CE - 110010315000202300299011SENTENCIAREVOCALA20230420143434

Demandante: Medicarte S.A.S Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00299-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00299-01

Demandante: MEDICARTE S.A.S.

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – Exceso ritual manifiesto

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte demandante contra el fallo proferido por la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación, que decidió:

“PRIMERO: Negar el amparo de los derechos fundamentales de la sociedad MEDICARTE S.A.S., en la acción de t utela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección A y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

(…)”

Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección A y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

(…)”

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

La sociedad Medicarte S.A.S , a través de apoderad o judicial, ejerció acción de tutela1 con el fin de obtener la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , que estimó vulnerados con ocasión de las providencias del 24 de febrero de 2022 y 18 de agosto de 2022 , proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal

1 La acción de tutela se presentó a través de la aplicación de tutelas en línea de la Rama Judicial el 24 de enero de 2023.Demandante: Medicarte S.A.S Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00299-01

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Administrativo de Cundinamarca, por medio de las cuales se rechazó la demanda presentada contra el INVIMA.

Estas decisiones se presentaron en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , con radicado número 11001333400520210010500/01.

En consecuencia, la demandante solicitó2:

“PRIMERO. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la

restablecimiento del derecho , con radicado número 11001333400520210010500/01.

En consecuencia, la demandante solicitó2:

“PRIMERO. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad MEDICARTE S.A.S. vulnerado por el JUZGADO QUINTO

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA y el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION

PRIMERA – SUBSECCION A.

SEGUNDO. En consecuencia, de lo anterior, dejar sin efecto el auto del 24 de febrero de 2022 por el cual se rechaza la demanda y el auto del 29 de marzo de 2022 mediante el cual se resuelve el recurso de reposición proferido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA y la providencia del 18 de agosto de 2022 por la cual se resuelve el recurso de apelación proferido pro el

TRIBUNAL ADMINISTATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRMERASUBSECCION A

TERCERO. Ordenar al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO admitir la demanda, o subsidiariamente al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION PRIMERA -SUBSECCION A., resolver el recurso de apelación ordenando la admisión de la demanda.”

La solicitud tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Adujo que el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos – INVIMAdictó dos actos administrativos dentro del proceso sancionatori o 201604336 iniciado en su contra y proferidos el 4 de junio de 2019 y el 17 de julio de 2020.

INVIMAdictó dos actos administrativos dentro del proceso sancionatori o 201604336 iniciado en su contra y proferidos el 4 de junio de 2019 y el 17 de julio de 2020.

Sostuvo que, para lograr la nulidad de esas resoluciones, interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue asignada al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá bajo el radicado 11001333400520210010500.

2 Se realiza la transcripción literal.Demandante: Medicarte S.A.S Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00299-01

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Indicó que , con auto del 13 de diciembre de 2021, la autoridad judicial mencionada inadmitió la demanda con la finalidad de que se subsanaran los siguientes aspectos:

“1. No obra constancia que el poder obrante en el expediente haya sido otorgado mediante mensaje de datos enviado al abogado Francisco Javier Gil Gómez, desde el correo electrónico inscrito en el registro mercantil para recibir notificaciones judiciales de la compañía, y al correo electrónico del profesional, inscrito en el Registro Nacional de Abogados, en los términos del artículo 5º del Decreto No. 806 de 2020.

2. Allegar certificación de conciliación extrajudicial, con el objeto de acreditar el cumplimiento del requisito de procedibilidad señalado en numeral 1º del

artículo 5º del Decreto No. 806 de 2020.

2. Allegar certificación de conciliación extrajudicial, con el objeto de acreditar el cumplimiento del requisito de procedibilidad señalado en numeral 1º del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto, si bien, se afirma que se presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, no aportó la constancia que acredite la declaratoria fallida de esa diligencia por ausencia de ánimo conciliatorio.

3. De conformidad con los numerales 1° y 2° del artículo 166 del CPACA, la parte actora deberá aportar copia de los actos administrativos acusados Resoluciones Nos. 2019022520 del 4 de junio de 2019 por medio de la cual se impone una sanción y 2020023396 del 17 de julio de 2020 por medio de la cual se resolvió un recurso de reposición, con sus respectivas constancias de notificación, así como el escrito de los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

4. Precisar la c uantía de la demanda en los términos del numeral 6° del artículo 162 del CPACA, por cuanto, se indica que la sanción impuesta mediante la resolución sancionatoria equivale a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que ese valo r asciende a cuarenta y tres millones ochocientos noventa mil ciento cincuenta pesos ($43.890.150), valores que no coinciden.”

