CE - 110010315000202300239011SENTENCIA20230503085231

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00239-01

Demandantes: Junior Esteban Quintero Silva y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00239-01

Accionantes: Junior Esteban Quintero Silva y otros Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial dictada en medio de control de reparación directa , en la que se rechazó la demanda por caducidad. Confirma el amparo del derecho fundamental al debido proceso.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 2 de marzo de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la cual amparó el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

Los señores Junior Esteban Quintero Silva, Henry Quintero Atehortua, María Nancy Silva Fiscal, Didier Alexander Mera Silva, Yulian Camilo Mera Silva, Luz Estela Silva

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

Los señores Junior Esteban Quintero Silva, Henry Quintero Atehortua, María Nancy Silva Fiscal, Didier Alexander Mera Silva, Yulian Camilo Mera Silva, Luz Estela Silva Fiscal, Carmen Emilia Silva Fiscal, Linda Daniela Mera Silva, Juan Manuel Silva Fiscal, Olga Lucía Silva Fiscal, María Stella Fiscal Gómez, Laureano López Mayor y Manuel Antonio Silva Montoya , por conducto de apoderado judicial, promueven acción de tutela contra el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , por la expedición de los autos del 27 de mayo de2

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2021 y del 13 de julio de 2022, respectivamente, en el medio de control de reparación directa con radicado 76001-33-33-015-2020-00239-00 [01], con los cuales consideran que vulneraron su derecho fundamental al debido proceso.

1.1.1. Las pretensiones

La parte accionante solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, deprecó que se dejen sin efectos jurídicos los autos del 27 de mayo de 2021 y del 13 de julio de 2022 proferidos por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso de reparación directa previamente identificado y, en su lugar, se les ordene dictar una

del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso de reparación directa previamente identificado y, en su lugar, se les ordene dictar una nueva decisión, en la que analicen el término de caducidad, de conformidad con el artículo 1.° del Decreto 546 de 2020.

1.1.2. Los hechos

Los solicitantes del amparo ius fundamental narraron como supuestos fácticos los siguientes:

1. El 11 de diciembre de 2020 instauraron demanda de reparación directa en contra de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial, con el fin de que se les declarara a estos últimos administrativa y extracontractualmente responsables por los perjuicios causados con ocasión de la privación injusta de la libertad del señor Junior Esteban

Quintero Silva.

1. El 15 de marzo de 2021 el Juzgado Quinc e Administrativo del Circuito de Cali inadmitió la demanda y otorgó un término de 10 días para subsanarla, plazo en el cual la corrigieron.

1. El 27 de mayo de 2021 la autoridad judicial precitada rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad , al considerar que no era factible para efectos de contabilizar ese término entenderlo suspendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de igual anualidad, esto es, durante el período de suspensión de términos decretado por el Consejo Superior de la Judicatura debido a la pandemia del3

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términos decretado por el Consejo Superior de la Judicatura debido a la pandemia del3

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COVID-19, en tanto los dos años con los que contaba la parte demandante no vencieron durante ese lapso.

1. Interpusieron recurso de apelación en contra de la anterior decisión y el 21 de julio de 2022 el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca confirmó la providencia recurrida, puesto que estimó que la suspensión de términos por la mencionada pandemia no tuvo ninguna injerencia en el asunto , en la medida en que solo en los casos en que la caducidad venció los 30 días siguientes al decreto de la suspensión , se otorga un mes, contado a partir del 1.° de julio de 2020, para presentar la demanda.

1.1.3. Los defectos invocados

Los accionantes afirmaron que el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrieron, primero, en un defecto fáctico, debido a que no tuvieron en cuenta que con las pruebas se acreditó la instauración oportuna del medio de control de reparación directa, y, segundo, en un yerro en la interpretación del artículo 1.° del Decreto 564 de 2020 , dado que desconocieron que la suspensión de términos allí decretada aplica para todas las

yerro en la interpretación del artículo 1.° del Decreto 564 de 2020 , dado que desconocieron que la suspensión de términos allí decretada aplica para todas las normas sustanciales y procesales de caducidad y prescripción, con la única excepción prevista en el inciso 2.°, esto es, en los casos en que el término restante para la ocurrencia de esos fenómenos procesales es inferior a 30 días, evento en el que el interesado tiene un mes para interponer la correspondiente acción.

