CE - 110010315000202300060011SENTENCIA20230421121343

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00060-01

Demandante: Suddy Elena Claro Villalba

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-00060-01

Demandante: SUDDY ELENA CLARO VILLALBA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN B

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – PRIMA

TÉCNICA POR FORMACIÓN AVANZADAREQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la providencia del 9 de febrero de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta que declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Suddy Elena Claro Villalba , por medio de apoderado judicial, presentó

declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Suddy Elena Claro Villalba , por medio de apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a l trabajo, a la dignidad humana y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“TUTELAR a la doctora SUDDY ELENA CLARO VILLALBA, sus derechos constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TRABAJO Y DIGNIDAD HUMAN A, que le están siendo vulnerados por los accionados, a raíz del fallo de 20 de abril de 2017, proferido por el precitado Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala Oral “A”, confirmado por el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección 2a-Subsección “B”, mediante sentencia del 28 de abril de 2022, dentro del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 08001-23-31-005-2016-00614-00-CH, iniciado por mi patrocinada, contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN; a través de los cuales, los dos primeros mencionados, incurrieron en los defectos procedimental absoluto, material y fáctico, para que dejen sin efecto los mencionados fallos, que denegaron las pretensiones de la demanda. Dichas providencias quedaron debidamente ejecutoriadas el treinta (30) de junio de dos mil

dejen sin efecto los mencionados fallos, que denegaron las pretensiones de la demanda. Dichas providencias quedaron debidamente ejecutoriadas el treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022).

1.2. ORDENAR, en consecuencia, a los accionados: 1.2.1. Tribunal Administrativo del Atlántico -Sala Oral “A” y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección 2a-Subsección “A”, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, procedan así: - DEJAR, sin efecto, el plurimencionado fallo de 20 de abril de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico -Sala Oral “A”, confirmado por el Consejo de Es tado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección 2aSubsección “B”, mediante sentencia del 28 de abril de 2022, dentro del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Exp. N° 08-Radicado: 11001-03-15-000-2023-00060-01

Demandante: Suddy Elena Claro Villalba

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electr ónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evali dador 001-23-31005-2016-00614-00-CH, iniciado por LA MANDANTE, contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

001-23-31005-2016-00614-00-CH, iniciado por LA MANDANTE, contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

• EXPEDIR nueva sentencia, accediendo a las pretensiones de la demanda, apoyados en

todo el material probatorio, en el sentido de:

“PRIMERA: Que se declare la nulidad de: Oficio Número 100000202-0743 del 14 de septiembre de 2015, por medio del cual LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES negó el reconocimiento y pago a mi poderdante SUDDY ELENA CLARO VILLALBA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.694.574 de Barranquilla de la PRIMA TÉCNICA POR FORMACIÓN AVANZADA Y

EXPERIENCIA ALTALMENTE CALIFICADA.

Resolución 010539 del 23 de octubre de 2015, con el cual se resolvió el recurso de reposición confirmando en su integridad lo decidido en el oficio Número Oficio Número 100000202-0743 del 14 de septiembre de 2015, mediante el cual se niega la solicitud de reconocimiento y pago de Prima Técnica, Actos mediante los cuales la UAE – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, negó el reconocimiento y pago de la PRIMA TÉCNICA a la señora

SUDDY ELENA CLARO VILLALBA.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de la anterior declaración, y a manera de restablecimiento del derecho se reconozca y pague a mi poderdante la PRIMA TÉCNICA POR FORMACIÓN AVANZADA y EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA, EN UN CINCUENTA POR CIENTO 50% DE LA ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL teniendo en

FORMACIÓN AVANZADA y EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA, EN UN CINCUENTA POR CIENTO 50% DE LA ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL teniendo en cuenta que de conformidad con la resolución 8011 de 1995 acredita

TERCERO: Que la ponderación de los factores y la acreditación de los requisitos adicionales sea tomada desde la fecha de ingreso a la Entidad hasta la fecha en que se profiera el acto admi9nistrativo que da cumplimiento a la sentencia.

CUARTO: Que dicho reconocimiento sea por todos los años desde cuando la señora SUDDY ELENA CLARO VILLALBA, cumplió con los requisitos para acceder a este beneficio y se siga pagando, mientras subsistan los elementos de hecho y de derecho que dio origen a este reconocimiento.

QUINTO: Que como consecuencia de la anterior declaración y considerando que la Prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada constituye factor salarial, se reliquide y pague a mi poderdante todas las prestaciones e incentivos correspondientes.

SEXTO: Que la UAE – DIAN de aplicación al artículo 187 de la ley 1437 de 2011.

SÉPTIMO: Que la UAE – DIAN, de aplicación a lo dispuesto en el artículo 192 de la ley 1437 de 2011, para el cumplimiento de la sentencia.

