CE - 110010315000202300069011SENTENCIA20230824211023

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Radicación 11001-03-15-000-2023-00069-01

Demandante: Antonio Rangel Florián y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00069-01

Demandante: Antonio Rangel Florián y otros

Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B

Temas: Tutela contra providencia judicial que accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad / inexistencia de los defectos fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial / valoración probatoria del juez natural

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, proferida el 17 de marzo de 2023, que negó el amparo solicitado.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, los señores Antonio Rangel Florián , Asteria María Martínez Quiñ ónez, Rosmary, Cenaida y Eider Antonio Rangel Martínez, por intermedio de apoderado, promovieron demanda en orden a que se les amparen los derechos fundamentales a l debido2

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proceso, el acceso a la administración de justicia y la dignidad humana que consideran conculcados con la providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el 11 de noviembre de 2022 , en el medio de control de reparación directa radicado bajo el número 47001-23-31-002-2010-00537-00 (45 182).1

1.1.2. Los hechos

Los accionantes, en síntesis, narraron como sustento fáctico de la solicitud de amparo, lo siguiente:

1.1.2.1. El 25 de febrero de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del proceso de reparación directa, profirió sentencia de segunda instancia, por medio de la cual declaró la caducidad del citado medio de control, sin tener en cuenta la interrupción acaecida por el trámite de conciliación extrajudicial.

B, dentro del proceso de reparación directa, profirió sentencia de segunda instancia, por medio de la cual declaró la caducidad del citado medio de control, sin tener en cuenta la interrupción acaecida por el trámite de conciliación extrajudicial.

1.1.2.2. Algunos apelantes de dicho proceso instauraron acción de tutela contra la decisión anterior, la cual se resolvió a favor de los demandantes mediante fallo del 25 de agosto de 2022 y, en consecuencia, la citada corporación judicial profirió nueva decisión a través de sentencia del 11 de noviembre de 2022 (acusada en el sub examine).

1.1.2.3. En dicho fallo se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dado que no se reconoció el pago de perjuicios a favor de los hermanos de la víctima de la detención injusta. Igualmente, al reconocerse los perjuicios a los padres de Darisnel Rangel se contrarió el precedente judicial.

1.1.3. Los defectos invocados

La parte accionante, indicó que la providencia cuestionada incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

1.1.3.1 Respecto del primero, se señaló que:

1 Demandante: Darisnel Rangel Martínez y otros contra la Rama Judicial3

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«Incurre en vía de hecho por defecto probatorio, violación al debido proceso, a la

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«Incurre en vía de hecho por defecto probatorio, violación al debido proceso, a la dignidad humana, a no ser reparados íntegramente por actos injustos, por haber actuado contra evidencias probatorias, haberse apartado totalmente de los hechos probados y resolver a su arbitrio el asunto debatido, en el sentido de no condenar a la RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO - NACIÓN COLO MBIANA por los perjuicios morales a favor de l os señores CENAIDA, LUIS FERNANDO, RODIN, NILIS MARÍA, R OSMARY Y EDER ANTONIO RANGEL MA RTINEZ entre otros, a pesar de existir pruebas testimoniales rendidas b ajo la gravedad del Juramento, conforme a lo afirmado por los honorables magistrados en sus consideraciones de la providencia atacada por vía excepcional que los señores NAYER FLORIAN MARTINEZ, WILLINGTON TINOCO ANGARITA, NORCY FLORIAN D E RIVERA Y EMILSE FLORIAN CAMARG O en sus versiones rendidas bajo la gravedad del juramento ante el juzgado promiscuo municipal de Guamal, Magdalena, el día 19 de octubre de 2011 no hiciero n alusión de manera concreta, al dolor padecido por los demandantes hermanos con ocasión de la detención injusta de la víctima direc ta de la reparación, señor DARISNE L RANGEL M ARTÍNEZ, estimando el suscrito, a contrario sensu honorable Sala, que es una posición caprichosa, engañosa y arbitraria

