CE - 110010315000202300100011SENTENCIA20230602143405

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00100-01

Demandante: CARLOS ARTURO CALLEJAS ZAPATA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., primero (1º) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00100-01

Demandante: CARLOS ARTURO CALLEJAS ZAPATA1

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN

“A”

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la pretensión de que se declare la existencia de un contrato realidad . Elemento de la s ubordinación y principio de coordinación administrativa. Defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora , a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 17 de febrero de 2023, dictada por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado , en la que declaró su improcedencia por falta de legit imación en la causa por activa.

I. ANTECEDENTES

Consejo de Estado , en la que declaró su improcedencia por falta de legit imación en la causa por activa.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante manifestó que, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nul idad de los oficios suscritos por el director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA) y el director regional (E) de dicha entidad, mediante los cuales se le negó el reconocimiento de una relación laboral desde el 23 de mayo de 2007 hasta el 21 de diciembre de 2012, sin solución de continuidad, y se ordenara “ el pago de las prestaciones debidamente indexadas por el tiempo laborado, tales como días domingos laborados, cesantías, prima de servicio, vacaciones, subsidio familiar, prima de navidad, indemnización moratoria desde que finalizó la relación laboral; efectuar la devolución de aportes a la seguridad social pagados, en la proporción que le corresponde asumir al empleador”.

Sostuvo que e l proceso le correspondió por reparto al Tr ibunal Administrativo de Antioquia, que mediante sentencia de 7 de febrero de 2018 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de los actos administrativos acusados, “atendiendo que se logró probar con elementos documentales y

1 En la primera instancia de la acción de tutela se entendió que el demandante era el señor Carlos Mario

Giraldo Marín.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00100-01

Demandante: CARLOS ARTURO CALLEJAS ZAPATA

Giraldo Marín.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00100-01

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2 testimoniales el contrato realidad, esto es, la prestación personal del servicio, la subordinación y salarios devengados”.

Agregó que dicho fallo se fundamentó en el “ Decreto ley 2277 de 1979, la Constitución Política de Colombia (artículo 53) y la Juri sprudencia, esta última en las Sentencias de la Corte Constitucional, como son: la Sentencia de 19 de marzo de 1997 (…)”, relativa a la vinculación de docentes a través de contratos de prestación de servicios.

Por último, i ndicó que, i nconforme con la ant erior decisión, el SENA presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de fallo de 3 de marzo de 2022, en el que revocó la sentencia de primera instancia y , en su lugar, negó las pretensiones de la demanda , luego de considerar que no existía un convencimiento pleno de que se tratase de una relación subordinada, “por lo que surgió la duda acerca de si este en realidad fue obligado a atender un horario específico de labores. Adem ás de observar que si bien los testigos y el señor Callejas Zapata, en su declaración, sostuvieron que quienes fungían como contratistas en la entidad demandada estaban sometidos al cumplimiento de un horario para el ejercicio de sus labores,

de observar que si bien los testigos y el señor Callejas Zapata, en su declaración, sostuvieron que quienes fungían como contratistas en la entidad demandada estaban sometidos al cumplimiento de un horario para el ejercicio de sus labores, lo cierto es que estas declaraciones, que se constituyen en un indicio de subordinación, no fueron respaldadas con algún otro material probatorio que demostrara que el demandante no tenía la posibilidad de concertar ese horario”.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, los cuales considera vulnerados por la sentencia de 3 de marzo de 2022 , mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” , revocó el fallo que accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el SENA, con el propósito de que se declarara la existencia de una relación laboral.

Luego de hacer referencia al cumplimiento de los r equisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales , adujo que el fallo objetado incurre en i) defecto sustantivo, por cuanto, a su juicio, “no se aplicaron de manera sistemática y complementaria la interpretación de la norma, la constitución y la jurisprudencia para el caso en concreto, como fue: 1. Decreto ley 2277 de 1979, el cual en su artículo 2 enuncia lo siguiente: "Artículo 2. PROFESION DOCENTE. (…) y artículo 4, que indica lo siguiente: Artículo 4. EDUCADORES NO OFICIALES”, y “ los Principios constitucionales como el artículo 53 de la Constitución Política”.

PROFESION DOCENTE. (…) y artículo 4, que indica lo siguiente: Artículo 4. EDUCADORES NO OFICIALES”, y “ los Principios constitucionales como el artículo 53 de la Constitución Política”.

Por último, el actor consider ó que la decisión objetada incurre en ii) desconocimiento del precedente judicial, en específico de “ la jurisprudencia, enunciada ampliamente por el Juez Ad -Quo, que tuvo como referencia la función como docente para desarrollar sus argumentos, los cuales recayeron sobre el caso en concreto y esto fue: La Corte Constitucional, en las consideraciones del citado fallo C-555/94”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO: ADMITIR la presente ACCIÓN DE TUTELA POR VIA DE HECHO.

