CE - 110010315000202300072011SENTENCIA20230508162325

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00072-01

Actora: Daira Maribell Acosta Salazar

Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) acceso a la administración de justicia y iv) “[…] tutela judicial efectiva […]”.

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 9 de marzo de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio del cual negó la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora , en nombre propio , present ó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño , porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 15 de septiembre de 2022 , en el proceso ejecutivo identificado con el número único de

1. La actora , en nombre propio , present ó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño , porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 15 de septiembre de 2022 , en el proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 86001 33 31 002 2021 00049 -01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.2

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Actora: Daira Maribell Acosta Salazar

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, presento demanda en contra de la E.S.E. Hospital Pio XII, a fin de que se librara mandamiento ejecutivo por las sumas de dinero de: “[…] por el mayor valor ejecutado reconocido el acta de liquidación bilateral No. 2016-09-IP 088 por la suma como capital de $68.334.200 moneda corriente […] : Se condene en el mismo mandamiento de pago a favor de mi poderdante los intereses moratorios plasmados en el artículo 4 numeral 8 de la ley 80 de 1993, causada desd e el 02 de febrero de 2017 hasta la fecha en que se realice la totalidad del pago […]”.

4. Indicó que, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante auto de 26 de mayo de 2021, libró mandamiento de pago, “[…] a favor de la señora Daira Maribell Acosta Salazar y en contra de la E.S.E. Hospital Pio XII, por la suma

auto de 26 de mayo de 2021, libró mandamiento de pago, “[…] a favor de la señora Daira Maribell Acosta Salazar y en contra de la E.S.E. Hospital Pio XII, por la suma de sesenta y ocho millones trescientos treinta y cuatro mil doscientos pesos ($68.334.200) M/CTE., por concepto de valor mayor ejecutado al contrato No. 201609-IP 088 del 1 de septiembre de 2016 y que fuera reconocido en acta de liquidación de bilateral. Asimismo, por los intereses moratorios a que haya lugar, desde su exigibilidad hasta la verificación del pago y las costas que en el presente proceso se llegaren a causar […]”.

5. Señaló que, la E.S.E Hospital Pio XII, presentó una serie de excepciones contra el auto que libró mandamiento de pago, las cuales fueron : “[…] EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE TITULO EJECUTIVO EN CONTRA DE LA E.S.E. HOSPITAL PIO XII DE COLÓN […] INEXISTENCIA DE TITULO EJECUTIVO EN CONTRA DEL

DEMANDADO […]”.

6. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante sentencia del 19 de abr il de 2022, “[…] declaró no probadas las excepciones propuestas y ordenó seguir adelante con la ejecución del crédito, en los términos definidos en el mandamiento de pago […]”.3

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Actora: Daira Maribell Acosta Salazar

7.Adujo que , el Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia de 15 de septiembre de 2022, dispuso en su parte resolutiva lo siguiente:

Actora: Daira Maribell Acosta Salazar

7.Adujo que , el Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia de 15 de septiembre de 2022, dispuso en su parte resolutiva lo siguiente:

“[...] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de abril de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa.

SEGUNDO: DECLARAR, de oficio, probada la excepción falta de requisitos formales del título ejecutivo, por los motivos expuestos en esta providencia.

TERCERO: DECLARAR, probada la excepción falta de requisitos sustanciales del título ejecutivo, por los motivos expuestos en esta providencia.

CUARTO: ABSTENERSE DE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN dentro del proceso No. 86 -001-3331-002-2021-00049-01 (11473), propuesto por la señora DAIRA MARIBELL ACOSTA SALAZAR frente a la E.S.E. HOSPITAL PIO XII, por los motivos expuestos en esta providencia [...]”.

