CE - 110010315000202300052011SENTENCIA20230508082544

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C. cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-00052-01

Demandante: Alexander Pérez Pinzón Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial dictada en m edio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia del 20 de febrero de 2023 , mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir a cabalidad con el requisito general de relevancia constitucional respecto del defecto fáctico y negó las pretensiones propuestas por el señor Alexander Perea Pinzón, en lo rela cionado con el desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política.

HECHOS RELEVANTES

a) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00052 01

Demandante: Alexander Pérez Pinzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Alexander Pérez Pinzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El 18 de septiembre de 2014, mediante Acuerdo PSAA-10228, el Consejo Superior de la Judicatura adelantó concurso de méritos para la conformación de registros de elegibles para la provisión de cargos de empleados de carrera en las Altas Cortes dentro del cual se ofertó, entre otros, el empleo de abogado de corpora ción nacional y/o equivalente grado 21.

El señor Alexander Pérez Pinzón participó y aprobó el concurso de méritos y con Resolución PCSJR17 -141 de 27 de septiembre de 2014 se conformó la lista de elegibles, en la que quedó ubicado en la posición 35 ; sin embargo, al momento de ofertar la opción de sede para el empleo de abogado de corporación nacional grado 21 no se publicó la posibilidad de postularse para el empleo equivalente de ese cargo, esto es, el empleo de profesional universitario y/o equivalentes Grado 21 en aplicación del artículo 1.º del Decreto 1746 de 2006, ya que si bien este último no fue ofertado en la convocatoria para el cual ellos aplicaron, en la práctica tienen las mismas funciones, exige los mismos requisitos de estudio y experiencia y devengan la misma asignación salarial.

En atención a la cantidad de vacantes ofertadas en la Rama Judicial no alcanzó a ser nombrado, por lo cual el 16 de septiembre de 2018 , presentó una petición ante el Consejo Superior de la Judicatura para que, en aplicación del artículo 1.° del Decreto 1746 de 2006, compilado en el Decreto 1083 de 2015, se aplicara la equivalencia del

Consejo Superior de la Judicatura para que, en aplicación del artículo 1.° del Decreto 1746 de 2006, compilado en el Decreto 1083 de 2015, se aplicara la equivalencia del cargo de abogado de corporación nacional grado 21 con el de profesional universitario grado 21, solicitud que fue resuelta de forma ne gativa a través de los Oficios CJO183718 de 25 de septiembre de 2018 y CJO18-4468 de 6 de noviembre de 2018.

El señor Alexander Pérez Pinzón y otros 1 radicaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el propósito de que fueran declarados nulos los actos administrativos contenidos en los Oficios CJO18-3718 de 25 de septiembre de 2018 y CJO18-4468 de 6 de n oviembre de 2018 , y a título de restablecimiento del derecho: i) declarar que el cargo de abogado de corporación nacional grado 21 es equivalente al de profesional universitario grado 21 que existe en las altas cortes y ii) ordenar a la Unidad de Administr ación de Carrera Judicial ofertar

1 Daniel Mauricio Pérez Linares y Shirley Tatiana Lozano Díaz.3

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Demandante: Alexander Pérez Pinzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el cargo de profesional universitario grado 21 para que los demandantes, quienes integran la lista de elegibles, tengan la opción de postularse y ser nombrados en los referidos cargos.

www.consejodeestado.gov.co el cargo de profesional universitario grado 21 para que los demandantes, quienes integran la lista de elegibles, tengan la opción de postularse y ser nombrados en los referidos cargos.

El 15 de diciembre de 2021, el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, negó las pretensiones de la demanda.

El 30 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, confirmó el fallo proferido por el juez a quo.

b) Inconformidades

La parte accionante consideró que la providencia objeto de litis habría incurrido en los siguientes defectos:

1. Fáctico, porque el Tribunal debió dar mérito a las pruebas documentales aportadas, esto es: i) las certificaciones emitidas por las relatorías y secretarías de las altas cortes que no fueron tachadas de falsas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y que permitían dar por cumplido el requisito de competencias laborales ante la inexistencia de manuales de funciones específicas, y ii) el Acuerdo PCSJA2011497 del 13 de febrero de 2020 por medio del cual era factible otorgar la correspondiente equivalencia entre los cargos de abogado de corporación nacional grado 21 y el de profesional universitario grado 21.