SEGUNDO: SE DECLARE que el CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION SEGUNDA -SUBSECCIÓN A,Radicación: 11001-03-15-000-2023-00100-01

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3 CONSEJERO DE ESTADO - Doctor RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS­ CONSEJERO PONENTE, tuvo un defecto material o sustantivo, por cuanto el fallador dejó de aplicar presupuestos normativos y jurisprudenciales que eran necesarios para resolver las pretensiones del Demandan te vulnerando así, los Derechos fundamentales al Debido Proceso y a la igualdad.

dejó de aplicar presupuestos normativos y jurisprudenciales que eran necesarios para resolver las pretensiones del Demandan te vulnerando así, los Derechos fundamentales al Debido Proceso y a la igualdad.

TERCERO: Que como consecuencia de la anterior declaración se REVOQUE el fallo proferido por el AD QUE[M] y en cambio se confirme el fallo de primera instancia conforme a las pruebas y elementos normativos y jurisprudenciales esgrimidos en la presente acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, fallado por el Tribunal

Administrativo de Oralidad de Antioquia”.

4. Pruebas relevantes

Se alleg ó copia digital de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el Nº 2014-01923-01, actor: Carlos Arturo Callejas Zapata.

5. Trámite procesal

Por auto de 16 de enero de 2023, la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó notificar al demandante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al Tribunal Administrativo de Antioquia y al SENA , como terceros interesados en el resultado del proceso.

Adicionalmente, señaló que el señor Carlos Mario Gi raldo Marín, en el escrito de tutela, manifestó que aportaba “ Poder a mi conferido y los documentos aducidos como pruebas”, sin embargo, indicó, no los adjuntó con la demanda , motivo por el que ordenó requerirlo para que, dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto admisorio allegara lo enunciado, lo cual no ocurrió.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

auto admisorio allegara lo enunciado, lo cual no ocurrió.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

El magistrado ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, por cuanto, sostuvo, “a quien le corresponde acudir en tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales eventualmente desconocidos con la sentencia de segunda instancia es al señor Carlos Ar turo Callejas Zapata, en nombre propio o a través de apoderado; empero, si bien el señor Carlos Mario Girald o Marín es quien, en esta oportunidad, interpone la acción de tutela, este no acreditó actuar en representación de aquel”.

Sostuvo que , en todo cas o, las pretensiones deben negarse, por cuanto, en la sentencia objetada, esa Sala llevó a cabo un examen juicioso y extenso del material probatorio obrante en el expediente a efectos de establecer si entre el señor Carlos Arturo Callejas Zapata y la entida d demandada existió una auténtica relación laboral que tuviera como consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en el que permaneció vinculado con el SENA, del que advirtió que, si bien los testigos y el señor Callejas Zapata sostuvieron que quienes fungían como contratistas en la entidad demandada estaban sometidos al cumplimiento de un horario para el ejercicio de sus labores, lo cierto era que esas declaraciones no fueron respaldadas con algún otro material probatorio que demostrara que el demandante no tenía la posibilidad de concertar ese horario.

demandada estaban sometidos al cumplimiento de un horario para el ejercicio de sus labores, lo cierto era que esas declaraciones no fueron respaldadas con algún otro material probatorio que demostrara que el demandante no tenía la posibilidad de concertar ese horario.

Sobre el particular, añadió que al contrastar los relatos con las pruebas documentales, en especial con aquella en la que se advirtió que el actor suger íaRadicación: 11001-03-15-000-2023-00100-01

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4 su horario, la Sala no encontró acreditado que el demandante en realidad fuera obligado a atender una programación específica de labores, pues la concertación que aquel sostuvo con la supervisora se traducía en una medida que atendía a la flexibilidad y autonomía propia del contrato de prestación de servicios y denotaba que no había una imposición por parte del SENA, sino que se trataba de una labor colaborativa entre las partes contractuales, “esto es, lejos de evidenciarse una injerencia sobre la forma de desarrollar su labor, ponía de presente que esta se coordinaba”.

Agregó que de los contratos suscritos por el demandante y las obligaciones a las que se sujetó, la Sala advirtió que este acordó que elaboraría informes, presentaría programas académico s, e incluso se obligó a “asistir y participar en reuniones para efectos de ajustes en el servicio , situación que ha sido vista como una actividad consecuente al contrato, en la medida en que, tal y como lo ha

presentaría programas académico s, e incluso se obligó a “asistir y participar en reuniones para efectos de ajustes en el servicio , situación que ha sido vista como una actividad consecuente al contrato, en la medida en que, tal y como lo ha señalado esta Subsección, rendir informes mens uales, presentar planillas, efectuar planeación académica del mes siguiente, o asistir a reuniones, no pueden considerarse, por sí solas, como elementos de subordinación, toda vez que hacen parte de la ejecución y de las relaciones de coordinación propias del contrato de prestación de servicios, máxime si estas fueron pactadas”.