7.1. El Tribunal Administrativo de Nariño consideró lo siguiente:

“[…] para el Tribunal, en el caso concreto, además del contrato de suministro No. 2016-09-IP-088 y lógicamente del acta de liquidación, han debido aportarse los demás documentos pactados por las partes para efectos del pago, tal como lo exige la cláusula cuarta en concordancia con la cláusula séptima, según las cuales, “la ESE se compromete a cancelar nel valor del suministro de acuerdo a las facturas que se generen en el mes y previa suscripción de acta de entrega y recibo a satisfacción del suministro suscrito por el supervisor del contrato”.

se compromete a cancelar nel valor del suministro de acuerdo a las facturas que se generen en el mes y previa suscripción de acta de entrega y recibo a satisfacción del suministro suscrito por el supervisor del contrato”.

Pero, además, resalta el Tribunal, en tanto que se trata de la ejecución de montos adicionales al valor inicial de contrato, atendiendo a la normativa contenida en el art. 39 de la Ley 80 de 1993, según la cual “Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito” (…)”, también debió aportarse el otro sí contractual, o contrato adicional, bajo el cual se haya dispuesto adicionar en su valor el contrato de suministro No. 2016-09-IP-088.

Adicional a la copia del contrato y su acta de li quidación bilateral, ningún otro documento aportó la ejecutante. Razón por la cual, el Tribunal de oficio, contrario a lo decidido por el Juzgado de primera instancia, deberá declarar probada la excepción de falta de cumplimiento de requisitos formales del título ejecutivo, según lo autoriza el art. 299 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021.

En términos concretos, si se ejecuta un valor adicional al contrato inicial ha debido traerse los documentos donde conste tal pacto de adición al contrato y no solamente un acta de liquidación que incluya un valor no pactado contractualmente.

[…]

“[…] Lo primero será reiterar que no existe soporte alguno para indicar, en el acta de liquidación del contrato, que se hubiera adicionado por el valor de $68.334.200. Tal adición entonces se soporta únicamente en la manifestación de la ESE en el acta de liquidación bilateral del contrato.4

liquidación del contrato, que se hubiera adicionado por el valor de $68.334.200. Tal adición entonces se soporta únicamente en la manifestación de la ESE en el acta de liquidación bilateral del contrato.4

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Actora: Daira Maribell Acosta Salazar

En igual sentido, pese a que como se indicó de manera preliminar en esta providencia, el art. 195-6 de la Ley 100 de 1993 dispone que en materia contractual las ESE se regirán por el derecho privado, tanto en el contrato como en la liquidación del mismo la ESE ejecutada acude a las normas del estatuto general de contratación. Así las cosas, dicho sea de paso, sea del caso anotar que el valor adicionado al contrato, por el valor de $68.334.200, según el acta de liquidación, que corresponde al 341.69%, desconocería el inciso segundo del parágrafo del art. 40 de la Ley 80 de 1993.

Igualmente llama la atención del Tribunal el hecho de que, presuntamente el contrato se haya adicionado únicamente en su valor, sin modificar el plazo del mismo, al punto que la liquidación del mismo se hace incluso antes del vencimiento del plazo pactado.

En conclusión, el acta de liquidación bilateral de 2 de enero de 2017, traída al proceso ejecutivo no refleja que la obligación debida tenga fundamento en lo pactado en el contrato 2016-09-IP-088 de 1 de septiembre de 2016, ni ningún otro documento que le sirva de fundamento, por lo tanto, la obligación en ella contenida NO es clara. 3.5.

contrato 2016-09-IP-088 de 1 de septiembre de 2016, ni ningún otro documento que le sirva de fundamento, por lo tanto, la obligación en ella contenida NO es clara. 3.5. Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal revocará la sentencia de 19 de abril de 2022, objeto de apelación y en su lugar, se abstendrá seguir adelante la ejecución […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. La actora solicitó en su escrito de tutela.

“[…] PRIMERO. - Sírvanse Honorables Magistrados, tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, en la que ha incurrido el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, mediant e la Sentencia 2022 -135-S.O. proferida el 15 de septiembre de 2022, dentro del proceso ejecutivo con radicación 86 001 3331 002 2021 00049 01 (11473).

SEGUNDO. - En consecuencia, se sirva dejar sin efecto la Sentencia de segunda instancia 2022-135-S.O. proferida el 15 de septiembre de 2022 por el H. Tribunal Administrativo de Nariño.

