CE - 110010315000202300078011SENTENCIA20230424081639

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE (E): RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C. trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 11001 03 15 000 2023 00078 01

Demandante: Gabriel Jaime Perea

Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial/ Providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que rechazó por extemporánea la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela y negó una solicitud de nulidad en la acción de tutela con radicado 11001 33 15 000 2022 00111 00.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia del 17 de febrero de 2023 , mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró improcedente el amparo reclamado.

1. La acción de tutela

El señor Gabriel Jaime Perea promueve acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C , por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00078 01

Demandante: Gabriel Jaime Perea

fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00078 01

Demandante: Gabriel Jaime Perea

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicita:

Respetuosamente solicito por medio de su [d]espacho la protección rápida y eficaz de mis derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia y en consecuencia se ordene al CONSEJO DE ESTADO , SECCIÓN TERCERA , SUBSECCIÓN C – magistrado ponente NICOLÁS YEPES CO RRALES, revoque y deje sin efectos el auto de fecha 17 de mayo de 2022 que niega el RECURSO DE IMPUGNACIÓN al fallo de fecha 25 de marzo de 2022 y así mismo revoque y deje sin efectos el auto de fecha 17 de junio de 2022, que niega la nulidad propuesta el 23 de mayo de 2022, dentro de en la ACCIÓN DE TUTELA radicada con el consecutivo 11001031500020220011100, con el fin de que me sea concedida la impugnación.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

1. El 21 de diciembre de 2021, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,1 despachos judiciales que conocieron del medio de control de nulidad y

1. El 21 de diciembre de 2021, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,1 despachos judiciales que conocieron del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 68001 23 33 000 2012 0033 000 00 [01]2 y del fallo proferido por la Sala de Decisión Dos de esta corporación, que resolvió el recurso extraordinario de revisión.

1. El 25 de marzo de 2022, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado3 profirió fallo de tutela por medio del cual negó las pretensiones de amparo, del cual «fui notificado […] el día el 4 de mayo de 2022 a las 15:12 de la tarde»

1. El 11 de mayo de 2022, «cinco (5) días hábiles después de haber sido notificado, impugné el fallo de tutela teniendo en cuenta las directrices del Decreto 806 de 2020, que aplicaba respecto a los términos de notificación y el cual regía para la fecha. Por lo cual me encontraba dentro de los términos de ley para impugnar».

1. El 17 de mayo de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, rechazó la impugnación aduciendo que fue radicada de forma extemporánea.

1 Decisiones proferidas el 26 de noviembre de 2015 y el 11 de julio de 2019, respectivamente. 2 El expediente de tutela con radicado número 11001 03 15 000 2022 00111 00. 3 Expediente radicado número 11001 03 15 000 2022 00111 00.3

2 El expediente de tutela con radicado número 11001 03 15 000 2022 00111 00. 3 Expediente radicado número 11001 03 15 000 2022 00111 00.3

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00078 01

Demandante: Gabriel Jaime Perea

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co v) El 23 de mayo de 2022, radicó solicitud de nulidad contra la decisión de re chazo, la que fue negada el 17 de junio de igual anualidad por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante

Consideró que la providencia objeto de litis habría incurrido en los siguientes defectos:

1.3.1. Defecto sustantivo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, desatendió lo dispuesto por el Decreto Legislativo 806 de 2020 respecto de los términos de notificación, en particular, su contabilización para interponer en tiempo la impugnación, la que fue negada a pe sar de haberla intentado dentro del plazo de los 5 días hábiles en el previsto.

En lo que atañe al proceso de tutela con radicado número 11001 33 15 000 2022 00111 00, le fue notificado personalmente por correo electrónico el 4 de mayo 2022, por lo que d icho acto procesal debi ó entenderse perfeccionado al cabo de los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos, de conformidad con lo

00111 00, le fue notificado personalmente por correo electrónico el 4 de mayo 2022, por lo que d icho acto procesal debi ó entenderse perfeccionado al cabo de los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos, de conformidad con lo establecido en dicho decreto , de modo que tenía hasta el 11 de mayo de igual anualidad para impugnar la sentencia, fecha en la que efectivamente radicó el escrito correspondiente.

