CE - 110010315000202300352011SENTENCIA20230427154919

Demandantes: Francisco Alberto Orrego Gil y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2023-00352-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Radicación N.º: 11001-03-15-000-2023-00352-01

Demandantes: FRANCISCO ALBERTO ORREGO GIL Y OTROS

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA

PRIMERA DE DECISIÓN

Temas:

Tutela contra providencia judicial – relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 22 de febrero de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B mediante la cual se negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 26 de enero de 2023 al buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, los señores Francisco Alberto Orrego Gil, David Alexander Orrego Restrepo, Yesid Alberto Orrego Restrepo y

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 26 de enero de 2023 al buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, los señores Francisco Alberto Orrego Gil, David Alexander Orrego Restrepo, Yesid Alberto Orrego Restrepo y Gladis Estela Restrepo Ríos1, por medio de apoderado judicial, ejercieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad y no discriminación, de acceso a la justicia y al debido proceso.

2. Los accionantes consideraron vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del 21 de ju lio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión que revocó la providencia del 29 de julio de 2016, a través de la cual el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda para, en su lugar, negarlas.

3. Esto, al interior del proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33024-2013-01237-00/02, interpuesto por la parte actora contra la Nación – Rama

1 Quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hija Geidy Yohanna Orrego

Restrepo.Demandante: Francisco Alberto Orrego Gil y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2023-00352-01

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Rad: 11001-03-15-000-2023-00352-01

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Judicial, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC2.

1.2. Pretensión

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:

se deje sin efectos la sentencia de Segunda Instancia proferida por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA PRIMERA DE DECISIÓN y se deje en firme la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Medellín.

Subsidiariamente, En caso de no proceder la segunda pretensión, se le solicita al Honorable Consejo de Estado, que ordene al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA PRIMERA DE DECISIÓN que profiera una providencia que reemplace la sentencia proferida el veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022), y para ello, que se indique unos c riterios que deba tener el fallador que garantice los derechos fundamentales invocados por los actores.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

1.3.1. Del proceso penal

por los actores.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

1.3.1. Del proceso penal

5. El 9 de marzo de 2011, el señor Orrego Gil se encontraba reunido con otras personas ingiriendo licor en un establecimiento de comercio del municipio de El Santuario (Antioquia). Entre ellos estaba el entonces menor Carlos Du ván Alzate Cárdenas, quien para el momento tenía 15 años.

6. A las 00:35 del 10 de marzo del mismo año, en vía públic a cerca del parque central de tal municipio, agentes de policía sorprendieron al señor Orrego Gil mientras realizaba actos sexuales con el menor Alzate Cárdenas. Ambos estaban en evidente estado de embriaguez. Dichos miembros de la fuerza pública acudieron al lugar en atención al llamado de algunos ciudadanos que denunciaron un caso de presunto abuso sexual. Por tanto, aquel fue capturado.

7. El 10 de marzo de 2011, el Juzgado Promiscuo Municipal del Circuito Judicial de El Santuario con Función de Control de Garantías llevó a cabo la audiencia concentrada en la que se legalizó la captura del señor Orrego Gil, le impuso medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario y le

2 De ahora en adelante, INPEC.Demandante: Francisco Alberto Orrego Gil y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2023-00352-01

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2 De ahora en adelante, INPEC.Demandante: Francisco Alberto Orrego Gil y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2023-00352-01

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imputó la conducta punible de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.

8. Mediante sentencia del 15 de septiembre de 20 11, el Juzgado Penal del Circuito Judicial de El Santuario con Funci ones de Conocimiento accedió a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de aplicar el artículo 442 de la Ley 906 de 2004, al encontrar que los hechos que dieron lugar a la investigación eran atípicos. Como consecuencia de ello, absolvió al procesado de todos los cargos.

9. Por tanto, el señor Orrego Gil estuvo privado de la libertad entre el 16 de marzo de 2011 y el 16 de septiembre del mismo año.

1.3.2. Del proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo

10. Con ocasión de lo anterior, el señor Orrego Gil, junto con su núcleo familiar3 instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial, el Ministerio de Defensa Nacional , Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el INPEC , con el objeto de que se declarara su responsabilidad administrativa por los perjuicios ocasionados.

11. Los demandantes sostuvieron que el daño alegado fue ocasionado por la

Fiscalía General de la Nación y el INPEC , con el objeto de que se declarara su responsabilidad administrativa por los perjuicios ocasionados.