TERCERO. - Sírvase reemplazar la sentencia de segunda instancia que es objeto de tutela, por una en la cual acceda a las pretensiones de la demanda, conforme se los argumentos expuestos en este escrito […]”.

8.1. La actora en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en un “[…] defecto sustantivo […]”, en un defecto fáctico y en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.5

incurrió en un “[…] defecto sustantivo […]”, en un defecto fáctico y en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.5

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Actora: Daira Maribell Acosta Salazar

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de enero de 2023 ; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Nariño y iii) vinculó a la E.S.E. Hospital Pio XII , en calidad de tercero con interés legítimo , concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo de Nariño , manifestó que “[…] la Corporación se atiene a las decisiones que sobre el tema objeto de tutela, adopte el Honorable Consejo de Estado. No obstante, debe advertirse que las actuaciones de la Corporación se ajustaron a las garantías del debido proceso y del derecho de defensa de la parte actora y quienes intervinieron en el proceso […]” y solicitó que se “[…] desestime las pretensiones de la acción de amparo en tanto no se configuran los requisitos de procedencia y procedibi lidad previstos por la jurisprudencia constitucional en sede de tutela […]”.

11. La E.S.E. Hospital Pio XII., solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo, toda vez que, “[…] la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PIO

jurisprudencia constitucional en sede de tutela […]”.

11. La E.S.E. Hospital Pio XII., solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo, toda vez que, “[…] la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PIO XII DE COLON (P), no h a vulnerado ni amenazado derecho alguno del accionante

[…]”.

La sentencia impugnada

12.La Subsección A de la Sección Segunda del del Consejo de Estado, mediante sentencia de 9 de marzo de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] Primero. Denegar el amparo que solicita la señora Daira Maribell Acosta Salazar, conforme a la parte considerativa que antecede. […]”.

12.1. Consideró que:

“[…] la Sala considera que la autoridad judicial accionada atendió el régimen legal aplicable a las empresas sociales del Estado y, de manera expresa, indicó que6

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aquellas se encuentran excluidas del régimen general de la contratación; sin embargo, justificó la razón por la cual en el caso objeto de análisis debían tenerse en cuenta las previsiones generales de la Ley 80 de 1993 y, a partir de aquellas, estudiar los requisitos sustanciales de título ejecutivo base de recaudo.

Adicionalmente, la señora Daira Mari bell Acosta Salazar alega la incursión en un defecto fáctico, en su modalidad positiva, dado que, a su juicio, el Tribunal Administrativo de Nariño valoró de manera incorrecta el Acta de Liquidación Bilateral

Adicionalmente, la señora Daira Mari bell Acosta Salazar alega la incursión en un defecto fáctico, en su modalidad positiva, dado que, a su juicio, el Tribunal Administrativo de Nariño valoró de manera incorrecta el Acta de Liquidación Bilateral del 2 de enero de 2017 y, con ello, desatendió el alcance y suficiencia de ese documento para el inicio y continuidad del trámite ejecutivo. En ese referente, se evidencia que la autoridad judicial accionada analizó esa prueba y, como se ha venido exponiendo a lo largo de este proveído, consideró que p or sí sola no podía considerarse como un título ejecutivo autónomo ni contenía una obligación clara, porque si bien en aquella se reconoció por parte de la entidad un valor adicional ejecutado, lo cierto era que no se allegaron los documentos pactados por las partes para exigir el pago en las estipulaciones contractuales. Sumado a lo expuesto, la corporación accionada precisó que no contenía una obligación clara, toda vez que los valores presuntamente ejecutados no reflejan ni tenían fundamento en algún compromiso contractual derivado del contrato de suministro.