En esa medida, aquellos estimaron que en la demanda que presentaron operaba esa suspensión. Sobre este último aspecto, sostuvieron que el plazo de caducidad estaba transcurriendo hasta que se presentó la suspensión de términos el 16 de marzo de 2020, el cual se reanudó el 1.° de julio de esa anualidad , exégesis que desecharon incorrectamente las autoridades judiciales accionadas.

1.2. Actuación Procesal

El 10 de febrero de 2023, el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio de la Sección Quinta de esta corporación admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del4

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Valle del Cauca y al Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali — como accionados— y al director ejecutivo de administración judicial y al fiscal general

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Valle del Cauca y al Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali — como accionados— y al director ejecutivo de administración judicial y al fiscal general de la Nación —como terceros interesados—, para que, dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.3. Contestación de la acción

1.3.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca . El magistrado Víctor Adolfo Hernández Díaz manifestó que no se ha transgredido el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, pues en el auto controvertido en esta sede constitucional se realizó un análisis juicioso del artículo 1.° del Decreto 564 de 2020.

Sobre el particular, precisó que los términos judiciales estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de esa anualidad, por lo cual se reanudaron al día siguiente ; igualmente, aclaró que en el asunto bajo estudio la sala de decisión consideró que solamente para los casos en que la caducidad vencía en los 30 días siguientes al decreto de la suspensión, se otorgaría un mes, contado a partir del 1.° de julio de 2020, para presentar la demanda.

En esa medida, esclareció que esa suspensión no tuvo ninguna injerencia en el proceso objeto de discusión, porque la caducidad vencía el 7 de ese mes y año , es decir, con posterioridad a la fecha en que se reanudó el conteo de los términos, razón por la cual la sala coligió que la demanda fue presentada de forma extemporánea el

decir, con posterioridad a la fecha en que se reanudó el conteo de los términos, razón por la cual la sala coligió que la demanda fue presentada de forma extemporánea el 11 de diciembre de 2020, aunado a que la solicitud de conciliación prejudicial se elevó el 6 de octubre de ese año.

En suma, expuso que, de un lado, la conclusión a la que llegó la corporación se ajustó a derecho y , de otro, lo pretendido por la parte accionante es reabrir un debate probatorio del proceso ordinario y darle continuidad a una demanda que a la luz del estudio normativo se encuentra caducada.

1.3.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. El abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal Ronald Jefferson Gómez Día z adujo que la entidad carece de competencia para pronunciarse sobre las pretensiones de la5

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acción de tutela, dado que no actúa como superior jerárquico de los despachos judiciales accionados ni tiene participación alguna en las providencias discutidas, y, en ese entendido, carece de legitimación en la causa por pasiva, motivo por el que requirió su desvinculación como accionada.

1.3.3. Fiscalía General de la Nación. La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos Pilar Amparo Romero Guarnizo , luego de realizar un recuento de

su desvinculación como accionada.

1.3.3. Fiscalía General de la Nación. La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos Pilar Amparo Romero Guarnizo , luego de realizar un recuento de los hechos que dieron lugar a la instauración de esta acción, aseguró que la tutela resulta improcedente, debido a que la parte accionante: 1) no explicó por qué no utiliza el otro mecanismo de defensa judicial con el que cuenta, 2) no sustentó las causales específicas de procedibilidad, 3) no identificó la afectación del derecho fundamental al debido proceso y 4) pretende recuperar oportunidade s procesales perdidas. Por consiguiente, solicitó declarar la improcedencia.

1.4. Sentencia impugnada

El 2 de marzo de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado denegó la petición de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , amparó el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes y, en consecuencia, dejó sin efectos la providencia del 13 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que, en el término de los 10 días siguientes a la notificación de ese proveído, aquel dictara una decisión de reemplazo.

Para adoptar la anterior determinación, aquella consideró que la autoridad judicial precitada incurrió en un defecto sustantivo, por efectuar una indebida interpretación del artículo 1.° del Decreto 564 de 2020 , al no tener en cuenta que la suspensión de los términos del 16 de marzo de 2020 al 30 de junio de esa anualidad para el conteo de la caducidad operaba también para aquellos plazos regulados en años, como lo es,

los términos del 16 de marzo de 2020 al 30 de junio de esa anualidad para el conteo de la caducidad operaba también para aquellos plazos regulados en años, como lo es, el medio de control de reparación directa.