11. Los demandantes sostuvieron que el daño alegado fue ocasionado por la privación injusta de la libertad del señor Francisco Alberto Orrego Gil, debido a que la justicia penal lo absolvió de los cargos que le fueron imputados al considerar que su conducta no constituía delito alguno. Por tanto, arguyeron que en el caso estudiado debía aplicarse el régimen de responsabilidad objetiva.

12. A su vez, a dujeron que, durante el período de reclusión, el procesado “fue víctima del abandono estatal, al punto de haberse visto sometido a unas condiciones miserables de reclusión y a la constante violación de los derechos humanos por parte del Estado”.

13. Mediante sentencia del 29 de julio de 20 16, el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda . Bajo el títul o objetivo de daño especial, argumentó que el señor Orrego Gil no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le ocasionó, por lo que este menoscabo era antijurídico . Esto determinaba la consecuente obligación de la administración de resarcir a dicha persona, con independencia que la actuación del aparato jurisdiccional haya sido ajustada o contraria a derecho. Por tanto, condenó a la Nación – Rama Judicial ya la Fiscalía General de la Nación al pago de los perjuicios ocasionados.

14. Tanto la parte demandante como la demandada apelaron la decisión. Por

contraria a derecho. Por tanto, condenó a la Nación – Rama Judicial ya la Fiscalía General de la Nación al pago de los perjuicios ocasionados.

14. Tanto la parte demandante como la demandada apelaron la decisión. Por medio de sentencia del 21 de julio de 2022, la Sala Primera de Decisión del Tribunal

3 Quienes fungen como accionantes en el presente trámite constitucional.Demandante: Francisco Alberto Orrego Gil y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2023-00352-01

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Administrativo de Antioquia revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones del medio de control. Con fundamento en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, concluyó que:

I. El título de imputación preferente en materia de privación de la libertad es el de la falla del servicio, mientras que los criterios de imputación objetivos son residuales.

II. El artículo 90 constitucional no define el título de imputación p ara atribuir responsabilidad al Estado por privación de la libertad, lo que supone que en cada caso se debe verificar si dicha carga que soportó la víctima fue proporcionada y razonada. De tal forma, únicamente en los eventos en los que no se cumpla con ello, se entiende que la privación fue injusta.

15. Aplicó la metodología propuesta por la Corte Constitucional mediante las sentencias referenciadas previamente para los casos en los que se estudie la

que no se cumpla con ello, se entiende que la privación fue injusta.

15. Aplicó la metodología propuesta por la Corte Constitucional mediante las sentencias referenciadas previamente para los casos en los que se estudie la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad . A su vez, citó un apartado de un fallo del 11 de octubre de 2021, proferida por la Sección Tercera ,

Subsección B del Consejo de Estado.4

16. Estableció que en el asunto estudiado se configuró la culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad del Estado. Ello, a partir de la sentencia del 13 de julio de 2017 de la Sección Tercera, Subsección B del

Consejo de Estado5, que establece que:

cuando se analiza la conducta de la víctima en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, no se está haciendo un reproche de la culpabilidad de ella como un elemento del tipo penal, sino que se está analizando su actuación, desde la noción de culpa, la que sí es grav e o dolosa, exclusiva o excluyente bajo la óptica del artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dará lugar a la exoneración de la entidad, empero, si incide junto con la actuación de la administración en el daño, dará lugar a la disminución de indemnización.

Desde esta perspectiva, es relevante recordar que se ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil.

17. De tal forma, consideró que, según el material probatorio obrante en e l

cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil.

17. De tal forma, consideró que, según el material probatorio obrante en e l expediente, la conducta del señor Orrego Gil “fue lo que determinó el despliegue del aparato judicial y policial, que finalmente concluyó en la privación de la libertad de este”. Encontró probado que el entonces procesado:

estuvo consumiendo licor con un menor de edad, a sabiendas que esto estaba prohibido, es decir, el consumo de licor con menores, a lo que se agrega que

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 11.10.21. M.P. Fredy Ibarra Martínez. Exp.: 05001-23-31-000-2012-00327-01. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 13.07.17. M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Exp.: 10001-23-31-000-2007-00262-01.Demandante: Francisco Alberto Orrego Gil y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2023-00352-01

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según el “Protocolo del informe pericial integral en la investigación del delito sexual”, realizado al menor Carlos Duván Alzate Cárdenas, el “paciente refiere

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según el “Protocolo del informe pericial integral en la investigación del delito sexual”, realizado al menor Carlos Duván Alzate Cárdenas, el “paciente refiere que estaba en la plaza bebiendo licor y este señor lo iba a acompañar a su casa y lo invitó (el señor al paciente) a tomar más y el paciente no recuerda más”, de donde, con fundamento en este informe pericial, se puede advertir que el señor Orrego Gil sí invitó al menor a consumir más licor.

