CE - 110010315000202300145011SENTENCIA20230915123732

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CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]

Solicitante: José Manuel Abuchaibe Escolar Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante Referencia: Pérdida de investidura - segunda instancia

[Ley 1881 de 2018]

TEMAS: PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CO NGRESISTAS – Causal relativa a la indebida destinación de dineros púb licos / LÍMITES DE LA APELACIÓN – Los argumentos planteados por el apelante frente a la sentencia cuestionada se constituyen en límites que fijan la competencia jurisdiccional en segunda instancia / SISTEMA PROBATORIO EN LOS PROCESOS DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA - Por regla general corresponde al de la libertad probatoria y libre apreciación / CARGA DE LA PRUEBARecae sobre el solicitante de la pérdida de investidura, quien debe acreditar los elementos objetivo y subjetivo de la causal que invoca / PRUEBA TESTIM ONIAL – Valoración / PRUEBA TESTIMONIAL – LIBERTAD PROBATORIA - La alegada ausencia de prueba documental que respalde los dichos de las testi gos no tiene la entidad para restarles credibilidad, pues no const ituye una t arifa legal o una so lemnidad prescrita por el ordenamiento para la eficacia del testimonio.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el señor José Manuel

credibilidad, pues no const ituye una t arifa legal o una so lemnidad prescrita por el ordenamiento para la eficacia del testimonio.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el señor José Manuel Abuchaibe Escolar frente a la sentencia del 5 de junio de 2023, proferida por la Sala Cuarta Especial de Decisión de esta Corporaci ón, mediante la cual se negó la solicitud de pérdida de investidura presentada en contra de la congresista Yénica Sugein Acosta Infan te, representante a la cámara por la circunscripción electoral del departamento del Amazonas1.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de pérdida de investidura formulada

El 13 de enero de 20232, el señor José Manuel Abuchaibe Escolar -en adelante el solicitante-, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del CPACA y su procedimiento regulado en la Ley 1881 de 2 018, radicó, en nombre pr opio,

1 Elegida popularmente para los períodos constitucionales 2018-2022 y 2022-2026. 2 Índice No. 2 de la plataforma tecnológ ica SAMAI del Consejo de Estado [h istorial de actuaciones de primera instancia].Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]

Solicitante: José Manuel Abuchaibe Escolar Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante Referencia: Pérdida de investidura - Segunda instancia [Ley 1881 de 2018]

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solicitud de pérdida de investidura 3 en contra de la representante a la cámara

Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante Referencia: Pérdida de investidura - Segunda instancia [Ley 1881 de 2018]

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solicitud de pérdida de investidura 3 en contra de la representante a la cámara Yénica Sugein Acosta In fante -en lo sucesivo l a congresista denunciada-, por considerar que incurrió en la causal contenida en el artículo 183 -4 d e l a Constitución Política de 19914.

1.1. Los fundamentos fácticos y jurídicos invocados por el solicitante

El solicitante, con la finalidad de acreditar l a configuración la causal de pérdida de investidura, expuso las siguientes razones de hecho y de derecho:

En relación con el elemento objetivo sostuvo, en síntesis, que:

El 8 de septiembre de 2021, el jefe de la División Personal de la Cámara de Representantes expidió la Resolución No. 1945, a través de la cual se vinculó a la señora Otilia Rodríguez Lozano en la Unidad de Tr abajo Legislativo 5 de la congresista denunciada, específicamente, en el cargo denominado «Asistente II».

En la misma fecha antes mencionada, la señora Otilia Rodríguez Loz ano se posesionó en el aludido cargo, a pesar de que se encontraba fuera del país.

En ese sentido, el solicitante indicó que, de acuerdo con la información suministrada por la Unidad Admin istrativa Especial Migración Colombia, la señora Rodríguez Lozano viajó al exterior el 26 de agosto de 2021 y regresó al pa ís el 4 de diciembre de la misma anualidad, período en el cual se le pa garon sus salarios

Rodríguez Lozano viajó al exterior el 26 de agosto de 2021 y regresó al pa ís el 4 de diciembre de la misma anualidad, período en el cual se le pa garon sus salarios como integrante de la UTL de la congresista denunciada.

De igual modo, señaló que la señora Otilia Rodríguez Lozano nuevamente salió de Colombia el 9 de mayo de 2022 y regresó al territorio nacional el 29 de ese mismo mes, lapso en el cual también se le pagó el salario correspondiente.

