CE - 110010315000202300242011SENTENCIA20230418090323

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00242-01

Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras

Despojadas - UNGRTD

Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 17 de febrero de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente el amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1.La actora, obrando mediante apoderada , present ó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, porque, a su juicio, el Tribunal al proferir la sentencia de 6 de julio de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único2

Tribunal Administrativo del Magdalena, porque, a su juicio, el Tribunal al proferir la sentencia de 6 de julio de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único2

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de radicación 47-001-3333-008-2019-00247-01, vulner ó su derecho fundamental indicado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que , el señor Marcos Neimer Vega Arrieta presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras DespojadasUNGRTD, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos núms.

URT-DTMS-00923 de 3 de mayo de 2019 y URT-DTMS-01286 de 5 de julio del 2019, por medio del cual se negó la existencia de una relación laboral entre las partes.

4. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta profirió sentencia de primera instancia el 28 de julio de 20 21, accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia de segunda instancia

el 6 de julio de 2022, resolviendo lo siguiente:

pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia de segunda instancia

el 6 de julio de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia de 28 de julio de 2021, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así: “TERCERO: A título de restablecimiento del derecho condénese a la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE

TIERRAS DESPOJADAS a que:

3.1.-Reconozca y pague al señor Marcos Neimer Vega Arrieta las prestaciones sociales y laborales que se derivaron de los contratos de prestaci ón de servicios suscritos entre 4 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2019, tomando como base de liquidación el valor pactado por concepto de honorarios en dichos contratos.

3.2.-Efectúe las cotizaciones en el respectivo fondo de pensiones en el porcent aje que le correspondía como empleador, para la fecha en que fueron suscritos los contratos de prestación de servicios, esto es, entre el 24 de junio de 2015 al 31 de enero de 2019. Para lo anterior, el accionante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema de seguridad social durante el tiempo en que duró la vinculación.3

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3.3.-Las sumas reconocidas deberán ser indexadas conforme la formula expuesta en la parte considerativa de esta providencia”.

SEGUNDO: CONFIRMAR los restantes numerales de la sentencia apelada.

TERCERO: Sin condenas en costas en esta instancia […]”.

6. Consideró que:

“[…] i) La prestación personal del servicio

En el sublite, los contratos de prestación de servicios celebrados entre el accionante y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, debidamente aportados al expediente, dan cuenta que el señor Marcos Neimer Vega Arrieta fue contratado por la entidad demandada para que prestara sus servicios como Profesional jurídico encargado de atención a (sic) público, de manera que, se infiere que la labor desempeñada por el actor se desarrolló de manera personal y directa, con el propósito de dar cumplimiento a! objeto contratado, acreditándose a primera vista el primer elemento para la configuración de una relación laboral.

Considera la Sala respecto al elemento “prestación personal del servicio”, que las órdenes y contratos de prestación de servicio celebrados entre las partes, dan cuenta que la labor ejercida por el accionante se ejecutaba de manera personal, tal como se deduce de las obligaciones del contratista relacionadas con la prestación de servicios como Profesional jurídico encargad o de atención a (sic) publico (sic), inherente a la labor misional de la entidad.

1. La Remuneración

se deduce de las obligaciones del contratista relacionadas con la prestación de servicios como Profesional jurídico encargad o de atención a (sic) publico (sic), inherente a la labor misional de la entidad.

1. La Remuneración

Encuentra la Sala que el señor Marcos Neimer Vega Arrieta, recibía una remuneración como contraprestación económica de la labor personal realizada a favor (sic) la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, tal como consta en las órdenes y contratos de prestación de servicios allegados al expediente; por lo que es evidente que la “remuneración” como elemento inherente a una relación laboral se evidenció en los tiempos de servicio prestados por el accionante.

Asimismo, observa esta Corporación, que en los contratos suscritos por el actor con la entidad demandada, se pactó en la cláusula denominada “forma de pago", que la suma total a pagar por los servicios prestados se cancelaría por mesualidades (sic), quedando consignado en dicha cláusula cual sería ese monto a pagar cada mes […]”.

