CE - 110010315000202300222011SENTENCIA20230502001155

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00222-01

Demandante: Adriana del Rosario Mesa Yarpaz

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00222-01

Accionante: Adriana del Rosario Mesa Yarpaz Accionados: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, y otro

Tema: Acción de tutela contra providencias judiciales, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda y se confirmó esta decisión. Ausencia de defecto fáctico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia proferida el 16 de febrero de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual declaró improcedente la acción de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Adriana del Rosario Mesa Yarpaz promovió demanda en orden a

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Adriana del Rosario Mesa Yarpaz promovió demanda en orden a que se tutele su derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, requirió dejar sin efectos las sentencias proferidas el 22 de mayo de 2020 y el 2 de septiembre de 2022 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala P rimera de Decisión, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 52001-2

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33-33-006-2016-00003-00/01, para, en su lugar, ordenar a la última autoridad mencionada proferir una nueva decisión, en la que se valore adecuadamente la prueba testimonial y documental que reposa en el expediente, con el fin de que se declare una relación laboral dependiente desde el 1.° de enero de 2008 hasta el 30 de enero de 2015.

1.1.2. Hechos de la solicitud

La accionante, en síntesis, narró como hechos relevantes, los siguientes:

1. Prestó sus servicios en el municipio de Ipiales , sin solución de continuidad, desde el 1.° de enero de 2008 hasta el 30 de enero de 2015 , por medio de contratos de

1. Prestó sus servicios en el municipio de Ipiales , sin solución de continuidad, desde el 1.° de enero de 2008 hasta el 30 de enero de 2015 , por medio de contratos de prestación de servicios y de cooperativas de trabajo . Durante todo el período de la relación laboral, la entidad le exigió el cumplimiento de reglamentos, metas, horario de trabajo, asistencia a reuniones , capacitaciones, evaluaciones periódicas de desempeño y la atención de las políticas propias de la entidad.

1. El 9 de septiembre de 2015 solicitó al ente territorial el reconocimiento de una relación laboral dependiente y, como consecuencia, el pago de los derechos y prestaciones laborales desconocidos. Sin embargo, la entidad precitada, mediante el Oficio del 30 de igual mes y anualidad, resolvió de manera desfavorable lo peticionado.

1. Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de Ipiales, con el fin de obtener la nulid ad del acto administrativo precitado y, a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento (a) de la existencia de una relación laboral durante el período comprendido entre el 1.° de enero de 2008 al 30 de enero de 2015 ; (b) de las prestaciones sociales a las que haya lugar ; y (c) de una indemnización por los perjuicios materiales y morales por el no pago de salarios y prestaciones.

1. El 22 de mayo de 2020 , el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto negó las pretensiones de la demanda, por lo cual interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión.3

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Pasto negó las pretensiones de la demanda, por lo cual interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión.3

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1. El 2 de sept iembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, confirmó la sentencia de primera instancia, al concluir que no se encontraban configurados los elementos constitutivos del contrato realidad, especialmente, la subordinación.

1.1.3. Fundamentos de derecho

La parte accionante consideró que el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto , al proferir las sentencias del 22 de mayo de 2020 y del 2 de septiembre de 2022 , respectivamente, incurrieron en defecto fáctico, por las siguientes razones:

1. Las autoridades precitadas valoraron de forma inadecuada el testimonio rendido por el señor Gerardo Leonel de Jesús Guerrón y la prueba documental, de los cuales se infiere, de manera patente, el elemento subordinación, echado de menos, pues a partir de estos se p uso en evidencia que ella no era autónoma en la prestación de sus servicios.

1. Contrario a lo analizado por las accionadas, el testigo Gerardo Leonel de Jesús Guerrón, quien fue su compañero de trabajo, narró con suficiente claridad que la prestación de los servicios de aquella siempre estuvo sujeta a órdenes o

1. Contrario a lo analizado por las accionadas, el testigo Gerardo Leonel de Jesús Guerrón, quien fue su compañero de trabajo, narró con suficiente claridad que la prestación de los servicios de aquella siempre estuvo sujeta a órdenes o instrucciones impartidas por el asesor y el secretario de Espacios Públicos del municipio de Ipiales y, adicionalmente, de la declaración podía apreciarse de manera directa que la prestación del servicio fue permanente, desde el momento de la vinculación hasta la fecha de retiro y que la entidad contaba con perso nal de planta que realizaba las mismas funciones de la actora.

1. Si bien el Consejo de Estado ha descartado la posibilidad de que la imposición de un horario de trabajo sea el factor determinante del elemento subordinación, este sí se visualiza con la imposición de su cumplimiento y no debe menospreciarse como indicativo de la aplicación del principio de lo real sobre lo formal. En el caso, fue acreditado que la imposición de horario por turnos no obedeció a simples funciones de coordinación por parte de la entidad contratante, sino que el ente territorial ejerció4

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su poder subordinante para que prestara su servicio, del cual se beneficiaba directamente.

1. Si bien los juzgadores señalaron que, al no existir prueba documental que diera a conocer el manual de funciones de la entidad demandada, no era posible establecer que las actividades que la actora ejecutaba, a través de su contrato de prestación de

1. Si bien los juzgadores señalaron que, al no existir prueba documental que diera a conocer el manual de funciones de la entidad demandada, no era posible establecer que las actividades que la actora ejecutaba, a través de su contrato de prestación de servicios, eran idénticas o similares a las que fueron definidas a otros funcionarios de planta de la entidad, debe recordarse que el Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 4 de febrero de 2016, radicado 05001 -23-31-000-2010-02195-01, señaló que para establecer la comparación entre las funciones cumplidas por un trabajador, no es necesaria una pru eba solemne consistente en el manual de funciones sino la demostración por parte del demandante de que cumplía funciones semejantes, equivalentes, similares a los empleados de la entidad.

1. En tal sentido, las pruebas valoradas, distantemente, frente a l os resultados que realmente ofrecen, exhiben parámetros de comparación entre las funciones desarrolladas por un funcionario de planta y ella , quien , a pesar de desempeñar idénticas funciones y cumplir similares turnos, fue tratada de manera discriminada en su forma de contratación y pago de los derechos laborales.

1. Además, en los contratos de prestación de servicios, el municipio de Ipiales consignó que la contratación se realizaba debido a que en la planta de personal de la entidad no existía personal suficiente para cumplir con las actividades objeto del contrato, por lo que es claro que desde el momento de la contratación la entidad hace la comparación con su personal de planta, quien es insuficiente para realizar las funciones por las que fue vinculada.

1. Se encuentran satisfecho los requisitos para declarar la existencia de un contrato

hace la comparación con su personal de planta, quien es insuficiente para realizar las funciones por las que fue vinculada.

1. Se encuentran satisfecho los requisitos para declarar la existencia de un contrato de trabajo, en aplicación del principio de la realidad sobre las formalidades, pues de la prueba documental aportada con la demanda logra apreciarse que aquella estuvo sujeta a subordinación y no a simples actividades de coordinación, en tanto que jamás pudo actuar con autonomía e independencia en un cargo que por su propia esencia y naturaleza implicaba obedecer órdenes.5

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1.2. Actuación procesal

El 20 de enero de 2023 el despacho sustanciador de primera instancia admitió la acción de la referencia en contra del Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, y del Juzgado S exto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto. Adicionalmente, vinculó al municipio de Ipiales, Nariño, como tercero interesado en el resultado del proceso. En consecuencia, les otorgó un término de dos días, para que rindieran informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Tribunal Administrativo de Nariño

El magistrado Álvaro Montenegro Calvachy , luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ,

1.3.1. Tribunal Administrativo de Nariño

El magistrado Álvaro Montenegro Calvachy , luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , consideró que no vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la señora Adriana del Rosario Mesa Yarpaz, puesto que las decisiones de primera y segunda instancia se adoptaron conforme a las reglas de derecho y el precedente judicial vigente. Como fundamento de lo anterior, expuso lo siguiente:

1. La corporación valoró tanto las pruebas documentales como las testimoniales, las cuales le permitieron concluir que en el caso no se encontra ban configurados los elementos esenciales de la relación labora l, particularmente el de la subordinación, comoquiera que las obligaciones que adquirió la demandante con el municipio de Ipiales, según el objeto contractual de la primera y segunda vinculació n, eran actividades auxiliares o de colaboración a la gestión de la Secretaría de Planeación del municipio de Ipiales, sin que se demostrara que estas debían desarrollarse en forma permanente.

1. Adicionalmente, en el proveído cuestionado c ompartió la decisión proferida en primera instancia, con respecto a que la parte demandante no asumió en debida forma la carga de la prueba, y , aunado a ello , aclaró que en ese tipo de asuntos no hay lugar a presumir la existencia de los elementos constitu tivos del contrato realidad, principalmente la subordinación, la cual se diferencia de la coordinación, en6

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el entendido de que en esta última las actividades entre contratante y contratista implican que el segundo se somet a a las condiciones necesarias par a el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores o tener que reportar informes sobre sus resultados, sin que esto signifique necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.

1. La accionante centra su inconformidad en determinar si hay lugar o no a reconocer la existencia de una relación laboral sin solución de continuidad entre aquella y el municipio de Ipiales y si se c onfiguraron o no los elementos propios de la relación laboral en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, aspectos que ya fueron resueltos atendiendo a las garantías legales y constitucionales en el proceso ordinario , por lo que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional, pues esto desconocería el carácter excepcional del mecanismo de amparo.

1.4. Sentencia impugnada

El 16 de febrero de 2023 la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se encontraba satisfecho el requisito de relevancia constitucional, por lo siguiente:

1. La señora Adriana del Rosario Mesa Yarpaz acudió a la acción de tutela con

improcedente la acción de tutela, al considerar que no se encontraba satisfecho el requisito de relevancia constitucional, por lo siguiente:

1. La señora Adriana del Rosario Mesa Yarpaz acudió a la acción de tutela con fundamento en las mismas in conformidades expuestas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, concretamente, la existencia de una relación laboral subordinada y la conducencia e incidenci a de los testimonios que se allegaron durante el proceso para comprobar dicha situación, siendo éste un debate de carácter estrictamente legal y probatorio que se abordó con suficiencia en el trámite judicial, pues en las sentencias objeto de reproche se dejó claro que si bien era cierto que la actora prestó de forma personal un servicio de apoyo al municipio y recibió remuneración por esa actividad , también lo era que la supervisión y el cumplimiento de turnos como parte de sus funciones correspondió a una coordinación con el ente territorial, propia de cualquier tipo de contrato.7

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1. Además, l a peticionaria no puede pretender que en sede de tutel a vuelva a revisarse el debate planteado en el medio de control, pues ello implicaría efectuar el mismo estudio que realizaron las autoridades judiciales demandadas, lo que resulta abiertamente improcedente ; máxime cuando las inconformidades sobre el defecto

revisarse el debate planteado en el medio de control, pues ello implicaría efectuar el mismo estudio que realizaron las autoridades judiciales demandadas, lo que resulta abiertamente improcedente ; máxime cuando las inconformidades sobre el defecto fáctico constituyen un desacuerdo con la valoración probatoria y con el sentido de la decisión a la que arribaron las providencias enjuiciadas.

1.5. Impugnación

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia, en orden a que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones de tutela. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en el libelo y agregó los siguientes:

1. Está claro que el juez de tutela no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada relevancia constitucional, es decir, aspectos que no involucren la protección de derechos fundamentales o que pretendan reabrir controversias legales resueltas por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

1. No obstante, el a quo hizo una interpretación equivocada frente a la finalidad perseguida con la acción de tutela, pues no se reiteraron argumentos planteados y resueltos dentro del proc eso ordinario, por el contrario, se impetró la protección de los derechos fundamentales de la accionante ante la precaria valoración realizada por los juzgadores respecto de la prueba documental y testimonial aportada a la litis.

1. Para poder establece r si las tareas realizadas estaban cobijadas por el elemento subordinación y así poder determinar si en realidad se llevó a cabo una relación laboral, bajo el principio de primacía de la realidad sobre las formas, y no una relación de índole contractual, s e debe tener en cuenta que estas funciones

subordinación y así poder determinar si en realidad se llevó a cabo una relación laboral, bajo el principio de primacía de la realidad sobre las formas, y no una relación de índole contractual, s e debe tener en cuenta que estas funciones requieren dedicación permanente e implican ausencia de autonomía y, en el caso, las obligaciones previstas en los contratos de prestación de servicios no eran otras que «Facilitar el recaudo de impuestos de vendedores de plazas de mercado y calles de la ciudad de Ipiales, vigilar y controlar los sitios encomendados a su cuidado,8

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optimizar el desarrollo de las actividades encaminadas al control y vigilancia del espacio público, atender al público y suministrar la in formación requerida, realizar visitas de verificación de las condiciones socioeconómicas de la comunidad, entrega r las encuestas realizadas diariamente para su sistematización » labores que, en su criterio, deben ejercerse de manera permanente y subordinada.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, d e acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019 1, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso

Acuerdo 80 de 2019 1, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la c ual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Cuestión previa

Antes de plantear el problema jurídico, se aclara que el análisis del presente asunto se centrará únicamente en la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión , al ser la autoridad que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar , en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia para controvertir la sentencia del 2 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.9

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derecho con radicado 52001-33-33-006-2016-00003-00/01. En caso afirmativo, se

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derecho con radicado 52001-33-33-006-2016-00003-00/01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se incurrió en la causal de defecto fáctico y, por ende, si se vulneró el derecho fundamental al debido proceso.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra pro videncia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 20053, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que

requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasg redidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acció n de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

2 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 3 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.10

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En igual sentido, se fijaron como causales específicas de procedibilidad , aquellos

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En igual sentido, se fijaron como causales específicas de procedibilidad , aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada, los cuales consisten en : (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia

2.5.1. El caso bajo estudio goza de relevancia constitucional, toda vez que, contrario a lo sostenido por el juez de primera instancia, el debate gira en torno a la presunta vulneración de l derecho fundamental al debido proceso , pues , en criterio de la accionante, la litis fue resuelta bajo un indebido ejercicio probatorio , evento que , de encontrarse acreditado, conduciría a considerar lesionado el derecho fundamental de aquella.

2.5.2. Se agotaron todos los mecanismos de defensa judicial, comoquiera que la decisión cuestionada es una sentencia que puso fin a la discusión planteada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.5.3. Se cumple la exigencia de inmediatez, por cuanto la providencia objeto de

decisión cuestionada es una sentencia que puso fin a la discusión planteada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.5.3. Se cumple la exigencia de inmediatez, por cuanto la providencia objeto de censura fue emitida el 2 de septiembre de 2022 y la acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estad o el 18 de enero de 2023, esto es, en el térmi no de los seis meses previstos jurisprudencialmente como plazo prudencial para el ejercicio de la tutela en contra de providencias judiciales.

2.5.4. En el presente asunto no se cuestiona una irregularidad procesal, sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis probatorio.11

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2.5.5. En el escrito de tutela se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales.

2.5.6. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza , puesto que la providencia que pretende controvertirse fue proferida dentro del trámite de un proceso ordinario.

2.6. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la

2.6. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad del amparo4 contra providencias judiciales , es decir, que la actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos: a) el defecto orgánico , que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el defecto procedimental absoluto , que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico , que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio q ue permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicció n entre los fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando

fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando

4 Mediante sentencia C -590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales.12

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la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación directa de la Constitución , que se predica cuando, de manera ostensible y flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la carta política. 2.6.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto fáctico

En la Sentencia C -590 de 2005, la Corte señaló que el defecto fáctico surge cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión», concepción doctrinal que ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia constitucional, 5 a partir de la cual se ha señalado

«el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión», concepción doctrinal que ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia constitucional, 5 a partir de la cual se ha señalado que este supuesto de procedibilidad es uno de los más exi gentes para su comprobación como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que la valoración probator