CE - 110010315000202300116011SENTENCIA20230609000000

Radicación: 11001 03 15 000 2023 00116 01

Accionante: Jorge Enrique Romero Tello

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00116-01

Accionante: JORGE ENRIQUE ROMERO TELLO

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –

SUBSECCIÓN A

Tesis: No es procedente examinar una decisión adoptada por el juez de primera instancia cuando en el escrito de impugnación no se formul a ningún reparo para controvertir lo allí resuelto.

La acción de tutela es improcedente cuando se interpone luego de seis meses de notificados los autos que se atacan por vía de tutela.

La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora pretende reabrir la controversia resuelta por el juez natural.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Jorge Enrique Romero Tello en contra del fallo de tutela proferido el 2 1 de marzo de 2023 por la Subsección B, Sección Tercera, del Consejo de Estado.

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Jorge Enrique Romero Tello en contra del fallo de tutela proferido el 2 1 de marzo de 2023 por la Subsección B, Sección Tercera, del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El accionante promovió acción de tutela en contra de la Subsección A, Sección Segunda , del Consejo de Estado , con el fin de que se le ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad yRadicación: 11001 03 15 000 2023 00116 01

Accionante: Jorge Enrique Romero Tello

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

acceso a la administración de justicia , y formuló las s iguientes pretensiones1:

“[…] • Ordenar el cumplimiento al pie de la letra del Auto del 9 de diciembre de 2019.

· Hacer extensivo lo ordenado en el Auto citado frente a la viñeta anterior al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es decir que se ordene a esta Entidad que allegue al expediente la totalidad de los soportes técnicos, científicos y jurídicos que dieron lugar a la definición de la variable matemática PR en el artículo 2, los artículos 26, 29, 31 y el factor actuarial FAC3 del artículo 32 del Decreto 1748 de 1995; también la información que pudiera tener sobre los SMN de la tabla del Artículo 26 del Decreto 1748 de 1995.

• Remitir a la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, la

que pudiera tener sobre los SMN de la tabla del Artículo 26 del Decreto 1748 de 1995.

• Remitir a la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, la Asociación Nacional de Actuarios, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad Nacional de Colombia copia de la demanda, de las contestaciones de la demanda y de los antecedentes administrativos del Decreto 1748 de 1995 aportados al expediente, para que realicen un informe motivado y bajo juramento con destino a este proceso en el que expresen sus consideraciones jurídicas, técnicas y científicas sobre la definición de la variable matemática PR en el artículo 2, los artículos 26, 29, 31 y el factor actuarial FAC3 del artículo 32 del Decreto 1748 de 1995.

• Ordenar a la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP y a la Universidad Nacional de Colombia rendir el informe citado frente a la viñeta anterior, dado que en su carácter de entidades públicas están obligadas a la colabor ación armónica de los órganos del Estado para la realización de sus fines estipulada en el Artículo 113 de la CP, y que resulta increíble la incapacidad alegada, siendo que ofrecen públicamente consultorías en las áreas de la ciencia citadas. La UPTC ya ri ndió un informe y ofreció complementarlo tan pronto como reciba la información requerida. La mencionada Asociación de Actuarios debería colaborar, si se tiene en cuenta que se propone contribuir a la solución de problemas técnicos y económicos que en el campo de la ciencia actuarial afrontan el Gobierno, las entidades aseguradoras y los asegurados, y supuestamente ya rindió un informe que no aparece en el expediente.

técnicos y económicos que en el campo de la ciencia actuarial afrontan el Gobierno, las entidades aseguradoras y los asegurados, y supuestamente ya rindió un informe que no aparece en el expediente.

• Ordenar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al DANE suministrar nombres y ubicación de las personas que intervinieron en los procesos estadísticos y matemáticos que culminaron en los Artículos cuya nulidad demandé.

• Ordenar a las personas que intervinieron en la elaboración de los Artículos cuya nulidad demandé declaración juram entada sobre la forma como intervinieron en ese proceso.

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00116 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00116 01

Accionante: Jorge Enrique Romero Tello

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

• Resolución de la recusación al Consejero de Estado Ponente antes de que se profiera nueva sentencia.

• Revocatoria de la Sentencia del 20 de octubre de 2022 Proceso 11001032500020110002100 (0051 -2011) proferida por la Sección

Segunda Subsección A Consej ero Ponente Gabriel Valbuena Hernández. […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que presentó demanda de nulidad en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento

[…]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que presentó demanda de nulidad en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, con el fin de que se declarara la nulidad (i) de la Resolución 1588 de 1994 proferida por el DANE; (ii) del Decreto 2779 de 1994, y (iii) de la definición de la variable matemática PR en el artículo 2, los artículos 26, 29, 31 y el factor actuarial FAC3 del artículo 32 del Decreto 1748 de 1995.