[…]

“[…] A juicio de esta Corporación, pese a que el accionante se vinculó con la entidad demandada a través de contratos de prestación de servicios, es evidente que el trabajo realizado por el actor, lo hizo en forma permanente y sus funciones obedecían a funciones propias de la entidad que como tal, no podían ser ejercidas de manera autónoma e independiente por el contratista, sino que debían cumplirse con sujeción a los precisos términos indicados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y bajo la supervisión de la,

de manera autónoma e independiente por el contratista, sino que debían cumplirse con sujeción a los precisos términos indicados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y bajo la supervisión de la, Directora Territorial del Magdalena, la señora Mary Cruz Orozco Cabeza […]”.

[…]4

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“[…] Así pues, se evidencia que cada una de las órdenes y contratos de prestación de servicios previamente relacionados comportan una serie de obligaciones a cargo de las partes que perse (sic): (i) establecieron las circunstancias de tiempo y lugar en las que el accionante cumpliría con sus obligaciones, (ii) determinaron que el demandante desarrollaría sus actividades bajo la supervisión del Profesional Especializado, y cumplir un horario de trabajo; aspectos que sin duda alguna, hacen palpable la ausencia de autonomía en la ejecución de los contratos. Así mismo, de la revisión del objeto de las órdenes y contratos de prestación de servicio, se tiene que las funciones desempeñadas por el accionante no fueron de carácter transitorio o esporádico, característica propia del contrato de prestación de servicios, sino que, por el contrario, se trató de una relación prolongada en el tiempo como lo demuestran los tres (03) contratos de prestación de servicio allegados al expediente celebrados por las partes entre octubre de 2017 y marzo de 2019. Esta desproporción en la utilización de la figura prevista en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,

los tres (03) contratos de prestación de servicio allegados al expediente celebrados por las partes entre octubre de 2017 y marzo de 2019. Esta desproporción en la utilización de la figura prevista en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, demuestra indiscutiblemente, que la contratación del accionante se dio con el ánimo de emplearlo de modo permanente en la entidad, pero en franco desconocimiento de sus derechos salariales y prestacionales de carácter irrenunciables.

Por otra parte, del análisis testimonial del caso en concreto se puede colegir que:

Existía facultad de la entidad accionada para impartir instrucciones al contratista sobre la ejecución del contrato: Esto en razón de que quien rindió testimonio fue la misma persona encargada de asesorar y apoyar al supervisor y dar órdenes al señor Marcos Neimer Vega Arrieta en el transcurso de la ejecución de sus actividades, esto es, la Coordinadora de Microzona, la señora Sazkia Gabriela del Río Vega […]”.

[…]

“[…] De lo anterior se entiende que aunque la vinculación del señor Marcos Neimer Vega Arrieta en el cargo de Profesional jurídico encargado de la atención al público, se dio por medio de contratos de prestación de servicios, es claro que necesariamente el ejer cicio de sus funciones implicó el cumplimiento de pautas y directrices impartidas por sus superiores jerárquicos, en conexo a una jornada laboral por tener un lugar en el que tenía que ejercer sus funciones y entre las cuales se encontraba la atención perm anente al público, por lo que queda probado la carencia de independencia y en consecuencia, la configuración de una relación laboral disfrazada bajo lo que jurisprudencial y doctrinariamente se ha conocido

se encontraba la atención perm anente al público, por lo que queda probado la carencia de independencia y en consecuencia, la configuración de una relación laboral disfrazada bajo lo que jurisprudencial y doctrinariamente se ha conocido como “contrato realidad […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Por lo anterior, se solicita con respeto a su señoría: • Amparar el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS y en consecuencia se sirva dejar sin efecto la sentencia del 6 de julio de 2022 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, notificada el 10 de octubre de 2020.5

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• Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA que profiera una nueva sentencia de segunda instancia, en las que valore adecuadamente los medios probatorios allegados al proceso […]”.

8. La actora en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en un i) defecto fác tico y en un ii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

9. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto de 24 de enero de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados

Actuación

9. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto de 24 de enero de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena ; y i v) vinculó al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta y al señor Marcos Neimar Vega Arrieta en calidad de terceros con interés legítimo.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo del Magdalena adujo que:

“[…] De acuerdo con el anterior relato de las actuaciones, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el tutelante, se tiene que no se vislumbra violación a sus garantías fundamentales, toda vez que este Tribunal no ha llevado a cabo ninguna actuación que pueda ser censurada. Por el contrario, sólo se advierte que la solicitud de amparo está dirigida más bien a revivir los términos ya precluidos, razón por la cual se debe rechazar la solicitud de amparo en aplicación de los criterios sobre la materia expuestos en la jurisprudencia constitucional […]”.

11. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta y el señor Marcos Neimar Vega Arrieta guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

12. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia de 17 de febrero de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, de

sentencia de 17 de febrero de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia […]”.

13. Consideró que:6

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“[…] En el asunto bajo examen, si bien la demanda cuenta con una mínima carga argumentativa y se identifican los defectos atribuidos a la decisión judicial –fáctico y desconocimiento del precedente–, lo cierto es que la parte actora busca convertir este mecanismo en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, simplemente porque no está de acuerdo con el resultado de la valoración de las pruebas y la definición que del litigio hicieron los jueces de conocimiento.

Como se sabe, el juez constitucional no está instituido para actuar como superior funcional de los jueces ordinarios, ni para realizar juicios de corrección de las decisiones judiciales proferidas por estos, salvo casos excepcionalísimos, en los que la discusión esté de sprovista del cariz de debate de instancia adicional y envuelva una verdadera duda sobre la vulneración de los derechos fundamentales.

El juez natural es una garantía del debido proceso que dimana del artículo 29 constitucional, en el que se consagra el derecho a ser juzgado «ante juez o tribunal competente». Ello es así, porque la Constitución preserva la labor de cada autoridad

El juez natural es una garantía del debido proceso que dimana del artículo 29 constitucional, en el que se consagra el derecho a ser juzgado «ante juez o tribunal competente». Ello es así, porque la Constitución preserva la labor de cada autoridad u organismo estatal, para evitar que otras usurpen o asuman funciones que no les han sido encomendadas o que corresponden a otra entidad […]”.

[…]

“[…] De ello se deduce que la entidad demandante pretende continuar en la tutela el debate desarrollado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, concretamente, la tesis que expuso en la contestación de la demanda y los argumentos que soportaron la apelación, solo que ahora los presenta como defectos contra providencia judicial, para reiterar su posición a lo largo de todo el proceso fundada en que entre el señor Marcos Neimer Vega Arrieta y la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas no existió una relación laboral, sino típicos contratos de prestación de servicios profesionales. Dicha situación fue resuelta por el juez natural con argumentos que, compártanse o no, están desprovistos de capricho o arbitrariedad y dan respuesta a la situación jurídica planteada por los extremos de la controversia judicial. Las razones que aduce la parte demandante en la tutela son una reiteración de la apelación y una réplica contra la sentencia del tribunal que confirmó la sentencia, como si se tratara de una instancia adicional habilitada para el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a sabiendas de que esa no fue la intención del legislador, ni la finalidad de este mecanismo constitucional. Con mayor razón si, como se observa, el tribunal estudió los puntos sobre los cuales se desarrolló

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a sabiendas de que esa no fue la intención del legislador, ni la finalidad de este mecanismo constitucional. Con mayor razón si, como se observa, el tribunal estudió los puntos sobre los cuales se desarrolló la apelación, de los que se deduce un juicio de corrección respecto de la decisión del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta, que, en su criterio, realizó alusiones genéricas a las pruebas […]”.

