de abogado. Afirmó que este es su primer empleo y acceder a l mismo le implicó ca mbiar su residencia a la ciudad de Bucaramanga junto a su mascota, que además sirve de apoyo emocional porque permite el manejo de la ansiedad, la cual está bajo su cuidad o, lo cual se desmejoraría por el traslado de Bucaramanga a Piedecuesta. Además, se refirió al aumento de los costos de traslado y que ello afecta su mínimo vital porque durante la pandemia adquirió muchas obligaciones crediticias.

También advirtió que se vulnera su derecho a la vivienda digna y al descanso.

• Yuri Natalia Dávila Núñez : indicó que desempeña el cargo de escribiente en propiedad desde el mes de septiembre del año 2022, y que su nombramiento fue producto del concurso de méritos de empleados de la Rama Judicial, en virtud del cual eligió como sede la ciudad de Bucaramanga por r azones físicas, emocionales y familiares pues ya le habían ofrecido la posibilidad de laborar en el municipio de Piedecuesta y de Floridablanca que es en donde reside y las rechazó, esperando que resultara una plaza en Bucaramanga.

Afirmó que la decisión de traslado del Juzgado impacta las condiciones de vida de su núcleo familiar compuesto por su padre de 58 y su madre de 53 años, quien padece diabetes tipo II que la obliga a permanecer bajo el cuidado de un tercero, lo cual maneja con tranquilidad despla zándose desde Bucaramanga en tanto no tarda más de una hora y con el traslado se aumentaría una hora más.

Del mismo modo, se refirió a sus condiciones médicas, por lo que afirmó

desde Bucaramanga en tanto no tarda más de una hora y con el traslado se aumentaría una hora más.

Del mismo modo, se refirió a sus condiciones médicas, por lo que afirmó que hace poco fue sometida a una cirugía en la vesícula por una patología pancreatitis aguda y crisis hepática y que ahora debe mantener una dieta estricta de alimentación , razón por la cual debe preparar los alimentos en casa y cumplir con ocho horas de sueño, lo que afirmó, se afecta con el aumento en horas del traslado desde su casa a Piedecuesta.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00051-01

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4 Indicó que enterarse de la decisión del traslado de sede de trabajo le ha producido crisis nerviosa y de ansiedad por la afectación a sus condiciones de vida y al impacto en su economía por el aumento de los gastos de transporte. • Diana Catalina González Ortiz : afirmó que fue nombrada en el cargo de citadora en el Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Bogotá en virtud del concurso de méritos que superó, eligiendo como sede la ciudad de Bucaramanga, porque es en donde ha vivido toda s u vida y porque es el lugar en donde decidió establecer su residencia junto a su esposo con quien además comparte el transporte pues labora muy cerca.

Adujo que su cónyuge padece varias patologías cardiacas que la obligan a

lugar en donde decidió establecer su residencia junto a su esposo con quien además comparte el transporte pues labora muy cerca.

Adujo que su cónyuge padece varias patologías cardiacas que la obligan a estar cerca de él para reaccionar en caso de emergencia, lo cual no podría garantizar si la trasladan a Piedecuesta. Agregó que el traslado afecta sus finanzas y su derecho al descanso.

En ese orden, señalaron que se cumple el presupuesto de la subsidiariedad, porque aunque tienen a s u disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir dicho acto administrativo, no es el mecanismo idóneo para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable que se deriva del reagendamiento de 1.160 despachos co misorios provenientes de la Inspección de Policía Urbana No . 1 a los restantes veintinueve despachos y cuando se torne una decisión definitiva los mismos ya estarán resueltos causando un grave perjuicio, pues no se podría eliminar el trabajo realizado.

En relación con lo anterior, en un escrito posterior afirmaron que presentaron los recursos administrativos contra el Acuerdo PCSJA22 -11981 del 3 de agosto de 2022, los cuales fueron declarados improcedentes por medio de la Resolución PCSJSR23-022 del 16 de febrero de 2023 por tratarse de un acto administrativo de carácter general y abstracto.

Por último, en escrito separado, pusieron de presente que por Oficio CSJSAO2336 de 20 de enero de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander propuso, pa ra superar dicha problemática en el municipio de Piedecuesta, la

Por último, en escrito separado, pusieron de presente que por Oficio CSJSAO2336 de 20 de enero de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander propuso, pa ra superar dicha problemática en el municipio de Piedecuesta, la transformación de los Juzgado s de Ejecución Civil Municipal de Bucaramanga y resaltó la necesidad de mantener los Juzgados 26, 27, 28 y 29 en Bucaramanga, sin embargo, adujeron que esa circunstancia fue desconocida.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“Principales

1. Se nos otorgue tutela a nuestros derechos fundamentales al mérito, libre elección de sede, la vivienda, al mínimo vital, a la unión familiar, todos en condiciones de dignidad y justicia como de trato equitativo con nuestros homólogos (juzgados 1 a 25 civiles municipales de Bucaramanga).

