CE - 110010315000202300301011SENTENCIACONFIRMAL20230427143207

Demandante: Leonardo Fabio Bolívar Marín Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00301-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00301-01

Demandante: LEONARDO FABIO BOLÍVAR MARÍN

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN

B

Tema: Tutela contra providencia judicial – Defecto fáctico – Requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte demandante contra el fallo proferido por la Sección Primera de esta corporación que decidió:

“PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Leonardo Fabio Bolívar Marín, según lo explicado en precedencia.

(…)”

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

El señor Leonardo Fabio Bolívar Marín , en nombre propio, ejerció acción de tutela 1

(…)”

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

El señor Leonardo Fabio Bolívar Marín , en nombre propio, ejerció acción de tutela 1 con el fin de obtener la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo, garantías que estimó vulneradas con ocasión de la sentencia del 28 de julio de 2022 , proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual se revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Risaralda que había accedido a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las denegó.

1 La acción de tutela se presentó a través de la aplicación de tutelas en línea de la Rama Judicial el 24 de enero de 2023.Demandante: Leonardo Fabio Bolívar Marín Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00301-01

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Estas decisiones se present aron en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , con radicado número 66001-23-33-000-2014-0040900/02.

En consecuencia, el demandante solicitó:

“Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas respetuosamente solicito al Señor Juez con el fin de que se protegiera su derecho fundamental al debido proceso, igualdad, al trabajo y a la primacía de la realidad sobre las formas; se dejé sin efectos la

expuestas respetuosamente solicito al Señor Juez con el fin de que se protegiera su derecho fundamental al debido proceso, igualdad, al trabajo y a la primacía de la realidad sobre las formas; se dejé sin efectos la sentencia proferida por el Consejo de Estado en su Sección segunda – el 25 de agosto de 2022, notificado por correo electrónico el 16 de noviembre de

2022. Y en su lugar, dicten una n ueva sentencia de acuerdo a derecho, en el cual se reconozca la existencia del contrato realidad en el periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2005 hasta el 10 de abril de 2014, reconociendo las demás súplicas de la demanda.” 2

La solicitud tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Adujo que prestó sus servicios como instrumentador quirúrgico en el área de consulta externa del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas E.S.E., desde el 1° de noviembre de 2010 hasta el 31 de marzo de 2016.

Sostuvo que la labor realizada se ejecutó según las instrucciones y bajo el control exclusivo del gerente y la coordinadora de consulta externa, quienes impartían las directrices para sus actividades.

Indicó que su vinculación era a través de contratos de prest ación de servicios firmados con diferentes cooperativas de trabajo asociado como Empacamos S.A., Consorcio Servi -Salud, Centro de Empleos Temporales de Colombia S.A.S., SERSALUD UT, Multifuncional de Servicios Profesionales, Coomultiserpro CTA y Servitemporales.

Precisó que los servicios laborales fueron prestados de manera personal, bajo continua subordinación y dependencia, con horarios de trabajo de turnos de 8 horas

Servitemporales.

Precisó que los servicios laborales fueron prestados de manera personal, bajo continua subordinación y dependencia, con horarios de trabajo de turnos de 8 horas todos los días de la semana y las labores se cumplían en las mismas condiciones que los servidores de planta, y por ellas recibía una contraprestación.

Añadió que, en atención a la configuración de los elementos del vínculo laboral , interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la E.S. E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas para que se

2 Se realiza la transcripción literal, puede contener errores.Demandante: Leonardo Fabio Bolívar Marín Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00301-01

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declarara la existencia del contrato realidad y, en consecuencia, se reconociera y pagaran los salarios y demás acreencias dejadas de percibir.

Sostuvo que el proceso le correspondió en primera instanci a al Tribunal Administrativo de Risaralda y se le asignó el n úmero de radicación 66001-23-33000-2014-00409-00.

Precisó que la autoridad judicial mencionada dictó sentencia el 31 de mayo de 2021, providencia en la cual se accedió a las pretensiones de la demanda bajo el entendido de que se encontraron acreditados los elementos constitutivos de la relación laboral y, en consecuencia, el derecho al pago de prestaciones sociales a su favor.

2021, providencia en la cual se accedió a las pretensiones de la demanda bajo el entendido de que se encontraron acreditados los elementos constitutivos de la relación laboral y, en consecuencia, el derecho al pago de prestaciones sociales a su favor.

Añadió que las partes interpusieron los correspondientes recursos de apelación, los cuales fueron tramitados por el la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado , autoridad judicial que , con fallo del 28 de julio de 2022 , revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar negó las súplicas de la demanda.