Siendo de esta forma, la Sala avizora que el estudio llevado a cabo por el Tribunal Administrativo de Nariño para resolver la litis no fue irracional o caprichoso, pues valoró el acervo probatorio obrante en el plenario y explicó las razones por las cuales debía revocarse la sentencia recurrida, lo cual no configura el defecto fáctico invocado, en tanto es justamente en el ámbito valorativo, donde el juez, a partir de los cánones de la sana crítica, cuenta con una mayor libertad de análisis de los supuestos que interesan al caso.

invocado, en tanto es justamente en el ámbito valorativo, donde el juez, a partir de los cánones de la sana crítica, cuenta con una mayor libertad de análisis de los supuestos que interesan al caso.

Finalmente, la parte actora afirma que la autoridad judicial accionada desatendió el precedente judicial del Consejo de Estado fijado en las sentencias del 19 de enero de 2017, expediente 11001 03 15 000 2016 00877 01 y del 21 de mayo de 2021, expediente 11001 03 15 000 2021 00508 01 sobre el acta de liquidación contractual como título ejecutivo autónomo. Igualmente, consideró que inadvirtió el criterio del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, definido en los pronunciamientos del 19 de julio de 2006, expediente 23001 23 31 000 2003 01328 01 y, del 28 de octubre de 2019 expediente 85001 23 33 000 2018 00155 01, al concluir que era necesario ligar el acta de liquidación bilateral al contrato de suministro y exigir que el balance final debía estar supeditado a una condición contractual, como es la ampliación del plazo y monto, pues dicho documento reviste de plena validez y es un título ejecutivo autónomo y singular.

En lo concerniente al primer grupo de decisiones invocadas, esto es, a las sentencias del 19 enero de 2017, expediente 2016 00877 y del 21 de mayo de 2021, expediente 2021 00508, la Sala advierte que fueron proferidas por el Consejo de Estado en sede de tutela, por lo que sus efectos son inter partes, pues resolvieron un problema

2021 00508, la Sala advierte que fueron proferidas por el Consejo de Estado en sede de tutela, por lo que sus efectos son inter partes, pues resolvieron un problema jurídico relativo a un contexto fáctico específico y un marco normativo concreto, en los términos definidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU -349 de 2019, razón por la que no puede imponerse a la autoridad judicial accionada su observancia, máxime cuando lo discutido no es el alcance otorgado a derechos fundamentales.

Por su parte, frente a las providencias del 19 de julio de 2016, expediente 23 001 23 31 000 2003 01328 y del 28 de octubre de 2019 expediente 85001 23 33 000 2018 00155, en principio, se debe precisar que las sentencias que se alegan como desconocidas no constituyen un precedente de obligatorio acatamiento para los operadores judiciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 270 del CPACA. No obstante, la Sala participa de la perspectiva jurídica conforme a la cual un conjunto7

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de sentencias de identidad fáctica y jurídica puede dar lugar a que se examine la violación del principio de igualdad.

Aclarado lo anterior, y una vez verificado el contenido de las providencias en mención, la Sala observa que en el primer asunto el Consejo de Estado analizó la procedencia de librar el mandamiento ejecutivo de pago en el trámite de ejecución iniciado por una empresa prestadora de servicios de salud en contra de una entidad territorial, en virtud

la Sala observa que en el primer asunto el Consejo de Estado analizó la procedencia de librar el mandamiento ejecutivo de pago en el trámite de ejecución iniciado por una empresa prestadora de servicios de salud en contra de una entidad territorial, en virtud de un acuerdo final denominado «CONCILIACIÓN DE CUENTAS», el cual suscribieron las partes a la finalización y ejecución de diversos contratos de administración de recursos del régimen subsidiado en salud; en dicha decisión, definió lo siguiente: (i) que en las controversias derivadas de los contratos estatales y en los procesos de ejecución, el título ejecutivo puede ser singular o complejo, atendien do a las particularidades del caso; y (ii) en los casos en los que los contratos fueron liquidados y las obligaciones constaban en las actas, aportar el contrato no era un factor determinante. En virtud de lo anterior, en el caso concreto, iteró que, a pes ar de que las actas de liquidación del contrato de administración de recursos constituían por sí solas un título ejecutivo, no reunían el requisito de claridad exigido.