Sostuvo que el día 19 de enero de 2022 se allegó memorial para subsanar los errores de la demanda así:

tres millones ochocientos noventa mil ciento cincuenta pesos ($43.890.150), valores que no coinciden.”

Sostuvo que el día 19 de enero de 2022 se allegó memorial para subsanar los errores de la demanda así:

“A. Se aporto poder otorgado de conformidad con el decreto 806 de 2020.

B. Se aporto acta de audiencia celebrada el pasado 23 de marzo de 2021, en donde se declara fallida por la procuraduría 139 Judicial II para asuntos

Administrativos-Bogotá DC.

C. Se realizo la estimación razonada de la cuantía de la demanda.

D. Se anexo copia de la resolución No. 2019022520 del 4 de junio de 2019.

E. Se anexo copia de la resolución No.202002323395 del 17 de julio de 2020.Demandante: Medicarte S.A.S Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00299-01

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F. Se anexo constancia de envió de notificación a la parte demandada.

G. de igualmente se remitió escrito de subsanación de la demanda con sus demandas anexos de conformidad con el decreto 806 de 2020.”

Añadió que, en relación con el punto 3, esto es, aportar los actos administrativos acusados, se precisó que no existe ninguna razón para que su omisión sea un impedimento para admitir la demanda, debido a que la entidad administrativa, al

Añadió que, en relación con el punto 3, esto es, aportar los actos administrativos acusados, se precisó que no existe ninguna razón para que su omisión sea un impedimento para admitir la demanda, debido a que la entidad administrativa, al contestar, debe aportar toda la documentación que conforman los antecedentes de la actuación. Esto, de conformidad con el artículo174 del CPACA.

Mencionó que aportó la constancia de la celebración de la audiencia de conciliación extrajudicial por lo que se demostró que se había cumplido con dicho requisito.

Sostuvo que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con auto del 24 de febrero de 2022, rechazó la demanda presentada al indicar que no se allegó la constancia de la notificación, comunicación o publicación de los actos administrativos atacados, la constancia de declaratoria fallida de la audiencia de la conc iliación extrajudicial para entender que el requisito fue debidamente satisfecho y que la copia de la resolución que impuso la sanción administrativa fue aportada de manera incompleta.

Señaló que contra esa decisión se interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación porque:

a. Se rechazó la demanda porque no se aportó un anexo con la constancia de notificación de la resolución demandada, lo que obedeció a un error al aportar incompleta la resolución correspondiente.

b. El expediente administrativo debe ser aportado con la contestación y la caducidad puede ser declarada en cualquier momento de existir.

c. Se rechazó la demanda por no aportar la constancia de no acuerdo de

b. El expediente administrativo debe ser aportado con la contestación y la caducidad puede ser declarada en cualquier momento de existir.

c. Se rechazó la demanda por no aportar la constancia de no acuerdo de conciliación pese a que el requisito se satisface con la demostración de que se a gotó el mismo y a que, en todo caso, no hay norma expresa que señale que la forma en que debe demostrarse el cumplimiento de la exigencia de procedibilidad.

Precisó que con el recurso se aportó la constancia de notificación del acto administrativo demandado.

Indicó que con auto del 29 de marzo de 2022 el juzgado de primera instancia resolvió no reponer la providencia concedió el recurso de apelación.Demandante: Medicarte S.A.S Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00299-01

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Sostuvo que, mediante decisión del 18 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secc ión Primera, Subsección A confirmó el rechazo de la demanda.

La Sala debe precisar que el tribunal explicó que, en relación con la copia de los actos acusados y la constancia de notificación, esa exigencia era indispensable para determinar la oportunidad en la presentación del medio de control y, además, en caso de no poderse aportar, podía haber sido solicitada mediante el ejercicio del derecho de petición o mediante el juzgado para que se requiriese a

para determinar la oportunidad en la presentación del medio de control y, además, en caso de no poderse aportar, podía haber sido solicitada mediante el ejercicio del derecho de petición o mediante el juzgado para que se requiriese a la demandada.