Adicionalmente, el accionante trajo a colación el Acuerdo PCSJA20-11534 de 20 de abril de 2020 por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura creó dos cargos de abogado de corporación nacional en la Relatoría de la Corte Constitucional, que daban cuenta que en la práctica ellos desarrollan labores o actividades similares a los

de 2020 por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura creó dos cargos de abogado de corporación nacional en la Relatoría de la Corte Constitucional, que daban cuenta que en la práctica ellos desarrollan labores o actividades similares a los empleos de profesional universitario grado 21 de las R elatorías de las Salas Civil, Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia y de Asunto s Constitucionales del Consejo de Estado.4

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Demandante: Alexander Pérez Pinzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así mismo, añadió que tampoco se valoró el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, donde señala que en las altas cortes existen 57 cargos de profesional universitario grado 21, distribuidos así: 15 en las relatorías y 1 en secretaria, 3 en las presidencias, 4 en las oficinas de prensa y 33 en despachos de magistrados, del que se podía inferir, según su criterio que los 4 cargos otorgados en las oficinas de prensa eran para los titulados en periodismo y comu nicación social y los demás, para los profesionales en derecho, debido a su experticia y títulos académicos.

2. Desconocimiento del precedente , porque e l Tribunal desconoció las consideraciones de la sentencia SU-129 de 2021 , sobre la valoración de los documentos públicos emitidos por funcionarios sin competencia para que no sean descartados de plano sino tenidos en cuenta como documentos privados, como lo

consideraciones de la sentencia SU-129 de 2021 , sobre la valoración de los documentos públicos emitidos por funcionarios sin competencia para que no sean descartados de plano sino tenidos en cuenta como documentos privados, como lo fueron los referidos certificados expedidos por los secretarios y relatores de altas cortes.

3. Violación directa de la Constitución , debido a que e l Tribunal desatendió las competencias otorgadas en los artículos 320 y 328 del CGP para desatar el recurso de apelación cuando se trata de apelante único, dado que dicha corporación se pronunció sobre todos los requisitos de las equivalencias e stablecidas en el Decreto 1746 de 2006, cuando en la alzada se propuso aspectos puntuales como lo eran los requisitos de estudio y de competencias laborales.

PRETENSIONES

El accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, mérito y carrera administrativa y, en consecuencia, requirió declarar que la sentencia del 30 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, violó los artículos 29 y 31 de la Constitución Política y los derechos previamente referidos , con fundamento en los desacuerdos expuestos , y ordenar al Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Carrera J udicial proceder a efectuar su nombramiento en el cargo de profesional universitario grado 21 en las relatorías de las altas cortes.5

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Demandante: Alexander Pérez Pinzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Demandante: Alexander Pérez Pinzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De forma subsidiaria, peticionó ordenar al accionado emitir una nueva sentencia con base en los argumentos expuestos en e l recurso de apelación y las certificaciones expedidas por las relatorías y las secretarías de esas corporaciones, conforme a los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

El magistrado Carlos Alberto Orlando Jaiquel, ponente de la providencia objeto de litis, aclaró que l as pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se resolvieron con fundamento en las normas pertinentes y en la valoración de las pruebas integradas al proceso, que llevaron a esa corporación a la conclusión que no le asistía al actor el derecho a que se declarara la equivalencia entre los cargos de abogado de corporación nacional grado 21 y profesional universitario grado 21 de alta corte en los términos planteados en la demanda. En tal virtud, solicitó negar el amparo deprecado.

Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Bogotá

El juez Oscar Domingo Quintero Argüello solicitó tener en cuenta los razonamientos de hecho y de derecho que se expusieron en las providencias proferidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Daniel Mauricio Pérez

El juez Oscar Domingo Quintero Argüello solicitó tener en cuenta los razonamientos de hecho y de derecho que se expusieron en las providencias proferidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Daniel Mauricio Pérez

Presentó un escrito de coadyuvancia al proceso de acción de tutela en el que solicitó acceder a las pretensiones de la parte actora. Consideró vulnerado su derecho fundamental del debido proceso porque el Tribunal dio un alcance indebido a los requisitos de equivalencia previstos en el Decreto 1746 de 2006, en especial , en relación con las exigencias de estudio, experiencia y competencias , pues interpretó inapropiadamente los acuerdos que establecen los requisitos de estudio y experiencia6

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Demandante: Alexander Pérez Pinzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y clasificó erradamente en el nivel profesional el cargo de profesional universitario de corporación nacional grado 21 al no tener en cuenta las funciones que desarrolla.

Agregó que la providencia cuestionada inaplicó el artículo 6.° de la Ley 1960 de 2020, norma del régim en de carrera general de empleados públicos y los conceptos de la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre equivalencia de cargos, en especial el criterio de unificación de 22 de septiembre de 2020 sobre la materia . Finalmente consideró que se desatendió las consideraciones de la sentencia T-340 de 2020.

Unidad de Carrera Judicial

La directora Claudia M. Granados R., afirmó que el proceso de acción de tutela no

consideró que se desatendió las consideraciones de la sentencia T-340 de 2020.

