CE - 110010315000202300289011SENTENCIA20230502153440

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00289-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: MARY JANNETH CÓRDOBA PINZÓN

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. LA

AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN EL DEFECTO

SUSTANTIVO ENDILGADO. PENSIÓN DE JUBILACIÓN DOCENTE POR

APORTES.

DERECHOS FUNDAMENTALES : IGUALDAD, DEBIDO PROCESO,

MÍNIMO VITAL Y SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de 3 de marzo de 202 3, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 denegó el amparo solicitado.

1 En adelante la Sección Tercera.2

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Actora: MARY JANNETH CÓRDOBA PINZÓN

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora MARY JANNETH CÓRDOBA PINZÓN, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, los cuales consideró vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “ A”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 2 y la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO 3 al proferir las sentencias de 1 2 de diciembre de 201 9 y 1o. de septiembre de 2022, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000-23-42-000-2018-00702-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que cotizó al sistema pensional colombiano ante la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES2 En adelante el Tribunal. 3 En adelante la Sección Segunda.3

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COLPENSIONES4 y ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE

BOGOTÁ5, por un período equivalente a 1469,57 semanas.

Adujo que presentó ante el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 6 solicitud de reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes de conformidad con la Ley 71 de 19887 y la Ley 91 de 19898.

Sostuvo que mediante la Resolución núm. 5122 de 13 de julio de 2017, el FOMAG negó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes.

Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el FOMAG, con el fin de que se le ordenara el reconocimiento de la pensión de jubilación teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional.

Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de

4 En adelante Colpensiones. 5 En adelante la Secretaría.

6 En adelante el Fomag. 7 “Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones.” 8 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.”4

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8 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.”4

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radicación 25000-23-42-000-2018-00702-01 y le correspondió por reparto al TRIBUNAL que, en sentencia de 12 de diciembre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones y, en consecuencia , reconoció y ordenó el pago de su pensión de jubilación por aportes a partir del 30 de octubre de 2015 teniendo en cuenta el 75% del salario promedio q ue sirvió como base para los aportes del año anterior a la adquisición del estatus pensional.

Indicó que el Ministerio Público, interpuso recurso de apelación ante la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 1o. de septiembre de 2022, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que las providencias emitidas por las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto material o sustantivo , al efectuar una interpretación inapropiada de las leyes aplicables al caso concreto.

Aseguró que cumplió con los requisitos legales para ser acreedora de la pensión de jubilación al pertenecer al régimen especial de docentes

efectuar una interpretación inapropiada de las leyes aplicables al caso concreto.

Aseguró que cumplió con los requisitos legales para ser acreedora de la pensión de jubilación al pertenecer al régimen especial de docentes al estar vinculada al FOMAG con anterioridad de la entrada en5

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vigencia de la Ley 812 de 20039, razón por la que, a su juicio, debió darse aplicación a la Ley 71 de 1988 que desarrolla la pensión de jubilación por aportes.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito. SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B de fecha 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, mediante la cual se REVOCO la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, el 12 de diciembre del 2019. Sentencia que desconoce lo establecido en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, el 12 de diciembre del 2019.

Sentencia que desconoce lo establecido en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo. anterior, solicito respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se ORDENE

al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO­ ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a RECONOCER LA PENSIÓN DE JUBILACION POR APORTES a la señora MARY JANNETH CORDOBA PINZON, identificada con la Cédula de Ciudadanía núm. 51.597.489 expedida en Bogotá, con la inclusión de todos las cotizaciones efectuadas al sistema pensiona! de conformidad a la ley 71 de 1988 y Ley 91 de 1989.

TERCERO: Solicito cordialmente a su distinguida Sala oficiar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A para que allegue en su integralidad 25000-23-42-000-2018-00702-01, como quiera

9 "Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario"6

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que el expediente ya ha sido devuelto del Tribunal al despacho de origen. (Negrilla pertenece al texto)

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que en primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda, por cuanto evidenció que […] la demandante cotizó para el sector público y privado, y que la vinculación a la Secretaria de Educación de Bogotá D.C., como docente interina fue el 5 de agosto de 1997, en consecuencia (i) a la demandante no le es aplicable la Ley 812 de 2003, sino la Ley 71 de 1988, por cuanto se vinculó al servicio docente con anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003, esto es, el 19 de febrero de 1997; y (ii) la demand ante completó 20 años de servicio acumulando tiempos públicos y privados […].

Igualmente, indicó que la decisión adoptada se ajustó a lo señalado en las normas y en la jurisprudencia vigente aplicable al caso concreto.

I.5.2.- La SECCIÓN SEGUNDA y el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.7

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notificados en debida forma, guardaron silencio.7

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 3 de marzo de 2023, la SECCIÓN TERCERA denegó el amparo solicitado.

Para tal efecto, sostuvo que al revisar el contenido de la providencia cuestionada advirtió que la interpretación normativa no fue irrazonable, ni caprichosa, en tanto la actora no estuvo vinculada como docente durante su vida laboral, sino que prestó su s servicios en entidades públicas y privadas, por lo que el régimen prestacional aplicable es el que regula la Ley 100 de 199310.

Afirmó que si bien la actora estuvo vinculada como docente oficial con anterioridad al año 2003, no resultaba procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, pues no acreditó 20 años de servicio como docente ni tampoco probó ser beneficiaria de la Ley 71 de 1988.

Finalmente, concluyó que […] no puede predicarse la configuración de un defecto sustantivo por determinar que el régimen aplicable al sub lite era aquel previsto en la Ley 100 de 1993, bajo el entendido de que la autoridad judicial accionada, de manera clara y suficiente,

10 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"8

sub lite era aquel previsto en la Ley 100 de 1993, bajo el entendido de que la autoridad judicial accionada, de manera clara y suficiente,

10 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"8

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expuso las razones de su decisión […].

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora cuestionó la providencia de primera instancia, al señalar que se cometió una grave falencia al determinar que el régimen aplicable es la Ley 100 de 199 3, olvidando que en su caso debió dársele el trato de una docente y de acuerdo a su fecha de vinculación al servicio, debió aplicarse la Ley 9 de 1989 que a su vez remite a la Ley 71 de 1988.

Insistió en que su situación particular no se tuvo en cuenta el principio de favorabilidad, pues, a su juicio […] no se ha tenido en cuenta en el fallo de primera instancia «siempre, sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera aquella que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental […].

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de9

resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental […].

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de9

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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia10

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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.11

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00289 01

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institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.11

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre t odas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efec to decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con l a doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derecho s se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derecho s se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acci ón de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, qu e la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela con tra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,12

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00289 01

especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,12

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para que proceda una tutela contra una senten cia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcan ce. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se dejen sin efecto las sentencias de 12 de diciembre de 2019 y 1o. septiembre de 2022 proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN13

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SEGUNDA, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000-23-42-000-2018-00702-01.

A las citadas providencias la actora le atribuye la vulneración de los

SEGUNDA, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000-23-42-000-2018-00702-01.

A las citadas providencias la actora le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto sustantivo.

Los disensos de la actora radican en que, en su sentir, las decisiones cuestionadas adolecen del defecto material o sustantivo , al efectuar una interpretación inapropiada de las leyes aplicables al caso concreto, toda vez que debió darse aplicación a la Ley 71 de 1988, que desarrolla la pensión de jubilación por aportes.

Asimismo, aseguró que cumplió con los requisitos legales para ser acreedora de la pensión de jubilación al pertenecer al régimen especial de docentes y al estar vinculada al FOMAG con anterioridad de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la que, a su juicio, debió darse aplicación a la Ley 71 de 198 8 que desarrolla la pensión de jubilación por aportes.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la14

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SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 3 de marzo de

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SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 3 de marzo de 2023, denegó el amparo solicitado al no evidenciar la configuración del defecto sustantivo invocado.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia, aseguró que se cometió una grave equivocación al determinar que el régimen aplicable en su caso es la Ley 100 de 1993, olvidando que debió dársele el trato de una docente y de acuerdo a su fecha de vinculación al servicio, debió aplicarse la Ley 9 de 1989 que a su vez remite a la Ley 71 de 1988.

Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicitó dejar sin efectos, tanto la providencia de 12 de diciembre de 2019 proferida por el TRIBUNAL, como la dictada el 1o. septiembre de 2022 por la SECCIÓN SEGUNDA, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados a la sentencia proferida por el ad quem, toda vez que fue esta la que dio por terminado el proceso.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si e l presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, establecer si la SECCIÓN SEGUNDA vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos endilgados.15

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00289 01

derechos deprecados e incurrió en los defectos endilgados.15

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La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y vulneró sus derechos fundamentales; contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable11 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Verificado lo anterior , visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, la Sala hará mención al marco jurídico del defecto alegado.

Del defecto sustantivo

La Corte Constitucional 12 ha precisado que el defecto sustantivo se

11 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge

11 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez). 12 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.16

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presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.

En ese orden de ideas, respecto de l os eventos que dan lugar a conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia T-949 de 200913, la Corte Constitucional señaló los siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la

ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”.

(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial […]”

De igual forma, la Corte Constitucional 14 ha dicho que al examinar estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura

13 M.P Mauricio González Cuervo. 14 Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.17

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00289 01

Actora: MARY JANNETH CÓRDOBA PINZÓN

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con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del

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con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la materia debatida en sede jurisdiccional […]”.

Ahora bien, corresponde determinar si la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en el defecto endilgado, para lo cual realizará el siguiente análisis i) protección de la seguridad social en el ordenamiento interno, ii) régimen especial de la pensión de los docentes , iii) desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones y; iv) análisis del caso concreto.

Protección de la seguridad social en el ordenamiento interno

En el ordenamiento interno, el Sistema de Seguridad Social es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de los que disponen las p