En el segundo asunto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al decidir el recurso de apelación propuesto por el departamento de Casanare en contra del proveído que negó el mandamiento ejecutivo de pago en la demanda ejecutiva iniciada en contra de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E., en v irtud de la liquidación de un convenio interadministrativo, cuyo objeto fue la construcción de obras complementarias para la adecuación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal, estableció que el acta de liquidación del contrato presta mérito ejecutivo, siempre que

objeto fue la construcción de obras complementarias para la adecuación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal, estableció que el acta de liquidación del contrato presta mérito ejecutivo, siempre que en ella consten obligaciones claras, expresas y exigibles y, al resolver la controversia particular, precisó que la parte ejecutante había aportado el documento en copia simple y, por esa razón, no podía librarse mandamiento ejecutivo de pago.

Precisado lo anterior, la Sala encuentra, en primer lugar, que los asuntos resueltos no guardan plena identidad fáctica y jurídica con el presunto asunto, de manera que no puede considerarse que se lesione el derecho fundamental a la igualdad. En segundo término, se evidencia que el Tribunal Administrativo no desatendió el criterio del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puesto que, como se explicó en las consideraciones anterior es de este acápite, en sede de segunda instancia, precisamente analizó si el Acta de Liquidación Bilateral del 2 de enero de 2017 cumplía o no los requisitos exigidos frente al título ejecutivo y, de esta forma, si de su contenido se derivaba una obligació n clara, expresa y exigible que permitiera seguir con la ejecución del crédito; sin embargo, al revisar la particularidades del acuerdo contractual, consideró que su contenido debía evaluarse de manera conjunta con el contrato de suministro y, en virtud de ello, la parte demandante debió allegar los demás documentos que acreditaban la ejecución de los valores adicionales incluidos en la etapa de liquidación. Entonces, aunque la accionante enuncia que la autoridad judicial accionada desatendió la postura del Consejo de Estado, lo que se

los demás documentos que acreditaban la ejecución de los valores adicionales incluidos en la etapa de liquidación. Entonces, aunque la accionante enuncia que la autoridad judicial accionada desatendió la postura del Consejo de Estado, lo que se evidencia es que existió un análisis juicioso y concreto de los supuestos fácticos particulares, en virtud de la prerrogativa establecida en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, que otorga al juez autonomía e i ndependencia para decidir las controversias sometidas a su conocimiento, se resolvió la controversia.

Por las razones esgrimidas, la Sala encuentra que en la providencia enjuiciada no se incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial y, como resultado, no advierte la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a la administración de justicia, reclamados en protección por la parte accionante […]”.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00072-01

Actora: Daira Maribell Acosta Salazar

La impugnación:

13. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente:

“[…] la sentencia de primera instancia, no aborda de fondo lo solicitado con el escrito de acción, con lo cual se continua (sic) lesionando los derechos de mi representada dentro de un proceso ejecutivo que cumplió con las estipulaciones legales para librar mandamiento de pago y seguir adelante con la ejecución, por los alimentos

de acción, con lo cual se continua (sic) lesionando los derechos de mi representada dentro de un proceso ejecutivo que cumplió con las estipulaciones legales para librar mandamiento de pago y seguir adelante con la ejecución, por los alimentos suministrados por la señora DAIRA MARIBELL ACOSTA SALAZAR a los pacientes

de la ESE PIO XII DE COLÓN.

El acta de liquidación y el contrato allegado al proceso ejecutivo, dan cuenta de la lesión a los derechos y el patrimonio de una ciudadana que prestó un servicio a la administración, guiada por la existencia de un contrato y la figura de la liquidación de cuentas, en la que no se desconoció la obligación de la contratante, pero que por aspectos que no fueron debatidos en el decurso del proceso, y con la indebida aplicación de normas, el accionado lesionó la confianza en la administración pública y de justicia.