la reparación, señor DARISNE L RANGEL M ARTÍNEZ, estimando el suscrito, a contrario sensu honorable Sala, que es una posición caprichosa, engañosa y arbitraria con el respeto que se merece el máximo órgano de cierre en materia contenciosa administrativa, específicamente por medio de l a magistratura del doctor MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ en su calidad de M.P. en el medio de control de reparación directa, a quien le correspondió desatar recurso de alzada contra el fall o de primera instancia, por ser equivocada, ya que conforme a esas mismas declaraciones adjuntas con el presente líbelo, fueron precisas, en la intensidad del daño; claramente afirmaron conocer a la familia RANGEL MARTINEZ, conformada por víctima directa, padres, hermanos, tíos, sobrinos, por lo que estimo honorable Sala que dichas declaraciones no fueron analizadas conforme a la lógica, al sano juicio, a las máximas de la experiencia y si se hizo, fue de manera defectuosa, por lo tanto careció de un verdadero análisis basado en los principios gene rales del derecho probatorio, saneable por esta vía constitucional por no existir otro mecanismo idóneo.

Al dejarse de hacer un verdadero análisis de las pruebas documentales, particularmente de las declaraciones de los señores NAYER FLORIAN MARTÍNEZ, WIILINGTON TINOCO AN GARITA, NORC Y FLORIAN DE RIVERA Y EMILSE FLORIAN CAMARGO, se Incurre en defecto factico probatorio por valoración defectuosa del material probatorio, cometiendo de esta forma la Sala una vía de hecho.» (sic en todo el texto).

1.1.3.2. En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, se explicó, lo siguiente:

defectuosa del material probatorio, cometiendo de esta forma la Sala una vía de hecho.» (sic en todo el texto).

1.1.3.2. En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, se explicó, lo siguiente:

«La honorable SALA sentenció a la RAMA JUDICIAL -NACION COLOMBIANA al pago de perjuicios morales en favor de los padres de DARISNEL RANGEL MARTÍNEZ, señores ANTONIO RANGEL FLORIAN Y ASTERIA MARÍA MARTINEZ QUIÑONEZ, en 10.38 salarios mínimos legales mensuales para cada uno en particular, contrariando su propio precedente jurisprudencial y a su propia reciente jurisprudencia de unificación nacional que trae a colación en su providencia como sustento para tasar los perjuicios morales en favor de víctimas indire ctas dentro del primer grado de consanguinidad con el afectado directo (padres, hijos, esposa, compañera o compañero permanente), ya que dichas últimas jurisprudencias señalan que a los padres le corresponden a título de indemnización en caso de detención injusta por menos de 6 meses, un cincuenta por ciento (50) de los perjuicios que sean tasados a la víctima directa.» (sic en todo el texto).

1.2. Actuación procesal4

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Mediante auto del 27 de enero de 2023, el ponente sustanciador, admitió la acción de

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Mediante auto del 27 de enero de 2023, el ponente sustanciador, admitió la acción de tutela y dispuso notificar como demandados a los magistrados que integran la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado a fin de que rindieran el informe que correspondiere y allegaran las pruebas que pretendieran hacer valer.

En virtud de su intervención en el proceso de reparación directa con radicado 470012331002-2010-00537-01, en calidad de terceros con interés, ordenó notificar al fiscal general de la Nación, al director ejecutivo de Administración Judicial y al ministro del Interior. Así mismo, a los señores Luis Fernando, Rod in, Eris Fabián y Lus Neiris Rangel Martínez.

De igual forma , por Secretaría General, ordenó requerir al apoderado de los aquí accionantes y al Tribunal Administrativo del Magdalena, a fin de que suministraren la dirección (física o de correo electrónico) en la que pudiesen ser notificadas las personas mencionadas. De no ser posible tal notificación, ordenó publicar dicha providencia en la página web del Consejo de Estado, para que, si a bien lo tuviesen, los terceros con interés intervinieran.