Asimismo, adujo que la señora Rod ríguez Lozano volvió a salir del país el 1 3 de junio de 2022 y regresó a Colombia el 18 de septiemb re de la misma anualidad, «[…] anotando que solo fue declarada insubsis tente6 el 28 de junio de 2022, cobrando sueldo hasta el día 27 del mismo mes y año […]».

3 A través del auto del 18 de enero de 2023 -notificado en debida forma -, se admitió la solicitud de pérdida de investidura objeto de análisis [índice No. 4 de la plataforma t ecnológica SAMAI del Consejo de Estado -historial de actuaciones de primera instancia-]. 4 Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura: […] 4. Por indebida destinación de dineros públicos […]. 5 En adelante UTL. 6 Mediante la Resolución No. 1481 del 21 de j unio de 2022, el jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes declaró, a partir del 28 de ju nio de la misma a nualidad, la insubsistencia de la seño ra Otilia Rodríguez Lozano [índice No. 11 de la plataform a tecnológica

Cámara de Representantes declaró, a partir del 28 de ju nio de la misma a nualidad, la insubsistencia de la seño ra Otilia Rodríguez Lozano [índice No. 11 de la plataform a tecnológica SAMAI del Consejo de Estado -historial de actuaciones de primera instancia-].Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]

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En tal virtud, aseguró que la congresista denunciada destinó indebidamente dineros públicos, puesto que la señora Otilia Rodríguez «[…] recibió la totalidad de su salario por días y meses durante los cuales no laboró, ya que se encontraba fuera del país […]».

Así las cosas , el solicitante s ostuvo que a la señora Rodríguez Lozano no se le exigió r ealizar funciones en la se de física del Congreso de la República , ni en cualquier otro lugar dentro del territorio nacional, incluso a través de figuras como el teletrabajo o la virtualidad, de conformidad con lo prescrito en el artículo 1° de la Ley Orgánica 2029 del 24 de julio de 20207.

Como consecuencia de lo anterior, señaló que los pagos efectuados a la señora Otilia Rodríguez Lozano carecían de una razón «legítima» que los justificara, dado que d icha funcionaria de la UTL de la congresista denunciad a e stuvo en varias oportunidades por fuera del territorio nacional, cir cunstancia que, en su criterio,

que d icha funcionaria de la UTL de la congresista denunciad a e stuvo en varias oportunidades por fuera del territorio nacional, cir cunstancia que, en su criterio, vulneraba lo previsto en el artículo 1° de la Ley Orgánica 2029 de 2020.

Para complementar lo antes expuesto, insistió en que la congresista denunciada incurrió en la conducta de destinación indebida de dineros públicos , « […] pues permitió, autorizó y certificó de manera ilegal el des empeño de funciones de un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo, lo que nunca hizo […]», de ahí que, a juicio del sol icitante, dicho comportamiento de la r epresentante «propició» que se le pagaran salarios a la señora Rodríguez Lozano por servicios que no le prestó al Congreso de la República.

En suma, el solicitante concluy ó qu e la señora Otilia Rodríguez Lozano tenía la posibilidad d e prestar sus servicio s -a través de figuras como el teletrabajo o la virtualidaden un lugar diferente al distrito capital de Bogotá -sede física del Congreso de la República -; sin embargo, « […] legalmente no podía hacerlo por fuera del territorio nacional […]» [énfasis propio del texto transcrito].

Frente al elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura invocada, razonó lo siguiente:

En lo relativo al dolo, indicó que la congresista denunciada conocía las reglas jurídicas contenidas en la Ley Orgánica 2029 de 2020, puesto que, como representante a la cámara, participó en su aprobación.

7 «Por medio de la cual se interpreta el artículo 38 8 de la Ley 5ª de 1992, modificada por el artículo

representante a la cámara, participó en su aprobación.

7 «Por medio de la cual se interpreta el artículo 38 8 de la Ley 5ª de 1992, modificada por el artículo 1° de la Ley 186 de 1995 y el artículo 7° de la Ley 868 de 2003».Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]

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Adujo que, como lo prevé el artículo 9 del Código Civil, la ignoranc ia de las leyes no s irve de excusa, de manera que , al referirse a la culpa, sostuvo que [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:

[…] Está claramente establecido en este proceso que, no obstante, su deber de conocer estas normas y qu e el desconocimiento de las mismas no la exoneraba de la correspondie nte r esponsabilidad, la repr esentante YENICA SUGEIN ACOSTA INFANTE proced ió a vincular en su UTL a OTILIA RODRIGUEZ LOZANO, sin exigirle el cumplimiento de fun ciones dentro del territorio nacional.

De haber obrado con la diligencia deb ida, YÉNICA SUGEIN A COSTA INFANTE, luego de revisar los condicionamientos legales bajo los cuales tenía que vincular a OTILIA RODRIGUEZ LOZANO, hubiese advertido la existencia de una situación potencialmente capaz de convertirse en una desviación descarada de los dineros públicos.

YENICA SUGEIN ACOSTA INFANTE sabía de la existencia de una situaci ón

de una situación potencialmente capaz de convertirse en una desviación descarada de los dineros públicos.

YENICA SUGEIN ACOSTA INFANTE sabía de la existencia de una situaci ón potencialmente capaz de convertirse en una desviación des carada de los dineros públ icos y que, aun así, de forma dolosa, optó por hacerlo para complacencia de OTILIA RODRIGUEZ LOZANO, incurriendo en un descui do que tornó en negligente su conducta, es de cir, que lo hizo actuar con la culpa objeto de verificación en el análisis subjetivo d e esta causal de pérdida de investidura […] [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

2. La oposición a la solicitud de pérdida de investidura promovida

El 30 de enero de 2023 8, la congresista denunciada , a través de su apoderado judicial, se opuso al decreto de la pérdida de investidura pretendida por el solicitante, con los siguientes argumentos:

Complementó el recuento fá ctico efectuado por el solicitante, en el sentido de señalar que, a través de distintos cuerpos normativos internos -Directiva No. 011 del 18 de enero de 2021 -, la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes reguló varios aspectos relativos a su régimen de funcionamiento en «situación de no presencialidad », entre ellos, la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones para los procedimientos de nombramiento, posesión, encuesta y evaluación médica ocupacional.

Advirtió que la señora Otilia Rodríguez Lozano tomó posesión de su cargo « vía correo electrónico», procedimiento « regular» desde el punt o vista jurídico y

posesión, encuesta y evaluación médica ocupacional.

Advirtió que la señora Otilia Rodríguez Lozano tomó posesión de su cargo « vía correo electrónico», procedimiento « regular» desde el punt o vista jurídico y «usual» para esa época -septiembre de 2021-.

8 Intervención presentada den tro de la oportunidad proce sal pertine nte [í ndice No. 11 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Est ado -historial de actuaciones de primera instancia-].Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]

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Indicó que, por cuenta de dicha circunstancia, la señora Rodríguez Lozano pudo posesionarse en el cargo de « Asistente II » en la UTL de la c ongresista denunciada, sin que la División de Personal de la Cámara de Representantes se diera cuenta de que se encontraba por fuera del territorio nacional.

También aseguró que la señora Otilia Rodríguez Lozano nunca le comunicó a la congresista denunciada sobre sus viajes al exterior.

Expuso que, aunque la señora Rodríguez Lozano estuvo por fuera Colomb ia entre el 8 de septi embre y el 4 de diciembre de 2021, lo ciert o era que sí ejecutó las labores que se le asignaron.

En lo concerniente al lapso comprendido entre el 5 de diciembre de 2021 y el 8 de mayo de 2022, la señora Otilia Rodríguez Lozano conti nuó con el cumplimiento de

labores que se le asignaron.

En lo concerniente al lapso comprendido entre el 5 de diciembre de 2021 y el 8 de mayo de 2022, la señora Otilia Rodríguez Lozano conti nuó con el cumplimiento de sus funciones de manera virtual -dentro del territorio nacional-.

A inicios de junio de 2022, la congresista denunciada tuvo conocimiento de que la señora Rodrígue z Lozano había viajado al exterior, no solo en el período comprendido entre el 9 de ma yo y el 29 de ese mismo mes, sino en 2021, ép oca para la cual ya se encontraba vinculada a la UTL de la representante.

En virtud de lo anterior, el 8 de junio de 2022, la congresista denunciada le pidió al director administrativo y a l jefe de la División de Pe rsonal de la Cámara de Representantes declarar la insubsistencia de la señora Otilia Rodríguez Lozano.

De igual manera, en l a misma fecha antes relacionada, la congresista denunciada también le solicitó a la señora Rodríguez Lo zano reintegrar los sa larios que percibió como «Asistente II» durante los períodos en los que estuvo por fuera de Colombia.

El 21 de junio de 2022, el jefe de la Div isión de Personal de la C ámara de Representantes, por medio de la Resolución No. 1481, de claró la insubsistenci a de la señora Otilia Rodríguez Lozano, con efectos a partir del 28 de junio de dicha anualidad.