Sostuvo que el conocimiento del asunto le correspondió a la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, que, según dijo, por auto del 2 de diciembre de 2014, negó las pruebas solicitadas.

Afirmó que la accionada no tuvo en cuenta el concepto rendido por la abogada y docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, Martha Yolanda Cortés Montaña.

Expresó que, por escrito remitido vía correo electrónico el 25 de enero de 2022, presentó recusación en contra del Consejero de Estado Gabriel Rodolfo Valbuena Hernández.

Manifestó que, por sentencia del 20 de octubre de 2022, la Subsección A, Sección Segunda , del Consejo de Estado , negó la s pretensiones de la demanda de nulidad presentada por el ahora accionante . Asimismo, en cuanto a la recusación , consideró que el demandante no invocó alguna causal legal que justificara su pedimento.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00116 01

cuanto a la recusación , consideró que el demandante no invocó alguna causal legal que justificara su pedimento.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00116 01

Accionante: Jorge Enrique Romero Tello

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Precisó que, contrario a lo que se concluyó en la sentencia atacada, el artículo 117 de la Constitución Política se infringió “(…) al pretender calcular el salario que devengaría el afiliado en la fecha en que cumpla 60 o 62 años a partir del salario devengado en la fecha de su ingreso al RAIS, según la variación de los SMN en la dimensión edad, pues esta operación que la ciencia definió con el nombre “Actualización” de un valor monetario, resulta imposible efectuar según la variación de otra variable en dimensión diferente a tie mpo, concepto que si se está aceptando al calcular el salario devengado en la fecha del ingreso al RAIS a partir del salario devengado a 30 de junio de 1992 según la variación del IPC, obviamente en la dimensión tiempo, de ninguna manera en otra dimensión (…)”.

Agregó en el numeral 3.6.1. de la demanda expuso el desarrollo algebraico como el Gobierno de 1994 llegó a la ecuación de FAC3 del artículo 32 del Decreto 1748 de 1995 y que en el numeral 3.6.2. de la demanda indicó el desarrollo algebraico que conduce a la correcta ecuación de FAC3, por lo que no es cierto que no haya expuesto las razones jurídicas por las cuales el factor FAC3 infringía las normas que

demanda indicó el desarrollo algebraico que conduce a la correcta ecuación de FAC3, por lo que no es cierto que no haya expuesto las razones jurídicas por las cuales el factor FAC3 infringía las normas que señaló vulneradas.

Estimó que en la sentencia del proceso ordinario no se tuvieron en cuenta las pruebas contenidas en el escrito de la demanda y que hubo renuencia de decretar las pedidas por el ahora accionante en el transcurso del proceso ordinario.

Manifestó que se profirió la sentencia del 20 de octubre de 2022 sin resolver la recusación por el presentada en contra del Consejero de Estado Gabriel Valbuena Hernández, lo que infringe los artículo s 154 y 145 del Código General del Proceso.

Alegó que la accionada, “(…) al negarse a recabar el concepto de expertos solicitado reiteradamente por el actor en la demanda y otros documentos,Radicación: 11001 03 15 000 2023 00116 01

Accionante: Jorge Enrique Romero Tello

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

está vulnerando los artículos 165 del CGP, 168 del CPACA y 243 del CPC; también al negarse a exigir a los Ministerios de Hacienda y Protección Social y al Departamento Administrativo Nacional de Estad ística, la entrega de antecedentes y memorias de análisis estadísticos y matemáticos que condujeron a las ecuaciones de BC y FAC3 de los Artículo 32º y 33º y a la adopción de la tabla de SMN del Artículo 26º del Decreto

entrega de antecedentes y memorias de análisis estadísticos y matemáticos que condujeron a las ecuaciones de BC y FAC3 de los Artículo 32º y 33º y a la adopción de la tabla de SMN del Artículo 26º del Decreto 1748 de 1995; así mismo al negarse a solicitar a dichas Entidades información sobre las personas que intervinieron en la elaboración de esos Artículos; además el negarse a solicitar declaración juramentada a tales personas sobre su intervención en ese proceso; elementos todos también solicitados por el Actor en la demanda. Adicionalmente al aceptar sin más la explicación de DANE según la cual los documentos que contienen esos antecedentes y memorias convenientemente se perdieron (…)”.