Ordenó que a todos los vinculados en calidad de terceros con interés, se les entregara copia de la demanda y de los anexos, para que, si así lo considera ran, rindieran el informe correspondiente.

Mediante auto del 14 de agosto de 2023 se aceptó el impedimento presentado por el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez y se separó del conocimiento del asunto.

1.3. Contestación de la demanda

informe correspondiente.

Mediante auto del 14 de agosto de 2023 se aceptó el impedimento presentado por el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez y se separó del conocimiento del asunto.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. De la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado.

El consejero ponente de la sentencia cuestionada, Martín Bermúdez Muñoz, manifiesta que no participará en la acción de tutela de la referencia ni como parte ni como tercero y que acatará estrictamente las disposiciones que se adopten en ella.

1.4. Intervenciones5

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1.4.1. De la Fiscalía General de la Nación

La abogada Nathalia Pulido Quesada , actuando en calidad de profesional de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, solicitó que se declare improcedente la presente acción de tutela por cuanto el escrito está fundado principalmente en un derecho de connotación económica y, además, por cuanto no se cumple con los requisitos de procedencia. Al respecto, precisó los siguientes aspectos:

1. Los demandantes no sustentan las causales específicas para que la acción de tutela sea procedente, pues tal como lo indicó la Corte Constitucional en la Sentencia T-230 de 2007, es a la parte accionante a quien corresponde demostrar que la providencia en cuestión incurre en alguno de los defectos de fondo.

tutela sea procedente, pues tal como lo indicó la Corte Constitucional en la Sentencia T-230 de 2007, es a la parte accionante a quien corresponde demostrar que la providencia en cuestión incurre en alguno de los defectos de fondo.

1. Se pretende retrotraer, a través de la acción de amparo, las etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite, lo cual c onlleva considerar que se transgreden derechos fundamentales, aspecto es inconcebible, por cuanto en ningún momento en el escrito de tutela se demuestra vulneración a derecho fundamental alguno.

1. La Corte Constitucional ha sido enfática y consistente en advertir que la acción de tutela no puede ser utilizada para recuperar oportunidades procesales perdidas ni para remediar equivocaciones de las partes o sus posibilidades de éxito frente a una determinada situación litigiosa.

1. En el presente asunto no existe vulneración del derecho fundamental al debido proceso, dado que la decisión de la Sección Tercera, Subsección B, respetó cada una de las garantías de los accionantes ; en consecuencia, en el caso examinado no se configura la violación alegada.

1. El fallo cuestionado está conforme a los parámetros de la Sentencia SU-072 de 2018, en la cual se estableció que en «i) el estudio de una privación de la libertad debe determinarse si esta es razonada y proporcionada y ii) el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia , debe determinar el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso»; en ese orden de ideas, y teniendo en6

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partir de las particularidades de cada caso»; en ese orden de ideas, y teniendo en6

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cuenta que los argumentos de la apoderada de los accionantes se fundamentan en la discrepancia con el análisis y decisiones de la primera y segunda instancia, desfavorables a sus pretensiones, no se evidencia que la decisión dentro del proceso de reparación directa sea arbitraria o irracional.

Por el contrario, la providencia cuestionada se ajusta a derecho, el análisis probatorio fue razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica y sus argumentos hacen parte de la independencia y autonomía con la cual cuentan los jueces al momento de dictar sentencia.

1. Es claro que el requisito de subsidiariedad que exigen la Ley y la jurisprudencia para que proceda el amparo constitucional cuando medie una decisión judicial no se cumple en el caso objeto de estudio, en atención a que la parte activa no justifica por qué los otros mecanismos jurídicos no resultaban idóneos para amparar sus derechos fundamentales.

1. A través de la acción de reparación directa se solicita la responsabilidad patrimonial y en el escrito de tutela no se verifica la materialización de un perjuicio que vulnere de manera flagrante derechos fundamentales.