OCTAVO: Que el despacho ordene la expedición de copias autenticadas de la sentencia de reconocimiento con la respectiva constancia de su not ificación y ejecutoria y de ser primera copia que presta mérito ejecutivo, según lo establece el artículo 114 del Código general del Proceso.” 1.2.2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, CUMPLIR las nuevas sentencias

copia que presta mérito ejecutivo, según lo establece el artículo 114 del Código general del Proceso.” 1.2.2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, CUMPLIR las nuevas sentencias proferidas por la jurisdi cción contencioso-administrativa, en su contra y en favor de mi patrocinada. (…)”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Suddy Elena Claro Villalba ingresó a la DIAN en el cargo de profesional en ingresos públicos II, nivel 31, grado 2 desde el 14 de marzo de 1992 y actualmente se desempeña como Gestor III, código 303, grado 03, de la División de Gestión de Fiscalización, Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva. La señora Claro Villalba le solicitó a la DIAN el reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, la cual se negóRadicado: 11001-03-15-000-2023-00060-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electr ónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evali dador mediante oficio núm. 100000202-0743 de 14 de septiembre de 2015. Contra dicha decisión, la actora interpuso recurso de reposición y mediante resolución 10539 de

mediante oficio núm. 100000202-0743 de 14 de septiembre de 2015. Contra dicha decisión, la actora interpuso recurso de reposición y mediante resolución 10539 de 23 de octubre de 2015, fue confirmada. Como consecuencia de lo anterior, la demandante ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que solicitó que se declarara la ilegalidad de los actos administrativos enunciados, el reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada en equivalente al 50 % de la asignación básica mensual. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 20 de abril de 2017, negó las pretensiones de la demanda en aplicación de la decisión de unificación del Consejo de Estado CE-SUJ2 núm. 002/16 del 19 de mayo de 2016 en la que se estableció que la inscripción automática dispuesta por el art ículo 116 del Decreto 2117 del 29 de diciembre de 1992, no se ajustaba a los principios constitucionales y, en consecuencia, quienes accedieron al sistema de carrera mediante dicha inscripción no tenían derecho a la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada. Inconforme con la decisión, la actora presentó recurso de apelación el cual fue resuelto por el Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección B, que, en sentencia del 28 de abril de 2022, confirmó la decisión por las mismas razones dado que la inscripción en carrera administrativa de la actora no derivó de la superación satisfactoria de un concurso de méritos, sino que operó de manera automática.

3. Argumentos de la acción de tutela

que la inscripción en carrera administrativa de la actora no derivó de la superación satisfactoria de un concurso de méritos, sino que operó de manera automática.

3. Argumentos de la acción de tutela

La demandante indicó que la providencia objeto de reproche incurrió en defectos procedimental, sustantivo, fáctico en la medida que a su juicio la decisión carece de respaldo probatorio, por cuanto en el expediente no existe prueba de que su nombramiento haya sido de forma automática, por el contrario, se demostró que su ingreso a la DIAN y, por ende, a la carrera administrativa fue por la aprobación del concurso curso de la convocatoria 0815 de 1992, siendo designada en propiedad para ocupar la vacante definitiva ofertada en la precitada convocatoria, en el empleo de PROFESIONAL TRIBUTARIO 40 -24.

Igualmente señaló que le fue vulnerado el principio a la igualdad toda vez que la DIAN ha concedido la prima técnica a otros funcionarios, con el criterio que todos se encontraban en el régimen de transición e hizo menc ión a los siguientes pronunciamientos judiciales:Radicado: 11001-03-15-000-2023-00060-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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4. Oposición

través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evali dador

4. Oposición El consejero ponente de la decisión cuestionada de la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación manifestó que se atiene a lo que se demuestre durante el trámite, y en cuanto los motivos de inconformidad de la actora expresó que las razones sirvieron de sustento de la decisión están consignadas en la providencia objeto de estudio.

El Tribunal Administrativo del Atlántico guardó silencio.

5. Intervenciones La DIAN hizo recuento de la decisión objeto de censura y sostuvo que no existió vulneración de los derechos fundamentales invocados por la demandante dado que la decisión de negar las pretensiones de la demanda se fundamentó en una sentencia de unificación de la S ección Segunda del Consejo de Estado, luego, la misma fue proferida en aplicación de un precedente judicial.

Precisó que la vinculación automática en el empleo de carrera de la demandante no cumplía con el principio de permanencia, pues no correspondía a u na vinculación en propiedad porque no se derivó de un concurso abierto tal como se concluyó del material probatorio allegado al proceso.

6. Sentencia de primera instancia

La Sección Quinta del Consejo de Estado , en providencia del 9 de febrero de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no cumple con los requisitos de procedibilidad contra providencia judicial , puntualmente, el de relevancia constitucional porque la actora pretende que el juez de tutela realice nuevamente el es tudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la

los requisitos de procedibilidad contra providencia judicial , puntualmente, el de relevancia constitucional porque la actora pretende que el juez de tutela realice nuevamente el es tudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la vulneración de los derechos fundamentales sobre los que invoc ó su protección, haciendo uso de la solicitud de amparo como una instancia adicional.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00060-01

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7. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, insistió en los argumentos del escrito inicial e indicó que es necesario revocar la decisión impugnada dado que el operador judicial en su noble función de impartir justicia debe entender que la finalidad de la actuación procesal es la materialización o efectivización de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en la Ley, a favor de las personas.

Señaló, además, que el juez de tutela no solamente tiene el deber funcional de interpretar y aplicar la ley, garantizando la prevalencia del derecho sustancial, sino que, además, para lograr la misma finalidad, debe interpretar la demanda y desentrañar la voluntad del accionante. Si bien es cierto, que el trámite de tutela es

interpretar y aplicar la ley, garantizando la prevalencia del derecho sustancial, sino que, además, para lograr la misma finalidad, debe interpretar la demanda y desentrañar la voluntad del accionante. Si bien es cierto, que el trámite de tutela es informal, también lo es que la informalidad no faculta al juez para que su fallo acuse defecto fáctico. Precisó que el fallo impugnado acusa la irregularidad sustancial del llamado defecto fáctico que, según las voces de la Corte Constitucional, se configura cuando el operador judicial carece de apoyo probatorio que le permita aplicar el supuesto legal, bajo el cual sustenta la providencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protecci ón inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción proced e cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia

irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó l a metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2023-00060-01

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Señor ciudadano este documento fue firmado electr ónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evali dador amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3

de procedencia de la acción de tutel a.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora cuestiona la decisión que declaró improcedente la acción de tutela porque no se acreditó el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, para lo cual insiste en los mismos argumentos expuestos en el escrito inicial.

En ese orden, corresponde a esta Sala de decisión determinar si procede confirmar o revocar la sentencia de tutela de primera instancia del 9 de febrero de 2023 , proferida la Sección Quinta del Consejo de Es tado.

Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto

salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controve rtida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00060-01

Demandante: Suddy Elena Claro Villalba

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electr ónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evali dador (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio deciden di. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como

argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

Como se anticipó, la parte actora sustentó las inconformidades del escrito de tutela en el desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la dign idad humana y de acceso a la administración de justicia, porque, a su juicio, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en la sentencia del 28 de abril de 2022 , incurrió en defecto fáctico, porque carece de respaldo probatorio por cuanto en el expediente no milita prueba de que su nombramiento haya sido de forma automática, además, que no se tuvo en cuenta que la DIAN, en la certificación expedida el 13 de octubre de 2015, omitió decir que su ingreso a la entidad fue por concurso de la convocatoria 0815 de 1992 y, en tal sentido, cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la referida prima.

Como fundamento, señaló que la autoridad judicial demandada err ó al determinar que su incorporación al sistema de carrera se dio de forma automática dado que su ingreso a la institución se dio por curso concurso que realizó para ocupar la vacante definitiva denominada profesional tributario 40-24. A su juicio, se le debió reconocer la prima técnica por experiencia altamente calificada dado que cumplía los

ingreso a la institución se dio por curso concurso que realizó para ocupar la vacante definitiva denominada profesional tributario 40-24. A su juicio, se le debió reconocer la prima técnica por experiencia altamente calificada dado que cumplía los requisitos para el reconocimiento y pago de esta.

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la solicitud de amparo carece del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, por las razones que se pasan a explicar.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00060-01

Demandante: Suddy Elena Claro Villalba

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Lo primero que conviene precisar es que, como fundamento del recurso de apelación contra el fallo del 20 de abril de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B precisó que la actora expuso como argumentos de inconformidad, entre otros, los siguientes:

“(…) Inconforme con el anterior fallo, la demandante interpuso recurso de apelación, al estimar que la sala de primera instancia encontró que el primer requisito de idoneidad para acceder a la prima técnica lo constituye el hecho de desempeñar el cargo en propi edad, circunstancia que aparece acreditada por la demandante toda vez que existe prueba que desde su vinculación inicial a la Dirección de

lo constituye el hecho de desempeñar el cargo en propi edad, circunstancia que aparece acreditada por la demandante toda vez que existe prueba que desde su vinculación inicial a la Dirección de Impuestos Nacionales, el 14 de octubre de 1992, luego de someterse al concurso curso de la convocatoria 0815 de 1992, fue designada en propiedad para ocupar la vacante definitiva ofertada en la convocatoria precipitada, al cargo de profesional tributario 40-24 (…)”.

(se destaca) En orden a resolver los cargos del referido recurso, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, confirmó la decisión recurrida, por las mismas razones del tribunal y, en punto a la valoración de las pruebas catalogadas como desconocidas en el recurso de apelación, advirtió que:

“(…) Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca:

a) Acta de posesión 64 de 14 de octubre de 1992 (f. 70), en la que la actora se posesionó en el empleo de profesional tributario, nivel 40, grado 24, en la división de cobranzas, de la administración del Atlántico de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Nacionales, según nombramiento efectuado a través de Resolución 1956 de 1o. de octubre de 1992. b) Oficio 100000202 -0743 de 14 de septiembre de 2015 (ff. 26 a 37), por el cual la DIAN niega la

efectuado a través de Resolución 1956 de 1o. de octubre de 1992. b) Oficio 100000202 -0743 de 14 de septiembre de 2015 (ff. 26 a 37), por el cual la DIAN niega la solicitud de reconocimiento de la prima técnica form ulada por la demandante el 26 de agosto de la misma anualidad, el estim