La impugnación

14. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

“[…] Ahora bien, en el caso bajo estudio, se observa claramente que el asunto afecta el derecho fundamental al debido proceso de la UAEGRTD, puesto que, la indebida valoración de las pruebas arrimadas al proceso, traen como consecuencia la condena de emolumentos como prestaciones sociales, los cuales esta Unidad no tiene el deber jurídico de sufragar habida cuenta de que, con el señor MARCOS NEIMER VEGA ARRIETA, solamente se sostuvo una relación contractual, la cual queda demostrada con los contratos de prestació n de servicios anexos al expediente de la presente acción. En tal medida, a juicio de la Unidad que7

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represento es evidente que el pronunciamiento judicial objeto de censura, es de alta relevancia constitucional, toda vez que, se trata de una sentencia de s egunda

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represento es evidente que el pronunciamiento judicial objeto de censura, es de alta relevancia constitucional, toda vez que, se trata de una sentencia de s egunda instancia, en la cual el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA, a pesar de que dicha providencia contiene defectos fácticos, que vio lentan de una forma gravosa el derecho al debido proceso de esta Entidad […]”.

[…]

“[…] De igual manera, en la sentencia proferida por el accionado se configuró el defecto fáctico en los errores en que incurrió el despacho judicial al valorar equivocadamente los testimonios arrimados. En primer lugar, frente al testimonio del señor NÉSTOR DAVID TERNERA FORERO no tuvo en cuenta que el mismo no es útil ni pertinente para el proceso, toda vez que el señor solo acudía ocasionalmente a las instalaciones de la Dirección Territorial Magdalena. En segundo lugar, tuvo en cuenta el testimonio del s eñor DAVID FELIPE ROYO ANAYA, a pesar de que esta persona carece de toda imparcialidad por cuanto actualmente se encuentra en curso un proceso judicial contra la URT por las mismas pretensiones.

A su vez, el despacho judicial accionado valoró equivocadam ente las capturas de pantalla de los correos electrónicos aportados por el demandante, toda vez que, en ellos, lo que se expone es una simple relación de coordinación entre la UAEGRTD y el señor MARCOS NEIMER VEGA ARRIETA, en calidad de contratista.

pantalla de los correos electrónicos aportados por el demandante, toda vez que, en ellos, lo que se expone es una simple relación de coordinación entre la UAEGRTD y el señor MARCOS NEIMER VEGA ARRIETA, en calidad de contratista.

Por último, se debe tener en cuente que, las capturas de pantalla aportadas por el demandante, no se aportaron con las ritualidades que la Ley 527 de 1996, exige para la llamada prueba electrónica, circunstancia que debió ser validada por el juez de primera y segunda instancia, a efectos de valorar la integridad y confiabilidad de dichos elementos probatorios.

En atención a lo expuesto, es evidente que la UAEGRTD no pretende con la interposición de la presente acción, afectar la competencia e independencia de los jueces de instancia, por el contrario, lo que pretende es solicitar la protección de su derecho fundamental al debido proceso, esto, en atención a los defectos que padece la sentencia de 6 de julio de 2022 y al desconocimiento del precedente establecido en la Sentencia de Unificación SUJ -025-CE-S2 de 9 de septiembre de 2021, en lo relacionado con que una jornada no implica que exista subordinación […]”. […]

“[…] En tal medida, no es clara la razón que motivó al a quo a obviar la jurisprudencia que la UAEGRTD le señaló en el escrito de tutela, esto es: Sentencia SL4313-28 de julio de 2021 de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL3502022 de 16 de febrero de 2022 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y Sentencia T-043 de 2020 […]”.8

2022 de 16 de febrero de 2022 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y Sentencia T-043 de 2020 […]”.8

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018 3 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defen sa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

falta de otro medio de defen sa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

17.En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

18.Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 3 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

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requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso , procediendo posteriormente a iv) resolver el caso

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requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso , procediendo posteriormente a iv) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

19.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

20.Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

21.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo

estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.10

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causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

22.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez con stitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisi tos

demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisi tos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.

23.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tal es como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

24.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

25.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional.

8 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional.

8 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramí