CE - 110010315000202300207011SENTENCIA20230613000000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-00207-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: VILMA ESPERANZA CUPA SOLER

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO

DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACTORA NO

CUMPLIÓ CON LA CARGA MÍNIMA ARGUMENTATIVA, ADEMÁS, SE

EVIDENCIA QUE LO PRETENDIDO ES CREAR UNA INSTANCIA

ADICIONAL DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO . INEXISTENCIA

DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ , esta Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la actora contra la sentencia de 17 de febrero de 2023, mediante la cual la2

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Actora: VILMA ESPERANZA CUPA SOLER

contra la sentencia de 17 de febrero de 2023, mediante la cual la2

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Actora: VILMA ESPERANZA CUPA SOLER

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SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A” - DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora VILMA ESPERANZA CUPA SOLER, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica , confianza legítima y favorabilidad, los cuales consideró vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ2 al proferir la sentencia de 27 de julio de 202 2, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 152383339752-2015-00192-01.

I.2.- Hechos

Indicó que el 15 de julio de 2014 , la Secretaría de Educación de

1 En adelante la SECCIÓN TERCERA. 2 En adelante el Tribunal.3

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Actora: VILMA ESPERANZA CUPA SOLER

2 En adelante el Tribunal.3

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Boyacá la nombró en provisionalidad para que desempeñara el cargo de docente en la Institución Educativa Armando Solano en el Municipio de Paipa, en reemplazo de la señora MARÍA DEL CARMEN CASTILLO OTALORA , a quien se le concedió incapacidad por enfermedad.

Refirió que mediante Resolución núm. 005514 de 10 de septiembre de 2014, la Secretaría de Educación de Boyacá dio por terminado su nombramiento en reemplazo de la señora MARÍA DEL CARMEN CASTILLO OTALORA , pese a que esta última fue retirada del servicio por pérdida de capacidad laboral del 96%.

Adujo que presentó ante la Secretaría de Educación de Boyacá varios derechos de petición solicitando información frente a los motivos por los cuales unilateralmente se terminó su nombramiento en provisionalidad, sin obtener respuesta de fondo.

Manifestó que, a través de l fallo de tutela de 30 de diciembre de 2014, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja amparó sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, por lo que ordenó a la Secretaría de Educación de Boyacá que procediera a notificar en debida forma, si aún no lo hubiere hecho, la Resolución núm. 005514 de 10 de septiembre de4

y al debido proceso, por lo que ordenó a la Secretaría de Educación de Boyacá que procediera a notificar en debida forma, si aún no lo hubiere hecho, la Resolución núm. 005514 de 10 de septiembre de4

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2014 y a dar una respuesta de fondo en la que explicara los motivos de su desvinculación.

Relató que, en cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de Educación de Boyacá procedió a emitir los oficios 1.2.5 -382014PQR1878 y 2014PQR45026 de 8 de enero de 2015, por medio de los cuales le informó los motivos por los que se terminó su nombramiento en provisionalidad.

Manifestó que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, con el fin de que se declara la nulidad de los actos administrativos3 que dieron por terminado su nombramiento en provisionalidad y, en consecuencia, fuera reintegrada al mismo, con el pago de los salarios dejados de percibir durante el tiempo que estuvo separada del cargo.

Resaltó que la demanda correspondió en primera instancia al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO TRANSITORIO ORAL DE DUITAMA4 que, mediante auto de 24 de septiembre de 2015 ,

estuvo separada del cargo.

Resaltó que la demanda correspondió en primera instancia al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO TRANSITORIO ORAL DE DUITAMA4 que, mediante auto de 24 de septiembre de 2015 ,

3 Resolución núm. 005514 de 10 de septiembre de 2014 y Oficios núm. 1.2.5 -38-2014PQR41878 y 2014PQR45026 de 8 de enero de 2015. 4 En adelante el JUZGADO.5

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rechazó la demanda al considerar que operó el fenómeno de la caducidad respecto de la Resolución núm. 005514 de 10 de septiembre de 2014.

Sostuvo que, contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante proveído de 12 de octubre de 2016, revocó el auto apelado al estimar que la demanda fue promovida dentro del término, pues el conteo de la caducidad debía ser a partir del momento en el cual se notificaron los oficios 1.2.5-38-2014PQR1878 y 2014PQR45026 de 8 de enero de 2015, en virtud del fallo de tutela, por lo que ordenó continuar con el trámite del proceso.

Adujo que el JUZGADO, mediante sentencia de 22 de octubre de

de 2015, en virtud del fallo de tutela, por lo que ordenó continuar con el trámite del proceso.

Adujo que el JUZGADO, mediante sentencia de 22 de octubre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por lo que ordenó reconocerle y pagarle los salarios dejado s de percibir durante el tiempo de su retiro, sin acceder a la pretensión de reintegro al cargo.

Relató que, inconformes con lo anterior, tanto la parte actora como la demandada interpusieron recurso de apelación, el cual fue conocido por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 27 de julio de 2022, revocó la decisión de l a quo y, en su lugar, declaró la6

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caducidad del medio de control sin estudiar de fondo los argumentos expuestos.

Sostuvo que, p ara el efecto , el TRIBUNAL argumentó que la providencia de 12 de octubre de 2016 incurrió en un defecto fáctico, comoquiera que no tuvo en cuenta la constancia de notificación de la Resolución núm. 005514 de 10 de septiembre de 2014, la cual reposaba en el expediente, prueba determinante para establecer la caducidad del medio de control.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, el TRIBUNAL desconoció su propio

reposaba en el expediente, prueba determinante para establecer la caducidad del medio de control.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, el TRIBUNAL desconoció su propio pronunciamiento de 12 de octubre de 2016 al declarar configurada la caducidad del medio de control, pues en dicha decisión había considerado que el conteo del término de caducidad se debía calcular a partir de que la Secretaría de Edu cación de Boyacá dio cumplimiento al fallo de tutela , por lo que “[…] La conducta del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, al ir en contra de su propio pronunciamiento anterior y declarar la caducidad de la acción, me ha vulnerado mis derechos fundamentales […]”.7

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Sostuvo que, “[…] pese a que no obraba prueba en el expediente respecto a la notificación personal de la Resolución No. 005514 de 10 de septiembre de 2014, a juicio de la Sala dicha situación queda superada con la expedición del Oficio 1.2.5-38-2018-PQR1878 y 2014PQR45026 de 08 de enero de 2015, notificada a la suscrita, mediante el cual se da cumplimiento al fallo de tutela, razón por la cual es a partir de ésta última fecha que se debe contabilizar el término de caducidad del presente medio de control […]”.

mediante el cual se da cumplimiento al fallo de tutela, razón por la cual es a partir de ésta última fecha que se debe contabilizar el término de caducidad del presente medio de control […]”.

Afirmó que el TRIBUNAL vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y favorabilidad en materia laboral, al “[…] no estudiar de fondo el recurso de apelación presentado en contra del fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y en cambio declaró la caducidad de la acción […]”.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ que profiera una nueva sentencia de segunda instancia donde se8

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estudie de fondo los argumentos presentados en el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia proferida el 22 de octubre de 2019 por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO TRANSITORIO ORAL DE DUITAMA, como quiera que, por medio de la sentencia de 27 de julio de 2022 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

TERCERO ADMINISTRATIVO TRANSITORIO ORAL DE DUITAMA, como quiera que, por medio de la sentencia de 27 de julio de 2022 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ al declarar la caducidad de la acción se incurrió en una VÍA DE HECHO que redundó en la vulneración de mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD JURÍDICA y CONFIANZA LEGÍTIMA, y la infracción del PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, y se encuadra dentro de la causal específica de procedencia de la acción de tutela de INTERPRETACIÓN

IRRACIONAL DE UNA FORMA INFRACONSTITUCIONAL.

SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior , Honorables Consejeros, SÍRVASE ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, proferir una nueva sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 15238333975220150019202 de VILMA ESPERANZA CUPA SOLER y en contra del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, donde se estudie de fondo los argumentos de la apelación interpuesta en contra de la sentencia de primera instancia proferida el 22 de octubre de 2019 por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO TRANSITORIO ORAL DE DUITAMA, por no encontrarse configurado la caducidad de la acción […]. (Negrilla pertenece al texto)

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que la decisión cuestionada se adoptó en derecho y no como fruto de la arbitrariedad o de la

al texto)

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que la decisión cuestionada se adoptó en derecho y no como fruto de la arbitrariedad o de la voluntad subjetiva del juez, en la medida en que tuvo como fundamento la línea jurisprudencial trazada en varias decisiones del Consejo de Estado, la Constitución Polí tica y la ley, tomando en consideración los documentos obrantes en el expediente, en un sano ejercicio hermenéutico que no comporta vulneración alguna de los9

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derechos fundamentales y garantías de la actora, siendo por tanto la acción de tutela de la referencia improcedente, pues el fallo no está incurso en ninguna de las causales de procedibilidad.

Aseveró que planteó como problema jurídico determinar si se configuró la caducidad del presente medio de control, teniendo en cuenta que el a quo determinó que la Resolución núm. 005514 de 10 de septiembre de 2014 era el acto definitivo y enjuiciable excluyendo los otros oficios, que se trataban de solo actos de ejecución expedidos en cumplimiento de una acción de tutela, contrario a lo que en su o portunidad y en sede de apelación determinó es a Corporación.

Informó que, al estudiar el caso concreto, encontró que contrario a

expedidos en cumplimiento de una acción de tutela, contrario a lo que en su o portunidad y en sede de apelación determinó es a Corporación.

Informó que, al estudiar el caso concreto, encontró que contrario a lo manifestado en auto de 12 de octubre de 2016, sí se configuró el término de caducidad del medio de control, en atención a que el conteo debía calcularse a partir del 7 de octubre de 2014, día siguiente a cuando fue notificada la resolución acusada, por lo que el término de 4 meses para promover la demanda vencía el 8 de febrero de 2015, mientras que la solicitud de conciliaci ón extrajudicial se realizó el 30 de abril de 2015 y la demanda fue presentada el 5 de junio de 2015, esto es, por fuera del término.10

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Advirtió que la decisión adoptada no desconoce de ninguna manera el principio que prohíbe ir en contra de los propios act os, esto en atención a que lo que dispuso en aquel entonces se hizo desatendiendo una prueba, la cual incidió en el cambio de postura, pues se trataba de la constancia de la Secretaría de Educación de Boyacá que acreditaba que la Resolución núm. 005514 de 10 de septiembre de 2014 fue notificada a la demandante el 6 de octubre de 2014, dato importante y de gran relevancia para contabilizar el

Boyacá que acreditaba que la Resolución núm. 005514 de 10 de septiembre de 2014 fue notificada a la demandante el 6 de octubre de 2014, dato importante y de gran relevancia para contabilizar el término de caducidad.

Destacó que , por error involuntario, en la providencia de 12 de octubre de 2016 , no se tuvo en cuenta la mencionada acta de notificación, la cual reposaba en el expediente de sde cuando fue radicada la demanda, prueba determinante para establecer si el medio de control estaba caducado.

Por lo anterior, indicó que actuó de manera razonable dentro de la órbita de autonomía que le reconoce la Carta Política en la función jurisdiccional, sin que al hacerlo hubiera interpretado o aplicado equivocadamente la ley, por lo que la decisión acusada no amenaza derecho fundamental alguno.11

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I.5.2.- La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ pese a haber sido notificad a en debida forma, guardó silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 17 de febrero de 202 3, la SECCIÓN TERCERA declaró improcedente la solicitud de amparo.

Para tal efecto, sostuvo que al revisar el contenido de l escrito de

Mediante sentencia de 17 de febrero de 202 3, la SECCIÓN TERCERA declaró improcedente la solicitud de amparo.

Para tal efecto, sostuvo que al revisar el contenido de l escrito de tutela observó que la actora no hizo alusión a ninguno de los requisitos especiales de procedibilidad de tutela, sin que de la inconformidad presentada frente a la providencia cuestionad a se pueda inferir la configuración de uno de los defectos específicos, por lo que estableció que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional por su insuficiente carga argumentativa.

Así las cosas, resaltó que la accionante, de manera gener al y abstracta, señaló que la decisión judicial enjuiciada vulneró sus derechos fundamentales al no estudiar de fondo el asunto y declarar la caducidad del medio de control, lo cual no basta para considerar que se cumpla con el requisito de la relevancia c onstitucional, pues no adujo ni explicó, con la suficiencia exigida la configuración de12

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algún defecto para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Finalmente, añadió que aunque mediante auto de 12 de octubre de 2016 el TRIBUNAL revocó la decisión proferida por el JUZGADO, que había declarado la caducidad del medio de control y ordenó que

providencias judiciales.

Finalmente, añadió que aunque mediante auto de 12 de octubre de 2016 el TRIBUNAL revocó la decisión proferida por el JUZGADO, que había declarado la caducidad del medio de control y ordenó que se continuara con el trámite de la misma, también lo es que en la sentencia acusada la propia Corporación reconoció que en la pasada decisión se había incurrido en un defecto fáctico, al no tener en cuenta la constancia de notificación de la resolución, por lo que lo decidido por la autoridad judicial accionada tuvo como propósito enmendar el error cometido al inicio de proceso.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia señalando que, contrario a lo advertido por el a quo, la acción de tutela de la referencia sí cumple con el requisito de la relevancia constitucional, en la medida en que el TRIBUNAL vulneró sus derechos fundamentales invocados al omitir estudiar de fondo los argumentos del recurso de apelación y declarar l a caducidad del medio de control.13

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En ese mismo orden de ideas, aseveró que también se cumple con los demás requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, por lo que el asunto debe ser estudiado de fondo.

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En ese mismo orden de ideas, aseveró que también se cumple con los demás requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, por lo que el asunto debe ser estudiado de fondo.

Añadió que la au toridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental absoluto, pues con el auto de 12 de octubre de 2016, ya se había decidido respecto de la caducidad del medio de control, por lo que no podía desconocer su propio pronunciamiento.

Sumado a lo anterior, destacó que también se incurrió en un defecto fáctico, por cuando desconoció que, como consecuencia de una acción de tutela, mediante proveído de 12 de octubre de 2016 , se había tenido como término para contabilizar la caducidad del medio de cont rol la fecha de expedición de los oficios 1.2.5 -382014PQR1878 y 2014PQR45026.

Por lo anterior, resaltó que se debió resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto dentro de término previsto para el efecto, toda vez que los actos administrativos de mandados, esto es, tanto la resolución como los oficios posteriores, resolvieron de fondo el asunto puesto de presente a nte la administración, por lo que no se debió declarar el fenómeno de la caducidad.14

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la15

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tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la15

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violación de derechos constitucionales fundamen tales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.16

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b. Que se hayan a gotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desbord e institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desbord e institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad pr ocesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímen es de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generar on la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso

anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generar on la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectaci ón de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.17

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f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferid as son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada , carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o t ribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,

servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia18

Número único de radicación: 110010315000-2023-00207-01

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