Por otra parte, enfatizó en el he cho de que , según lo señalado por la Di rección Administrativa de la Cámara de Representantes, en ninguno de los períodos

anualidad.

Por otra parte, enfatizó en el he cho de que , según lo señalado por la Di rección Administrativa de la Cámara de Representantes, en ninguno de los períodos durante l os cu ales la señora Rodríguez Lozano estuvo por fuera del territori o nacional existían certificaciones respecto del cumplimiento de sus funciones.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]

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Realizadas las precisiones antecedentes, señaló que el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura alegada no se configuró, toda vez que no existían certificaciones expedidas por la representante cuestionada que hubiesen servido de fundamento p ara destinar dineros públicos -a título de salarios - a favor de la señora Otilia Rodrígue z Lozano, concreta mente, en los lapsos en los que permaneció en el exterior, aunque hubiese estado vinculada a la UTL de la congresista denunciada.

En secuencia con dicha premisa, aseguró que, como la congresista denunciada no expidió certificaciones de cumplimiento de fu nciones por parte de la señora Rodríguez Lozano -«Asistente II» en la UTL a su cargo -, ello significaba que el «elemento esencial» requerido para que se configurara la indebida destinación de dineros públicos «indirecta» quedaba descartado.

Frente al elemento subjetivo de la causal de p érdida de investid ura invocada,

«elemento esencial» requerido para que se configurara la indebida destinación de dineros públicos «indirecta» quedaba descartado.

Frente al elemento subjetivo de la causal de p érdida de investid ura invocada, sostuvo que las actuaciones de la congresista denunciada estaban exen tas de dolo o culpa grave.

A partir de un recuento cronológico de las normas que internamente expidió el Congreso de la República en el lapso comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 12 de noviembre de 2021, señaló que dicha Corporación Pública funcionó «[...] de for ma n o enteramente presencial durante un año y ocho meses, con las evidentes dificultades de adaptación en los p rocedimientos de funcionami ento y control int ernos que una situación novedosa y extraordinaria acarrea en una institución como esta [...]».

Aunado a lo expuesto, para contextualizar cuál era la complejidad y la necesidad de las tare as de coordinació n, en lace y diálogo comunitario de las que se encargaba la señora Otilia Rodríguez Lozano en la áreas no municipalizadas del departamento del Amazonas , as í como la imposibilidad de la congresista denunciada de saber si dichas funciones era n ejecutadas en e l territorio nacional, se advirtió que resultaba necesario contar con una aproximación geográfica de las zonas en las que recaían las labores asignadas a la «Asistente II».

Así pues, e n la medida en que la mayoría de los desplazamientos a las áreas no municipalizadas debían realizarse fluvialmente, indicó que ello representaba dificultades con el acceso y el relacionamiento en dichas zonas, las cuales, en su

Así pues, e n la medida en que la mayoría de los desplazamientos a las áreas no municipalizadas debían realizarse fluvialmente, indicó que ello representaba dificultades con el acceso y el relacionamiento en dichas zonas, las cuales, en su criterio, eran bien gestionadas por la señora Rodríguez Lozano , dado que contabaRadicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]

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con un conocimien to profundo del terri torio y, además, sabía cuá les eran las formas más eficientes para «moverse» en el departamento.

También se ref irió a l a « brecha digital » que limitaba «ostensiblemente» la comunicación a través de videoco nferencias o correos e lectrónicos e n el departamento del Amazonas.

En ese orden de ideas, recalcó que las llamadas de voz y los mensajes a través de WhatsApp eran los medios de comunicación más efectivos en la aludida entidad territorial, al igual que [se transcribe de forma l iteral, incluso con posibles errores]:

[...] [C] onstituían un medio idóneo para controlar la ejecución de las labores encomendadas a una fu ncionaria que trabajaba virtualmente. Tanto así que, como se reitera, nunca se sospechó que l a señora Rodríguez Loz ano estuviera por fuera del territorio nacion al pues, las llamadas y mensajes compartidos con la señora Yeimy Duque estaban vincula dos a su númer o

como se reitera, nunca se sospechó que l a señora Rodríguez Loz ano estuviera por fuera del territorio nacion al pues, las llamadas y mensajes compartidos con la señora Yeimy Duque estaban vincula dos a su númer o telefónico colombiano y, lo más importante, siempre estuvo al día con la agenda de la UTL [...].