1.4. Actuación procesal

1. Por auto del 16 de enero de 2023 , se ordenó notificar : i) como demandados a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; ii) como tercero interesado, al director general de la Policía Nacional, toda vez que esa institución intervino en el proceso de tutela con radicado 11001 03 15 000 2022 00111 00; y iii) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 610 del Código General del Proceso.4

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00078 01

Demandante: Gabriel Jaime Perea

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) El 23 de enero de 2023, se vincularon como terceros interesados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander , del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y de la Sala Especial de Decisión Dos de esta corporación.

1.5. Intervenciones

magistrados del Tribunal Administrativo de Santander , del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y de la Sala Especial de Decisión Dos de esta corporación.

1.5. Intervenciones

1.5.1. El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C ,4 Nicolás Yepes Corrales, ponente de la providencia objeto de litis una vez resumido el trámite impartido a la acción de tutela con radicado 11001 03 15 000 2022 00111 00 instaurada por el señor Gabriel Jaime Perea, aclar ó que los argumentos plasmados en los proveídos atacados corresponden a la postura que esa Subsección sostenía antes de que la Corte Constitucional profiriera la sentencia SU -387 del 3 de noviembre 2022, en la que se concluyó que el régimen de notificaciones personales previsto por el artículo 8 .° del Decreto Legislativo 806 de 2020 e ra aplicable a las notificaciones personales que se llev aran a cabo en relación con el fallo de tutela d e primera instancia.

En vista de que para la fecha en que fueron proferidos los autos reprochados no existía una postura unificada respecto de la aplicación del Decreto Legislativo 806 de 2020 a los trámites de tutela, la actual solicitud de amparo no podía ser utilizada para desconocer la autonomía e independencia judicial, máxime cuando la decisión de inaplicar la referida normativa estuvo debidamente motivada y tuvo como fundamento argumentos tales como que el Decreto 2591 de 1991 no prevé que las actuaciones cumplidas en el trámite de tutela deban ser notificadas personalmente, y que

inaplicar la referida normativa estuvo debidamente motivada y tuvo como fundamento argumentos tales como que el Decreto 2591 de 1991 no prevé que las actuaciones cumplidas en el trámite de tutela deban ser notificadas personalmente, y que observar el mencionado artículo significaría dilatar el proceso tuitivo, lo cual contrariaría el propósito del Decreto Legislativo 806 -incluso el del artículo 86 de la Constituciónconforme al cual la acción de tutela debe resolverse mediante un procedimiento preferente y sumario.

En tal virtud, solicitó negar el amparo deprecado.

4 Expediente digital de tutela.5

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Demandante: Gabriel Jaime Perea

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5.2. El teniente coronel del área jurídica de la Policía Nacional ,5 Francisco Javier Castro Gil, indicó que respecto de esa institución se encontraba configurada la falta de legitimación de la causa por pasiva, dado que las decisiones sobre las cuales recae la tutela son competencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

1.5.3. Los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y de la Sala Especial de Decisión Dos de esta corporación 6 a pesar de haber sido notificados del presente trámite con el fin de que rindieran en informe correspondiente, guardaron silencio.

1.6. Sentencia impugnada

Dos de esta corporación 6 a pesar de haber sido notificados del presente trámite con el fin de que rindieran en informe correspondiente, guardaron silencio.

1.6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , en sentencia del 1 7 de febrero de 2023 , declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales reclamados. l efecto se argumentó lo siguiente:

1. Advirtió que la presente solicitud de amparo no cumpl ió con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que en la demanda no se present aron ni se expusieron argumentos de rango iusfundamental para controvertir las decisiones proferidas por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Evidenció que el accionante se limitó a transcribir apartes de una decisión adoptada en otro proceso —al parecer otra acción de tutela — y con fundamento en ello enuncia la forma en que debió contarse la oportunidad para impugnar el fallo de primer grado, a partir de la aplicación del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Así las cosas, con sideró que el señor Gabriel Jaime Perea omitió encuadrar sus argumentos desde una perspectiva constitucional, identificar el defecto atribuido a la providencia y explicar las ra zones por las cuales la decisión de la autoridad judicial desbordó el marco de la autonomía judicial hasta ser considerada irrazonable y arbitraria.