Estimó que en la sentencia cuestionada se incurrió en defecto fáctico por (i) no tener en cuenta el concepto de la abogada y docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; (ii) no obtener las pruebas solicitadas en el escrito de la demanda; (iii) no analizar las pruebas conforme lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. El conocimiento del asunto le correspondió a la Subsección B, Sección Tercera, del Consejo de Estado, que, por auto del 18 de enero de 20232, admitió la acción de tutela y dispuso notificar a los magistrados que integran la Subsección A, Sección Segunda , de la Corporación, así como vincular, en calidad de tercero con interés, a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, a la Escuela Superior de Administración Pública, a la

vincular, en calidad de tercero con interés, a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, a la Escuela Superior de Administración Pública, a la

2 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00116 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00116 01

Accionante: Jorge Enrique Romero Tello

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Asociación Nacional de Actuarios, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y a la Universidad Nacional de Colombia3.

Igualmente, requirió al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, para que remitiera el expediente radicado con el nro. 2011 00021 00.

3.2. El apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público rindió informe4, en el que manifestó que el actor utilizó la acción de tutela como una tercera instancia por estar en desacuerdo con lo decidido en el proceso de nulidad, razón por la que solicitó sea declarada improcedente. También pidió la desvinculación del trámite tutelar.

3.3. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, presentó escrito vía correo electrónico 5, en el que sostuvo que el actor no puede pretender reactivar por conducto

3.3. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, presentó escrito vía correo electrónico 5, en el que sostuvo que el actor no puede pretender reactivar por conducto de la acción de tutela el debate legal planteado en el proceso de nulidad. Precisó que en este asunto no es posible predicar la vulneración de derechos fundamentales porque dentro del proceso ordinario no estaban en discusión intereses o pretensiones individuales o subjetivas del accionante, cuya negación pudiera provocarle afectación real y directa.

3.4. El Consejero de Estado ponente de la sentencia cuestionada, presentó escrito vía correo electrónico 6, en el que anotó que el 20 de octubre de 2022 fue proferida sentencia de única instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad con fundamento en que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos reprochados.

3 Esta orden se cumplió el 20 de enero de 2023. Visto en el índice 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00116 00. 4 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00116 00. 5 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 0116 00. 6 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 11001 03 15 000 2023 0116 00. 6 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00116 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00116 01

Accionante: Jorge Enrique Romero Tello

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Manifestó que en la sentencia censurada sí existió un pronunciamiento en relación con la recusación . Indic ó que fueron decretadas las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para resolver el caso y el material probatorio fue valorado en su conjunto , conforme con las reglas de la sana crítica, lo que llevó a concluir que las pretensiones de nulidad no estaban llamadas a prosperar.

3.5. La decana de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional presentó escrito vía correo electrónico 7, en el que indicó frente a la solicitud elevada por el accionante en el escrito de tutela referida a que la Universidad Nacional informara sobre la forma en que se determinó la tabla de salarios medios nacionales (SMN) para calcular el valor de los bonos pensionales determinada por el DANE mediante Resolució n 01588 de 1994, que las direcciones de los departamentos de matemáticas y estadística señalaron que no cuentan con ningún programa académico en el área actuar ial y que por tanto no tienen la experticia para emitir concepto.

3.6. La apoderada de la Univer sidad Pedagógica y Tecnológica presentó

estadística señalaron que no cuentan con ningún programa académico en el área actuar ial y que por tanto no tienen la experticia para emitir concepto.

3.6. La apoderada de la Univer sidad Pedagógica y Tecnológica presentó informe vía correo electrónico 8, en el que solicitó la desvinculación de dicha institución educativa, en razón a que la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante no deviene de alguna acción u omisión de su parte.

3.7. La Asociación Nacional de Actuarios y la Escuela Superior de Administración Pública, guardaron silencio.

7 Visto en el í ndice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00116 00. 8 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00116 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00116 01

Accionante: Jorge Enrique Romero Tello

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3.8. Por auto del 7 de marzo de 2023 9, el Consejero de Estado Martín Bermúdez Muñoz le ordenó a la Secretaría General de esta Corporación enviar el expediente al despacho del Consejero de Estado Fredy Ibarra Martínez, toda vez que el proyecto de fallo presentado fue derrotado por la posición mayoritaria en la Sala del 27 de febrero de 2023.

enviar el expediente al despacho del Consejero de Estado Fredy Ibarra Martínez, toda vez que el proyecto de fallo presentado fue derrotado por la posición mayoritaria en la Sala del 27 de febrero de 2023.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 21 de marzo de 202310, resolvió:

“[…] 1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de inmediatez, respecto de los autos del 2 de diciembre de 2014 y 9 de diciembre de 2019, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en lo relacionado con la forma de calcular el valor del bono pensional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3º) Niégase el amparo invocado por el demandante frente a la presunta falta de valoración del concepto de la docente de la UPTC y la solicitud de recusación, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

Para dilucidar el asunto precisó que se demandó por vía constitucional a la Subsección A, Sección Segunda , del Consejo de Estado, con el fin de que se protegieran los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso efectivo a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias del 2 de diciembre de 2014, 9 de diciembre de 2019 y 20 de octubre de 2022, por medio de las cuales

igualdad y acceso efectivo a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias del 2 de diciembre de 2014, 9 de diciembre de 2019 y 20 de octubre de 2022, por medio de las cuales se cerró la etapa probatoria, se decretaron pruebas de oficio y se negaron las pretensiones de la demanda; de igual manera, porque no se resolvió la recusación presentada el 25 de enero de 2022 contra uno de los magistrados.

9 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00116 00. 10 Visto en el índice 2 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00116 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00116 01

Accionante: Jorge Enrique Romero Tello

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señaló que, frente a los a utos de 2 de diciembre de 2014 y del 9 de diciembre de 2019 no se cumplió con el requisito general de inmediatez, debido a que transcurrieron más de seis meses desde la notificación de las decisiones atacadas y no se expusieron las razones que justificaran la tardanza en la presentación del mecanismo constitucional.

Advirtió que en la sentencia del 20 de octubre de 2022, la autoridad judicial demandada, previo a adoptar la decisión, se pronunció sobre la

tardanza en la presentación del mecanismo constitucional.

Advirtió que en la sentencia del 20 de octubre de 2022, la autoridad judicial demandada, previo a adoptar la decisión, se pronunció sobre la recusación presentada en el sentido de indicar que no había lugar a darle el trámite correspondiente , ya que de su contenido no se podía extraer alguna causal legal que justificara ese requerimiento, por lo que dispuso negar el amparo.

Afirmó que el señor Romero Tello dirigió dos argumentos en contra de la sentencia del 20 de octubre de 2022; el primero de ellos, relacionado con la inconformidad en la forma de calcular el valor del bono pensional, pues, a su juicio, en el proceso se demostró que era incorrecto tanto el procedimiento para computar el salario que el afiliado al RAIS devengaría al cumplir 60 años de edad si era mujer o 62 si era hombre, como el valor de la tasa de variación del capital acumulado por el beneficiario del bono pensional y la ecuación con la que se debía calcular el factor actuarial FAC3, establecidos en el Decreto 1748 de 1995, por lo que se debía tener en cuenta la forma correcta que expuso para calcular dichos salarios y tasas; y el segundo, referente a la falta de valoración del concepto de la abogada docente de la UPTC, Martha Yolanda Cortés Montaña.

En cuanto a la informidad con la forma de calcular el valor del bono pensional, anotó que el ahora accionante reiteró los argumentos planteados en la demanda de nulidad y que los que soportan la interposición de la acción constitucional se dirigen de manera exclusiva a

pensional, anotó que el ahora accionante reiteró los argumentos planteados en la demanda de nulidad y que los que soportan la interposición de la acción constitucional se dirigen de manera exclusiva a discutir lo que ya fue analizado y resuelto en el proceso ordinario.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00116 01

Accionante: Jorge Enrique Romero Tello

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Por lo anterior, estimó que, en lo relacionado con la forma de calcular el valor del bono pensional , no se cumplía con el requisito gen eral de relevancia constitucional porque el objeto de la tutela e ra reabrir un debate jurídico propio del proceso ordinario.

En cuanto a la inconformidad referida a la falta de valoración del concepto de la abogada docente de la Universidad Pedagógica y T ecnológica de Colombia, Martha Yolanda Cortés Montaña, consideró que cumple con los requisitos generales procedencia de la acción de tutela y, específicamente, respecto al requisito de relevancia constitucional, señaló que la cuestión que se discute result a de relevancia constitucional “(…) por cuanto se alegó la supuesta vulneración de derechos constitucionales fundamentales ante la falta de valoración del concepto de la abogada docente de la UPTC. Además, los argumentos que trae a colación el actor se refieren a la presunta indebida y falta de valoración de una prueba, es decir, tampoco constituyen una reiteración de lo discutido en el proceso ordinario (…)”.

docente de la UPTC. Además, los argumentos que trae a colación el actor se refieren a la presunta indebida y falta de valoración de una prueba, es decir, tampoco constituyen una reiteración de lo discutido en el proceso ordinario (…)”.