El ad quem señaló:

“(…)

58. Ahora bien, en cuanto a la “subordinación continuada y dependencia del trabajador”, se observa en el proceso que no se aportaron medios probatorios con los que se certificara que el actor estaba sometido a las reglas labor ales de la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, por cuanto hay ausencia de la facultad para imponer cantidad de trabajo, horario, aplicación de reglamentos, poder disciplinario, continuidad, llamados de atención y órdenes, circunstancias estas propias a dicho requisito.

59. De otra parte, tampoco se aportó información de cargo similar en la planta de la ESE – demandada, no se acreditó sus funciones, por lo que es imposible determinar si en este caso se estuvo ante la ejecución de una labor en igualdad de condiciones a las de un funcionario de planta.

60. Y es que de acuerdo a los criterios desarrollados por la Corte Constitucional en la Sentencia C171 de 2011, el presente caso no contiene los criterios de “igualdad” en cuanto no se probó que las fu nciones

60. Y es que de acuerdo a los criterios desarrollados por la Corte Constitucional en la Sentencia C171 de 2011, el presente caso no contiene los criterios de “igualdad” en cuanto no se probó que las fu nciones desempeñadas por el actor se ejecutaron en igualdad de condiciones a las de instrumentador quirúrgico de planta, ni como se señaló con “criterio de continuidad” entre los contratos, por demás frente al cumplimiento de un horario, bajo el criterio “temporal o de habitualidad”, ello no fue probado y al tener que realizarse las actividades propuestas dentro del periodo de atención de la ESE Hospital solo revela, obedeció al desarrollo eficiente de la actividad encomendada. Se aclara en mayor medida este panorama con lo expuesto por esta Sala en pronunciamiento del 31 de mayo de 2016, en donde el tema del contrato realidad y la subordinación fueron ampliamenteDemandante: Leonardo Fabio Bolívar Marín Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00301-01

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desarrollados, de tal forma, la Subsección “B” en ese entonces resolvió:

(…)

61. En todo caso la totalidad del acervo probatorio solo consigue demostrar el vínculo contractual entre las Cooperativas y la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas de una parte; y en algunos casos del actor con las Cooperativas, de otra parte, más no es posible estab lecer ningún tipo de

el vínculo contractual entre las Cooperativas y la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas de una parte; y en algunos casos del actor con las Cooperativas, de otra parte, más no es posible estab lecer ningún tipo de relación laboral entre el Hospital y el actor, que es lo que se pretende probar, pues la documental no da cuenta de su existencia, y el plenario carece de tales medios probatorios que dieran certeza de manera precisa y diáfana de aplicación de reglamentos, poder disciplinario, llamados de atención y órdenes impartidas de manera unilateral por parte del personal directivo de la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y que permitiesen determinar que la labor desarrollada por el actor f uere de manera subordinada.

62. De este modo no demostró que a través de su vinculación con las diferentes empresas de servicios temporales se desdibujaran las características propias de este tipo de vínculo, circunstancia está, que conlleva a que no se e ncuentre probada la configuración de una relación laboral que soporte la declaratoria de nulidad del acto administrativo acusado.

(…)”

3. Sustento de la petición

A juicio de la parte actora , la sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia al revocar la providencia del Tribunal Administrativo de Risaralda que declaró la nulidad de los actos demandados y reconoció la existencia de un vínculo laboral entre él y la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.

Sostuvo que la demanda cumple los requisitos generales pues no ataca una

demandados y reconoció la existencia de un vínculo laboral entre él y la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.

Sostuvo que la demanda cumple los requisitos generales pues no ataca una decisión dictada en un proceso de acción de tutela, se interpuso en un término razonable y no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial.

Indicó que también se cumple el requisito adjetivo de relevancia constitucional ya que se debate un derecho fundamental atacado por la autoridad judicial demandada al proferir decisiones judiciales que c ontrarían las garantías constitucionales.

Señaló que en el proceso judicial ordinario se demostró el cumplimiento de los requisitos necesarios para acreditar la relación laboral.Demandante: Leonardo Fabio Bolívar Marín Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00301-01

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Explicó que la subordinación o dependencia del trabajador constituye un el emento determinante que se compone de la exigencia al empleado del cumplimiento de órdenes, imponerle jornadas y horarios, cantidad de trabajo, el obedecer protocolos de la organización y someterlo a su poder disciplinario.

Afirmó que este elemento se co nsolida con la indicación del lugar de trabajo, el horario de labores, la dirección y el control efectivo de las actividades a ejecutar y que estas correspondan a las que tenían asignadas los servidores de planta.

Aseguró que en el proceso contencioso adm inistrativo se acreditó en debida forma

horario de labores, la dirección y el control efectivo de las actividades a ejecutar y que estas correspondan a las que tenían asignadas los servidores de planta.