Así mismo, Honorables Magistrados, se demuestra que hay un cumplimiento dentro del requisito del título valor “De acuerdo con lo anterior, para que un acta de liquidación contractual, cumpla con los requisitos para prestar mérito ejecutivo, requiere que defina con claridad la suma adeudada al contratista o el saldo pendiente de pago y la forma como se va a pagar, sin que dé lugar a suposiciones o a interpretaciones. Por otro lado, conviene recordar que, tal como lo señala el artículo 297 numeral 3 del CPACA, el acta de liquidación contractual constituye título ejecutivo cuando en ella se establecen obligaciones expresas, claras y exigibles, de allí entonces que, si las partes suscriben dicho acto de mutuo acuerdo, incorpora un negocio jurídico que expresa la manifestación de voluntad de las partes y en esa medida solo puede ser invalidado por algún vicio de consentimiento, esto es, error,

entonces que, si las partes suscriben dicho acto de mutuo acuerdo, incorpora un negocio jurídico que expresa la manifestación de voluntad de las partes y en esa medida solo puede ser invalidado por algún vicio de consentimiento, esto es, error, fuerza o dolo”, tiene una similitud en donde si ampara el derecho y ordena proferir al tribunal una nueva providencia, se hace necesario honorables magistrados que se respeten los derechos, se solicita se continue (sic) el precedente y respete los derechos establecidos y exista una debida valoración del acta de liquidación que fue de manera bilateral en donde de manera clara, expresa y exigible se encuentra, y la obligación reconocida por el demandado en el acta bilateral es expresa y no surge de un proceso aritmético, ya es claro, así mismo, dentro del proceso ejecutivo el tribunal solicita un documento adicional u otro si como lo manifiesta, hecho que la entidad no realizó pero si (sic) reconoció tal obligación en el acta de liquidación bilateral dando certeza de las actividades ejecutadas y obligaciones que debe por esa ejecución, por lo que se solicita que esa acta contien e una naturaleza de autonomía y no se demostró un vicio del consentimiento de error, fuerza o dolo, y que eso le corresponde al demandado en otra instancia demostrarlo, pero el tribunal pierda y no valora de manera adecuada el acta de conformidad a su auto nomía en la liquidación, en la obligación expresa que se manifiesta y escribe, además que crea un título que se reclama. Además, teniendo en cuenta que la ejecución contractual fue en el sentido de la seguridad jurídica y de la confianza legitima (sic) con el contratante en su momento e inclusive de la necesidad de los alimentos a los enfermos del hospital pio

reclama. Además, teniendo en cuenta que la ejecución contractual fue en el sentido de la seguridad jurídica y de la confianza legitima (sic) con el contratante en su momento e inclusive de la necesidad de los alimentos a los enfermos del hospital pio xii, es decir, por parte del contratista por el merito (sic) de estos principios estaría perdiendo un derecho cuando muy bien en el acta se reconocen todos lo (sic) derechos y obligaciones. Ya era responsabilidad de la administración proceder hacer los adicionales u otros si como lo dijo el tribunal pero existe un contrato en donde la9

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Actora: Daira Maribell Acosta Salazar

administración decidió ejecutar con mayores valores reconociéndolos en el acta, que si la administración actúo de manera adecuada o no sobre los mayores valores depende de otras instancias pero en lo que atañe la valoración probatoria es que existe un título debidamente reconocidos de manera bilateral a favor del contrati sta siendo de manera expresa, señoría, se solicita de manera encarecida una decisión de fondo al respecto de la valoración probatoria del acta de liquidación y sea procedente la tutela, con el fin de tener certeza de la seguridad jurídica y la confianza legitima (sic), que se tuvo con la administración del Hospital en donde si se firmó un contrato hubo ejecución y valores mayores que no hubo acto de adición u otro si como lo pide el tribunal pero que si fueron reconocidos en el acta de liquidación bilateral de manera expresa esto en la naturaleza del servicio que fue la prestación del servicio de alimentos de los enfermos, dejando clara y expresa, y no hubo acto que lo

lo pide el tribunal pero que si fueron reconocidos en el acta de liquidación bilateral de manera expresa esto en la naturaleza del servicio que fue la prestación del servicio de alimentos de los enfermos, dejando clara y expresa, y no hubo acto que lo controvirtiera por el hospital […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente se ñalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

16. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.10

tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00072-01

Actora: Daira