Al respecto, explicó que la providencia absolutoria que puso en evidencia el presunto daño, cuya indemnización se reclamaba en el referido proceso, consistente en la privación injusta de la libertad, adquirió ejecutoria el 6 de julio de 2018, por lo cual, en principio, el plazo de los dos años para formular la demanda vencía el 7 de julio de6

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2020. No obstante, en atención a la norma previamente referenciada, en el asunto , para el 16 de marzo de 2020 había transcurrido 1 año y 8 meses, por lo que le restaban aproximadamente 4 meses que no fueron analizados por el Tribunal accionado.

Así las cosas, concluyó que en la providencia cuestionada se desconoció el objetivo de la norma, en la cual no se incluyó ningún condicionamiento, como el hecho de que el extremo final de la caducidad venciera durante dicho lapso de suspensión.

1.5. Impugnación

La Fiscalía General de la Nación impugnó la sentencia de tutela de primera instancia. Para el efecto, señaló que la parte accionante pretende desconocer la labor

1.5. Impugnación

La Fiscalía General de la Nación impugnó la sentencia de tutela de primera instancia. Para el efecto, señaló que la parte accionante pretende desconocer la labor jurisdiccional del despacho accionado, que no se tengan en cuenta las actuaciones adelantadas en el trámite de reparación directa y que la acción de tutela se convierta en una tercera instancia del proceso llevado a cabo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Igualmente, afirmó que la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se encuentra ajustada al artículo 1.° del Decreto 564 de 2020 , como lo determinó aquel en su decisión y en el informe rendido en esta acción constitucional.

Sobre el particular , adujo que si bien es cierto en esa norma se estableció la suspensión de la caducidad, también lo es que se previó que ese lapso comenzó el 16 marzo de 2020 y finalizó el 30 de junio siguiente, inclusive, y aumentó 30 días más, contados a partir del 1.° de julio de 2020, para que operara el fenómeno de la caducidad únicamente en el evento en que el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad fuera inferior a 30 días , lo cual no se aplica al caso de los accionantes.

Bajo ese contexto, manifestó que , contrario a lo definido por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia recurrida, en el artículo referido sí se condicionó la ampliación de los treinta días más para que opere la caducidad para los mencionados casos exclusivamente. Por lo tanto, en el presente asunto la parte demandante tenía

Consejo de Estado en la sentencia recurrida, en el artículo referido sí se condicionó la ampliación de los treinta días más para que opere la caducidad para los mencionados casos exclusivamente. Por lo tanto, en el presente asunto la parte demandante tenía desde el 6 de julio de 2018, fecha de ejecutoria de la sentencia, hasta el 7 de julio de7

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2020 para formular la demanda; sin embargo, aquella elevó la solicitud de conciliación hasta el 11 de octubre de 2020, esto es, por fuera del término legal previsto.

En cuanto a ello, aclaró q ue, para e l 16 de marzo de 2020, fecha en que inició la suspensión de actividades judiciales, a los demandantes les faltaba algo más de 4 meses y 22 días para agotar el requisito de procedibilidad y acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, plazo que se cumplió el 7 de julio de ese año, por lo que se supera el término de 30 días qu e señala la norma para ampliar el tiempo para demandar. Por consiguiente, resulta diáfano que cuando se presentó la demanda ya había operado el fenómeno jurídico, al no ser aplicable dicha suspensión.

Así, concluyó que la providencia discutida en esta se de se emitió con un análisis riguroso de las normas legales y procedimentales, por lo que no se evidencia la vulneración de derechos fundamentales.

Así, concluyó que la providencia discutida en esta se de se emitió con un análisis riguroso de las normas legales y procedimentales, por lo que no se evidencia la vulneración de derechos fundamentales.

Aunado a lo expuesto, mencionó que no se encuentra demostrada la ocurrencia de un defecto sustantivo ni de ninguno de los eventos en que este se configura ; además, refirió que la Corte Constitucional ha sido enfática al sostener que no cualquier desacuerdo interpretativo da lugar a ese defecto ni el juez de tutela puede desconocer la competencia del juez natur al para efectuar la exegesis de las normas ; argumento que soportó en la Sentencia SU238/19.

Con fundamento en lo esgrimido, solicitó que se revo que la sentencia de tutela de primera instancia dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la cual amparó los derechos fundamentales de la parte accionante.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y el inciso 2 del artículo 25 del Acuerdo núm. 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a

1Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.8

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reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso

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reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la impugnación formulada en contra de la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de l derecho fundamental reclamado en protección por la parte accionante , la Sala aclara que solo realizará el análisis de la decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , al ser el órgano de cierre en el presente asunto y, por tanto, el que puso fin al proceso de reparación directa.