Aseguró que en el proceso contencioso adm inistrativo se acreditó en debida forma que sus labores se desempeñaban en la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas como instrumentador quirúrgico y se le asignaron turnos de 6 a 12 horas diarias, de conformidad con el cuadro de turnos realizado por el jefe de servicios y que en la entidad no había otro instrumentador quirúrgico.

Expuso que también se demostró que se cumplía horario y la dirección y control de la ejecución de la actividad era inherente y necesaria de conformidad con la naturaleza de la función.

Advirtió que todo esto se probó con las declaraciones rendidas por Paula Katherine Ossa Pardo, Francisco Javier Salazar, María Ermida Cardona y Martha Benjumea.

Añadió que, en caso de incertidumbre en el proceso, el juez debe develar la verd ad a través del principio de la carga de la prueba y a los poderes de instrucción para esclarecer las dudas que afecten la decisión.

Reiteró que el objeto de la actividad probatoria en el proceso judicial es superar el estado de incertidumbre y, de ser ne cesario, el juez debe decretar y practicar pruebas de oficio.

Aclaró que, el defecto en el que incurrió la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado fue el procedimental que se materializó cuando la autoridad judicial basó su decisión en u na norma que no era aplicable al caso o dejó de aplicar una que evidentemente si lo era o realiza una interpretación que contraría

Consejo de Estado fue el procedimental que se materializó cuando la autoridad judicial basó su decisión en u na norma que no era aplicable al caso o dejó de aplicar una que evidentemente si lo era o realiza una interpretación que contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica. Esto porque, al analizar las pruebas aportadas, era claro que se demostró q ue prestó sus servicios de manera personal, subordinada y recibía una contraprestación como pago de sus servicios.

4. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 26 de enero de 2023 , el magistrado ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar esa decisión a los magistrados que integran la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como parte demandada.Demandante: Leonardo Fabio Bolívar Marín Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00301-01

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Además, vinculó al Tribunal Administrativo de Risaralda y a la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas como terceros con interés.

5. Contestaciones e intervenciones

5.1. E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas

Mediante apoderado judicial, la empresa socia del Estado rindió el informe solicitado en los siguientes términos:

Manifestó que se oponía a todas las pretensiones porque dentro del proceso

Mediante apoderado judicial, la empresa socia del Estado rindió el informe solicitado en los siguientes términos:

Manifestó que se oponía a todas las pretensiones porque dentro del proceso contencioso administrativo 66001 -23-33-000-2014-00409-02 no se evidenció un error u omisión en el juicio valorativo, o que el juez haya valorado de manera arbitraria, irracional o caprichosa las pruebas aportadas al proceso y que, por el contrario, el fallo fue sustentado en criterios objetivos, en la totalidad de las pruebas allegadas y con base en el principio de la sana crítica, la ley y la Constitución.

Expuso que la acción de tutela no es el mecanismo previsto para propiciar una instancia adicional en el proceso ordinario cuando queda inconforme con la solución definitiva otorgada por las autoridades judiciales.

5.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda y l a Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Pese a haber sido debidamente notificados, guardaron silencio3.

6. Sentencia de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 3 de marzo de 2023, declaró improcedente la acción de tutela con base en el siguiente análisis:

Señaló que el concepto de relevancia constitucional persigue tres finalidades, a saber: i) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, ii) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las demás jurisdicciones y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para dirimir asuntos de mera legalidad e iii) impedir que

constitucional que afecten los derechos fundamentales, ii) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las demás jurisdicciones y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para dirimir asuntos de mera legalidad e iii) impedir que la solicitud de amparo se convierta e n una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Explicó que, respecto del tercer aspecto, la Corte Constitucional ha aclarado que este mecanismo judicial no es un juicio de corrección respecto del fallo

3 Las notificaciones pueden revisar se en el índice 7 del siguiente vínculo electrónico: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000 202300301001100103Demandante: Leonardo Fabio Bolívar Marín Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00301-01

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cuestionado. Entonces, en los casos en que el interesado controvierte la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de normas de carácter legal, resulta evidente que la acción de tutela está siendo utilizada para reabrir el debate y no se cumple el requisito de relevancia constitucional.

Consideró que en el caso en estudio la demanda busca que el juez constitucional

resulta evidente que la acción de tutela está siendo utilizada para reabrir el debate y no se cumple el requisito de relevancia constitucional.

Consideró que en el caso en estudio la demanda busca que el juez constitucional nuevamente abra el debate que surtió su proceso ante las autoridades judiciales del trámite contencioso administrativo, en virtud de las inconformidades planteadas en relación con la valoración que se hizo sobre el acervo probatorio frente a la demostración del contrato realidad, aspectos sobre los cuales ya existe un pronunciamiento.