18. Arguyó que otro aspecto que posibilitó inferir la culpa grave del accionante, se sustrae de lo considerado en la sentencia absolutoria, pues allí se afirmó que el actuar de los agentes de policía y las autoridades judiciales estuvo motivada “al haber observado al acusado y a la víctima en prácticas eróticas cuando se

encontraban sentados en la acera de la calle frente a un establecimiento público”. En tal sentido, concluyó lo siguiente:

(…) no se puede predicar una conducta prudente de una persona de 48 años que, además de ser padre de tres hijos y tener una familia, ejecuta prácticas sexuales con menor de quince años en un lugar público y a altas horas de la noche, menor que estaba en total estado de embriaguez y, debido a ese estado, posiblemente en incapacidad de decidir si consentía en los actos por los cuales se le privó de la libertad al señor Orrego Gil.

De este modo, aunque se haya proferido sentencia penal absolutoria en favor del señor Francisco Alberto Orrego Gil, la cual no es objeto de debate en sede del proceso contencioso administrativo, para la Sala es notorio que el actuar del señor Francisco Orrego Gil fue negligente y conllevó a la configuración del daño

del señor Francisco Alberto Orrego Gil, la cual no es objeto de debate en sede del proceso contencioso administrativo, para la Sala es notorio que el actuar del señor Francisco Orrego Gil fue negligente y conllevó a la configuración del daño ahora alegado por él, motivo por el cual (…) no es posible predicar u na responsabilidad a cargo del Estado, en la medida en que el demandante actuó con culpa grave según lo ya explicado.

19. El fallo de segunda instancia fue notificado el 26 de julio de 2022 por medio de correo electrónico.

1.4. Sustento de la vulneración

20. La parte actora expuso que el Tribunal Administrativo de Antioquia, al revocar la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín y negar las pretensiones de la demanda de reparación directa, incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

21. Con respecto al defecto fáctico, señaló que la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión en pruebas “que valoró de manera errónea y prejuiciosa, porque lo hizo valorando la conducta que originó la investigación apartándose del precedente y convirtiéndose en un juez penal”. Puso de presente que interpretó indebidamente “la minuta de la estación de policía de Santuario, el protocolo del informe pericial integral en la investigación de delitos sexuales, acta de seguimiento al caso del menor”. Añadió que la conclusión a la que llegó el tribunal “no fue lo que quedó demostrado dentro del proceso penal y tomó la sentencia penal para llegar a conclusiones diferentes”.Demandante: Francisco Alberto Orrego Gil y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión

quedó demostrado dentro del proceso penal y tomó la sentencia penal para llegar a conclusiones diferentes”.Demandante: Francisco Alberto Orrego Gil y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2023-00352-01

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22. En tal sentido, adujo que la demandada actuó como juez penal y llevó a cabo “unas inferencias contrarias a lo establecido en el proceso penal, para concluir que la culpa exclusiva de la víctima se debió a que no actuó como buen padre de familia en su órbita privada”.

23. Consideró que mediante el testimonio del señor Jaime Cardona López en el proceso penal, se “desmintió que el joven tuviese los pantalones y su ropa interior debajo de los glúteos”. También afirmó que en dicho trámite, mediante el testimonio de la víctima se probó “que quien le dio licor fue su tío Vidal, el señor Orrego Gil nunca le dio un trago ni lo invitó”. No obstante, dijo que no era cierto lo señalado por aquel con respecto a que él se quedó solo con el accionante, pues se acreditó que del lugar en el que estaban “salieron todos juntos”. Agregó que el tribunal:

No apreció que la sentencia exonera de responsabilidad porque el hecho endilgado no existió, porque el mayor nunca planeó ni puso al menor en incapacidad de resistir y el mayor estaba tan borracho que no tenía capacidad para actuar premeditadamente y el examen y testimonios demostraron que no hubo acto alguno reprochable.

endilgado no existió, porque el mayor nunca planeó ni puso al menor en incapacidad de resistir y el mayor estaba tan borracho que no tenía capacidad para actuar premeditadamente y el examen y testimonios demostraron que no hubo acto alguno reprochable.