Para terminar, a firmó que, en ese sentido, abordó el problema jurídico planteado en el proceso y a partir de un análisis individual y luego conjunto de las pruebas, de las normas q ue informan la materia y de la jurisprudencia aplicable al caso , arribó a la decisión de revocar la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , por lo que no se advierte que con la decisión objeto de la tutela se hayan vulnerado lo s derechos constitucionales al debido proceso y a la igualdad del accionante, por haberse incurrido, presuntamente, en defect o sustantivo, “toda vez que la decisión atacada tuvo fundamento en la normativa aplicable, la línea jurisprudencial trazada por esta Sección relativa a las relaciones laborales encubiertas o subyacentes y el material probatorio debidamente allegado al proceso”.

6.2. Respuesta del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó de clarar la improcedencia de la acción, por cuanto, afirmó, dentro del proceso que originó la

al proceso”.

6.2. Respuesta del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó de clarar la improcedencia de la acción, por cuanto, afirmó, dentro del proceso que originó la controversia se respetó el debido proceso por los funcionarios competentes, y las peticiones elevadas por el accionante fueron atendidas y resueltas con base en procedimientos previamente establecidos, bajo los fundamentos constitucionales y legales existentes.

Aseveró que al revisar la actuación procesal surtida no se evidencia un error u omisión en el juicio valorativo, o que el juez haya valorado de manera arbitra ria, irracional o caprichosa las pruebas en el asunto debatido, y afirmó que el juicio estuvo sustentado en criterios de objetividad, en la totalidad de las pruebas arrimadas y el grado de valor probatorio otorgado por el juez de instancia obedeció al principio de sana crítica, la ley, la jurisprudencia y la Constitución Política.

Por último, llamó la atención del accionante en el sentido de que no es la tutela un mecanismo previsto para propiciar una instancia adicional cuando el litigante queda inconforme con la solución definitiva otorgada por la jurisdicción.

6.3. Los demás vinculados guardaron silencio , aun cuando fueron debidamente notificados del auto admisorio de la acción de tutela.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00100-01

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7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Secció n Tercera, Subsección “C”, en sentencia de 17 de febrero de 2023, declaró la falta de legitimación en la causa por activa, por cuanto, señaló, el señor Carlos Mario Giraldo Marín, en el escrito de tutela, manifestó que acudía a este trámite constitucional como accionante y que el señor Carlos Arturo Callejas Zapata lo hacía en calidad de afectado, y a pesar de afirmar que aportaba “un poder”, este no fue allegado.

Indicó que en los casos de acciones de tutela contra providencias judiciales, es preciso expr esar que, dado el carácter personalísimo de los derechos fundamentales, el titular que sea parte en el proceso ordinario es el único habilitado para invocar la protección del derecho al debido proceso que puede vulnerarse o resultar amenazado por efecto de una sentencia o un auto.

Añadió que d e ninguna manera podrá solicitar directamente el amparo constitucional quien fungió como apoderado judicial en aquella ocasión, pues su calidad no genera ipso facto la suplantación del titular del derecho , “de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en sus sentencias T -265 de 2017 y SU-620 de 1996, los titulares de los derechos invocados, que se encuentran legitimados para ejercer la acción de amparo directamente o a través de representante, son las par tes y los terceros interesados que participaron de los

SU-620 de 1996, los titulares de los derechos invocados, que se encuentran legitimados para ejercer la acción de amparo directamente o a través de representante, son las par tes y los terceros interesados que participaron de los referidos trámites”.

Para finalizar, señaló que resulta evidente que el abogado Carlos Mario Giraldo Marín, quien actúa en nombre propio en el presente trámite de tutela, carece de legitimación en la causa por activa para solicitar el amparo constitucional, pues no es el titular de los derechos invocados y tampoco tiene un interés legítimo para reclamarlos, por lo que declaró improcedente la solicitud de amparo.

8. Escrito de impugnación

Dentro del t érmino previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en escrito en el que manifestó que la acción de tutela radicada el 16 de diciembre de 2022 ante la Corte Suprema de Justicia fue acompañada, entre otros, de “ poder para actuar en representación de mi poderdante, el señor CARLOS ARTURO CALLEJAS ZAPATA”, para lo cual allegó como prueba la captura de pantalla en la que aparece la radicación de los documentos anexos con la tutela, entre los que figura el poder.

Afirmó que, en ese sentido, la falta de legitimación en la causa por activa no se configura, “ atendiendo que la documentación y anexos de la demanda fue radicada desde el inicio de manera completa y no es atribuible ese defecto al Suscrito, que de manera diligente aportó los documentos como base de prueba y el poder debidamente conferido por el Señor CARLOS ARTURO CALLEJAS

radicada desde el inicio de manera completa y no es atribuible ese defecto al Suscrito, que de manera diligente aportó los documentos como base de prueba y el poder debidamente conferido por el Señor CARLOS ARTURO CALLEJAS

ZAPATA”.