2.3. Problema jurídico

A la Sala corresponde dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia para controvertir el auto del 13 de julio de 2022 dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el medio de control de reparación directa co n radicado 76001-33-33-015-2020-00239-00 [01]. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulner ó el derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante y se incurrió en un defecto sustantivo.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

incurrió en un defecto sustantivo.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquie r autoridad pública».9

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En el Decreto 2591 de 1991 se reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40, se estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C543/1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica , además de que transgredían la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia que se fijan en la Constitución Política.

No obstante, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilacio nes injustificadas,

No obstante, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilacio nes injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C -590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció las causales genéricas y es pecíficas de procedibilidad necesarias para verificar la oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio ius fundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irr egularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

2T-079 de 1993, T -158 de 1993, T -173 de 1993, T -231 de 1994, T -11se8 de 1995, T -492 de 1995, T567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.10

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A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política; resaltando el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias

debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en presencia de proveídos que result en violatorios de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados en la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela c ontra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.5. Hechos probados

Del expediente del medio de control de reparación directa con radicado 76001-33-33015-2020-00239-00 [01]6, se puede establecer lo siguiente:

2.5.1. Los señores Junior Esteban Quintero Silva, en nombre propio y de Henry Quintero Atehortua ; María Nancy Silva Fiscal ; Didier A lexander Mera Silva ; Yulian Camilo Mera Silva; Luz Estela Silva Fiscal; Carmen Emilia Silva Fiscal; Linda Daniela

4Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García

Camilo Mera Silva; Luz Estela Silva Fiscal; Carmen Emilia Silva Fiscal; Linda Daniela

4Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). 5Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 6 Expediente en copia digital obrante en el índice 16 de SAMAI.11

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Mera Silva ; Juan Manuel Silva Fiscal ; Olga Lucía Silva Fiscal ; María Stella Fiscal Gómez; Laureano López Mayor y Manuel Antonio Silva Montoya, por conducto de apoderado judicial, instauraron demanda de reparación directa, contra la Nación-Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que repararan integralmente los perjuicios que padecieron con ocasión de la privación injusta d e la libertad que soportó el primero de los mencionados, al ser procesado y posteriormente absuelto de la comisión de los delitos de homicidio agravado, en grado de tentativa, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

2.5.2. El 15 de marzo de 2021 el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial

tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

2.5.2. El 15 de marzo de 2021 el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali inadmitió la demanda formulada y concedió a la parte demandante un término de 10 días para que la subsanara.

2.5.3. El 7 de abril de 2021 los demandantes allegaron la subsanación de la demanda.

2.5.4. El 27 de mayo de 2021 el Juzgado precitado declaró que en el asunto se presentó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción y, en consecuencia, rechazó la demanda de reparación directa.

2.5.5. El 2 de junio de 2021 la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión judicial y el 13 de julio de 2022 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó el auto recurrido.

2.6. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedibilidad

Esta Sala considera cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciale s, con base en los siguientes razonamientos:

1. El caso bajo estudio reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en tor no a la presunta vulneración de l derecho fundamental al debido proceso,7 pues, según los alegatos de la parte actora expuestos en el recurso de

7 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de

2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó su12

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impugnación, la litis fue resuelta con incursión en un defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 1.° del Decreto 564 de 2020 , evento que, de encontrarse acreditado, conduciría a considerar lesionado el derecho previamente mencionado.

1. Se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la decisión cuestionada es un auto de segunda instancia que puso fin a l medio de control de reparación directa con radicado 76001-33-33-015-2020-00239-00 [01] , respecto al cual no procede ningún recurso.

1. Se satisface la exigencia de la inmediatez, pues el auto objeto de censura de l 13 de julio de 2022 adquirió ejecutoria el 26 de ese mes y anualidad y la presente acción de tutela fue instaurada el 19 de enero de 2023, esto es, en el término de los seis meses señalados por esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.8

1. En el asunto no se cuestiona una irregularidad procesal.

1. Dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró de

1. En el asunto no se cuestiona una irregularidad procesal.

1. Dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró de manera clara los supuestos fácticos sujetos a examen, identificó el derecho que estima vulnerado y adecuó sus desacuerdos a la configuración del defecto sustantivo.

V