1. Esa Sección señaló que si bien recientemente la Corte Constitucional dictó la

5 Expediente digital de tutela. 6 Expediente digital de tutela.6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00078 01

5 Expediente digital de tutela. 6 Expediente digital de tutela.6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00078 01

Demandante: Gabriel Jaime Perea

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sentencia SU-387 del 3 de noviembre de 2022, en la que sostuvo que «el régimen de notificaciones personales [contenido en el Decreto Legislativo 806 de 2020 ] es aplicable a las notificaciones de esta naturaleza que se lleven a cabo en los trámites de tutela», dicha decisión fue posterior a los autos de rechazo de la impugnación –17 de mayo de 2022 – y al que negó la nulidad contra aquel –de 17 de junio de 2022 –. Además, encontró que los argumentos de la autoridad judicial accionada se mostraban razonables y que no fueron directamente controvertidos en este mecanismo constitucional.

1. Cuando se controvierte una decisión de una alta corte, se exige una argumentación cualificada para derrumbar el juicio vertido en la providencia atacada, al punto que sea indiscutible la flagrante afectación de un postulado constitucional o la recta interpretación de la carta política; circunstancias que, pese a la sobreviniente sentencia de unificación, no encontró acreditadas.

1. Las providencias cuestionadas se basaron en una interpretación razonable y jurídicamente viable para el momento en que se dictaron, a l argumentar la autoridad judicial accionada que el plazo para impugnar los fallos de tutela estaba

1. Las providencias cuestionadas se basaron en una interpretación razonable y jurídicamente viable para el momento en que se dictaron, a l argumentar la autoridad judicial accionada que el plazo para impugnar los fallos de tutela estaba expresamente previsto en el Decreto 2591 de 1991, por lo que no era dable aplicar lo dispuesto en el Decreto Legislativo 806 de 2020.

1.7. Impugnación

1. Señaló que la decisión adoptada por el juez a quo de tutela no se ajust ó a la reforma introducida por el inciso 3.° del artículo 8.° del Decreto Legislativo 806 de 2020 al régimen de notificación personal contenido en el Código General del

Proceso.

1. La notificación del fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en el expediente 11001 33 15 000 2022 00111 00, se le remitió al correo electrónico gabrieljperea@gmail.com el día de 4 de mayo de 2022, y aplicando el artículo 8.° del Decreto Legislativo 806 de 2020 se entendió surtida a los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje, y el término comenzó a contabilizarse a partir del día hábil siguiente de la notificac ión, que para su caso, quedó surtida el 6 de mayo de 2022, momento a partir del cual comenz ó a correr el7

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00078 01

Demandante: Gabriel Jaime Perea

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gabriel Jaime Perea

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co término establecido para interponer la respectiva impugnación, el cual feneció el día 11 de mayo y no a los 3 días como lo estableció la Sección Tercer a, Subsección C de esta corporación argumentando la aplicación del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

1. El procedimiento establecido en el auto que rechazó la impugnación propuesta desconoció la regla de notificación personal establecida en el Decreto Legislativo 806 de 2020 y el precedente de la Corte Constitucional, conculcando el debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Constitución.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para co nocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferid o por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, 7 según el cual «l as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resu eltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Se contrae a determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,

cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Se contrae a determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, quebrantó los derechos fundamentales invocados por el accionante al proferir los autos del 17 de mayo de 2022 -por medio del cual negó por extemporánea la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela d el 25 de marzo de igual anualidad con radicado 11001 03 15 000 2022 00111 00-, así como de la providencia del 17 de junio de 2022 que denegó la solicitud de nulidad propuesta.

7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00078 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos interlocutorios

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional 8 el concepto de providencia judicial comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades judiciales.

En materia de decisiones adoptadas en autos interlocutorios , la Corte Constitucional ha señalado que estos, por regla general, deben ser discutidos por medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto, a excepción de que en el caso objeto de estudio: (i) se evidencie una vulneración o

Constitucional ha señalado que estos, por regla general, deben ser discutidos por medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto, a excepción de que en el caso objeto de estudio: (i) se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial. En este evento, la acción constitucional no será procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizado s, pero en forma indebida; (ii) a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable.9

En todo caso , para que proceda, deberán reunirse los «requisitos generales de procedencia» de la acción de tutela y al menos uno de los «requisitos especiales de procedibilidad» del amparo de tutela fijados por la Corte Constitucional.

2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

Conforme a la Sentencia SU-157 de 2022, es indispensable verificar que la acción de tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías judiciales ordinarias. Contrario a lo expu esto por el juez a quo de tutela, el caso objeto de estudio reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la adminis tración de justicia y, además, fueron

8 Ver sentencias T 125 de 2010 y SU-817 de 2010, entre otras.

torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la adminis tración de justicia y, además, fueron

8 Ver sentencias T 125 de 2010 y SU-817 de 2010, entre otras. 9 Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00078 01

Demandante: Gabriel Jaime Perea

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desarrollados los argumentos para respaldar dicho cargo, así como el defecto que, en su criterio, se configura en la decisión objeto de litis, esto es, un defecto sustantivo por inobservancia de los términos establecidos en el artículo 8.° del Decreto Legislativo 806 de 2020 para la notificación personal.

Aunado a lo anterior, el objeto de la solicitud elevada por el señor Gabriel Jaime Perea está relacionado con el derecho a impugnar el fallo de primera instancia proferido en el trámite de una acción de tutela ante la autoridad competente, previsto por el artículo 86 de la Constitución.

De igual manera, s e encuentra satisfecho el requisito de inmediatez, toda vez que contra la decisión que rechazó la impugnación por extemporánea -proferida el 17 de mayo de 2022 -, se formuló solicitud de nulidad , y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, la negó por auto del 17 de junio de 2022, notificado el 22 de

mayo de 2022 -, se formuló solicitud de nulidad , y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, la negó por auto del 17 de junio de 2022, notificado el 22 de agosto de 2022, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 23 de diciembre de 2022 -durante la vacancia judicial -, es decir, dentro de los 6 meses siguientes, término que ha sido acogido por esta corporación como prudencial para acudir al medio de amparo constitucional. La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en la providencia enjuiciada.

En asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que se trata de una tutela contra el auto que rechazó la impugnación contra un fallo de la misma naturaleza.

2.4. Análisis de la Sala

Para resolver el presente caso la Sala analizará: i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias proferidas en un proceso de tutela y otras decisiones tomadas en su trámite, ii) la aplicación del artículo 8.° del Decreto Legislativo 806 de 2020 a la notificación personal en el trámite de tutela y iii) el caso concreto.

2.4.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias proferidas en un proceso de tutela y otras decisiones tomadas en su trámite10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00078 01

Demandante: Gabriel Jaime Perea

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00078 01

Demandante: Gabriel Jaime Perea

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La regla general es la procedencia excepcional de la acción de tutela contra de sentencias de tutela , pues conforme a la pacífica jurisprudencia de la Corte Constitucional ésta perdería su efectividad como mecanismo de acceso a la justicia , retardaría la resolución definitiva de la pretensión de amparo de los derechos fundamentales de quienes acuden a ella, y por esta vía, «se sacrificaría de manera irrazonable el principio de seguridad jurídica».10

No obs tante lo anterior esa corporación, en la sentencia SU -627 de 2015 unificó algunos «supuestos extraordinarios »11 en los que la acción de tutela procede, de manera excepcional, contra sentencias de tutela y otras decisiones que se profieran en el trámite de estas.

Cuando la acción de tutela se dirige contra una sentencia de tutel a proferida por un juez o tribunal de la República, diferente a la Corte Constitucional, procede de manera excepcional, cuando existan situaciones fraudulentas y graves y, por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta.12

Para analizar dicha situación, el juez de tutela debe verificar además de los requisitos generales, el cumplimiento de los siguientes supuestos: i) que la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; ii) que se demuestre , de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la

generales, el cumplimiento de los siguientes supuestos: i) que la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; ii) que se demuestre , de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude -fraus omnia corrumpity iii) que no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.13

Respecto de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra otras providencias proferidas en su trámite diferentes a la sentencia , la Corte Constitucional en la sentencia SU -627 de 2017 -reiterada en la SU -387 de 2022 -, dejó establecido que se debe distingui r «si éstas acaecieron con anterioridad o con