Unidad de Carrera Judicial

La directora Claudia M. Granados R., afirmó que el proceso de acción de tutela no puede constituir una tercera instancia adicional al proceso ordinario, en la medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir las discrepancias que se tengan frente a una decisión judicial.

SENTENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 20 de febrero de 2023, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir a cabalidad con el requisito general de relevancia constitucional respecto del defecto fáctico; al efecto señaló que los planteamientos de la acción de tutela estaban relacionados con las razones de disenso que fueron expuestas por el señor Alexander Pérez en el recurso de apelación en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en esa medida evidenció que los argumentos que sustentaron su presunta configuración, relacionados con el valor probatorio de los certificados de funciones expedidos por relatores de las altas cortes y el alcance del Acuerdo PCSJA20-11497 de 13 de febrero de 2020, fueron debidamente analizados y resueltos en la prov idencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que consideró que, de acuerdo con la información proporcionada por las partes, no eran claras las funciones exactas de los cargos referidos en atención a que el manual de funciones de la corpor ación7

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Demandante: Alexander Pérez Pinzón

cargos referidos en atención a que el manual de funciones de la corpor ación7

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Demandante: Alexander Pérez Pinzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandada no los contempló , además que no les fueron asignadas funciones específicas.

Adicionalmente, señaló que el Tribunal en la providencia objeto de litis se constató que los empleos de abogado de corporación nacional grado 21 y de profesional universitario grado 21 no eran equivalentes debido a que los requisitos de estudios son diferentes y el nivel ocupacional de uno y otro es distinto y que, si bien es cierto que el Acuerdo PCSJA20-11497 de 2020 estableció que el cargo de profesional universitario grado 21 pertenece al nivel profesional, esto no se puede aplicar retroactivamente para el momento en que se reclamó la equivalencia de los cargos.

Respecto del cargo relacionado con el presunto desconocimiento del precedente consideró cumplidos los requisitos genéricos de procedibilidad, y en ese sentido manifestó que en la sentencia SU-129 de 2021, la Corte abordó el estudio de varios temas, entre ellos, las dimensiones positiva y negativa del defecto fáctico en materia ordinaria laboral y el poder oficioso del juez ante la incertidumbre en el proceso judicial, y si bien sentó una regla jurisprudencial,2 ésta hacía referencia a casos, de naturaleza ordinaria laboral, en los que la respectiva autoridad judicial reconoc ía no contar con las condiciones que le permitieran emitir una sentencia porque los hechos del caso no

y si bien sentó una regla jurisprudencial,2 ésta hacía referencia a casos, de naturaleza ordinaria laboral, en los que la respectiva autoridad judicial reconoc ía no contar con las condiciones que le permitieran emitir una sentencia porque los hechos del caso no eran lo suficientemente claros y porque no ejerció la competencia probatoria oficiosa , consideraciones que no podían subsumirse a la providencia objeto de estudio, pues no versó sobre asuntos de naturaleza ordinaria laboral ni sobre prerrogativas oficiosas otorgadas a la autoridad judicial sino que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, constituyó un claro ejercicio de la autonomía judicial , pues dirimió el conflicto que le fue planteado conforme a un análisis fáctico, jurídico coherente y sustentado en una razonable interpretación de las normas aplicables al caso.

Para resolver el cargo relacionado con la configuración de una violación directa de la Constitución esa Sala verificó que la decisión cuestionada se circunscribió a resolver

2 “Cuando en el marco de un proceso laboral se dicta un fallo non liquet, con el argumento de que el enunciado descriptivo no ha sido probado por la parte a quien corresponde la respectiva carga, sin hacer uso de las competencias probatorias oficiosas, se configura un defecto fáctico en su dimensión negativa y, de manera consecuente, se violan los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00052 01

Demandante: Alexander Pérez Pinzón

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Demandante: Alexander Pérez Pinzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los planteamientos que fueron expuestos por el actor en el recurso de apelación contra el fallo proferido por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y que, por estar relacionados con el análisis probatorio de esa autoridad, conllevó que el Tribunal revisara el acervo aportado al expediente para evidenciar que no había lugar a declarar la equivalencia entre los cargos mencionados.