Finalmente, señaló que la inobservancia de los documentos anexos a la presente acción de tutela, dejó sin elementos f ácticos y jurídicos para el análisis de los derechos fundamentales, por lo que solicita que se acceda a su estudio de fondo.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00100-01

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artícul os 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Cuestión previa. De la legitimación en la causa por activa

2.1. En primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, en sentencia de 17 de febrero de 2023 , declaró improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa, por cuanto, señaló, el señor Carl os Mario Giraldo Marín, en el escrito de tutela, manifestó que acudía a este trámite constitucional como accionante y que el señor Carlos Arturo Callejas Zapata lo

Mario Giraldo Marín, en el escrito de tutela, manifestó que acudía a este trámite constitucional como accionante y que el señor Carlos Arturo Callejas Zapata lo hacía en calidad de afectado, y a pesar de afirmar que aportaba “un poder”, este no fue allegado.

En la impugnación, el señor Carlos Mario Giraldo Marín manifestó que la acción de tutela radicada el 16 de diciembre de 2022 ante la Corte Suprema de Justicia, fue acompañada, entre otros, de “ poder para actuar en representación de mi poderdante, el señor CARLOS ARTURO CALLEJAS ZAPATA” , por lo que la falta de legitimación en la causa por activa no se configura y, en ese sentido, el caso debe ser estudiado de fondo.

2.2. De la verificación de los documentos aportados con la demanda de tutela y que se encuentran en el Sistema para la Gestión Judicial Samai, la Sala observa que, en efecto, en el índice Nº 2 de los documentos del proceso, cargados por la Secretaría General de esta Corporación el 13 de enero de 2023, se encuentra el correo enviado el 16 d e diciembre de 2022 por el Sistema de Gestión Tutela en Línea a la Secretaría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que se reporta la radicación de la tutela Nº 1205245, y se envía el link para descargar los archivos anexos, e ntre los que se encuentra el poder especial otorgado ante el Notario Dieciséis del Círculo de Medellín por el señor Carlos Arturo Callejas Zapata al abogado Carlos Mario Giraldo Marín para adelantar la presente acción.

otorgado ante el Notario Dieciséis del Círculo de Medellín por el señor Carlos Arturo Callejas Zapata al abogado Carlos Mario Giraldo Marín para adelantar la presente acción.

La Corte Constitucional ha precisado sobre el poder especial que se requiere en tutela que “ en lo que tiene que ver con el apoderamiento judicial en materia de tutela, esta Corporación ha precisado que i) es un acto jurídico formal, por lo cual debe realizarse por escrito; ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico; iii) debe ser un poder especial; iv) el poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para instaurar procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial ; v) el destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional”2.

En ese sentido , conforme fue alegado por el apoderado del actor en la impugnación, la documentación que da por acreditada la legitimación en la causa por activa para interponer la presente acción de tutela sí se hallaba presente en el expediente de tutela desde su radicación, por lo que la Sala dará por cumplido ese requisito de procedencia y continuará, más adelante, con el estudio de los demás presupuestos generales de la tutela contra providencias judiciales.

2 Sentencia T-531 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00100-01

Demandante: CARLOS ARTURO CALLEJAS ZAPATA

2 Sentencia T-531 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00100-01

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3. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 3 de marzo de 2022 , mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, revocó el fallo que accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que el actor promovió contra el SENA, con el propósito de que se declarara la existencia de una relación laboral encubierta, incurre en defecto sustantivo , por la inaplicación de los artículos 2º y 4º del Decreto Ley 2277 de 1979 y de lo desarrollado en la sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional , sentencia de constitucionalidad cuyo desconocimiento puede conllevar un defecto sustantivo conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención

constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 5, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adela nte, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos t ribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la

cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razon able tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisit os específicos de procedencia que ha precisado la

3 Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972. 4 Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. 5 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 6 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 7 M. P. Jaime Córdoba Triviño.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00100-01

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8 jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo 11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedenci a, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reit erada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 15 y de la Corte Constitucional16.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe da r a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela cumple el requisito de relevancia constitucional, pues debe definirse si se vulneraron al accionante los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, con la sentencia de 3 de marzo de 2022 , mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, revocó el fallo que accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento de l derecho que el actor promovió contra el SENA. Contrario a lo sostenido por l os intervinientes, el propósito no es darle continuidad a una discusión de naturaleza legal, sino que la solicitud cuenta con la debida carga argumentativa y propone un debate re lativo al desconocimiento de conceptos jurídicos relativos a la configuración del requisito de la sub