Precisado lo anterior, advirtió que , si bien en la sentencia del 20 de octubre de 2022 no se hizo mención al referido concepto, dicha prueba no tenía la entidad suficiente para cambiar el sentido del fallo.

Anotó que la sentencia cuestionada estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos y las pruebas documentales, así como la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso concreto.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó con fundamento en lo siguiente11:

11 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00116 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00116 01

Accionante: Jorge Enrique Romero Tello

11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Sostuvo que en la sentencia del 21 de marzo de 2023 no se hizo referencia a los conceptos de la ciencia estadística y matemática financiera transcritos en el numeral 3.1. de la demanda de nulidad , ni al proceso algebraico expuesto en el numeral 3.6 también de la demanda de nulidad, como tampoco al argumento referido a que “(…) es imposible calcular un

transcritos en el numeral 3.1. de la demanda de nulidad , ni al proceso algebraico expuesto en el numeral 3.6 también de la demanda de nulidad, como tampoco al argumento referido a que “(…) es imposible calcular un salario en fecha dada a partir del salario en fecha anterior según la variación de otra variable en dimensión diferente al tiempo (…)”.

Precisó que en la acción de tutela se ataca la sentencia del 20 de octubre de 2022, proferida por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado y no lo autos del 2 de diciembre de 2014 y del 9 de diciembre de 2019, por lo que el plazo máximo de se is meses que se ha estimado prudente para cumplir el requisito de inmediatez se debe contabilizar a partir de la notificación de esa sentencia.

En cuanto al requisito general de relevancia constitucional, expresó que “cierto es que los argumentos que sust entan la acción de tutela son los mismos que sustentan la acción de nulidad, obvio es, pues de lo contrario no habría lugar a la acción de tutela”.

Adicionó que es “falso es que los actos demandados lo fueron exclusivamente porque no aseguraban la actual ización del bono pensional, fundamentalmente lo fueron porque en forma tramposa y corrupta sus autores manipularon conceptos de las ciencias estadística y matemática financiera para restar valor a los bonos pensionales”.

En ese sentido, anotó que el asunto tiene relevancia constitucional porque “el que exista el menor indicio de que se está robando parte del ahorro de los beneficiarios de bono pensional y por ende parte de su pensión de vejez, por parte de funcionarios públicos, mediante un proceso

“el que exista el menor indicio de que se está robando parte del ahorro de los beneficiarios de bono pensional y por ende parte de su pensión de vejez, por parte de funcionarios públicos, mediante un proceso matemático fraudulento que se utiliza para calcular dicho ahorro ”, y agregó que lo que “ha presentado en las demandas de nulidad y tutela es mucho más que un indicio, es un proceso matemático elaborado con laRadicación: 11001 03 15 000 2023 00116 01

Accionante: Jorge Enrique Romero Tello

12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

mayor rigurosidad científica, que demuestra fehacientemente el señalado fraude”.

Insistió que el asunto tiene relevancia constitucional porque “el que exista el menor indicio de que el Tribunal de Cierre de la Jurisdicción Administrativa esté evitando buscar la verdad al respecto, y constituyen mucho más que un indicio, sentencias en las que el proceso matemático elaborado por el suscrito con la mayor rigurosidad científica sea considerado, sin más, una invención sin sustento en la realidad, que la citada afirmación de un experto sobre vulneración de la ley por parte del DANE es poca cosa para justificar la tutela, y que las barbari dades afirmadas por los demandados sean consideradas verdad revelada, barbaridades porque son expresiones abiertamente contrarias a los conceptos de las ciencias estadística y matemática financiera ampliamente divulgados en muchísimos textos de estudio y e n muchísimas revistas de variada índole especializadas en tales materias”.

conceptos de las ciencias estadística y matemática financiera ampliamente divulgados en muchísimos textos de estudio y e n muchísimas revistas de variada índole especializadas en tales materias”.

Por auto del 17 de abril de 2023 se concedió la impugnación12 y la misma fue asignada por acta de reparto el 27 de abril de 202313.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 14, en concordancia con el numeral 5 del artículo

12 Visto en el índice 40 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00116 00. 13 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00116 01. 14 El artículo 3 2 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de

estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.Radicación: 11001 03 15 000 2023 00116 01

Accionante: Jorge Enrique Romero Tello

13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201515, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 16, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12 de marzo de 2019 17 profer