IMPUGNACIÓN

1. En el escrito de impugnación presentado , el accionante reiteró los argumentos

relacionados con lo siguiente:

a) El Tribunal se pronunció sobre aspectos que no fueron expuestos en el recurso de apelación en los términos de los artículos 32 0 y 328 del CGP , pues el Juzgado 30 Administrativo de Bogotá, en primera instancia en el medio de control interpuesto ya se había pronunciado sobre los requisitos de igual o similar salario y de las funciones y experiencia entre los cargos de abogado de corporación nacional grado 21 y pro fesional universitario grado 21, circunscribiéndose su competencia únicamente a los requisitos de estudio y competencias laborales.

b) El cargo relacionado con la omisión de pronunciarse respecto del alcance probatorio de las certificaciones expedidas por los relatores de las altas cortes, documentos que no fueron tachados de falsos y debieron tenerse como documentos privados conforme lo prevén los artículos 257 y 259 del CGP. Así

probatorio de las certificaciones expedidas por los relatores de las altas cortes, documentos que no fueron tachados de falsos y debieron tenerse como documentos privados conforme lo prevén los artículos 257 y 259 del CGP. Así como de los Acuerdos PCSJA20-11534 y PCSJA20-11497 de 2020.

Finalmente, sostuvo que los cargos de profesional Universitario Grado 21, asignados a las relatorías que fuero n creados mediante Acuerdo PSAA15 -10402 del 29 de octubre de 2015, según su experticia pueden ser objeto de equivalencia por los abogados de corporación nacio nal, pues estos no pueden ser ocupados por comunicadores sociales o periodistas, conforme da cuenta el Acuerdo PSAA14-10225 de 2014, en donde se establecieron las bases concursales.9

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2. En escrito radicado por el señor Daniel Mauricio Pérez Linares, vinculado como tercero interesado, consideró que el asunto objeto de tutela si revestía de relevancia constitucional en tanto la ausencia de valoración probatoria de las certificaciones expedidas por los relatores de las altas cortes que daban cuenta de las funciones que desarrollan los profesionales universitarios grado 21 de las relatorías de las altas cortes eran similares a las de abogado de corporación nacional grado 21, afrenta que constituye una violación de los nuestros derechos fundamentales.

Finalmente, consideró relevante y de extrema urgencia la expedición de manuales de

cortes eran similares a las de abogado de corporación nacional grado 21, afrenta que constituye una violación de los nuestros derechos fundamentales.

Finalmente, consideró relevante y de extrema urgencia la expedición de manuales de funciones para los empleados de la rama judicial.

CONSIDERACIONES

Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferid o por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, 3 según el cual «l as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional 1 y del Consejo de Estado 2 ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

3 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado10

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Demandante: Alexander Pérez Pinzón

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Demandante: Alexander Pérez Pinzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, entre otras providencias, y su redefinición en la T -949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron de maner a clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio y (vi) la

se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron de maner a clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes 3: a) defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o exista una evidente y grosera contradicción11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00052 01

Demandante: Alexander Pérez Pinzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Problema jurídico

En el presente asunto, se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, por lo cual el problema jurídico puede resumirse en la siguiente pregunta:

1. ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, quebrantó los derechos fundamentales invocados por el accionante al proferir la sentencia del 30 de noviembre de 2022 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 3335 030 2019 00414 00

[02], por medio del cual resolvió confirmar lo decidido por el Juzgado 30 Administrativo de Bogotá en el sentido de negar las pretensiones del medio de control?

Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: I ) cuestión previa, II) defecto fáctico, III) violación directa de la Constitución Política y IV) análisis del caso concreto. Veamos:

I. Cuestión previa

cuestión previa, II) defecto fáctico, III) violación directa de la Constitución Política y IV) análisis del caso concreto. Veamos:

I. Cuestión previa

Antes de resolver de fondo lo plantea do e n los escritos de impugnación, la Sala considera oportuno desarrollarlos en un mismo acápite pues lo expuesto por el accionante y por el señor Daniel Mauricio Pérez Linares guardan identidad argumentativa.12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00052 01

Demandante: Alexander Pérez Pinzón

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II. Defecto fáctico

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Dicho defecto debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto y, adicionalmente, debe tener una incidencia directa en la decisión.

La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el defecto fáctico: 1) Una dimensión negativa, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin justificación da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el

justificación da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez y 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juz gador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas.

A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relaci ón con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez constitucional realice un examen exhausti vo del material probatorio. Así, la Corte Constitucional, en sentencia T -055 de 1997, determinó que, en lo referente al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia. Por tal razón, tampoco es procedente la a cción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

III. Violación directa de la Constitución Política

De acuerdo con el artículo 4.º de la Cons titución Política, la misma es norma de normas, por lo que en caso de incompatibilidad prevalecen las disposiciones13

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Demandante: Alexander Pérez Pinzón

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Demandante: Alexander Pérez Pinzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co constitucionales y las autoridades se encuentran en la obligación de respetar y garantizar su cumplimiento. En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional8 ha sostenido que se presenta violación directa de la Constitución Política, como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando el juez desconoce la carta po