Sobre la certificación del cumplimient o del requisito de procedibilidad consideró que, si bien este se demuestra con la certificación de la demostración de que se celebró la audiencia y que no se logró un acuerdo, lo cierto es que el documento aportado por la sociedad no individualizó los acto s administrativos sobre los cuales se realizó la conciliación y, en consecuencia, no era posible verificar si correspondía a los del objeto de la demanda.

3. Sustento de la petición

A juicio de la parte actora , las autoridades judiciales demandadas incur rieron en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en razón a que se apegaron de manera excesiva a la regla procesal que impide la materialización del derecho sustancial, ya que es claro que dentro del trámite judicial se logró demostrar que s e agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial y, además, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá contaba con todas las herramientas para obtener los actos administrativos demandados con su constancia de notificación.

Sostuvo que , al momento de decidir los recursos, los jueces contaban con la constancia de notificación y del cumplimiento de la conciliación prejudicial.

Explicó que el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 establece que se debe acreditar el ag otamiento de la conciliación prejudicial sin que se indique expresamente la forma de hacerlo, es decir, que al aportar el acta de conciliación

Explicó que el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 establece que se debe acreditar el ag otamiento de la conciliación prejudicial sin que se indique expresamente la forma de hacerlo, es decir, que al aportar el acta de conciliación proferida por la Procuraduría General de la Nación se debe entender satisfecho el requisito, tal y como ocurrió en el presente caso.

Afirmó que, además, el artículo 162 de la misma norma no exige como anexo de la demanda el acta de conciliación.

Resaltó que el juzgado tenía el total acceso a los documentos necesarios para admitir la demanda y el formalismo impues to es una vulneración a sus derechosDemandante: Medicarte S.A.S Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00299-01

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fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Aseguró que, respecto a la copia de los actos administrativos demandados , este no era un impedimento para admitir la demanda porque una vez l a entidad sea notificada deberá aportar el expediente administrativo e, igualmente, pudo oficiar al INVIMA para que fuesen aportados al proceso judicial, es decir, que los documentos pudieron ser obtenidos por el despacho sin necesidad de que se hubieran aportado por la parte actora.

Expuso que en la demanda obraban las fechas de notificación y, posteriormente, se aportaron las constancias correspondientes, las cuales no pueden ser

documentos pudieron ser obtenidos por el despacho sin necesidad de que se hubieran aportado por la parte actora.

Expuso que en la demanda obraban las fechas de notificación y, posteriormente, se aportaron las constancias correspondientes, las cuales no pueden ser consideradas extemporáneas porque al momento de allegarlas estaba en término para reformar la demanda y la remisión de tal documento debía entenderse, en el peor de los casos, de esa forma.

Alegó que el auto del tribunal demandado debió revocar la decisión de primera instancia porque en esa providencia específicamente se indicó que las copias de los actos administrativos y las constancias de notificación podían ser solicitadas por el despacho a la entidad administrativa demandada.

Aclaró que , frente al acta de la conciliación, la autoridad judicial de segundo grado explicó que e l requisito de procedibilidad se entiende cumplido cuando se efectúa la audiencia sin que se logre acuerdo alguno.

4. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 26 de enero de 2023 , el magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar esa decisión al juez quinto administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a los magistrados que integran la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como parte demandada.

Además, vinculó al INVIMA como tercero con interés ya que era la parte demandada en el proceso ordinario dentro del cual se dict aron las providencias atacadas a través de la acción de tutela de la referencia.

5. Contestaciones e intervenciones

5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

demandada en el proceso ordinario dentro del cual se dict aron las providencias atacadas a través de la acción de tutela de la referencia.

5. Contestaciones e intervenciones

5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A

El ponente de la decisión de segunda instancia atacada rindió el informe solicitado en los siguientes términos:Demandante: Medicarte S.A.S Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00299-01

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Expuso que lo pretendido por el deman dante a través de la acción constitucional es que se estudie por tercera vez el escrito de subsanación de la demanda, el cual ya fue revisado por las dos vías judiciales ordinarias.