10 Corte Constitucional, sentencias SU-1219 de 2001 y SU-245 de 2021. SU-375 de 2022. 11 Corte Constitucional, sentencia SU-387 de 2022. 12 Sentencia SU-627 de 2015. « En este contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es cometido directamente por el juez o con su anuencia». Esta providencia remite a la Sentencia T218 de 2012. 13 La Sentencia T-093 de 2018 reitera la línea fijada en la SU627 de 2015.11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00078 01

13 La Sentencia T-093 de 2018 reitera la línea fijada en la SU627 de 2015.11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00078 01

Demandante: Gabriel Jaime Perea

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co posterioridad a la sentencia».14 Si se trata del primer suceso, una vez superados los requisitos de procedibilidad, y si el cargo consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros con interés legítimo que se verían afectados, la acción de tutela procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el expediente para su revisión. 15 En el segundo supuesto, la tutela procede cuando el accionante propende por obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato o en el de la impugnación de un fallo de tutela.

Ahora bien, en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones referidas a la oportunidad de la impugnación de un fallo de tutela, la jurisprudencia constitucional contenida en las sentencias T-162 de 1997, SU-627 de 2015 y T-268 de 2018, reiteradas a su vez en la SU -387 de 2022 , estableció unas reglas sobre las cuales devendría la proc edencia de la acción de tutela contra autos que nieguen o rechacen dicho recurso en su trámite. Al efecto se señaló:

La decisión de un juez de negar la impugnación de un fallo de tutela sí puede ser

tutela contra autos que nieguen o rechacen dicho recurso en su trámite. Al efecto se señaló:

La decisión de un juez de negar la impugnación de un fallo de tutela sí puede ser cuestionada mediante otra acción de tutela. En caso de que el funcionario judicial haya incurrido en una vía de hecho, ha realizado una acción que viola una serie de derechos fundamentales y frente a la cual no existe otro medio de defensa judicial , toda vez que “el juez de tutela, al igual que cualquier otro funcionario judicial, puede realizar una actuación que viole o ponga en peligro un derecho fundamental.”

Conforme lo expuesto en líneas precedentes, la acción constitucional de la referencia es procedente contra el auto que rechazó la impugnación en razón de su presunta extemporaneidad, escenario que en todo caso debe ser examinado, a fin de co nstatar si se incurrió en una vulneración de los derechos fundamentales del accionante al adoptarse tal decisión.

2.4.2. Aplicación del artículo 8.° del Decreto Legislativo 806 de 2020 a la notificación personal en el trámite de tutela

14 Corte Constitucional, sentencias SU-245 de 2021 y SU-627 de 2015. 15 Corte Constitucional, sentencias SU-245 de 2021 y SU-627 de 2015.12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00078 01

Demandante: Gabriel Jaime Perea

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el marco de la pandemia declarada en virtud d el COVID-19, el Gobierno Nacional

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el marco de la pandemia declarada en virtud d el COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 806 de 2020,16 mediante el cual adoptó «medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Es tado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».

El artículo primero, determinó el objeto y su ámbito de aplicación así:

[Artículo 1.° Objeto ].17Este decreto tiene por objeto implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, f amilia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como, las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales, durante el término de vigencia del presente decreto. Adicionalmente, este decreto pretende flexibilizar la a tención a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivación de las actividades económicas que dependen de este.

Parágrafo. En aquellos eventos en que los sujetos procesales o la autoridad judicial no cuenten con los medios tecnol ógicos para cumplir con las medidas establecidas en el presente decreto o no sea necesario acudir a aquellas, se deberá prestar el servicio de

Parágrafo. En aquellos eventos en que los sujetos procesales o la autoridad judicial no cuenten con los medios tecnol ógicos para cumplir con las medidas establecidas en el presente decreto o no sea necesario acudir a aquellas, se deberá prestar el servicio de forma presencial, siempre que sea posible y se ajuste a las disposiciones que sobre el particular dicten el Minis terio de Salud y Protección Social, el Consejo Superior de la Judicatura, los Centros de Arbitraje y las entidades con funciones jurisdiccionales.

Los sujetos procesales y la autoridad judicial competente deberán manifestar las razones por las cuales no p ueden realizar una actuación judicial específica a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones de lo cual se dejará constancia en e