CE - 110010315000202300166011SENTENCIA20230411121747

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00166-01

Demandante: Rosa María Tapia Cifuentes

Demandado: Consejo de Estado , Sección Segunda , Subsección A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho para reconocimiento de pensión de sobrevivientes .

Aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 . Desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Rosa María Tapia Cifuentes , en contra de la sentencia proferida el 9 de febrero de 2023, por el Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Rosa María Tapia Cifuentes , promovió solicitud de tutel a con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida, a la igualdad y al debido proceso, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 28 de marzo de 2022, por el Consejo de Estado, Sección

amparen sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida, a la igualdad y al debido proceso, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 28 de marzo de 2022, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-23-33-000-2018-00518-01.2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-01

Demandante: Rosa Maria Tapia Cifuentes

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1. Rosa María Tapia Cifuentes , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , presentó demanda en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1, con el fin de cuestionar la legalidad de los actos administrativos a través de los cuales se le neg ó el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes.

1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 22 de abril de 2021, negó las pretensiones de la demanda al considerar que: (i) no es posible el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de conformidad con el artículo 1.° del Decreto 1047 de 1948 y el art ículo 1.° de la Ley 12 de 1975 «pues para ello el causante dada su condición de Detective Agente, necesitaba acreditar 20 años de servicios »; (ii) no es aplicable le es aplicable la Ley 100 de 1993 de manera retrospectiva, debido a que el causante falleció antes de que se expidiera y entrara

de servicios »; (ii) no es aplicable le es aplicable la Ley 100 de 1993 de manera retrospectiva, debido a que el causante falleció antes de que se expidiera y entrara en vigencia dicha normativa y (iii) la jurisprudencia del Consejo de Estado desde el año 2013, estableció que en esta materia la norma que rige es la vigente para la fecha del deceso, por cuanto en ese momento se causa el derecho a la pensión. En contra de esta decisión la demandante interpuso recurso de apelación.

1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a través de la sentencia del 28 de marzo de 2022, confirmó lo resuelto por el a quo con similares consideraciones.

1. En relación con esa decisión, pese a que la parte actora no especifica las vías de hecho que se le atribuyen a la providencia judicial cuestionada, se evidencia que alega vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida, a la igualdad y al debido proceso , en tanto la corporación demandada, según la Sala entiende, incurrió en defecto sustant ivo, vulneración directa de la

1 En adelante UGPP.3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-01

Demandante: Rosa Maria Tapia Cifuentes Constitución y desconocimiento del precedente toda vez que:

1. El asunto se analizó a partir de lo estipulado en los Decretos 1047 del 7 de junio de 1978 y 1399 de l 28 de agosto de 1989, en los que no se estipulaba la pensión de sobrevivientes; 2) se debía determinar si le asistía el derecho al reconocimiento

de 1978 y 1399 de l 28 de agosto de 1989, en los que no se estipulaba la pensión de sobrevivientes; 2) se debía determinar si le asistía el derecho al reconocimiento de la referida prestación con fundamento en la norma más favorable ; 3) se debió realizar una interpretación normativa tal como lo ha hecho la Corte Constitucional en las sentencias T-564 de 2015, T-587A de 2012, T1268 de 2005, T-110 de 2011, T-406 de 1992, T-914 de 2014, T-330 de 2015, T-063 de 2013 y C-444 de 1997, y 4) se limitó a establecer la posibilidad de aplicar o no la Ley 100 de 1993 y no se tuvo en cuenta que el causante al morir contaba con más de 785 semanas de cotización al sistema pensional, hecho ocurrido en vigencia de la Constitución Política de 1991.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales de mi poderdante ROSA MARÍA TAPIAS CIFUENTES, a la seguridad social, mínimo vital móvil, vida digna, igualdad y debido proceso, derecho a una justicia, violentados por LA SALA DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, al

proferir la sentencia No. 0-141 del 28 de marzo de 2022, dictada dentro del proceso bajo Rad. 76001-23-33-000-2018-00518-01 (36402021).

SEGUNDA: TUTELAR y REVOCAR la sentencia No. -0141-2022 dictada dentro del

Rad. 76001-23-33-000-2018-00518-01 (36402021).

SEGUNDA: TUTELAR y REVOCAR la sentencia No. -0141-2022 dictada dentro del proceso bajo Rad. 76001-23-33-000-201800518-01 (3640-2021) proferida por la SALA

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN

A, DEL CONSEJO DE ESTADO.

TERCERO. TUTELAR y REVOCAR todos los actos administrativos resoluciones N°0142874 del 19 de octubre de 2015, que resolvió negar la pensión de sobreviviente y resoluciones N° RDP000290 del 7 de enero de 2016 y RDP004964 del 8 de febrero de 2016, que confirmaron la negativa, y en su defecto se ordene reconocer la pensión de sobreviviente a la señora ROSA MARIA TAPIAS CIF UENTES, como única beneficiaria de la pensi ón de sobreviviente por la muerte de su compañero permanente WILLIAM VALBUENA AVENDAÑO, desde el día 24 de abril de 1993, fecha de su muerte, lo mismo que los intereses moratorios del que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993 o en su defecto que sean indexados al IPC […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-01

Demandante: Rosa Maria Tapia Cifuentes

1.2.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A ,2 solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo de la referencia, en atención a que no se

Demandante: Rosa Maria Tapia Cifuentes

1.2.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A ,2 solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo de la referencia, en atención a que no se acreditaron los requisitos de procedencia de la solicitud de tutela para atacar providencias judiciales. En su defecto, pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda.

En relación con el fondo del asunto en el proceso ordinario, señaló que la parte actora no tenía el derecho a que se le reconociera la pensión de sobrevivientes pretendida por no consolidar los requisitos exigidos a la luz de la normativa vigente al momento del deceso del afiliado (tiempo de servicios), sin que le sea aplicable de manera retrospectiva la Ley 100 de 1993.

1.2.2. La UGPP3 solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo debido a que no se acreditó un perjuicio irremediable ni la existencia de una vía de hecho por parte de la autoridad demandada, y que lo pretendido por la parte actora es que se sustituya una decisión judicial ejecutoriada y dictada por el juez natural de la causa.

En cuanto al derecho al mínimo vital, aseguró que tampoco se probó la presunta transgresión con ocasión de la decisión que negó las pretensiones de la demanda, y en relación con la garantía fundamental a la seguridad social, adujo que la tutelante se encuentra afiliada a la ESP subsidiada ASMET SALUD EPS SAS como cabeza de hogar, según la información reportada por el sistema de consulta ADRES.

Por último, puso de presente que en caso de acceder se al amparo solicitado se

tutelante se encuentra afiliada a la ESP subsidiada ASMET SALUD EPS SAS como cabeza de hogar, según la información reportada por el sistema de consulta ADRES.

Por último, puso de presente que en caso de acceder se al amparo solicitado se generaría un grave perjuicio a la sostenibilidad financiera del sistema pensional, en atención a que la tutelante no tiene el derecho a que se le reconozca y pague la prestación.

2 Ver índice 1 0 de SAMAI. Archivo denominado CONTESTACIONDEMANDA_CONTESTACI ONTUTELA(.pdf) NroActua 10 3 Ver índice 9 de SAMAI. Archivo denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT

RONICO_RV_ACCIONDETUTELA(.zip) NroActua 95

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-01

Demandante: Rosa Maria Tapia Cifuentes

1.2.3. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.4

1.3 Sentencia de primera instancia5

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 9 de febrero de 2023 declaro improcedente la solicitud de tutela al considerar que el asunto no tiene relevancia constitucional, «debido a que, sus inconformidades se circunscriben a atacar la decisión del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por no analizar el marco jurídico invocado en la forma en que la actora lo señala, para efectos de encontrar acreditado el derecho a que se le reconozca y pague una prestación económica.».

1.4. Escrito de impugnación6

marco jurídico invocado en la forma en que la actora lo señala, para efectos de encontrar acreditado el derecho a que se le reconozca y pague una prestación económica.».

1.4. Escrito de impugnación6

Rosa María Tapia Cifuentes impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual insistió en que continúa la vulneración de s us derechos fu ndamentales con la interpretación efectuada por el tribunal demandado, además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en los escritos de tutela y de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometid o a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

4 Mediante auto del 18 de enero de 2023, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 5 Ver índice 12 de SAMAI 6 Ver índice 17 de SAMAI6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-01

Demandante: Rosa Maria Tapia Cifuentes De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 7 y el Acuerdo 80 de l 12 de marzo de 2019 8, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 10 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Cont encioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento

necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

7 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 8 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-01

Demandante: Rosa Maria Tapia Cifuentes Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena ,11 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la s entencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86

Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra de cisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional 12 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y

relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 13 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específ icos alegados por el interesado y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.14

11 Consejo de Estado . Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de l 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramír ez. 12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.

Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramír ez. 12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-01

Demandante: Rosa Maria Tapia Cifuentes Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida, a la igualdad y al debido proceso de Rosa María Tapia Cifuentes con ocasión de la sentencia del 28 de marzo de 2022, que confirmó la negativa frente a la solicitud de declaratoria de ilegalidad de los actos administrativos a través de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes , con la que incurrió, presuntamente, en desconocimiento del precedente al no efectuar una interpretación favorable que le permitiera acceder a la prestación pensional reclamada?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela

reclamada?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Caso concreto

Rosa María Tapia Cifuentes acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la seguridad s ocial, al mínimo vital, a la vida, a la igualdad y al debido proceso y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia proferida el 28 de marzo de 2022, por el Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección A , en cuanto confirmó la negativa de primera instancia frente a las pretensiones de declaratoria de ilegalidad de los actos administrativos a través de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente.9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-01

Demandante: Rosa Maria Tapia Cifuentes Lo anterior, según se alegó en el escrito de impugnación, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto sustant ivo, vulneración directa de la Constitución Política y desconocimiento del precedente , en tanto la interpretación efectuada por la corporación j udicial demandada desconoce el principio de favorabilidad, el cual, a su juicio, le permitiría acceder a la prestación pensional reclamada.

De acuerdo con la argumentación efectuada por la parte actora, resulta pertinente resaltar que, pese a que se alegaron varias vías de hecho, la motivación que las

reclamada.

De acuerdo con la argumentación efectuada por la parte actora, resulta pertinente resaltar que, pese a que se alegaron varias vías de hecho, la motivación que las sustenta guarda relación con el presunto desconocimiento del precedente, por lo que se analizaran de manera conjunta desde esta perspectiva.

En cuanto al precedente judicial, es importante recordar que la Corte Constitucional15 lo ha definido como la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos debe ser considerada por las autoridades judiciales al momento de proferir una decisión. En esa misma línea el tribunal constitucional ha destacado que la relevancia del precedente responde a: i) la necesidad de proteger el derecho a la igualdad y salvaguardar los principios de buena fe y seguridad jurídica de quienes acuden a la administración de justicia y; ii) el reconocimiento del carácter vinculante de las decisiones judiciales adoptadas por los órganos cuya función es unificar jurisprudencia, con lo cual se le otorga la «categoría de fuente de derecho aplicable al caso concreto».

En ese sentido y dada la imposibilidad que le asiste al legislador de regular, a partir de disposiciones de carácter general, cada situación particular y concreta que se puede presentar al interior de una sociedad, es que surge la necesidad e importancia de reconocer la obligatoriedad del precedente judicial, ya que, cuando la norma no es clara o su construcción gramatical resulta ambigua, es el juez, a partir del análisis de la situación fáctica en estudio y las normas aplicables a esta, quien define cada caso, a partir de la creación de las denominadas reglas de origen

la norma no es clara o su construcción gramatical resulta ambigua, es el juez, a partir del análisis de la situación fáctica en estudio y las normas aplicables a esta, quien define cada caso, a partir de la creación de las denominadas reglas de origen

15 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-01

Demandante: Rosa Maria Tapia Cifuentes judicial16. Es desde esa realidad que el precedente judicial adquiere la categoría de fuente formal de derecho17 que propende por la aplicación uniforme de este, como una forma de materializar el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que deben dirigir toda actuación del Estado.

Asimismo, cabe advertir que la jurisprudencia constitucional ha entendido que la lectura del artículo 230 de la Constitución Política, según el cual «los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley», debe hacerse bajo el entendido que el operador judicial también se encuentra sometido al precedente judicial, en tanto, a través de este es que se determina el contenido y alcance normativo de la ley18. De acuerdo con lo anterior, el concepto «ley» del referido artículo 230, debe ser entendido como el conjunto de normas constitucionales y legales, incluida la interpretación que de estas hacen l as autoridades judiciales. Es decir, el carácter vinculante del precedente judicial, es un claro desarrollo del principio de legalidad que debe dirigir las actuaciones que adelanten los servidores públicos.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 237 de la Constitución Política, el Consejo de Estado como tribunal supremo de lo contencioso -administrativo tiene el deber de

que debe dirigir las actuaciones que adelanten los servidores públicos.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 237 de la Constitución Política, el Consejo de Estado como tribunal supremo de lo contencioso -administrativo tiene el deber de unificar jurisprudencia al interior de la jurisdicción, de tal manera que las decisiones emitidas por este órgano se constituyen en precedente de obligatorio cumplimiento. Lo anterior cobra especial relevancia, al tratarse de un desarrollo del derecho a la igualdad, que se hace efectivo cuando una situación fáctica y jurídica se define con aplicación de criterios e interpretaciones adoptadas de manera previa en casos análogos, dicho en otras palabras, el derecho a la igualdad se materializa cuando asuntos con situaciones fácticas y problemas jurídicos similares se definen con base en la misma interpretación.

16 Corte Constitucional, sentencia C -634 de 2011: «[…] n las sociedades contemporáneas, merced la complejidad de las relaciones entre sus agentes, es imposible que las asambleas representativas puedan configurar preceptos que solucionen, de manera específica, todos los casos posibles. Por ende, es inevitable (y como se verá más adelante incluso necesario y valioso) que los jueces conserven la competencia para la definición concreta del derecho, a partir de reglas de origen judicial, creadas a partir de las disposiciones aprobadas por el legislador.» 17 Corte Constitucional, sentencia C-634 de 2011 18 Corte Constitucional, sentencia C-539 de 2011.11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-01

Demandante: Rosa Maria Tapia Cifuentes De otra parte, como se ha expuesto en párrafos anteriores, la regla general es la

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-01

Demandante: Rosa Maria Tapia Cifuentes De otra parte, como se ha expuesto en párrafos anteriores, la regla general es la obligatoriedad del precedente proferido por los órganos de cierre de la respectiva jurisdicción, sin embargo, existen ciertos eventos en los que el juez puede separarse de dicha interpretación, para lo cual la jurisprudencia constitucional19 ha establecido como requisitos: i) el de la transparencia: para lo cual, el juez debe referirse de manera expresa al precedente conforme al cual se han resuelto casos análogos y del cual estima pertinente apartarse y; ii) el de la suficiencia: este exige al operador judicial exponer razones suficientes y válidas que justifiquen un cambio en el precedente, para lo que deberá demostrar que la ratio decidendi avalada por el órgano de cierre para resolver casos con situaciones jurídicas y fácticas similares «ha perdido vigencia para resolver asuntos futuros, bien sea por el cambio normativo o por la simple transformación social». En consonancia con lo anterior, es claro que si una autoridad ju dicial se aparta del precedente sin acreditar el cumplimiento de los mencionados requisitos, la consecuencia es la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso, así como, de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

Ahora bien, al descender a la situación particular planteada por Rosa María Tapia Cifuentes, se observa que la corporación judicial demandada en providencia del 4 de agosto de 2022, a través de la cual se resolvió una solicitud de aclaración de la sentencia, señaló:

Cifuentes, se observa que la corporación judicial demandada en providencia del 4 de agosto de 2022, a través de la cual se resolvió una solicitud de aclaración de la sentencia, señaló:

«[…] En conclusión: no es procedente reconocer la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante y en ocasión al fallecimiento del señor William Valbuena Avendaño en aplicación de las prerrogativas pensionales de que trata la Ley 100 de 1993, pues la situación jurídica en el caso de pensión de sobrevivientes se consolida al momento del fallecimiento del afiliado, por ende, si el deceso ocurrió antes de la entrada en vigencia de la mentada norma, con base en el artículo 288 precitado, no es posible por favorabilidad aplicarla de forma retrospectiva a efectos de reconocer la pensión de sobrevivientes a su núcleo familiar, como en efecto ocurrió en el caso bajo estudio. Aunado, el causante tampoco acreditó los requisitos de las normas generales vigentes a su deceso, para acceder a la pensión que se preveía para sus beneficiarios. […]»

Ahora bien, la parte actora alegó como precedente jurisprudencial desconocido en materia de aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, las sentencias T-891 de

19 Corte Constitucional, sentencias T-446 de 2013 y SU-113 de 2018.12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-01

Demandante: Rosa Maria Tapia Cifuentes 2011, T-072 de 2012, T-587 A de 2012, T -515 de 2012, T597 de 2012, T-040 de

Demandante: Rosa Maria Tapia Cifuentes 2011, T-072 de 2012, T-587 A de 2012, T -515 de 2012, T597 de 2012, T-040 de 2013, T564 de 2015, T-116 de 2016, T-415 de 2017 y SU-567 de 2015 de la Corte

Constitucional.

Al respecto, se le informa a la parte actora que las referidas sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional tienen efectos inter partes, y sin perjuicio de que contengan parámetros decisionales acordes a los hoy traídos en la solicitud de amparo, no resulta n exigibles a las autoridades judiciales como de obligatorio acatamiento, además, se resalta que esa misma corporación constitucional en sentencia T-564 de 2015, refirió un criterio opuesto, en el sentido de que la norma aplicable en materia de pensión de sobrevivientes es la vigente al momento de la muerte del afiliado y, por ende, en el caso allí analizado la demandante no tenía derecho a la aplicación de la Ley 100 de 1993, toda vez que el fallecimiento ocurrió con anterioridad a su entrada en vigencia.

En cuanto a la sentencia SU-567 de 2015 20, si bien es cierto esta constituye precedente en los términos anotados, la problemática allí tratada es acerca d el respeto a la «favorabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad predicable del derecho a la pensión», lo cual nada tiene que ver con la controversia bajo estudio.

Ahora bien, es pertinente indicar que, pese, a que en numerosos pronunciamientos la Sección S egunda de esta corporación accedió al reconocimiento de la pensión

la pensión», lo cual nada tiene que ver con la controversia bajo estudio.

Ahora bien, es pertinente indicar que, pese, a que en numerosos pronunciamientos la Sección S egunda de esta corporación accedió al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en asuntos con supuestos fácticos similares al caso de Rosa Maria Tapia Cifuentes , al dar aplicación retrospectiva a la Ley 100 de 1993 por razones de equidad y favorabilidad, lo cierto e s que dicha tesis fue modificada a través de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2013 proferida por el Consejo de Estado, Sala Plena de la Secci ón Segunda,21 de tal manera, se estableció que el derecho a la mencionada prestación pensional se caus a al momento del fallecimiento del afiliado, por lo tanto las normas aplicables son las vigentes para esa fecha.

20 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 21 CP Luis Rafael Ver