Sostuvo que la demandante sustent ó su petición de amparo en una presunta irregularidad del tribunal, pero no se fundamentaron las razones por las cuales se estimó que esto ocurre, pues se limitó a indicar los mismos hechos expuestos dentro del trámite del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.

Después de transcr ibir los argumentos de la decisión atacada, advirtió que la demanda no fue subsanada en debida forma y, por tanto, el auto recurrido debía confirmarse.

Solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo.

5.2. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

demanda no fue subsanada en debida forma y, por tanto, el auto recurrido debía confirmarse.

Solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo.

5.2. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Mediante la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, el INVIMA indicó que se abstendría de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda porque conciernen a aspectos en los cuales la entidad actuó en estricto cump limiento de la normatividad aplicable.

Expuso que no ha omitido deber legal alguno con ocasión de los hechos presentados en la demanda y no existió vulneración por acción u omisión de los derechos fundamentales.

Solicitó que se le desvinculara del presen te trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.

5.3. Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

El titular del despacho rindió el informe solicitado en los siguientes términos:

Después de relatar el trámite adelantado en el p roceso número 110010333400520210010500, señaló que no vulneró los derechos fundamentales invocados ni incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto con las decisiones proferidas, sino que las providencias se sustentaron en las norma s y la jurisprudencia contenciosa administrativa, dado que al hacer el estudio de la demanda se encontró que no estaba conforme a lo previsto en las normas procesales.

Precisó que el cumplimiento de los requisitos de los artículos 161 y 162 del CPACA no p uede considerarse un defecto, puesto que, con esto, se busca queDemandante: Medicarte S.A.S

previsto en las normas procesales.

Precisó que el cumplimiento de los requisitos de los artículos 161 y 162 del CPACA no p uede considerarse un defecto, puesto que, con esto, se busca queDemandante: Medicarte S.A.S Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00299-01

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no se presenten vicios en el procedimiento que lleven consigo sentencias inhibitorias.

Añadió que lo que pretende la sociedad demandante es sustituir a la jurisdicción contenciosa administrativa con el fin de obtener una decisión alterna respecto del agotamiento de los requisitos de la demanda a los que se refieren los artículos 162 y 166 del CPACA e incluso, a manera de tercera instancia, cuestionar la legalidad de las decisiones adoptadas p or l os jueces ordinarios, con lo que se demuestra la falta de relevancia constitucional.

6. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 17 de febrero de 2023 , negó la solicitud de amparo con base en el siguiente análisis:

Señaló que se encontraban superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y, en consecuencia, procedió a efectuar un estudio de fondo del asunto planteado.

Consideró que el tribunal demandado no i ncurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto ya que, tal y como lo indicó en la providencia atacada, el

asunto planteado.

Consideró que el tribunal demandado no i ncurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto ya que, tal y como lo indicó en la providencia atacada, el juez de instancia a través del auto admisorio advirtió a la sociedad demandante acerca de las falencias presentadas en su demanda re specto de la falta de certificación de la notificación de los actos demandados y la indebida acreditación del agotamiento del requisito de procedibilidad, no obstante, pese al intento de ser subsanadas, no se logró.

Añadió que el juez de segunda instancia dejó claro que si bien la sociedad presentaba una imposibilidad para obtener la documentación requerida pudo ser solicitada a la entidad administrativa demandada, en ejercicio del derecho de petición, o al juzgado para que esta la aportara al proceso , sin embargo, nada dijo al respecto.

Precisó que mal podría pretender Medicarte S.A.S., bajo el argumento de la primacía del derecho sustancial, se exonere de las obligaciones y cargas procesales que le asisten como interesada en llevar su conflicto ante la jurisdicción, pese al requerimiento efectuado.

Sostuvo que, frente al debido agotamiento del requisito de procedibilidad, no se desconoce que se aportó el acta de la diligencia de conciliación extrajudicial del 23 de marzo de 2021, la cual fue declarada f allida. Sin embargo, el tribunal resolvió no tener como subsanado ese requisito toda vez que de su contenido no era posible determinar que dicha diligencia se hubiese adelantado con ocasión deDemandante: Medicarte S.A.S Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro

era posible determinar que dicha diligencia se hubiese adelantado con ocasión deDemandante: Medicarte S.A.S Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00299-01

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los actos administrativos demandados, en tanto no fueron indivi dualizados en los términos del numeral 1.° del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021.

Explicó que tal conclusión resulta ajustada a derecho, no porque se estén imponiendo cargas adicionales o distintas a las establecidas en la ley, sino porque debe quedar plenamente identificado que la audiencia de conciliación celebrada hubiere sido con ocasión de las mismas pretensiones llevadas ante el juez contencioso, lo cual, en el caso concreto, no se presentó.

Concluyó que el Trib unal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A no incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto alegado, debido a que la providencia acusada fue proferida conforme a las normas procesales vigentes y aquella se apoyó en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar la interpretación que consideró más ajustada al caso concreto, bajo el principio de autonomía judicial.

7. Impugnación

Por escrito radicado oportunamente 3, la parte demandante impugnó el prov eído de primera instancia en los siguientes términos:

concreto, bajo el principio de autonomía judicial.

7. Impugnación

Por escrito radicado oportunamente 3, la parte demandante impugnó el prov eído de primera instancia en los siguientes términos:

Reiteró que las autoridades judiciales demandadas sí incurrieron en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al apegarse de manera estricta a las reglas procedimentales, lo que trae como consecuencia la obstrucción de la garantía constitucional de acceso a la administración de justicia y al principio de supremacía del derecho sustancial sobre el procesal.

Señaló que el defecto se presentó porque se solicitó i) la constancia de notificación de las resoluciones demandadas y ii) la constancia de no acuerdo de la conciliación.

Sostuvo que en relación con la copia de los actos acusados y su constancia de notificación, el juez constitucional de primera instancia realizó una interpretación errónea de los fundamentos fácticos y jurídicos de la providencia atacada, toda vez que es claro que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda porque no se aportó un anexo en el que se determinara la fecha de notificació n de las resoluciones demandadas, pero se desconoció que fue un error al adjuntar los documentos y se aportó con el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto.

3 El recurso fue interpuesto el 17 de marzo de 2023 y la s entencia de primera inst ancia fue notificada el 14 del mismo mes y año.Demandante: Medicarte S.A.S Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro

notificada el 14 del mismo mes y año.Demandante: Medicarte S.A.S Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00299-01

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Indicó que con esa decisión se evidenció la vulneración al principio de prima cía del derecho sustancial sobre el procesal ya que el despacho cuenta con las herramientas necesarias para constatar la fecha de notificación de los actos demandados, esto porque, una vez notificada la admisión de la demanda la entidad accionada tiene la obligación de aportar el expediente administrativo donde constará la correspondiente constancia.

Explicó que, frente a la certificación de no acuerdo de la conciliación, también se incurrió en el defecto alegado toda vez que lo que debe acreditarse es el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la realización de la audiencia de conciliación, lo cual se encuentra demostrada con el acta de conciliación proferida por la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del CPACA.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia , de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y con el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

2591 de 1991, Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y con el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

Es del caso pronunciarse sobre la manifestación de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el Instituto Nacional de Alimentos y Medicamentos

– INVIMA-.

Para la Sala esa petición debe negarse porque la vinculación de esa entidad al presente trámite judicial se hizo con ocasión de su mención como parte demandada en el trámite iniciado por la sociedad demandante en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se profirieron las providencias atacadas.

Por otro lado, es importante precisar que, si bien la sociedad demandante afirmó que la demanda de acción de tutela se incoaba en contra de la s p rovidencias dictadas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Subsección A de la Sección Primera d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el desarrollo de esta sentencia se limitará al estudio del auto de segunda instancia, puesto que fue el que puso fin al proceso.Demandante: Medicarte S.A.S Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00299-01

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3. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, de conformidad con los argumentos planteados en el escrito de impugnación, hay lugar a confirmar, modificar o

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3. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, de conformidad con los argumentos planteados en el escrito de impugnación, hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo de primera inst ancia proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la acción de tutela al considerar que no se incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

Para ello deberá determinarse si la demanda cumple los requisitos adjetivos de procedibilidad y, en caso afirmativo, analizar si la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A vulneró los derechos fundamentales de la sociedad Medicarte S.A.S. al rechazar la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decision es judiciales; ii) el fondo del reclamo.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Conten