CE - 110010315000202300284011SENTENCIA20230508162711

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202300284-01

Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié

Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Temas: Defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas/alcance

Defecto procedimental/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) dignidad humana y iv) honra

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 2 de marzo de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.2

Núm. único de radicación: 110010315000202300284-01

Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 17 de

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 17 de septiembre de 2020 1 y el auto de 24 de noviembre de 2022, dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 170011102000201500360-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, la señora Lina María Cardona presentó queja disciplinaria en su contra como Juez Séptimo Penal del Circuito de Manizales – Caldas por incurrir en prejuzgamiento.

4. Señaló que, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, mediante sentencia de 14 de febrero de 2019, lo sancionó con suspensión de un mes en el ejercicio del cargo, por haber incurrido en la falta prevista en el numeral 9º del artículo 154 de la Ley 270 de 7 de marzo de 19962, en concordancia con el numeral 4º del artículo 138 de la Ley 906 de 31 de agosto de 20043, imputada como grave a título de culpa grave.

5. Sostuvo que, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial), mediante sentencia de

17 de septiembre de 2020, resolvió lo siguiente:

5. Sostuvo que, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial), mediante sentencia de

17 de septiembre de 2020, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de febrero de 2019, por la

1 Al respecto, el Despacho precisa que la sentencia cuestionada, en su momento, fue proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial). 2 “Estatutaria de la Administración de Justicia”. 3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.3

Núm. único de radicación: 110010315000202300284-01

Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié

Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, por medio de la cual se SANCIONÓ al doctor NÉSTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ, JUEZ SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES, con suspensión de UN (1) MES en el ejercicio del cargo, por haber incurrido en la falta prevista en el artículo 154 numeral 9º de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el numeral 4º del artículo 138 de la Ley 906 de 2004, imputada como grave a título de culpa grave, conforme lo indicado en esta providencia […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] considera esta Corporación, que en efecto en el fallo sancionatorio se advirtió

culpa grave, conforme lo indicado en esta providencia […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] considera esta Corporación, que en efecto en el fallo sancionatorio se advirtió puntualmente que el funcionario no prejuzgó, ni actuó con mala fé (sic), sino de manera “imprudente, falto de cuidado, precipitado”, dada su amplia experiencia como Juez (desde 1989), siendo por eso precisamente que la conducta se le endilgó como grave cometida con culpa grave, la cual según el parágrafo del artículo 43 del CDU […] Sin que tampoco sea cierto que se impuso al disciplinable “una sanción tan drástica”, pues la sanción a imponer por esta falta según el artículo 44 numeral 3 de la Ley 734 de 2002, es “3. Suspensión, para las faltas graves culposas”, y el límite de esa sanción, según el artículo 46 ibídem, es el siguiente: “La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses…”, lo cual implica, que contrario a lo afirmado por el apelante, a su prohijado se le impuso la mínima sanción contemplada en la Ley disciplinaria, para la falta cometida […]”.

[…]

“[…] considera esta Colegiatura que no le asiste razón al apelante, puesto que no es cierto que la reserva que predicó la Sala de primera instancia no exista, y menos aún que “aceptando en gracia de discusión” su existencia, no se configure la violación de la reserva por haber sostenido la conversación con uno de los intervinientes del proceso, como era el defensor del señor Agudelo.

Lo anterior, por cuanto la reserva que predicó la Sala Seccional, contemplada en el

la reserva por haber sostenido la conversación con uno de los intervinientes del proceso, como era el defensor del señor Agudelo.

Lo anterior, por cuanto la reserva que predicó la Sala Seccional, contemplada en el numeral 4º del artículo 138 de la Ley 906 de 2004, no es la reserva legal prevista para determinados etapas, sujetos procesales, intervinientes y/o asistentes a las audiencias en materia penal (artículos 143.2, 150-2, 152, 155, 221, 235 y 344), sino la restricción consagrada de manera general para los servidores públicos, quienes son responsables por infringir la Constitución y las leyes, por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones, situación que es completamente diferente a la de los otros intervinientes de la actuación.

Lo cual implica que en este caso si se presentó el incumplimiento de un deber funcional, que para este caso fue puntualmente no atender la obligación de guardar la reserva de un asunto que estaba bajo su conocimiento, y sobre el cual tendría que proferir la decisión correspondiente, con una de las partes involucradas.

Y es que no se considera de recibo el argumento de que atender ese deber implicaría condenar a los funcionarios a un mutismo perpetuo sobr e los asuntos a su cargo, pues lo pertinente es analizar el caso particular conforme a la prueba recaudada, luego de lo cual es evidente que el funcionario llevado por su amistad con el abogado Vidal Bedoya de más de 20 años, desbordó sus facultades, pues realizó un rol que no le compete, con una de la partes involucrada en el asunto, pues la sugerencia fue realizada al apoderado del señor Agudelo, recomendándole que su defendido

Vidal Bedoya de más de 20 años, desbordó sus facultades, pues realizó un rol que no le compete, con una de la partes involucrada en el asunto, pues la sugerencia fue realizada al apoderado del señor Agudelo, recomendándole que su defendido aceptara cargos, y ante su respuesta negativa le indicó la pena que le impondría en caso de no hacerlo, información que debía guardar en su fuero interno y cuya exposición claramente implica una vulneración a ese deber de reserva legal, y como4

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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié

quedó grabado en el audio de la audiencia, permitió a la quejosa suponer que existía parcialidad en el disciplinable, por lo que asesorada por la Procuraduría, presentó en su contra queja disciplinaria y penal por el presunto delito de prevaricato […]”.

6. Manifestó que, “[…] En acción de tutela adiada el 30 de octubre de 2020 en donde fungí como accionante, advirtiendo esta irregularidad [que los Magistrados Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garzón de Gómez, son simples particulares y no pueden ejercer el cargo por cuanto su periodo ha fenecido] , la Corte Suprema de Justicia resolvió el 30 de agosto del 2021 que mis pretensiones refulgían improcedentes por subsidiariedad, en tanto que aún me quedaba otro medio idóneo, el cual consistía en solicitar la acción de nulidad de la sentencia de segunda instancia ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura […]”.

medio idóneo, el cual consistía en solicitar la acción de nulidad de la sentencia de segunda instancia ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura […]”.

7. Indicó que, con ocasión a la providencia mencionada supra, “[…] el 27 de enero del 2022 elevé la solicitud correspondiente ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial […]” contra la sentencia de 17 de septiembre de 2020, la cual fue resuelta mediante auto de 24 de noviembre de 2022 proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en los siguientes términos:

“[…] En primer lugar, debe informársele al peticionario que las sentencias proferidas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria quedan ejecutoriadas tan pronto son aprobadas por ella, sin que contra ellas proceda incidente alguno diferente al de cumplirla.

Pero si como lo anterior no fuera suficiente, la Ley 734 de 2002 en su artículo 146 que en su tenor literal establece:

“La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deberá indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten.”

Por otro lado, se observa que, mediante fallo de tutela del 30 de agosto de 2021, el doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán en calidad de magistrado de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Decisión de Tutelas No. 3 declaró improcedente el amparo invocado por el doctor Néstor Jairo Betancourt; quedando con ello debidamente ejecutoriada la providencia de segunda instancia del 17 de septiembre de 2020, por esta razón la solicitud de torna impróspera […]”.5

amparo invocado por el doctor Néstor Jairo Betancourt; quedando con ello debidamente ejecutoriada la providencia de segunda instancia del 17 de septiembre de 2020, por esta razón la solicitud de torna impróspera […]”.5

Núm. único de radicación: 110010315000202300284-01

Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Decretar la nulidad de la decisión proferida por la otrora, Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la judicatura, como pretensión principal, al no reunir el quorum decisorio para haber tomado la decisión que nos ocupa.

2. Ordenar que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se pronuncie nuevamente sobre el recurso de apelación, debiendo necesariamente de decretar la prescripción de la acción disciplinaria.

3. Ordenar que se borren las anotaciones que se habían realizado en mi contra como antecedentes disciplinarios y las demás que se estimen necesarias.

4. Cuarto que se me cancelen todos los emolumentos que me dejaron de pagar por la sanción impuesta (salarios, primas, bonificaciones, cesantías etc.) […]”.

9. El actor señaló que, a su juicio, la autoridad judicial incurrió en un d efecto procedimental absoluto, toda vez que la providencia no alcanzó la mayoría de los votos exigida por el artículo 54 de la Ley 270 , por cuanto, a su juicio, al menos uno de los magistrados que suscribió la sentencia de 17 de septiembre de 2020 no

votos exigida por el artículo 54 de la Ley 270 , por cuanto, a su juicio, al menos uno de los magistrados que suscribió la sentencia de 17 de septiembre de 2020 no ostentaba dicha calidad, porque su periodo había culminad o. Al respecto, precisó que:

“[…] la vulneración a mis derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa se perpetúa en el tiempo y es evidente pues se me ha castigado a través de una providencia proferida por una corporación que no tenía el cuórum necesario legalmente habilitado para sesionar y proferir una decisión de segunda instancia, ello aunado a una conducta sobre la cual, uno de los magistrados discutió la tipicidad con argumentos jurisprudenciales de alto tino. La decisión tomada fue suscrita por al menos uno de los magistrados sobre los cuales su presencia en esa Honorable Sala ha sido discutida y en consecuencia, esa decisión no se puede considerar mayoritaria cómo lo exige la ley […]”.

[…]

“[…] la otrora, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, carece de competencia funcional para sancionar, pues la decisión no fue tomada por la mayoría absoluta con fundamento en la reciente decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia del 21 de octubre del 202 0, Radicado 56372, en donde se discute la presencia de dos magistrados que han superado el periodo fijo de su función y siguen en los cargos de manera ilegal como lo señala la providencia, y uno de ellos suscribió la decisión tomada en mi contra, como lo fue el señor Magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago, quedando sólo tres magistrados que la suscribieron y uno salvando el voto y dos que6

tomada en mi contra, como lo fue el señor Magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago, quedando sólo tres magistrados que la suscribieron y uno salvando el voto y dos que6

Núm. único de radicación: 110010315000202300284-01

Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié

no asistieron, entre ellos, la Magistrada Julia Emma Garzón De Gómez, por tanto, no hay mayoría absoluta […]”.

10. Igualmente, el actor manifestó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en un defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica, el cual

sustentó en los siguientes términos:

“[…] Como se puede advertir en el auto proferido que existe una flagrante violación al debido proceso y derecho de defensa, ya que el honorable magistrado no decidió de fondo la petición solo en forma escueta señaló que la decisión estaba ejecutoriada y no admitía ningún acción en su contra, olvidando el con texto de la acción de tutela resuelta por la Honorable Corte Suprema de Justicia el 30 de agosto del 2021 en donde se señaló en la parte motiva de esta que faltaba aun un camino para poder ser viable una acción constitucional en contra de la decisión de se gunda instancia proferida por la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y era solicitar la nulidad de la decisión.

En este auto de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la decisión tomada se me cortaron de tajo todas las garantías constitucionales del Debido Proceso y Derecho de Defensa, olvidando por completo que estamos regidos por un estado social de

En este auto de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la decisión tomada se me cortaron de tajo todas las garantías constitucionales del Debido Proceso y Derecho de Defensa, olvidando por completo que estamos regidos por un estado social de Derecho, y se debió estudiar de fondo la solicitud de nulidad, limitándose a decir que la decisión estaba en firme sin dar aplicación a las normas señaladas en la decisión de tutela de la Corte en donde expresamente se dice que se deben tener en cuenta los artículos 21 y 98 a 101 de la ley 734 del 2002; artículos 107 y 134 de la ley 1564 del 2012 y el artícul o 210 del el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

Actuación

11. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado , mediante auto de 27 de enero de 2023 ; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ; y iii) ordenó publicar en la página web del Consejo de Estado esta providencia para el conocimiento de cualquier tercero con interés.

Intervenciones de la demandada

12. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial consideró que:

“[…] Observa el suscrito Magistrado, que la acción de tutela en comento deviene en improcedente, por cuanto, según pretende el accionante la decisión de segunda instancia se produjo por una corporación que no tenía el cuórum necesario legalmente habilitado para sesionar, ello derivado de su punto de vista, bajo el cual, los entonces Magistrados Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garzón de

instancia se produjo por una corporación que no tenía el cuórum necesario legalmente habilitado para sesionar, ello derivado de su punto de vista, bajo el cual, los entonces Magistrados Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garzón de Gómez, eran particulares y no podían ejercer el cargo, debido a que su periodo había7

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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié

fenecido, con fundamento en la sentencia SU-355 de 2020 expedida por la Corte Constitucional.

Debe señalarse, que si bien los entonces Magistrados Julia Emma Garzón de Gómez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago, excedieron el periodo constitucional de 8 años, lo cierto es que aquellos fung ieron como Magistrados de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura hasta el momento en que se posesionaron los miembros de esta Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así lo ha reiterado la Corporación a la cua l pertenezco, como la Corte

Constitucional:

“Al respecto es necesario indicar que no le asiste razón a la doctora GLORIA PATRICIA MONTOYA ARBELÁEZ, dado que no es cierto que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hubiese estado indebidamente conformada, puesto que si bien los doctores Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garzón de Gómez, superaron su periodo constitucional de 8 años, ellos fungieron como magistrados de la mencionada Corporación, hasta el momento en el que se produjo la posesión de los miemb ros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Emma Garzón de Gómez, superaron su periodo constitucional de 8 años, ellos fungieron como magistrados de la mencionada Corporación, hasta el momento en el que se produjo la posesión de los miemb ros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Véase que este tema quedó superado, con lo decidido en la Sentencia de Unificación 174, proferida el 3 de junio de 2021, donde la Corte Constitucional indicó:

“(…) esta Sala considera que tampoco le asiste razón al magistrado… en cuanto al tercer argumento relacionado con la extensión de los periodos constitucionales de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.

9. En el Auto 278 de 2015, la Sala Plena de esta Corporación concluyó que de acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, se entendía que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionaran, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Conse jo Superior de la Judicatura debían continuar en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, conservarían no solo la función jurisdiccional disciplinaria (…)

[…]”.

[…]

“[…] 13. En consecuencia, los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura tenían competencia para adoptar la decisión de segunda instancia en el proceso de la referencia (…) […]”.

La sentencia impugnada

13. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 2 de marzo

de 2023, resolvió:

“[…] 1. Denegar las pretensiones de la demanda de tutela presentada por el señor

La sentencia impugnada

13. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 2 de marzo

de 2023, resolvió:

“[…] 1. Denegar las pretensiones de la demanda de tutela presentada por el señor Néstor Jairo Betancourth Hincapié contra el auto del 17 de marzo de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

13.1. Como fundamento de su decisión consideró que:8

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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié

“[…] 2.1.1. Respecto de la sentencia del 17 de septiembre de 2020 , la Sala encuentra que, en anterior oportunidad, el demandante ya había presentado una acción de tutela contra esa misma decisión. Al igual que en esta acción de tutela, el actor alegó que la sentencia del 17 de septiembre de 2020 es inválida porque el doctor Pedro Alonso Sanabria Buitrago no ostentaba la calidad de magistrado y que, por lo tanto, la decisión no tuvo los votos necesarios para ser aprobada. También alegó que fue sancionado por una conducta cuya tipicidad fue discutida por uno de los magistrados integrantes de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que salvó el voto.

2.1.2. La acción de tutela se radicó con el número 11001-02-30-000-2020-00745-00 y correspondió a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que, mediante sentencia del 30 de agosto de 2021, declaró improcedente la solicitud de

y correspondió a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que, mediante sentencia del 30 de agosto de 2021, declaró improcedente la solicitud de amparo porque, a partir de los argumentos e xpuestos por el demandante, lo propio era que presentara un incidente de nulidad. Esa decisión no fue impugnada, como puede verse a continuación […] 2.1.3. En atención de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el actor presentó incidente de nulidad, con fundamento en que esa sentencia se dictó sin el quorum necesario y que la tipicidad de la conducta fue puesta en duda por uno de los magistrados que integraron la sala de decisión. Ese incidente de nulidad fue declarado impróspero por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante providencia del 24 de noviembre de 2022.

2.1.4. Siendo así, la Sala estima que no es posible volver a pronunciarse sobre los mismos argumentos que se exponen frente a la sentencia del 17 de septiembre de 2020, porque e se asunto ya fue decidido por la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, corresponde a la Sala pronunciarse únicamente sobre el auto que decidió impróspero el incidente de nulidad.

2.1.5. En cuanto al auto del 24 de noviembre de 2022 , dictado por la Comi sión Nacional de Disciplina Judicial, como se anticipó, la Sala encuentra que sí hay lugar a analizarlo de fondo, por cuanto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales […] 2.4.1. Al respecto, la Sala precisa que, contrario a lo señalado por el demandante, los

a analizarlo de fondo, por cuanto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales […] 2.4.1. Al respecto, la Sala precisa que, contrario a lo señalado por el demandante, los artículos 98 a 101 de la Ley 734 de 2002 no guardan ninguna relación con el trámite u oportunidad para formular nulidades en el proceso disciplinario, sino que regulan la utilización de m edios técnicos, la reconstrucción de expedientes y las formas de notificación.

2.4.2. Por el contrario, la Sala encuentra que, para resolver la solicitud de nulidad formulada por el demandante, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial aplicó el artículo 146 de la Ley 734 de 2022 que sí regula la oportunidad para formular nulidades en el proceso disciplinario y que era la vigente para el momento en que se tramitó el proceso. En efecto, la norma señala que “la solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deber á́ indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten.” […]”.

[…]

“[…] 2.4.4. El mencionado artículo 21 señala que “en lo no previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario”. Luego, como la oportunidad para formular nulidades en el proceso disciplinario está expresamente reglada en el artículo 146 de la Ley 734 de 2002, no era necesario que la autoridad9

en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario”. Luego, como la oportunidad para formular nulidades en el proceso disciplinario está expresamente reglada en el artículo 146 de la Ley 734 de 2002, no era necesario que la autoridad9

Núm. único de radicación: 110010315000202300284-01

Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié

jurisdiccional demandada acudiera a la remisión normativa del artículo 21 […]”. (Resaltado por la Sala)

La impugnación

14. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo

de Estado al considerar lo siguiente:

“[…] 1°. En la decisión se desconoció la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en donde se señaló que los magistrados Julia Emma Garzón González y Pedro Alonso Sanabria Buitrago, son funcionarios de periodo y una vez llegado a la terminación de este, se convierten en simples particulares, por tanto, cuando el señor magistrado Pedro Alonso Sanabria, no tenía la condición de funcionario por tanto no debió de haber suscrito la providencia, siendo así, no cumplía la providencia para tener el carácter de tal con la mayoría requerida para que tuviera validez.

2°. Se me critica que no interpuse recurso de apelación ante la decisión de la Corte Suprema de justicia en donde se me señaló con un criterio de subs idiariedad que aún tenía la petición de nulidad para atacar la decisión de segunda instancia de la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria, lo que consideré que tenían razón suficiente, por ello no lo hice.

aún tenía la petición de nulidad para atacar la decisión de segunda instancia de la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria, lo que consideré que tenían razón suficiente, por ello no lo hice.

3°. Ante esa decisión propuse la nulidad y mediante un auto del 24 de noviembre, lo decidieron de plano sin ninguna motivación, el cual debía de ser por una decisión interlocutoria, en donde se me violó el derecho fundamental del debido proceso […]”.

[…]

“[…] Se me critica que propuse normas equivocadas en mis argumentaciones, si eso fue de esa manera, el juez constitucional tiene amplias facultades ultra y extra pepitas para enderezar los asuntos y darle tramite a las acciones y pronunciarse bajo un estudio juicioso y no decidir de manera lacónic a una petición de tutela de los derechos del accionante tal como se hizo.

Esa decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en mi criterio, nunca adquirió ejecutoria y validez, por cuanto se violó la normatividad para que esta adquiera esas condiciones, por haber sido firmada por un magistrado que su periodo había sido superado con creces […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 3 2 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 4, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''10

Núm. único de radicación: 110010315000202300284-01

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''10

Núm. único de radicación: 110010315000202300284-01

Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié

Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20215 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20186 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defens a judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

17. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales , y de ser así, ii) establecer si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , al proferir la sentencia de 17 de septiembre de 2020 y el auto de 24 de noviembre de 2022, dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación

Comisión Nacional de Disciplina Judicial , al proferir la sentencia de 17 de septiembre de 2020 y el auto de 24 de noviembre de 2022, dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 170011102000201500360-01, incurrió en un defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica y en un defecto procedimental absoluto , lo que trajo como consecuencia que se confirmara la sanción que le fue impuesta al actor, a su juicio, sin “[…] el cuórum (sic) necesario legalmente habilitado para sesionar y proferir una decisión de segunda instancia […]”.

18. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de

5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1