2. Se disponga en consecuencia, la revocatoria del art ículo 52 del Acuerdo PCSJA2212028 de 19 de diciembre de 2022, “por el cual se crean cargos permanentes en algunos tribunales y juzgados de la jurisdicción ordinaria en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones” en cuanto a trasladar con carácter permanente a partir del 11 de enero de 2013 al Juzgado 26 Civil Municipal de Bucaramanga.

SubsidiariasRadicado: 11001-03-15-000-2023-00051-01

Demandante: Servidores Judiciales del Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Bucaramanga

SubsidiariasRadicado: 11001-03-15-000-2023-00051-01

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1. Se disponga la suspensión transitoria del artículo señalado. A fin que se determine bajo parámetros justificados por parte del Consejo el motivo de la trasformación judicial. y se explique la razón por la que ya no se requiere del funcionamiento de los juzgados 26 a 29 civiles municipales de Bucaramanga.

2. O se realice el traslado con car ácter permanente sin consideración al orden de la nomenclatura sino por rendimiento estadístico comparativo con los demás despachos judiciales por mayor o menor rendimiento. O por el tiempo de posesión en los cargos de modo que no se afecte la estabilidad alcanzada a la fecha”.

Del mismo, en escrito separado, pidieron que se decretara una medida provisional en los siguientes términos:

“En consecuencia, solicitamos que de forma provisional y hasta tanto se resuelva de fondo la presente acción, en aplicación de las garantías constitucionales, se suspendan los efectos del artículo 52 del Acuerdo PCSJA22 -12028 de 19 d e diciembre de 2022, “Por el cual se crean cargos permanentes en alguno s tribunales y juzgados de la Jurisdicción Ordinaria en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones” en cuanto a trasladar con carácter permanente a partir del 11 de enero de 2013 al juzgado 26 civil municipal de Bucaramanga.

Jurisdicción Ordinaria en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones” en cuanto a trasladar con carácter permanente a partir del 11 de enero de 2013 al juzgado 26 civil municipal de Bucaramanga.

Como consecuencia de lo anterior solicitamos se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL y MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, a mantener el Juzgado 26 Civil Municipal de Bucaramanga, en Funcionamiento hasta tanto exista pronunciamiento de fondo frente a la precitada acción; toda vez que debido a la remisión por competencia de la acción ante su honor ables despachos, los efectos del mencionado acuerdo comenzaron a correr desde hoy 11 de enero del 2023; causando perjuicios irremediables y vulneraciones claras a los derechos incoados, por ende esta petición obedece a un carácter urgente.

En igual sentid o al ser una suspensión provisional y únicamente del artículo 52 del Acuerdo PCSJA22-12028 de 19 de diciembre de 2022, que es el que afecta de forma directa nuestros derechos, es una medida razonable, sensata y necesaria para el curso de la acción constitu cional y con ello proteger los derechos fundamentales al mérito, libre elección de sede, la vivienda, al mínimo vital, a la unión familiar, todos en condiciones de dignidad y justicia como de trato equitativo con nuestros homólogos, para los Servidores judiciales Juzgado 26 Civil Municipal de Bucaramanga”.

4. Pruebas relevantes

Obran como tales los siguientes documentos:

condiciones de dignidad y justicia como de trato equitativo con nuestros homólogos, para los Servidores judiciales Juzgado 26 Civil Municipal de Bucaramanga”.

4. Pruebas relevantes

Obran como tales los siguientes documentos:

• Acuerdo PCSJA22 -12028 de 19 de diciembre de 2022 , expedido por el

Consejo Superior de la Judicatura.

• Copias de desprendibles de nómina, historias clínicas, documentos de identificación de los accionantes y sus familiares, extractos sobre obligaciones bancarias, impresi ón de pantalla de aplicaciones de servicio de taxi.

5. Trámite procesal

5.1. Por auto de 26 de diciembre de 2022 , proferido por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga remitió el expediente al Consejo de Estado en virtud de las reglas de reparto fijadas en el Decreto 333 de 2021, teniendo en cuenta que la demanda se dirige contra el Consejo Superior de la Judicatura.

5.2. Por auto de 16 de enero de 202 3, la Sección Tercera, Subsección “ B” del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parteRadicado: 11001-03-15-000-2023-00051-01

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6 demandante y a las autoridades demandadas.

6. Oposición

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6 demandante y a las autoridades demandadas.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura

La directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico pidió que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela , en tanto no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la parte actora, a lo que agregó que no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad porque disponen de otro mecanismo de defensa judicial ordinario para controvertir el Acuerdo PCSJA22-12028 de 2022.

Manifestó que tiene la competencia para expedir el precitado acto administr ativo, mediante el cual se disp uso el traslado del Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Bucaramanga, junto con su planta de personal , con fundamento en el artículo 257 de la Constitución Política y 85 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y teniendo en cuenta el estudio técnico realizado, la cual cuenta con concepto favorable de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

Explicó que la medida de traslado de los Juzgados 26 y 27 Civiles Municipales de Bucaramanga a Piedecuesta, con t oda su planta de personal , se encuentra justificada en la necesidad de fortalecer la oferta judicial en e ste último municipio teniendo en cuenta que se encuentra dentro de los veinticinco municipios del país que tiene mayor promedio de ingresos mensuales d e procesos “es decir es de los municipios donde se presentan mayores problemas para gozar una convivencia pacífica en la especialidad civil”.

teniendo en cuenta que se encuentra dentro de los veinticinco municipios del país que tiene mayor promedio de ingresos mensuales d e procesos “es decir es de los municipios donde se presentan mayores problemas para gozar una convivencia pacífica en la especialidad civil”.

En ese sentido, afirmó que el promedio total de inventario final de procesos judiciales en el municipio de Piede cuesta es de 1.713 y que existen tres juzgados civiles municipales. Así, en el caso de los Juzgados objeto de la medida de traslado indicó que “en promedio cada despacho contaba con un inventario inicial de 600 procesos. En el periodo [bajo] estudio ingresaron 63 procesos al mes, se evacuaron 49 procesos al mes y se finalizó el periodo con un inventario final de 537 procesos, cifras que evidencian que los juzgados civiles municipales de Bucaramanga tienen un promedio mensual de ingresos efectivos 15% menor a sus homólogos a nivel nacional, un promedio mensual de egresos efectivos 7% menor al promedio nacional y un promedio de inventario final 14% menor al promedio nacional”, con lo que se evidenció que se encontraban por debajo del promedio nacional lo que fortalece la necesidad de redistribuir los procesos.

Puso de presente que con los veinticinco juzgados civiles municipales que continúan funcionando en Bucaramanga se garantiza la eficiente prestación del servicio y permite distribuir las cargas laborales en los municipios.

Por último, sobre los traslados desde Bucaramanga y Piedecuesta, señaló que es de 18.4 kilómetros que en tiempo representa 29 minutos.

6.2. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander

Por último, sobre los traslados desde Bucaramanga y Piedecuesta, señaló que es de 18.4 kilómetros que en tiempo representa 29 minutos.

6.2. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander

El Presidente de la Corporación alegó falta de legitimación en la causa por pasiva , por lo que solicitó que se desvinculara del trámite constitucional. Al respecto , señaló que no tuvo injerencia en la causa de la vulneración ius fundamental alegada por la parte actora, pues el acto a dministrativo cuestionado fue expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00051-01

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7 Con todo, se ñaló que la decisión administrativa cuestionada no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora . En ese sentido, explicó que los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón hacen parte del área metropolitana creada por medio de la ordenanza No . 020 de 15 de diciembre de 1981 conforme con lo establecido en la Ley 1625 de 2013 -Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas - y que por ordenanza No 048 de 1984 se integró al municipio de Piedecuesta, lo que implica unidad de servicios públicos y un transporte masivo multimodal unificado entre estos municipios aledaños y su traslado entre uno y otro no implica mucho tiempo.

municipio de Piedecuesta, lo que implica unidad de servicios públicos y un transporte masivo multimodal unificado entre estos municipios aledaños y su traslado entre uno y otro no implica mucho tiempo.

Finalmente, adujo que no s e cumple el presupuesto de la subsidiariedad porque los accionantes cuentan con otro mecanismo de defensa judicial y no se demostró la amenaza de un perjuicio irremediable.

6.3. Respuesta de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial

El Presiden te de la Comisión pidió que se declare improcedente la acción de tutela, al considerar que se desconoció el presupuesto de la subsidiariedad porque la parte actora tiene a su disposición otros mecanismos de defensa judicial ordinarios para controvertir el Acuerdo PCSJA22 -12028 de 19 de diciembre de 2022, como es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Además, porque existe falta de legitimación en la causa por pasiva.

Al respecto, controvirtió que señalaran que dicho mecanismo no es idóneo para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en tanto no lo demostraron de manera suficiente, pues lo expuesto al respecto evidencia circunstancias que son insuficientes para tal efecto.

De igual forma, alegó la falta de legitimación en la causa por activa en tanto de conformidad con el artículo 96 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 , la Comisión Interinstitucional “sirve de mecanismo de información recíproca entre las corporaciones judiciales y de foro para la discusión de los asuntos que interesen a la administración de justicia”, por lo que no tiene injerencia en las pretensiones de la demanda.

corporaciones judiciales y de foro para la discusión de los asuntos que interesen a la administración de justicia”, por lo que no tiene injerencia en las pretensiones de la demanda.

6.4. Respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Por intermedio de apoderada judicial pidió que se desvincule a la cartera ministerial del trámite de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no tiene competencia para atender las pretensiones de la demanda, pues las mismas son parte de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura de conformid ad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

6.5. Respuesta de la Corte Suprema de Justicia

El Presidente de la Corporación , actuando además como miembro de la Comisión Interinstitucional de la Rama Jud icial, precisó que no t iene facultades para emitir un pronunciamiento frente a los hechos y las pretensiones de la acción de tutela en tanto le corresponde al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura por tener la representación de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, por lo que le remitió la solicitud.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00051-01

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7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado por sentencia de 27 de

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7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado por sentencia de 27 de febrero de 202 3, declaró improceden te la acción de tutela por no cum plir el requisito de subsidiariedad, porque, a su juicio, los accionantes cuentan con otros mecanismos de defensa judicial ordinarios, como es el medio de control de nulidad simple o el de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir el Acuerdo PCSJA22-12028 de 19 de diciembre de 2022 , en lo pertinente a lo decidido en el artículo 52 que expresa lo siguiente:

“ARTÍCULO 52°. Traslado de unos juzgados civiles municipales. Trasladar, con carácter permanente, a partir del once (11) de enero de 2023, los siguientes juzgados:

a. Los juzgados 026 y 027 civiles municipales de Bucaramanga, distrito judicial de Bucaramanga, con toda su planta de personal, a Piedecuesta, mismo distrito judicial, los cuales se denominarán juzgados 004 y 005 civiles muni cipales de Piedecuesta, respectivamente.

b. Los juzgados 028 y 029 Civil Municipal de Bucaramanga, del Distrito Judicial de Bucaramanga, con toda su planta de personal, a Girón, mismo distrito judicial, los cuales se denominarán juzgados 004 y 005 Civil Municipal de Girón, respectivamente”.

Al respecto, precisó que en el trámite de los procesos judiciales está prevista la posibilidad de decretar medidas cautelares como la suspensión provisional del acto administrativo demandado en el evento que se cumpla n los criterios

Al respecto, precisó que en el trámite de los procesos judiciales está prevista la posibilidad de decretar medidas cautelares como la suspensión provisional del acto administrativo demandado en el evento que se cumpla n los criterios establecidos en el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011.

Se refirió a lo establecido en la sentencia T-468 de 2002, para señalar que en ese caso la Corte Constitucional señaló que de manera excepcional procede la acción de tutela para revocar una orden de traslado. Sin embargo, estableció que esto se habilita siempre que el respectivo acto administrativo sea ostensiblemente arbitrario, lo que en el caso bajo estudio no se acreditó “ habida cuenta que, de las pruebas e informes allegados al ex pediente, se evidenció que el acto se fundó en el concepto favorable de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y el análisis y estudio de diferentes factores (oferta, demanda, optimización, costos, recursos, etc.)”.

De igual forma, en relación con el pe rjuicio irremediable alegad o por la parte actora, señaló que las pruebas que se aportaron para acreditarlo no demuestran la amenaza de ocurrencia del mismo, teniendo en cuenta que la medida de traslado no se ha materializado en tanto se encuentra condicionada a la disponibilidad presupuestal, lo que no ha ocurrido.

Finalmente, adujo que en todo caso la acción de tutela no es procedente cuando se trate de actos administrativos de contenido general y abstracto.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la señora

se trate de actos administrativos de contenido general y abstr