CE - 110010315000202300134011SENTENCIA20230616152719

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00134-01

Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-00134-01

Demandante: ALBEIRO NICOLÁS CUELLO OÑATE

Demandado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA

Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Albeiro Nicolás Cuello Oñate contra la providencia del 31 de marzo de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Albeiro Nicolás Cuello Oñate , en nombre propio , interpuso acción de tutela contra

Estado, Sección Primera, que negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Albeiro Nicolás Cuello Oñate , en nombre propio , interpuso acción de tutela contra el Juzgado 1º Administrativo de Santa Marta y Tribunal Administrativo de Magdalena, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a los principios a la seguridad jurídica y primacía del derecho sustancial sobre el formal.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“[…] DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena de fecha 18 de mayo de 2022; en su lugar, se le ORDENE a éste operador judicial en un término prudencial y razonable que su Señoría considere, proferir una nueva sentenci a de reemplazo en la cual se declare la EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD suma expresión de la inaplicación del artículo 42 del Decreto 2190 de 2016 en el sub judice, y se adopte una decisión que en derecho corresponda al amparo de garantizar el respecto d e la Constitución Política, el derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como, las pretensiones de la demanda, vulnerado por esa agencia judicial […]”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2023-00134-01

Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Albeiro Nicolás Cuello Oñate promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría General de la República (en adelante CGR) , con el fin de que se declarara la nulidad la Resolución Nro. 81117-00969 del 6 de abril de 2017, acto administrativo por medio del cual fue desvinculado del servicio. Así mismo, dentro del proceso ordinario solicitó la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 42 del Decreto 2190 de 2016.

El Juzgado 1º Administrativo de Santa Marta, en fallo del 2 de julio de 2021 , no accedió a la petición del actor en relación con la inaplicación del artículo 42 del Decreto 2190 de 2016, expedido por el Ministerio de Hacienda . A su vez , declaró probadas las excepciones de inexistencia del derecho pretendido e improcedencia de la pretensión por falta de causal de nulidad del acto administrativo y por inexistencia del derecho a restablecer propuestas por la C GR y, finalmente, negó las pretensiones de la demanda.

El Tribunal Administrativo del Magdalena , en sentencia del 18 de mayo de 2022,

inexistencia del derecho a restablecer propuestas por la C GR y, finalmente, negó las pretensiones de la demanda.

El Tribunal Administrativo del Magdalena , en sentencia del 18 de mayo de 2022, confirmó la decisión del Juzgad o porque, a su juicio, el actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado, pues el retiro de servicio del actor se produjo por la supresión de su cargo con fundamento en la reducción del presupuesto de regalías para los años 2017-2018, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42 del Decreto 2190 de 2016 y 21 y 41 de la Ley 909 de 2004.

De otra parte, sostuvo que la solicitud de control por vía de excepción se radicó de manera extemporánea. Sin embargo, que si en gracia de discusión se admitiera el estudio de oficio de la excepción de inconstitucionalidad en relación con el artículo 42 del Decreto 2190 de 2016, señaló que esa norma no desconoce la Constitución ni la ley, pues no crea cargo alguno, solo prorroga aquellos que fueron creados por el Decreto 1539 de 2012 y autoriza a la CGR a ejecutar o “efectuar los ajustes necesarios para que la Planta de Personal sea consistente con los montos apropiados“ a ese órgano de control, de manera que, se le autoriza pa ra reducir o suprimir empleos en la planta temporal que se prorroga por razones técnicas y presupuestales.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto sustantivo por aplicar el artículo 42 del Decreto 2190 de l 28 de diciembre

presupuestales.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto sustantivo por aplicar el artículo 42 del Decreto 2190 de l 28 de diciembre de 2016, debido a que esa norma desconoce lo dispuesto en los artículos 150 numeral 7 y 268 numeral 9 y 10 de la Constitución Política, porque el Presidente de la República y el Ministerio de Hac ienda y Crédito Público , no podían facultar al Contralor General de la República para modificar y suprimir la planta de empleos de esa entidad y, como consecuencia, ordenar el retiro del servicio al actor. Que es el Congreso de la República quien tiene la competencia para regular la organización y funcionamiento de la CG R, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-483 de 2020.

Indicó que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se ha precisado que cuando el funcionario no aplica la excepción de inconstitucionalidad siendo procedente, genera así un defecto sustantivo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00134-01

Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

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Sostuvo que también se incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial

de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos /evalidador.aspx

Sostuvo que también se incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial por no aplicar la sentencia C-527 de 2017 de la Corte Constitucional, por medio de la cual se declaró inexequible la expresión contenida en el artículo 6º del Decreto Ley 894 de 2017, relacionada con la adición como causal del retiro del servicio de los empleados de carácter temporal por razones de insuficiencia presupuestal de la entidad.

Por último, dijo que de conformidad con la sentencia C-618 de 2015, los empleados temporales están cobijados por una categoría especial y se equiparan a los empleados de carrera administrativa para efectos de su r etiro, por lo que su desvinculación está reglada y se limita a las causales de retiro contempladas en la ley.

4. Oposición

El Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó negar la acción de tutela, toda vez que, a su juicio, no se advierte vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados.

Dijo que la Sala adoptó la decisión de confirmar la sentencia apelada porque el actor no pudo desvirtuar la presunción de legalidad que recaía sobre e l acto acusado, por encontrarse el mismo ajustado a lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto 2190 de 2016, y estar igualmente fundamentado en las previsiones de los artículos 21 y 41 de la Ley 909 de 2004.

Señaló que, de las pruebas allegadas al expediente, se pudo evidenciar que el retiro del servicio del señor Albeiro Nicolás Cuello Oñate se produjo por la supresión de l

Señaló que, de las pruebas allegadas al expediente, se pudo evidenciar que el retiro del servicio del señor Albeiro Nicolás Cuello Oñate se produjo por la supresión de l cargo, fundada en la reducción del presupuesto de regalías para el bienio 20172018; aspecto que fue efectivamente corroborado en el estudio técnico de la entidad demandada. De manera que la causal de retiro fue la descrita en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, sin que se observara que la norma que lo sustentó fuera contraria a la Constitución Política.

Finalmente, precisó que la solicitud de amparo no está llamada a prosperar porque este no es el medio idóneo para dirimir la inconformidad del actor en relación con la decisión de las autoridades judiciales demandadas que negaron las pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

El Juez 1º Administrativo de Santa Marta no se pronunció al respecto.

5. Intervención de los terceros interesados

La Contraloría General de la República expresó que el Tribunal Administrativo de Magdalena no incurrió en el alegado defecto sustantivo por cuanto tomó la decisión con fundamento en las normas y principios constitucionales aplicables al caso , por lo que no se configuró una contradicción en el asunto.

Dijo que la acción de tutela resulta improcedente , por cuanto el Tribunal analizó detenidamente por qué no procedía la solicitud de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en atención a la situación fáctico y jurídica del caso, y concluyó que no puede convertirse la solicitud de amparo en una tercera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00134-01

inconstitucionalidad en atención a la situación fáctico y jurídica del caso, y concluyó que no puede convertirse la solicitud de amparo en una tercera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00134-01

Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

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6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 31 de marzo de 2023 , negó el amparo solicitado, al considerar que el Tribunal realizó un estudio de fondo respecto a la solicitud de aplicación de la excepción de inconstitucionalidad y estableció que el artículo 42 del Decreto Ley 2190 de 2016 no advertía que fuera manifiestamente contrario a la Constitución .

Sostuvo que el Tribunal no desconoció las normas que regulan l a desvinculación de los empleados temporales de la CGR, dado que, como se indicó, dicha autoridad analizó todo el marco legal del cargo que ocupaba el actor, para concluir que la supresión de este había atendido a las normas establecidas para tal efecto.

Precisó que la acción de tutela no es una instancia para perseguir la imposición de una determinada interpretación normativa en detrimento de la actividad hermenéutica de la autoridad judicial que ordinariamente conoce de un asunto,

Precisó que la acción de tutela no es una instancia para perseguir la imposición de una determinada interpretación normativa en detrimento de la actividad hermenéutica de la autoridad judicial que ordinariamente conoce de un asunto, pues la intervención de l juez constitucional está dada para eventos en que resulta evidente que hubo una actuación abiertamente arbitraria, situación que en el presente caso no se vislumbra, dado que, se insiste, más allá de cualquier otra lectura que pueda darse al caso, lo cierto es que el análisis que efectuó el Tribunal sobre los aspectos aludidos es razonable, admisible y atiende al principio de autonomía judicial.

Finalmente, expuso que la autoridad judicial demandada no desconoció el precedente judicial, toda vez que, de una parte, fundamentó su decisión en la sentencia C -618 de 2015 y, de otra parte, explicó las razones por las cuales se había apartado de las tesis que contienen las sentencias C -527 de 2017 y C -483 de 2020 invocadas como desconocidas por el actor.

7. Impugnación

El señor Albeiro Nicolás Cuello Oñate impugnó la decisión de primera instancia , al considerar que es necesario que se aborde el fondo del asunto, dado que pese a que expuso en detalle las irregularidades que hacían visible la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, el Tribunal no estudió ni analizó ese aspecto.

Manifestó que el Ejecutivo carece de competencia para facultar al Contralor General de la República para que modifique la planta de empleos de la entidad; por tanto, es manifiestamente inconstitucional la facultad otorgada al Contralor General de la República por parte del Presidente de la República contenida en el artículo 42

General de la República para que modifique la planta de empleos de la entidad; por tanto, es manifiestamente inconstitucional la facultad otorgada al Contralor General de la República por parte del Presidente de la República contenida en el artículo 42 y el parágrafo del Decreto 2190 de 2016, para que aquel disponga la supresión de empleos, entre otros, el del actor.

Dijo que no compart e el argumento del a quo en torno a que el Tribunal había analizado la sentencia C –483 de 2020, dado que hubiera llegado a la conclusión de anular el acto administrativo del retiro del servicio porque el otorgamiento de facultades por parte del Ejecutivo al Contralor para suprimir los cargos temporales es inconstitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00134-01

Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

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Afirmó que la supresión del cargo desconoció lo dispuesto en el artículo 268 numerales 9 y 10 de la Constitución Política, en consonancia de lo prece ptuado en el artículo 150 numeral 7 , que establecen la competencia del Congreso de la República para regular la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, así como, lo concerniente a su régimen especial de carrera

el artículo 150 numeral 7 , que establecen la competencia del Congreso de la República para regular la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, así como, lo concerniente a su régimen especial de carrera administrativa, la provisión de sus empleos, y el retiro del servicio público de sus funcionarios.

Indicó que no se tuvieron en cuenta las razones expuestas en la sentencia C -527 de 2017, a través de la cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 6° del Decreto Ley 894 de 2017, relacionado con la adición de la causal del retiro del servicio de los empleados de carácter temporal por razones de insuficiencia presupuestal.

Finalmente, reiteró los argumentos de la solicitud de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar u n perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar u n perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la af ectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1, para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un c aso concreto, procede o no el

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2023-00134-01

Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

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destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2023-00134-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Albeiro Nicolás Cuello Oñate interpuso acción de tutela contra el Juzgado 1º Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Atlántico por estimar vulnerados los derechos fundamentales los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a los principios a la seguridad jurídica y primacía del derecho sustancial sobre el formal.

A juicio de la parte actora las autoridades judiciales demandadas debieron acceder a la petición de la excepción de inconstitucionalidad propuesta en el proceso ordinario y, en consecuencia, in aplicar el artículo 42 del Decreto 2190 del 28 de diciembre de 2016, porque esa norma desconoce lo dispuesto en los artículos 150 numeral 7 y 268 numeral 9 y 10 de la Constitución Política, en la medida en que el Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no podían

numeral 7 y 268 numeral 9 y 10 de la Constitución Política, en la medida en que el Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no podían facultar al Contralor General de la República para modificar y suprimir la planta de empleos de esa entidad y, como consecuencia, ordenar el retiro del servicio al actor. Lo anterior, por cuanto es el Congreso de la República quien tiene la competencia para regular la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C -483 de 2020.

Aunado a lo anterior, dijo que se incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial, por no aplicar la sentencia C -527 de 2017 de la Corte Constitucional, por medio de la cual se declaró inexequible la expresión contenida en el artículo 6º del Decreto Ley 894 de 2017, relacionada con la adición como causal del retiro del servicio de los empleados de carácter temporal por razones de insuficiencia presupuestal de la entidad.

Corresponde a la Sala, de manera previa, determinar si el presente asunto cumple con el requisito de relevancia constitucional y, solo en el evento en que se logre superar ese requisito de procedencia y los demás requisitos generales, descenderá con el estudio de los defectos planteados por la parte actora.

2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcanc e de la persona afectada,

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcanc e de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00134-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Requisito de la relevancia con stitucional como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de

vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer laRadicado: 11001-03-15-000-2023-00134-01

Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

En el presente caso no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional para invocar el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente judicial por parte de las autoridades demandadas, en los términos en que fue planteado por la parte actora, porque, el demandante emplea el mecanismo

constitucional para invocar el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente judicial por parte de las autoridades demandadas, en los términos en que fue planteado por la parte actora, porque, el demandante emplea el mecanismo constitucional para insistir exactamente en los mismos argumentos que fueron expuestos y debatidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se cuestiona por esta vía, como se pasa a explicar.

El señor Albeiro Nicolás Cuello Oñate promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra CGR, con el fin de que se declarara la nulidad la Resol ución Nro. 81117 -00969 del 6 de abril de 2017, acto administrativo por medio del cual fue desvinculado del servicio. Así mismo, dentro del proceso ordinario solicit ó la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 42 del Decreto 2190 de 2016.

El Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta , al resolver el trámite de la primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, negó las pretensiones de la demanda mediante fallo del 2 de julio de 2021 .

Como sustento de la decisión, el juzgado señaló que no procedía la nulidad del acto demandado porque el retiro del servicio del demandante por falta de disponibilidad presupuestal no ocurrió dentro del tiempo inicial de duración del cargo temporal que ocupaba, previsto en el acto de su creación, sino durante la prórroga, por la reducción de la partida presupuestal para financiar ese empleo, circunstancia que, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto 2190 de 2016, permitía al Contralor General a justar la planta temporal a la disponibilidad de recursos,

reducción