7. Impugnación

Por escrito radicado oportunamente 4, la parte demandante impugnó el proveído de primera instancia en los siguientes términos:

Reiteró que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto fáctico al desestimar las pruebas testimoniales y el interrogatorio de parte bajo la errada tesis de que no existía prueba documental suficiente, pese a que los medios de convicción aportados eran conducentes, oportunos y necesarios y pretendían acreditar que se cumplía un horario, se recibían órdenes, se le impartían capacitaciones, tenía jefes inmediatos, debía pedir permiso para ausentarse, le entregaban herramientas para re alizar su actividad y tenía compañeros de trabajo que realizaban las mismas funciones pero eran parte de la planta de personal.

Indicó que también se incurrió en un defecto sustantivo por cuanto no se tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial en el que el Consejo de Estado ha explicado que dada la naturaleza del cargo de instrumentador quirúrgico, es posible concluir que esta función no puede ser desarrollada de forma autónoma y que requiere que otros definan el lugar y el horario en el que se presenten sus servicios.

que dada la naturaleza del cargo de instrumentador quirúrgico, es posible concluir que esta función no puede ser desarrollada de forma autónoma y que requiere que otros definan el lugar y el horario en el que se presenten sus servicios.

Sostuvo que se desconoció la sentencia de unificación del 30 de octubre de 2020 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, puesto que en el fallo atacado se concluyó que la imposición de turnos, la entrega de herramientas para realizar sus actividades, la existencia de un cargo en la planta de personal con iguales funciones y el pago regular, periódico y mensual eran elementos propios de la coordinación y no de la subordinación.

4 El recurso fue interpuesto el 16 de marzo de 2023 y la sentencia de primera instancia fue notificada el 13 del mismo mes y año.Demandante: Leonardo Fabio Bolívar Marín Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00301-01

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Explicó que sí se cumple con la relevancia constitucional porque la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos señalados y dejó de analizar en conjunto el material probatorio allegado al plenario y, a su vez, no tuvo en cuenta la jurisprudencia proferida y aplicable al caso en estudio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y con el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

Para esta Sección es necesario precisar que, con el escrito de impugnación, el demandante incluyó defectos nuevos que no fueron planteados en l a demanda. Esto es, que solo después del fallo constitucional de primera instancia, el señor Bolívar Marín alegó que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado desconoció una sentencia de unificación dictada por esta corporación el 30 de octubre de 2020.

Frente a este asunto, es necesario precisar que no es posible hacer el estudio de dichos argumentos toda vez que, al no haber sido presentados al inicio del trámite constitucional, su análisis en este estado del proceso vulneraría el derec ho fundamental al debido proceso de la parte demandada y de los vinculados.

En consecuencia, solo se enmarcará el estudio del caso a la presunta indebida valoración de las pruebas allegadas al proceso , el cual, si bien fue denominado por el actor como un defecto procedimental, la Sala lo adecúa a un defecto fáctico.

3. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, de conformidad con los argumentos planteados en el escrito de impugnación, hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado

Corresponde en este caso determinar si, de conformidad con los argumentos planteados en el escrito de impugnación, hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo por no cumplirse el requisito de la relevancia constitucional.

Para ello deberá determinarse si la sentencia dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulner ó los derechos fundamentales del señor Leonardo Fabio Bolívar Marín al no declarar la existencia de la relación laboral entre este y la empresa social del Estado Hospital Santa Mónica de

Dosquebradas.Demandante: Leonardo Fabio Bolívar Marín Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00301-01

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Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y , finalmente, de encontrarse superados se analizará, iii) el fondo del reclamo.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20125, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 6, y en ella concluyó:

20125, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 6, y en ella concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tu tela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias jud iciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”7 (Negrilla fuera de texto).

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental , observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados ha sta el momento jurisprudencialmente …”. En efecto, sabido es que la tutela es un

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados ha sta el momento jurisprudencialmente …”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constituci onal contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

5 Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutelaImportancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González. 6 El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 7 Ibídem.Demandante: Leonardo Fabio Bolívar Marín Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00301-01

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La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia 8 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos

cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; iii) inmediatez y iv) relevancia constitucional.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constit ucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

4.1. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

El a quo declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

4.1. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

El a quo declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Leonardo Fabio Bolívar Marín , en tanto consideró que no se cumplió con el requisito de relevancia constitucion al al evidenciar que los argumentos expuestos por el demandante buscaban reabrir el debate definitivamente definido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 28 d