CE - 110010315000202300136001SALVAMENTODEV20230426063708

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Demandante: Indira Luz Barrios Guarnizo Demandados: Presidencia de la República y otro Salvamento de voto

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

SALVAMENTO DE VOTO

Magistrada: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00136-00

Demandante: INDIRA LUZ BARRIOS GUARNIZO

Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Y MINISTERIO DEL INTERIOR

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de esta Sección, me permito exponer las razones por las cuales suscribo la providencia del vocativo de la referencia con salvamento de voto, previa reseña de los antecedentes del caso.

I. SENTENCIA OBJETO DE SALVAMENTO DE VOTO

1. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en fallo de primera instancia del 20 de abril de 2023, declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

2. En concreto, la Sala de Decisión estableció que, en el presente caso, la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso , invocado por la señora Indira Luz Barrios Guranizo, partía de la premisa de discutir la presunción

2. En concreto, la Sala de Decisión estableció que, en el presente caso, la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso , invocado por la señora Indira Luz Barrios Guranizo, partía de la premisa de discutir la presunción de validez y legalidad de un acto administrativo debidamente ejecutoriado, mediante el cual fue removida del cargo de gobernadora encargada del departamento de Arauca por abandono del mismo , para lo cual, ella debía hacer uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011; escenario judicial en el cual podría, incluso, solicitar el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de la d ecisión controvertida, conforme lo dispone el artículo 231 de la misma normativa.

3. Adicionalmente, la Sala de Decisión advirtió que la actora no advirtió ni aportó prueba alguna que permitiera inferir que acudió al amparo para evitar la consumación de un perjuicio irremediable y, de esta forma, habilitar la procedencia excepcional de la acción de tutela . En contraste, la peticionaria advirtió que no acudía al proceso contencioso administrativo porque constituía un perjuicio irremediable en su caso, el hecho que se prolongaba en el tiempo las decisiones judiciales mientras su período se agotaba.Rad: 11001-03-15-000-2023-00136-00

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Salvamento de voto

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4. Para la postura mayoritaria, lo anterior fue suficiente para concluir que “el mecanismo de amparo no supera el requisito de subsidiariedad ante la consagración en el ordenamiento jurídico de otro instrumento idóneo para cuestionar la legalidad los administrativos ya referidos, aunado al hecho de que no se adujo ni se demostró la configuración de un perjuicio irremediable el cual, en todo caso, puede ser sustento de una medida cautelar dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto cuestionado a través de esta acción”.

II. RAZONES QUE MOTIVAN EL SALVAMENTO DE VOTO

5. No comparto la motivación ni el sentido de la decisión adoptada por la Sección Quinta en la sentencia del 20 de abril de 2023.

6. En mi criterio, en primer lugar, la acción instaurada satisfacía el requisito de la subsidiariedad dadas las particulares y exc epcionalísimas condiciones de la demandante, quien ocupaba el cargo de gobernadora del departamento de Arauca en encargo; es decir, se trataba de un cargo de periodo que está próximo a finalizar.

7. A mi modo de ver, tal circunstancia, hacía imperioso que se adoptasen que se le diera tratamiento de amparo transitorio, para permitir que el juez adoptara medidas urgentes para evitar que expirara el tiempo que le restaba a la gobernadora para desempeñar las funciones encomendadas, para poder proteger de manera real y efectiva las garantías superiores conculcadas.

medidas urgentes para evitar que expirara el tiempo que le restaba a la gobernadora para desempeñar las funciones encomendadas, para poder proteger de manera real y efectiva las garantías superiores conculcadas.

8. La situación descrita ubicaba el asunto bajo estudio en una posición eminentemente excepcional, susceptible de intervención por parte del juez constitucional, que habilita su competencia para evitar que las medidas de protección que se llegaran a adoptar, cayeran en el vacío.

9. En segundo lugar , la aplicabilidad de la autorización de competencia del ministro a los gobernadores aplica únicamente cuando se trata de una misión oficial, por ello el abandono del cargo no operaba y por ello la tutela ha debido resolverse a favor de la accionante.

10. Lo anterior, evidenciaba que se estaba en presencia de una actuación arbitraria, cuyos efectos resultaron gravosos y desproporcionados para la actora, situación que habilitaba el estudio de fondo por parte del juez constitucional.

11. En tercer lugar, considero que , para resolver este amparo , era necesario efectuar un análisis del marco constitucional y legales de los gobernadores y, con base en ello, estudiar el caso concreto ; es decir, establecer el alcance del artículo 117 de la Ley 2200 de 2022 y determinar si la interpretación que efectuaron las accionadas se ajustó al marco constitucional.Rad: 11001-03-15-000-2023-00136-00

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12. Desde ya anticipo que, en mi criterio, la aplicación del mencionado artículo 117, fue irrazonable y desproporcionada , pues la presidencia de la República y el ministerio del interior, eligieron una posición que no concuerda con el marco constitucional ni legal. Lo que, a mi modo de ver, vulneró gravemente su derecho al debido proceso . De ahí que consider é necesario conceder la protección solicitada.

13. Con el objetivo de exponer mi postura desarrollaré los siguientes puntos:

Primero, aludiré a las reglas jurisprudenciales que admiten la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos.

Segundo, mencionaré las razones por las cuales este recurso de amparo debía ser estudiado de fondo.

Tercero, haré una breve descripción d el régimen constitucional y legal de los gobernadores.

Cuarto, presentaré el estudio del caso concreto que, a mi juicio, debió efectuar la Sala de decisión en punto de la vulneración del derecho invocado por la señora Indira Luz Barrios Guarnizo , a propósito de la s actuaciones del presidente de la República y el ministro del Interior . E sto último a fin de sustentar que la interpretación que las entidades accionadas hicieron del artículo 117 de la Ley 2200 de 2022, fue contraria al debido proceso.

2.1 La procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto

interpretación que las entidades accionadas hicieron del artículo 117 de la Ley 2200 de 2022, fue contraria al debido proceso.

2.1 La procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto

14. Tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han señalado que, po r regla general, la acción de tutela es improcedente para cuestionar estas actuaciones. La explicación de esta limitación es que, para ese propósito, el legislador previó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el artí culo 138 de la Ley 1437 de 20111.

15. Adicionalmente, se ha destacado que tal mecanismo, es idóneo y eficaz dadas las competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo -que es juez de constitucionalidad, de convencionalidad y legalidady, principalmente, por

1 “ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. // Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es,

administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.Rad: 11001-03-15-000-2023-00136-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 la existencia de herramientas judiciales como las medidas cautelares y de urgencia, dispuestas en los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

16. Bajo la misma lógica de las consideraciones generales efectuadas, s e ha admitido que, en casos excepcionales, el mecanismo de defensa judicial principal es desplazado, cuando se está frente a una decisión administrativa que, pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, resulta arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el núcleo esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de amparo se torna procedente para conjurar la afectación de las garantías superiores.

17. También se ha admitido la procedencia de la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, de modo que los jueces de tutela adoptan medidas temporales para garantizar la satisfacción de los derechos

17. También se ha admitido la procedencia de la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, de modo que los jueces de tutela adoptan medidas temporales para garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales, hasta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo a dopte una decisión definitiva.

2.2. El recurso de amparo promovido por la señora Indira Luz Barrios Guarnizo superaba el requisito de la subsidiariedad

18. Como se explicó líneas atrás, por regla general, esta acción es improcedente para cuestionar actos administrativos, toda vez que, para tal propósito, el ordenamiento jurídico ha previsto el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, escenario en el cual, incluso, la persona afectada puede solicitar medidas cautelares. Sin embargo, en este caso, se presenta ban, al menos, dos circunstancias que habilitaban la procedencia excepcional del amparo.

19. En primer lugar, es cierto que la demandante tenía a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, admitir tal posibilidad sin valorar las condiciones particulares de este caso, resultaría contrario a los intereses superiores que busca proteger el recurso de amparo.

20. No puede perderse de vista que la accionante fue designada para ocupar el cargo de gobernadora en encargo del departamento de Arauca. Esta función pública tiene un período constitucional determinado, que finaliza el 31 de diciembre de 2023.

Es decir, está próximo a terminar el encargo que le fue realizado por el presidente de la República.

21. Por lo tanto, la alternativa de que se declarara la improcedencia del amparo,

Es decir, está próximo a terminar el encargo que le fue realizado por el presidente de la República.

21. Por lo tanto, la alternativa de que se declarara la improcedencia del amparo, con el objetivo de que la señora Barrios Guarnizo inici ara un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, esta vez ante el juez de lo contencioso administrativo y, en ese escenario, solicite las medidas cautelares, por ejemplo: la suspensión de los actos administrativos y el reintegro al empleo, no resulta idóneo para restablecer el ejercicio de un derecho, que se extingue día a día.Rad: 11001-03-15-000-2023-00136-00

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22. La anterior afirmación se sustenta en que todas las actuaciones judiciales deben circunscribirse al cumplimiento de los procedimientos legales previamente establecidos, hace en este preciso caso no sea idóneo , pues debe cumplirse el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial , la formulación de la demanda con solicitud de medidas cautelares , incluso con el procedimiento de urgencia, y se adopta la decisión de primera y segunda instancia , ésta de todas formas result ará tardía por la terminación del periodo institucional y, en consecuencia, la sentencia que se produzca no tiene la vocación de tener efectos prácticos, en lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales . Es decir, no sería eficaz la sentencia.

consecuencia, la sentencia que se produzca no tiene la vocación de tener efectos prácticos, en lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales . Es decir, no sería eficaz la sentencia.

23. Esta situación ubica el asunto bajo estudio en una posición eminentemente excepcional, susceptible de intervención por parte del juez constitucional, que habilita su competencia para evitar que las medidas de protección que, eventualmente se adopten, caigan en el vacío.

24. Esto es así porque se est á en presencia de la presunta afectación de los derechos fundamentales de la accionante, que se agravaría con la irreversible finalización del encargo que le fue realizado. Tal circunstancia, hacía necesario que se adoptaran medidas urgentes y transitorias para evitar que expirara el tiempo que le resta para desempeñar las funciones encomendadas.

25. En este punto, quiero resaltar que la actora fue diligente en el ejercicio de la acción de tutela, puesto que acudió casi de manera inmediata al momento en que conoció las decisiones desfavorables a sus intereses. En mi criterio, este hecho no es un asunto menor, por cuanto permit ía concluir que, con este mecanismo, la señora Barrios Guarnizo no pretendía utilizar el amparo como medio paralelo ni revivir los términos de caducidad, sino que optó por este dispositivo dada la premura de sus circunstancias.

26. En segundo lugar , la Sala no debió pasar por alto que los efectos de las decisiones administrativas que adoptaron el presidente de la República y el ministro del Interior son gravosos para la demandante, quien fue removida del cargo con base en la interpretación de una norma que estable cía unas condiciones

decisiones administrativas que adoptaron el presidente de la República y el ministro del Interior son gravosos para la demandante, quien fue removida del cargo con base en la interpretación de una norma que estable cía unas condiciones particulares para los gobernadores que salen del país en misión oficial. (artículo 117 de la Ley 2200 de 2022)

27. Revisados tanto el escrito inicial como las contestaciones del amparo, la discusión se centra en la remoción del cargo por abandono se motivó de manera arbitraria, porque se le hizo extensivo el requisito de la autorización previa del Ministerio del Interior, sin que le fuera expresa y claramente exigible. Además, la demandante consideró que su falta tem poral estaba correctamente justificada en dos actos administrativos que le otorgaban el permiso y la licencia ordinaria por autoridad competente.Rad: 11001-03-15-000-2023-00136-00

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28. En mi criterio, e sta circunstancia evidencia ba que se está en presencia de una actuación administrativa que se sustentó en una interpretación arbitraria de la norma, cuyos efectos resultaron gravosos y desproporcionados para la actora. Así pues, al no existir claridad sobre las condiciones que debía cumplir la señora Barrios Guarnizo para viajar al extranjero, est aba en duda la correcta motivación de los Decretos 2593 de 2022 y 033 de 2023, expedidos por el presidente de la República

Guarnizo para viajar al extranjero, est aba en duda la correcta motivación de los Decretos 2593 de 2022 y 033 de 2023, expedidos por el presidente de la República y el ministro del Interior.

La sumatoria de las dos situaciones des critas, considero que habilitaban al juez constitucional para estudiar la vulneración del debido proceso administrativo que denunció la demandante en el escrito de tutela

2.3. Marco constitucional y legal de los gobernadores

29. La Constitución en el capítulo II se refiere al “[r]égimen departamental”. En el artículo 298, la Carta Política señala que “ los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes” y, dispone que, la “ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga”.

30. En el artículo 303 de l texto superior se señala que, en todos los departamentos habrá un gobernador, quien será elegido mediante voto popular para el periodo de 4 años, a menos que se presente una falta absoluta, que autoriza designar al gobernador cuando falten menos de 18 me ses para las elecciones. El Constituyente previó que, el presidente de la República es la autoridad encargada de suspender o destituir a los gobernadores, en los precisos términos de ley.

31. Dentro de las previsiones constitucionales y, en concreto, de las atribuciones del artículo 305 de la Constitución, no se encuentra normativa que establezca el deber de solicitar un permiso oficial al ministro del Interior para que el gobernador pueda salir en misión oficial.

del artículo 305 de la Constitución, no se encuentra normativa que establezca el deber de solicitar un permiso oficial al ministro del Interior para que el gobernador pueda salir en misión oficial.

32. En desarrollo del texto superior, el Congreso de la República expidió la Ley Orgánica 2200 de 2022, “[p]or la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos”, en cuyo artículo 1.º estableció que esa norma tiene como objeto “ establecer el régimen político y administrativo que rige a los departamentos como entidades territoriales, autónomas y descentralizadas que hacen parte de la República unitaria”.

33. En el título III, la Ley Orgánica se refiere a los gobernadores. En los artículos 107 a 116, el legislador aludió a la naturaleza del cargo, el mecanismo de elección y la designación cuando falten menos de 18 meses para que termine el periodo institucional, la posesión, las calidades para ejercer tal dignidad, las inhabilidades, incompatibilidades y las prohibiciones que les aplican.Rad: 11001-03-15-000-2023-00136-00

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34. En el artículo 117 se establecen “las autorizaciones para gobernadores” cuando deban salir del país . El artículo 119 enlista las atribuciones de los gobernadores y el 120 autoriza la delegación de funciones “en los secretarios del departamento y en los jefes de los departamentos administrativos las diferentes

cuando deban salir del país . El artículo 119 enlista las atribuciones de los gobernadores y el 120 autoriza la delegación de funciones “en los secretarios del departamento y en los jefes de los departamentos administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal”.

35. En los artículos 121 y 128 se enumeran las faltas absolutas y temporales. En el primer grupo, se enuncia la declaración de vacancia por abandono de cargo, cuyo trámite está en el artículo 127 de la misma norma. En este punto, se establece que este fenómeno jurídico se configura cuando el gobernador “abandona el territorio nacional sin autorización por cinco (5) días o más consecutivos”.

36. El artículo 129 se refiere a las vacaciones, las cuales, son decretadas por el mismo gobernador, pero se establece el deb er de comunicarle previamente al ministro del Interior. Sin embargo, en ninguno de los artículos mencionados, la norma le asigna al ministro del Interior la competencia para otorgar permisos y comisiones.

37. Este aspecto, se ha dotado de contenido a partir de las previsiones de la Ley 136 de 1994 o el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, Decreto Único

Reglamentario del Sector de Función Pública.

2.4. El análisis de la vulneración del derecho fundamental al debido proceso administrativo en el caso concreto que debió efectuar la Sala de Decisión

38. Para exponer mi tesis , abordaré, en primer lugar, las razones por las que considero que existió una interpretación que va en contra de los postulados de la razonabilidad.

de Decisión

38. Para exponer mi tesis , abordaré, en primer lugar, las razones por las que considero que existió una interpretación que va en contra de los postulados de la razonabilidad.

2.4.1. El presidente de la República y el ministro del Interior interpretaron el artículo 117 de la Ley 2200 de 2022 de forma contraria a los principios constitucionales sobre los cuales debía fundarse su actuación

En este caso, la accionante ocupaba el cargo de gobernadora del departamento de Arauca, en encargo, a propósito de la designación que se le hizo mediante el Decreto 230 de 16 de febrero de 2022, expedido por el ministro del Interior, delegatario con funciones presidenciales.

39. La actuación administrativa

40. Mediante el Decreto 2305 de 24 de noviembre de 2022, el presidente de la República inició el procedimiento administrativo de declaratoria de vacancia porRad: 11001-03-15-000-2023-00136-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 abandono injustificado del cargo. Esto como consecuencia de una queja recibida en la entidad, según la cual, la demandante salió del país sin el permiso del ministro del Interior, entre el 15 y el 21 de octubre de 2022.

41. En ese contexto, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar si se configuró la causal segunda del artículo 127 de la Ley 2200 de 2022 2, el ministro

del Interior, entre el 15 y el 21 de octubre de 2022.

41. En ese contexto, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar si se configuró la causal segunda del artículo 127 de la Ley 2200 de 2022 2, el ministro del Interior requirió a la entonces gobernadora encargada del departamento de Arauca, para que presentara, en el términ o de cinco días, sus argumentos y pruebas. Acto s eguido, se decretaron los medios probatorios documentales que solicitó la implicada. Lo anterior, en aplicación del procedimiento previsto en el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017.

42. El presidente de la República y el ministro del Interior concluyeron que para que procediera la declaratoria de abandono de cargo, debían concurrir los

siguientes supuestos:

(i) Que el gobernador abandone el territorio nacional por el término de cinco días consecutivos. (ii) Que la salida del país de aquel funcionario hubiere ocurrido en ejercicio del cargo, es decir, que no se encontrara en una situación administrativa (como vacaciones, licencia o permiso) que le permitiera separarse en forma temporal del mismo. (iii) Que la falta temporal (licencia o permiso) hubiere sido otorgada por la autoridad competente, en este caso, el Ministerio del Interior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 117 de la Ley 2200 de 2022. (iv) Que no exista una justa causa que explique la ausencia del gobernador.

43. En el caso concreto, las demandadas expidieron el Decreto 2593 del 23 de

diciembre de 2022, según el cual:

(i) La accionante salió del país por un lapso de cinco días, entre el 16 al 21

43. En el caso concreto, las demandadas expidieron el Decreto 2593 del 23 de

diciembre de 2022, según el cual:

(i) La accionante salió del país por un lapso de cinco días, entre el 16 al 21 de octubre de 2022. (ii) La gobernadora estaba encargada del departamento de Arauca, cuando ello sucedió. (iii) La falta temporal no fue autorizada por el Ministeri o del Interior, en los términos del artículo 117 de la Ley 2200 de 2022 y fue la misma exgobernadora, quien en virtud de las disposiciones legales, se concedió

2 “ARTÍCULO 127. LA DECLARACIÓN DE VACANCIA POR ABANDONO DEL CARGO. Se produce abandono del cargo cuando el gobernador, sin justa causa:

1. No reasuma sus funciones dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento de las vacaciones, permiso, licencias, comisiones oficiales o incapacidad física transitoria inferior a ciento ochenta (180) días.

2. Abandona el territorio nacional sin autorización por cinco (5) días o más consecutivos.

3. No se reintegra a sus actividades una vez haya concluido el término de suspensión del cargo.

PARÁGRAFO. El abandono del cargo constituye falta disciplinaria y se investigará por la Procuraduría General de la Nación de oficio o a solicitud de cualquier ciudadano”.Rad: 11001-03-15-000-2023-00136-00

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Salvamento de voto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 el permiso y la licencia, mediante las Resoluciones 2899 y 2900 del 13 de octubre de 2022. (iv) En consecuencia, concluyeron que no se acreditó una justa causa que explicara la ausencia de la primera mandataria del departamento de Arauca, por lo que se declaró la vacancia del cargo por el abandono injustificado de las funciones que le fueron encomendadas.

44. El Decreto 2593 de 23 de diciembre 2022, expedido por las autoridades accionadas estableció que contra esa decisión procedía el recurso de reposición, dentro de los 10 días siguientes a la notificación.

45. La accionante recurrió el anterior acto administrativo, bajo similares argumentos a los que expuso en sede de amparo.

46. La reconsideración fue decidida mediante el Decreto 033 del 12 de enero de 2023, expedido por quienes hoy conforman la parte demandada. En este último, se reiteró la exigencia de solicitarle el permiso al Ministerio del Interior para separarse en forma temporal del cargo. Esta determinación se le notificó a la interesada el 13 del mismo mes y año.

Los argumentos de la peticionaria

47. Según la accionante, no debió ser removida de la función que le fue encargada, porque durante el trámite se le vulneró el debido proceso administrativo.

Para la peticionaria, no existió causa que diera lugar a la consecuencia jurídica de la declaratoria de abandono del cargo que ocupaba. La ciudadana explicó lo siguiente:

Para la peticionaria, no existió causa que diera lugar a la consecuencia jurídica de la declaratoria de abandono del cargo que ocupaba. La ciudadana explicó lo siguiente:

(i) Mediante las Resoluciones 2899 y 2900 del 13 de octubre de 2022, la señora Barrios Guarnizo se concedió a sí misma una licencia ordinaria y un permiso, desde el 15 hasta el 21 de octubre de ese año. Además, con el Decreto 1195 de 13 de octubre de 2022, designó como gobernador encargado -durante ese lapso - al señor Edgar Fernando Guzmán Robles3.

(ii) Los actos administrativos de permiso y licencia ordinaria gozan de presunción de legalidad y son el respaldo normativo de la falta temporal de la gobernadora encargada de Arauca, por lo que desconocer los sin que ninguna autoridad judicial los hubiere anulado, constituyó una actuación arbitraria que vulneró el núcleo esencial del debido proceso de la accionante.

3 El gobernador encargado se posesionó ante la presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca el 14 de octubre de 2022.Rad: 11001-03-15-000-2023-00136-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 (iii) Una interpretación razonable del artículo 117 de la Ley 2200 de 2022, admite que se exige la autorización del Ministerio del Interior para salir del

www.consejodeestado.gov.co 10 (iii) Una interpretación razonable del artículo 117 de la Ley 2200 de 2022, admite que se exige la autorización del Ministerio del Interior para salir del país solo cuando el gobernador viaja en misión oficial. Situación en la que no se encontraba la peticionaria.

(i