Respecto de las f unciones desarrolladas por la señora Otilia Rodríguez Lozano , insistió en que su vinculación a la UTL de la congresista denunciada obedeció a la amplia experiencia y cercanía que tenía con las comunidades de las áreas no municipalizadas del departa mento de l Ama zonas, de ahí que sus aportes co mo «Asistente II » -en términos de coordinación 9resultaran esenciales para llevar a cabo la labor política de la representante a la cámara cuestionada.

Agregó que, p or cuenta del « capital relacional» de la señora Rod ríguez Lozano, «[...] sus contribuciones a la UTL f ueron determinantes para fortalecer la relación entre la Representante Acosta Infante y su electorado [...]».

Por otra parte, de acuerdo con el nivel asistencial del cargo desempeñado por la señora Otilia Rodríguez Lozano, precisó que aquella funcionaria recibía

9 Según lo consignado en el escrito de oposic ión presentad o por el apoderado judicial de la congresista denunciada, las labores de Otilia Rodríguez Lozano resultaron fundamentales para la coordinación de [se tran scribe de forma literal, incluso con p osibles errores]: «[...] i) personas que prestaban servicios de alojamiento (que generalmente eran habitaciones en casas priv adas); ii)

coordinación de [se tran scribe de forma literal, incluso con p osibles errores]: «[...] i) personas que prestaban servicios de alojamiento (que generalmente eran habitaciones en casas priv adas); ii) personas que proveían alimentos durante los días que duraba una visita a una comunidad alejada; iii) determinando, de ac uerdo con la información recibida por los líderes comunitarios, la estrategia de transporte más ad ecuada para llegar a alguna de las áreas lej anas del Departamento (por ejemplo, si se debía llegar por Villavi cencio o por Leticia, o si era necesario el tran sporte aéreo en temporada invernal, o si por temporada de verano no era posible el transporte por vía fluvial, entre otras); o iv) recib iendo información por parte de la comunidad sobre visitas de técnicos (p or ejemplo, para un proyecto de ampliación de co bertura en red de telefonía celular, o para la instalación de un parque lúdico en la Comunidad de Tarapacá) [...]» [índice No. 11 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado -historial de actuaciones de primera instancia-].Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]

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instrucciones y coordinaba las actividades que se le encargaban con Yeimy Beverly Duque Ocampo, i ntegrante de la UTL de la congresista denunciada en calidad de «Asesora VIII».

En virtud de todo l o exp uesto, concluyó que la congresista denunciada actuó

Beverly Duque Ocampo, i ntegrante de la UTL de la congresista denunciada en calidad de «Asesora VIII».

En virtud de todo l o exp uesto, concluyó que la congresista denunciada actuó convencida «plena y sinceramente» de que su conducta y la de sus subalternos se ajustaba al ord enamiento jurídico, toda vez que la señora Rodríguez Lozano: [i] cumplió con las funcion es asignadas; [ii] se comunicaba con Yeimy Beverly Duque Ocampo y [iii] a finales de 2021, se reunió presencialmente con la representante a la cámara cuestionada en el departamento del Amazonas.

3. La sentencia de primera instancia

Agotadas las etapas pr ocesales pertinentes, mediante la sentencia del 5 de junio de 2023 10, la Sala Cuarta Especial de Decisión de esta Corporación negó la solicitud de pérdida de investidura.

Para sustentar la determinación en comento, se refirió, entre otras, a la sentencia del 10 de mayo de 2022 proferida por la Sala Plena de lo Contencios o Administrativo del Consejo de Estado 11, con la finalidad de precisar el estado actual de la jurisprudencia en relación con el alca nce de la causa l de pérdida de investidura consistente en la indebida destinación de dineros públicos.

En virtud del fallo antes mencionado, la Sala Especial concluyó lo siguiente:

[…] 123. Así las cosas, de acuerdo con el más reciente pronunciamiento de la Sala Plena de la corporación, la configuración de dicha causal ocurre a l momento de la destinación de los dineros, por lo que, no es posible extenderlo

[…] 123. Así las cosas, de acuerdo con el más reciente pronunciamiento de la Sala Plena de la corporación, la configuración de dicha causal ocurre a l momento de la destinación de los dineros, por lo que, no es posible extenderlo a conductas realizadas con posterioridad o de terceros. Por tanto, «una vez se ha producido lo anterior, lo relacionado a cómo se ejecutan las labores para las cuales fueron d estinados esos dineros y el control sobre ellas no forma parte de la des tinación de los dineros». Pues la debida destinación no comprende la debida ejecución de la actividad para la cual se destinaron los recursos, ni el control de su correcta utilización [...].

Precisado lo anterior, al analizar cada uno de l os requisitos del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura invocada, consideró que la congresista denunciada no destinó indebidamente dineros públicos, pues, si bien para la fecha

10 Índice No. 66 de la plat aforma tecnológica SAMAI del Consejo de Esta do [historial de actuaciones de primera instancia]. 11 La providencia judicial referida es la siguiente: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 10 de mayo de 2022, radicación No. 11001-03-15-000-2019-00771-01 [PI], C.P. Martín Bermúdez Muñoz.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]

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en que se nombró y posesionó la señora Otilia Rodríguez Lozano se encontraba fuera del país, en atención a lo previsto en la Directiva No. 011 del 18 de enero de 202112, las encuestas, las evaluaciones médicas de ingreso y los demás trámites de vinculación a la Cámara de Representantes se realizarían de forma virtual.

En ese sentido , se advirtió que en la resolución de nombramiento de la señora Rodríguez Lozano no intervino la congresista denunciada, dado que ese acto administrativo fue profer ido por el jefe de la División de Pers onal y el secretario general de la Cámara de Representantes.

Así pues , señaló que el solicitante pretendía de rivar de la conducta de otros funcionarios un reproche a la congresista denunciada, a pesar de que aquella solo se limitó a postular a l a señora Otilia Rodríguez Lozano para el cargo de «Asistente II».

A pesar de que el solicitante indicó que la señora Rodríguez Lozano no tenía funciones asignadas, que no las cumplió o que las ejerció de ma nera «ilegal» por estar fuera de Colombia, lo cierto era que, de acuerdo con lo señalado en la oposición presentada por la congresista denunciada y los testimonios recaudados, estaba acreditado que dicha funcionaria: [i] sí ejercía labores de coordinación en el departamento de l Amazon as y [ii] se las reportaba a Yeimy Beverly Duque

oposición presentada por la congresista denunciada y los testimonios recaudados, estaba acreditado que dicha funcionaria: [i] sí ejercía labores de coordinación en el departamento de l Amazon as y [ii] se las reportaba a Yeimy Beverly Duque Ocampo, quien era la encargada de verificar el cumplimiento de las aludidas actividades, por disposición de la representante a la cámara cuestionada.

Como consecuencia de lo ex puesto, consideró que la congresista denunciada no desatendió su deber de controlar el cumplimiento de las funciones radicadas en cabeza de la señora Otilia Rodríguez Lo zano, con independencia del hecho de que dicha funcionaria sí con travino lo dispuesto en el artículo 1° de la Le y Orgánica 2029 de 2020, puesto que sus funciones no podían ser ejecutadas por fuera del territorio nacional.

De otro lado, recalcó que la señora Rodríguez Lozano nunca le informó a Yeimy Beverly Duque Ocampo -coordinadora de la UTLsobre sus salidas de Col ombia, mucho menos a la congresista denunciada. Asimismo, según la información proporcionada por la División de Personal de la Cámara de Repr esentantes, la

12 Normativa interna de la Cámara de Representan tes [índice No. 11 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado -historial de actuaciones de primera instancia-].Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]

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aludida funcionaria no solicitó ante dicha depende ncia ningún tipo de aut orización para desempeñar sus funciones en el exterior.

Acto seguido, la Sala a quo afirmó que las salidas del país de la señora Otilia Rodríguez Lozano constituían «actos de un tercero» que no se le podían adjudicar a la congresista denunciada, dado que resultaba «[…] un despropósito pret ender que, más allá de procurar por el cumplimiento de las responsabilidades que le eran asignadas a la integrante de la UTL, también debía ejercer vigilancia respecto de que dicha funcionaria no saliera del país […]».

Destacó el hecho de que la congresis ta denunciada, al enterarse de los viajes al exterior de la señora Rodríguez Lozano, adelantó las gestiones necesarias para que se declarara la insubsistencia de esa funcionaria y, además, le s olicitó q ue reintegrara las sumas de dinero que se le pagaron -lo cual efectivamente sucedió-.

Mencionó que, s egún lo considerado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado -en la sentencia del 10 de mayo de 2022-, el certificado de cumplimiento de funciones -último inciso del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992 - de los integrantes de la UTL de un congresista no constituía un presupuesto para el pago del salario de esos funcionarios.

En virtud de lo probado en el proceso, advirtió que la congresista denunciada no

5ª de 1992 - de los integrantes de la UTL de un congresista no constituía un presupuesto para el pago del salario de esos funcionarios.

En virtud de lo probado en el proceso, advir