24. Indicó que no se tomaron en consideración las declaraciones de la médica, la psicóloga, de los señores Jaime Cardona López, Yeison Nectalí Giraldo Taborda, Gladis Estela Restrepo Ríos, Juan Leonardo Zuluaga , Manuel Salvador Ciro Zuluaga y del joven Carlos Duván Alzate. Señaló que tales pruebas desvirtuaban la culpa exclusiva de la víctima y su debida valoración hubiera permitido cambiar el

sentido del fallo al concluirse de ellas:

“que no existieron actos sexuales, se trataba de dos personas dormidas en estado de embriaguez , tampoco el señor Orrego Gil le dio bebidas embriagantes al menor de edad, adicionalmente, no se evidenciaron lesiones genitales y el menor se encontraba consciente al momento de los hechos”.

25. En relación con el cargo por desconocimiento del precedente, señaló que la autoridad judicial desconoció la sentencia SU -363 de 2021 de la Corte Constitucional, mediante la cual se determinó que la culpa exclusiva de la víctima se configura por la conducta que esta despliega y que tuvo incidencia directa en la actuación penal – culpa procesal – y no por la conducta inicial que origina la investigación - culpa preprocesal –.

26. Expuso que el tribunal “se ocupó de la conducta preprocesal, con ello, invadió las competencias excluyentes del fallador penal”. Agregó que las pruebas valoradas

investigación - culpa preprocesal –.

26. Expuso que el tribunal “se ocupó de la conducta preprocesal, con ello, invadió las competencias excluyentes del fallador penal”. Agregó que las pruebas valoradas por dicho juez no se pudieron usar contra el imputado “ya que la fiscalía pidió absolución porque no pudo probar su teoría del caso”, lo que posibilitó que se dictara el fallo absolutorio.

27. Argumentó que no era posible que se configurara la culpa exclusiva de la víctima porque se co mprobó que la conducta estudiada en el proceso penal eraDemandante: Francisco Alberto Orrego Gil y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2023-00352-01

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atípica y no se encuadraba en el tipo penal de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir . Insistió en que la autoridad judicial demandada valoró indebidamente las pruebas que acreditaron que “ambos estaban en alto grado de embriaguez y estaban (…) en estado de incapacidad, al punto de que el señor Orrego Gil fue encontrado dormido en compañía del joven”.

28. Adujo que el tribunal no podía endilgarle un actuar neg ligente al accionante por no actuar “como un buen padre de familia porque le dio licor a un menor de edad, porque ello no fue cierto y quedó demostrado dentro del proceso penal. Esto, si se tenía en cuenta “que el joven fue allí por su propia cuenta en compañía de

por no actuar “como un buen padre de familia porque le dio licor a un menor de edad, porque ello no fue cierto y quedó demostrado dentro del proceso penal. Esto, si se tenía en cuenta “que el joven fue allí por su propia cuenta en compañía de amigos y llegó allí por invitación de un tío”. Agregó que el juez de segunda instancia tuvo que concluir que el señor Orrego Gil partió de la presuposición que se encontraba entre personas adultas, pues el entonces menor de edad “estaba en una cafetería pública, en la cual venden licor, donde la norma prohíbe la presencia de menores y exige que solo se puede vender licor a mayores de edad”.

29. Sostuvo que se desconoció el precedente en cuestión porque no se determinó si la medida de aseguramiento se justificaba o no, pues la demandada “simplemente argument ó que el actuar negligente justificó la acción de policía y judicial por la práctica sexual en lugar público y porque el señor Orrego Gil le dio licor a un menor” asunto que “se probó dentro del proceso penal que era falso”. En tal sentido, enfatizó en que se también desconoció las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de la Corte Constitucional y la del 11 de octubre del 2021 del Consejo de

Estado6. Al respecto, dijo lo siguiente:

La argumentación de la ratio decidendi de la sentencia administrativa, se disfraza de ap ariencia de buen derecho, pero genera revictimización institucional sobre el señor Francisco Alberto Orrego Gil y su familia, porque: hay una intromisión desproporcionada, irracional e injustificada en la vida privada del demandante y de su familia al expr esar que no se comportó como un buen padre de familia, pero además, está insinuando, que no sabe cómo su

hay una intromisión desproporcionada, irracional e injustificada en la vida privada del demandante y de su familia al expr esar que no se comportó como un buen padre de familia, pero además, está insinuando, que no sabe cómo su pareja y sus hijos se aguantan un hombre que supuestamente realiza prácticas sexuales con otro hombre menor de edad, generando con sus afirmaciones culpas y conflictos familiares innecesarios.

La decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Decisión, revictimiza, es prejuiciosa y discriminatoria porque con su fallo y afirmación da a entender que todo hombre que sea encontrado con otro hombre en prácticas sexuales públicas, merece ir a la cárcel, merece una medida de aseguramiento de privación de la libertad sin cumplimiento de requisitos legales y merece que desde la Policía hasta un juez de la república lo presuman culpable de un delito contra la libertad sexual y no merezca él ni su familia un mínimo de trato humano.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 11.10.21. M.P. Fredy Ibarra Martínez. Exp. 05001-23-31-000-2012-00327-01.Demandante: Francisco Alberto Orrego Gil y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2023-00352-01

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1.5. Admisión de la demanda

30. El magistrado ponente de la decisión de primera instancia, mediante auto del

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1.5. Admisión de la demanda

30. El magistrado ponente de la decisión de primera instancia, mediante auto del 30 de enero del 202 3: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Fiscalía General de la Nación, a la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, al M inisterio de Defensa Nacional – Policía Nacional, al INPEC y al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

31. Por medio de escrito enviado el 7 de febrero de 2023 al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, la entidad solicitó no acceder a las pretensiones formuladas por la parte actora, pues consideró que la tutela elevada era improcedente.

32. Sostuvo que no se advertía conducta alguna por parte del INPEC que se traduzca en una vulneración o puesta en peligro de los derechos fundamentales de los accionantes y agregó que la acción constitucional no cumplía con el requisito de subsidiariedad, toda vez que los demandantes no agotaron los recursos de los cuales disponían ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el trámite del medio de control de reparación directa en cuestión.

1.6.2. Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

33. Mediante memorial remitido el 8 de febrero de 2023, la autoridad solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo constitucional.

1.6.2. Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

33. Mediante memorial remitido el 8 de febrero de 2023, la autoridad solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo constitucional.

34. Adujo que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable o una amenaza inminente e injustificada que posibilite la intervención del juez constitucional para el estudio del caso y que, de tal forma, se acceda a lo pretendido mediante el amparo invocado. Agregó que lo anterior es evidente porque la controversia propuesta ya fue debatida y resuelta por medio de otras vías de protección jurisdiccional.

1.6.3. Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura

35. Por medio de escrito enviado el 8 de febrero de 2023 al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, la entidad vinculada solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela , toda vez que las consideraciones que fundamentaron la sentencia cuestionada se ajustaron a la postura juris prudencial desarrollada en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018.Demandante: Francisco Alberto Orrego Gil y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2023-00352-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

36. Lo anterior pues, conforme con dicho precedente, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria, no es suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial

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36. Lo anterior pues, conforme con dicho precedente, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria, no es suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, debido a que se debe determinar si la medida restrictiva de la libertad resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.

37. Adujo que, en re lación con el daño alegado, su componente material no deriva en que sea antijurídico ni contrario al sistema normativo, por lo que ello no puede dar lugar a adelantar el juicio de imputación de responsabilidad. Agregó que para el momento en que se solicitó y decretó la medida existían elementos probatorios suficientes que permitían establecer razonablemente la participación del señor Orrego Gil en el delito investigado. En tal sentido, concluyó que tal carga que padeció el entonces procesado fue idónea, necesaria y proporcional.

1.6.4. Fiscalía General de la Nación

38. Mediante memorial remitido el 9 de febrero de 2023 a la Secretaría General de esta Corporación, el ente investigador pidió que se declarara la improcedencia de la acción, puesto que no cumplió con los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, en específico, con la subsidiariedad.

39. Manifestó que no se comprobó la materialización de un perjuicio que vulnere de manera flagrante los derechos fundamentales invocados, pues no se desconoció el precedente jurisprudencial ni tampoco se demostró la configuración del defecto fáctico alegado.

de manera flagrante los derechos fundamentales invocados, pues no se desconoció el precedente jurisprudencial ni tampoco se demostró la configuración del defecto fáctico alegado.

1.6.5 Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.

40. Por medio de memorial allegado el 14 de febrero de 2023 a la Secretaría General del Consejo de Estado, la autoridad judicial se abstuvo de hacer un pronunciamiento frente a la acción constitucional presentada, toda vez que la vulneración alegada se formuló con respecto de la decisión proferida por el tribunal en segunda instancia y advirtió que, en cualquier caso, no se cumplieron los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial en el caso en concreto.

41. A pesar de haber sido debidamente notificado, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Dec