1. Las controversias con contenidos económicos exceden la naturaleza de la acción de tutela, cuyo único objeto, por mandato constitucional y de acuerdo con la

vulnere de manera flagrante derechos fundamentales.

1. Las controversias con contenidos económicos exceden la naturaleza de la acción de tutela, cuyo único objeto, por mandato constitucional y de acuerdo con la jurisprudencia en la materia, radica en la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales que han sido presuntamente vulnerados. Adicionalmente, en el caso sub examine , la pretensión de la parte accionante no tiene relevancia constitucional.

1.5. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con ponencia de la consejera Adriana Marín, mediante sentencia del 17 de marzo de 2023 , negó la solicitud de amparo, al considerar, en lo fundamental, lo siguiente:7

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1. Frente al defecto fáctico, no se comparte la tesis de la demanda de tutela, dado que la sentencia valoró cada uno de los testimonios, solo que, a diferencia de la conclusión de los accionantes, se determinó que no se probaron los perjuicios morales reclamados por los hermanos de la víctima, por lo que la decisión de negarlos estuvo fundada en una conclusión basada e n dichos elementos probatorios. Es así como en la sentencia se hace un análisis de la prueba testimonial y se concluye que no se hizo referencia al dolor padecido por los hermanos de la víctima.

fundada en una conclusión basada e n dichos elementos probatorios. Es así como en la sentencia se hace un análisis de la prueba testimonial y se concluye que no se hizo referencia al dolor padecido por los hermanos de la víctima.

1. La conclusión de la autoridad judicial accionada no es caprichosa, ni irracional., puesto que el juez constitucional no está dotado de competencia para determinar el mejor entendimiento que deba hacerse sobre una prueba. Tal labor le corresponde al juez de la causa, quien goza de plena libertad y autonomía para discernir sobre el examen de los elementos probatorios.

1. La parte demandante no acredita que las conclusiones de la autoridad judicial accionada sean abiertamente antagónicas al ser contrastadas objetivamente con las pruebas obrantes en el expediente , sino que hace una interpretación propia para considerar una teoría y una conclusión diferente a la del fallo atacado, sin demostrar que la decisión se adoptó con total desconocimiento de los elementos probatorios.

1. Con respecto al desconocimiento del precedente, se deben observar algunas reglas, tales como que al demandante le corresponde identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se contrarió y, una vez identificado s esos temas, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.

1. Las inconformidades de los accionantes se centran en señalar que la autoridad judicial demandada desconoció la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 (exp. 46681), dictada por el pleno de la Sección Tercera, pues, pese a que allí se señaló que a los padres se les debe reconocer el 50% de los perjuicios morales

2021 (exp. 46681), dictada por el pleno de la Sección Tercera, pues, pese a que allí se señaló que a los padres se les debe reconocer el 50% de los perjuicios morales otorgados a la víctima directa, en el fallo cuestionado se ordenó el pago de una suma inferior a aquella.

1. La providencia cuestionada de ninguna manera incurre en la conducta que le enrostra la parte demandante, dado que la sentencia de unificación consideró que la8

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indemnización no era una «especie de derecho automático» ni que existía «un derecho patrimonial establecido», sino que el parentesco permitía inferir la afectación moral a los padres, como en este caso, y las pruebas servirían de elemento para determinar el quantum a partir de la intensidad del daño.

1. Como la sentencia acusada reconoció a los padres un 35% del valor otorgado a la víctima directa, ello no es igual a afirmar que se desconoció el precedente del tope del 50%, que no implica en todos los casos un deber de reconocimiento por ese porcentaje, dado que allí se justificó que e l valor a reconocer e staba fundado en la declaración de los testigos, de manera concreta «al dolor que padecieron los demandantes con ocasión de la detención de la víctima directa. Por esta razón, cuantificará el monto de la indemnización de los perjuicios morales sufridos por estos

declaración de los testigos, de manera concreta «al dolor que padecieron los demandantes con ocasión de la detención de la víctima directa. Por esta razón, cuantificará el monto de la indemnización de los perjuicios morales sufridos por estos demandantes en el 35% del perjuicio moral para la víctima directa».

1. Lejos de desconocer la sentencia de unificación, la autoridad judicial accionada hizo una aplicación razonable del precedente. Ahora, si el desacuerdo se circunscribía al porcentaje reconocido, en lugar de invocar el desconocimiento del precedente o lo que, en su criterio, es la aplicación correcta del mismo, debió ocuparse d e alegar y demostrar que la intensidad del dolor y del daño fue mayor y justifica el reconocimiento del máximo del 50%; sin embargo, esa circunstancia no fue la que se discutió.

1. El hecho de que no se comparta la conclusión de la providencia es un asunto irrelevante, intrascendente y carente de la fuerza necesaria para demostrar la existencia de los defectos alegados, pues por las limitaciones propias de la acción constitucional, es imprescindible acreditar que la decisión está desprovista de cualquier razonabilidad y racionalidad, circunstancias que, en este caso, no se aprecian, justamente porque la decisión contiene un sustento fáctico, jurídico y jurisprudencial del que la parte demandante discrepa, pero que no es absurdo; luego esa diferencia conceptual y valorativa no basta para que se abra paso el amparo constitucional.

1.6. Impugnación9

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constitucional.

1.6. Impugnación9

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La parte accionante , inconforme con la decisión anterior, impugnó la sentencia de primera instancia con fundamento en lo siguiente:

1. El defecto probatorio en que incurrió el consejero ponente al emitir la sentencia del 11 de noviembre de 2022 quedó demostrado totalmente con las declaraciones rendidas por los señores Nayer Díaz Florián, Willington Tinoco y otros, aportadas tanto al proceso de reparación directa como a la presente acción de amparo.

1. Dichos testimonios fueron enfáticos en manifestar bajo la gravedad de juramento el daño y la aflicción generada a la familia del señor Darnisel Rangel Martínez incluidos todos sus hermanos, cuya valoración no se realizó conforme a la sana crítica, las reglas de la experiencia, la lógica, al buen raciocinio, sino de forma caprichosa y arbitraria.

1. La máxima de la experiencia ha enseñado que la muerte violenta y la privación injusta de la libertad generan un dolor inmenso entre padres e hijos y viceversa; así como entre padres y hermanos más cercanos, como e s el caso particular, en el que forman un solo seno familiar.

1. En el instante de los hechos los accionantes se encontraban compartiendo el mismo techo de la víctima directa, entonces, no hay lugar para que se reste credibilidad ,

forman un solo seno familiar.

1. En el instante de los hechos los accionantes se encontraban compartiendo el mismo techo de la víctima directa, entonces, no hay lugar para que se reste credibilidad , veracidad y validez probatoria a las declaraciones de los señores N ayer Díaz Florián y Willington Tinoco, entre otros, quienes fueron enfáticos en demostrar la intensidad del daño.

1. No es de recibo el requerimiento de indicar el precedente de manera precisa, en otras palabras, manifestar la fecha de la jurisprudencia, entre otras circunstancias, pues los jueces de la república tienen la obligación de interpretar la dema nda, buscar la fuente del daño y aplicar tanto las normas com o las decisiones judiciales y la doctrina.

2. Consideraciones

2.1. Competencia10

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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por

Administrativo serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por Sección Tercera, Subsección A, de esta Corporación el 17 de marzo de 2023.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 11 de noviembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B , dentro del medio de control de reparación directa radicado 47001-23-31-002-2010-00537-00 (45 182). En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se incurrió en las causales de procedibilidad defecto fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial y, por ende, si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un medio a través del cual t oda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles p or la11

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Corte Constitucional, en Sentencia C -543 de 1992 , al considerarse que atentaban contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad , de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia

En este entendido, la jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 20053, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la infracción como los derechos afectados y que hubiere alegado tal desconocimiento en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de

2 T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T -589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 3 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.12

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sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales,