CE - 110010315000202300358011SENTENCIA20230410151514

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00358-01

Demandante: JUAN CARLOS MUÑOZ MONTOYA

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda de tutela pretende exten der el debate del proceso disciplinario sin que existan ra zones de orden constitucional que lo justifiquen; además, carece de carga argumentativa para fundar los cargos denunciados.

La Sala decide la impugna ción presentada por el demandante contra la sentencia proferida el 16 de febrero de 2023, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 26 de enero de 20231, el señor Juan Carlos Muñoz Montoya ejerció acción de tutela contra la Comisión Seccional de Disciplina J udicial (antes Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura ) del Va lle del Cauca y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , con el fin de que se am pararan sus derechos

tutela contra la Comisión Seccional de Disciplina J udicial (antes Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura ) del Va lle del Cauca y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , con el fin de que se am pararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , presuntamente vulnerados con las providencias proferidas, en su orden , el 4 de septiembre de 2019 y 2 de noviembr e de 2022, dictadas en el marco de un proceso disciplinario en contra del se ñor V íctor Guil lermo Conde Tamayo . Formuló las siguientes pretensiones:

1. Dejar sin efectos jurídicos las decisi ones de instancia, incluyendo, pero no limitada a, la s entencia de fecha 2 de noviembre de 20 22 proferida por la

Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

1 Se advierte que, el 16 de marzo de 2023, el pro ceso ingresó al despacho de la m agistrada ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00358-01

Demandante: Juan Carlos Muñoz Montoya Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2. Como con secuencia de lo anterior, se orde ne a la aut oridad judicial accionada que, en reemplazo de las decisiones que se dejen sin efectos, proceso a un nuevo pron unciamiento judicial que re suelva de fondo la controversia planteada en decisión definitiva de segunda instancia, conforme a derecho, y en el cual analice el comportamiento del denunciado a la luz del artículo 12 1 de la Constituc ión Política de Colombia, además de la debida

controversia planteada en decisión definitiva de segunda instancia, conforme a derecho, y en el cual analice el comportamiento del denunciado a la luz del artículo 12 1 de la Constituc ión Política de Colombia, además de la debida valoración de las pruebas recaudadas en la investigación disciplinaria.

3. Ord enar a esta s ala proferir un nuevo f allo que atienda a garan tizar el cumplimiento a cabalidad del artícul o 121 de la constitución Política de Colombia, el acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva de los deudores que se acojan a l régimen de insolvencia de persona natu ral no comerciante.

4. Ordenar a esta sala proferir un nuevo fallo que atienda los fundamentos fácticos pro bados dentro del proceso disciplinario ba jo el cual se profirió la decisión objeto de esta acción de tutela.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente digital se extraen los siguientes hechos:

El señor Juan Carlos Muñoz Montoya interpuso una queja discipli naria en contra del juez dé cimo c ivil municipal del circuito de Santiago de Cali , señor Víctor Guillermo Conde Tamayo, por supuestamente haber cometido prevaricato por acción, abuso de autoridad por acto arbitrario injusto, fraude p rocesal y fraude a resolución judicial, al interior de los procesos radicados N° 2018 -000816, 201900049 y 2017 -00639, por haber rechazado de plano el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante.

Mediante providencia del 4 de septiembre de 2019 , la Sala Jurisdiccion al

00049 y 2017 -00639, por haber rechazado de plano el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante.

Mediante providencia del 4 de septiembre de 2019 , la Sala Jurisdiccion al Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de l Valle del Cauca (hoy Comisión Seccional de Disciplina J udicial del Va lle del Cauca ) ordenó la terminación y archivo de la investi gación dis ciplinaria contra el señor Víct or Guillermo Conde Tamayo, en su calidad de juez décimo civil municipal de Santiago de Cal i, decisión que fue confirmada p or la Comisión Nac ional de Disciplina Judicial en auto del 2 de noviembre de 2022.

1.3. Argumentos de la tutela

Para la parte a ctora, en las providencias cuestionadas se incurrió en decisión sin motivación y violación directa de la Constitución, para lo cual manifestó lo siguiente:Radicación: 11001-03-15-000-2023-00358-01

Demandante: Juan Carlos Muñoz Montoya Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

1. Decisión sin motivación: Para decir que el funcionario denunciado no se apartó de las normas procedimentales que rigen la materia, e stas deben existir primeramente. En el caso objeto de tutela, es claro que el denunciado Juez 10 Civil Municipal de Cali se inventó caus ales de terminación de los procesos, por lo que la postur a asumida por los denunciados carece de fundamento.

2. Violación d irecta de la Constitución : con esta decisión, los accionados

procesos, por lo que la postur a asumida por los denunciados carece de fundamento.

2. Violación d irecta de la Constitución : con esta decisión, los accionados violaron de manera directa el art ículo 121 de la Constitución Política de Colombia, al justificar que el denunciado Juez 10 Civil Municipal realice actos que no se encuent ran expresamente per mitidos por la Constitución y las leyes.

De igual forma, en los antecedentes fácticos de la tutela, manifestó que los accionados no analizaron las pruebas aportadas bajo el princi pio de l a sana crítica, ni realizaron un adecuado análisis de las normas procedimentales sobre el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, de las cuales se podía inferir que no existía disposición alguna que le permitiera a un juez civil municipal rechazar de plano la apertura de trámites de liquidación patrimonial por «ausencia de bienes».

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 30 de enero de 2023 , el despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de E stado admitió la s olicitud de amparo y ordenó notificar a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la Comisión Seccio nal de Disciplina Judicial del Valle del Cauca , como parte demandada, y, en calidad de tercero con interés, al señor Víctor Guillermo Conde Tamayo, juez décimo civil municipal de Cali.

2.2. El señor Vícto r Guillermo Conde Tamayo como persona natural y en su calidad de titular del Juzgado Décimo Civil Municipal de Oralidad de Santiago de

Tamayo, juez décimo civil municipal de Cali.

2.2. El señor Vícto r Guillermo Conde Tamayo como persona natural y en su calidad de titular del Juzgado Décimo Civil Municipal de Oralidad de Santiago de Cali, solicitó que se n egara el amparo solicitado en la tutela al con siderar que las decisiones asumidas por las comision es disciplinarias son ajustadas a las normas que rigen la jurisdicción di sciplinaria sin que sean vulneratorias de los derechos fundamentales invocados por el hoy accionante.

Señaló que las afirmaciones expuestas por el accionante no se ajustan a la realidad procesal, por cuanto la decisión de no dar a pertura al inicio de la liquidación patrimonial estuvo soportada en un juicioso estudio de los hechos concretos del caso y en la aplicación de las normas respectivas, de conformidad con la finalidad del proceso patrimonial.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00358-01

Demandante: Juan Carlos Muñoz Montoya Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

De otra par te, manifestó el accionante no fue parte activa ni pasiva , n i como apoderado de estas en los procesos de liquidación patrimonial a los que hace alusión, sino que fungió como conciliador en algunos casos en la etapa de negociación de deudas fracasada, efectuados en el Centro de Conciliación Justicia Alternativa, por lo que se observa que pretende exceder sus atribuciones , sin fundamento alguno.

2.3. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial , por conducto de la mag istrada Diana Marina Vélez Vásquez, rindió el informe respectivo y solicitó que se negaran

fundamento alguno.

2.3. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial , por conducto de la mag istrada Diana Marina Vélez Vásquez, rindió el informe respectivo y solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela, para lo cual manifestó que el accionante es una tercera persona dentro de la Administración de Justicia, esto es un conciliador, que no debería tener un interés particular en los asuntos a que alude e n la tutela, por lo que no existe vulneración alguna a sus derechos fundamentales.

Respecto de las decisiones dictadas en el proceso disciplinario , señaló que fueron adoptadas en virtud del análisis conjunto del acervo probato rio allegado a la actuación, lo que dio lugar a declarar la terminación del proceso y el archivo definitivo de la actuación disciplinaria , por lo que se evidencia que el accionante pretende reabrir una discusión frente a la presu nta resp onsabilidad del señor Víctor Guillermo Conde Tamayo, so prete xto de insistir en que la decisión carece de m otivación, cuando, contrario a ello, en la providencia quedó plasmado el análisis completo del asunto, sin que se hubiera incurrido en arbitrariedad alguna o vulneración de los derechos fundamentales invocados en la tutela.

2.4. La Comisión Seccional de Disc iplina Judicial del Valle del Cauca, por medio del magistrado Luis Hernando Castillo Restrepo , solicitó que se declarara improcedente la tutela al pretender ser utili zada como una tercera instancia para prolongar innecesariamente un debate judicial debidamente concluido.

Asimismo, manifestó que en la tutela el señor Muñoz Montoya se limitó a describir lo que dio lugar a la investigación disciplinaria , i nsistiendo en los argumentos

prolongar innecesariamente un debate judicial debidamente concluido.

Asimismo, manifestó que en la tutela el señor Muñoz Montoya se limitó a describir lo que dio lugar a la investigación disciplinaria , i nsistiendo en los argumentos frente a la actuación del juez décimo civil m unicipal de Cali, sin que se advirtiera inconformidad alguna con las decisiones disciplinarias que hoy pretende dejar sin efectos.

2.5. La Veeduría Judicial del Colegio de Abogados Liti gantes del SuroccidenteRadicación: 11001-03-15-000-2023-00358-01

Demandante: Juan Carlos Muñoz Montoya Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Colombiano -COASURsolicitó qu e se le tuviera como coadyuvante de la parte actora al considerar que la sustentación de la tu tela era ajustada a derecho por cuanto tiene conocimiento « de los atropellos por parte del Juez Décimo Civi l Municipal de Cali, quien ha violado el acces o a la justi cia de cientos d e deudores, que sus trámites han llegado por reparto a su despacho, interpretando a su antojo la Ley 1564 de 2012, inventando causales inexistentes para terminar los procedimientos de los deudores que no tienen bienes».

3. Fallo Impugnado

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante providencia del 16 de febrero de 2023, declaró improcedente el ampa ro solicitado, por considerar que la tutela no cumplía con el requisito de la relevancia constitucional , pues el asunto se circunscribía a un debate de interpretación meramente legal frente al cargo de

de 2023, declaró improcedente el ampa ro solicitado, por considerar que la tutela no cumplía con el requisito de la relevancia constitucional , pues el asunto se circunscribía a un debate de interpretación meramente legal frente al cargo de violación directa de la Constitución , pues a ju icio de l accionante no existía una norma que estableciera la posibilidad de rechazar de p lano los trámites de solicitud de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante.

Respecto de l cargo por decisión sin motivación , señaló que el accionante no presentó la suficiente carga argumentativ a frente a la providencia cuestionad a, pues sus argumentos se limitaron a insistir en que no había lugar a dar apertura formal a una investigación disciplinaria contra el titular del Juzgado Décimo Civil Municipal de Oralidad del Circuito Judicial de Cali, en atención a que el funcionario no cometió alguna conducta que pudiera catalogarse como ilegal o irregula r, tal como lo planteó en el proceso disciplinario, por lo que, además, se evidencia que la acción constituci onal pretendía ejercerse como una instancia adicional, sin que se demostrara la vulneración de los derechos invocados en la tutela.

4. Impugnación

El señor Juan Carlos Muñoz Montoya impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos expues tos en la tutela e insistió que los despachos accionados no analizaron el material pr obatorio y « desfiguraron la legislación aplicable al caso » justificando as í el actuar del juez décimo civil municipal de Santiago de Cali.

accionados no analizaron el material pr obatorio y « desfiguraron la legislación aplicable al caso » justificando as í el actuar del juez décimo civil municipal de Santiago de Cali.

De igual forma, expuso las normas procesales que considera aplicables a losRadicación: 11001-03-15-000-2023-00358-01

Demandante: Juan Carlos Muñoz Montoya Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

casos denunciados, confrontadas con la actuación del juez en cuestión, y concluyó en que las autoridades judiciales accionados incurrieron en defecto procedimental al desconocer la normativa aplicable y la ju risprudencia de la Corte Suprema de Justicia que se aportó con posterioridad , para respa ldar el actua r abiertamente ilegal de un funcionario judicial.

Bajo este contexto, reiteró que se vulneraban sus derechos fundamentales como denunciante y los derechos de los deudores que se vieron afectados con la actuación del juez décimo civil municipal de Santiago de Cali.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa

Sobre la coadyuvancia en la acción de tutela, se resalta que está expresamente prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, que establece que las personas que tengan interés legítimo e n el resultado del proceso también pueden intervenir para coadyuvar u oponerse a las pretensiones de la demanda.

Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al trámite de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del decret o 306 de 1992, prevé que las

Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al trámite de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del decret o 306 de 1992, prevé que las personas que tengan relación sustancial con una de las partes del proceso pueden intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia.

Bajo este contexto, de conformidad con los artículos 1 3 del Decreto 2591 de 1991 y 71 del Código Ge neral del Proceso, la Sa la no reconocerá como coadyuvante a la Veeduría Judicial del Colegio de Abogados Litigantes del Suroccidente Colombiano -COASUR-, toda vez que no demostró tener interés alguno en la resolución del presente asunto, pues su s argumento s se basan en simples inconformidades sobre el actuar del juez décimo civil municipal de Santiago d e Cali, sin que se evidencie el interés o relación para actuar en la presente acción de tutela que se dirige en contra de providencias dictadas en el trámite de un proceso disciplinario, del cual tampoco fueron parte ni intervinientes.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00358-01

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2. Problema jurídico

En los términos de la impu gnación, corresponde a la Sala determi nar si hay l ugar a confirmar, revocar o modificar el fallo del 16 de febrero de 2023, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado , que declaró improcedente el amparo solicitado. Para el efecto, l o primero que la Sala deberá determinar es si la

Sección Quinta del Consejo de Estado , que declaró improcedente el amparo solicitado. Para el efecto, l o primero que la Sala deberá determinar es si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, en especial el de relevancia constitucional.

Si se cumple n, se establecerá si la Sala Jurisdicci onal Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y la Comisión N acional de Disciplina Judicial , al proferir , respecti vamente, las providencias del 4 de septiembre de 2019 y 2 de noviembre de 2022, incurrieron en los defectos alegados por la parte actora.

3. Análisis de la Sala

De entrada, la Sala anticipa que concuerda con el análisis de la primera instancia en cuanto a que la tutela es improcedente porque se está ejerciendo pa ra convertirla en una instancia adicional del proceso disciplinaria, am én de que carece de carga argumentativa para eviden ciar la im portancia iusfundamental del debate que justifique la intervención del juez constitucional.

Concretamente, la parte actora considera que al declarar la terminación del proceso disciplinario en contra del juez décimo c ivil municipal de Sa ntiago de Cali y ordenar su archiv o, los des pachos accionados vulneran su s derechos fundamentales y los de los deudores que pretendían tramitar un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante.

Sería del caso analizar si se configuraron o no los defectos alegados por la parte actora, sin embargo, como se anticipó la Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia constituc ional, pues se pretende convertir la acción de tute la

Sería del caso analizar si se configuraron o no los defectos alegados por la parte actora, sin embargo, como se anticipó la Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia constituc ional, pues se pretende convertir la acción de tute la en una instancia adicional del proceso disciplinario y, de otra parte, carece de una debida y suficiente carga argumentativa desde el punto de vista constitucional.

De la simple comparación entre las razo nes esgrimida s en la queja disciplinaria presentada por el accionante en contra del juez Víctor Guillermo Conde Tamayo yRadicación: 11001-03-15-000-2023-00358-01

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el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del 4 de septiembre de 2019, dictada por la entonces Sala Jurisdicci onal Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca ; y los propuestos en la solicitud de amparo, se evidencia que los de fectos invocado s en la tutela fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido en el proceso disciplinario, referen tes a la su puesta actuación arbitra ria del operador judicial , circunstancia que fue estudiado y resuelto por la Comisión Nacional de Disciplina

Judicial así:

Examinada la anterior sinopsis procesal dentro de los anteriores procesos encuentra la sala que el actuar del investigado , fue lícito , al haber estado fundamentado en la observancia de la ley, y en una decisión acorde , frente a cada uno de los asuntos planteados y con convicción sobre la licitud del acto

encuentra la sala que el actuar del investigado , fue lícito , al haber estado fundamentado en la observancia de la ley, y en una decisión acorde , frente a cada uno de los asuntos planteados y con convicción sobre la licitud del acto jurídico realizado , a través de cada pronunciamiento acordé a las circunstancias, susceptibles de evaluar en cada uno de los citados procesos , corroborándose además como lo menc ionó el indagado en su versión libre , que estas quedaron en firme , al no ser controvertidas por ninguna de las partes o algún tercero , por lo que este no es el estadio procesal , ni la oportunidad para debatir puntos ya definidos como lo pretende el recurrente.

Ahora bien, aunque el apelante afirma que el funcionario indagado se sustrajo del cumplimiento normat ivo señalado para los asuntos relacionados con la liquidación patrimonial , indicando además que , éste actuó en forma caprichosa arbitraria y en suste nto de una interpretación amañada de las normas, es pertinente recordarle al quejoso que, la jurisdicción disciplinaria no es tercera instancia, ni está para generar criterios de interpretación de la ley respecto de asuntos específicos como los que el quej oso reiteradamente ha puesto bajo el conocimiento de esta jurisdicción.

Aunado a lo anterior, se evidencia que el juez verificó, en el caso del proceso radicado número 2017-00639, que no había bienes por liquidar y que existía el agravante de la situación económica, sumada a las costas procesales generadas, con ocasión a los honorarios del auxiliar de la justi cia y liquidador. Asimismo, respecto al rechazo de plano de los radicados 2019-00049 y 2018el agravante de la situación económica, sumada a las costas procesales generadas, con ocasión a los honorarios del auxiliar de la justi cia y liquidador. Asimismo, respecto al rechazo de plano de los radicados 2019-00049 y 201800816, se tiene que en los mismos tampoco se cumplían las exigencias de ley, para dar curso a dicha etapa o instancia , en el sentido de que quienes fungían como acr eedores no pudieran ver satisfechos sus créditos , debido a la situación econó mica de sus deudores emanada de la relación de bienes presentada, que no garantizaba en forma satisfactoria el pago de las acreencias solicitadas.

Si bien es cierto que el régime n de inso lvencia, contemplado en el código general del proceso, en su artículo 533 le da competencia al conciliador, para conocer de los procedimientos de negociación de deudas, y convalidación de acuerdos privados , hoy lo cual en efecto se sur tió previo a l trámite de los procesos de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante , resulta claro que las funciones y atribuciones del conciliado r, se limitaba estrictamente a la etapa de negociación de deudas , tal como lo prevé el numeral 6 del artículo 536 del C.G.P.

Asimismo, el artículo 534 otorga competencia a los jueces civiles municipales, para conocer en única instancia de las controversia s previstas en el libro IV artículos 531 a 576 , lo cual permite que bajo el conocimiento de dichos procesos se realice un control de legalidad del procedimiento adelantado, alRadicación: 11001-03-15-000-2023-00358-01

Demandante: Juan Carlos Muñoz Montoya

Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y

procesos se realice un control de legalidad del procedimiento adelantado, alRadicación: 11001-03-15-000-2023-00358-01

Demandante: Juan Carlos Muñoz Montoya Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

punto de poder dejar sin efecto toda la actuación surtida en dicho trámite s i a ello diera lugar.

En tal perspectiva, hoy el indagado no ha actuado en contravía de lo normado hoy en el Código General del Proceso, para el trámite de este tipo de procesos, y menos aún ha excedido las facultades que la ley le otorga.

Además debe teners e en cuenta que solo son susceptibles de acción disciplinaria las pr ovidencias judiciales cuando el funcion ario vulnera ostensiblemente el ordenamiento jurídico , incurriendo con ello en lo que de doctrinalmente se ha denominado vía de hecho , o cuándo, para cimentar su decisión, distorsión a los pri ncipios de la sana crítica, orientadores de la valoración probat oria, supone indebidamente pruebas inexistentes en el expediente o desconoce groseramente las que obran en el plenario hola coma lo cual no se avizora en los trámites antes reseñados […].

Por lo anterior, se reitera que , acreditado como se halla que el tr ámite y las decisiones cuestionadas por el quejoso , no lucen manifiestamente arbitrarias, no podría partirse de que exista un hecho disciplinariamente relevante en este asunto, que dé lugar al inicio de una apertura formal de investigación , teniendo en cuenta que las decisiones se adoptaron por parte del funcionario judicial, fueron conforme al acervo probatorio , atendiendo los presupuestos

asunto, que dé lugar al inicio de una apertura formal de investigación , teniendo en cuenta que las decisiones se adoptaron por parte del funcionario judicial, fueron conforme al acervo probatorio , atendiendo los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico y bajo el principio de la autonomía funcional […].

Es claro entonces que la decisión de la autoridad judicial accionada en calidad de juez de segunda instancia fue razonable, pues en ella que se concluyó con apoyo de manera argumentada que, a pesar de que el señor Muñoz Montoya consideraba que el juez décimo civil municipal de Santiago de Cali se había sustraído del cumplimiento normativo señalado para los asuntos relacionados con los procesos de liquidación patrimonial por in solvencia de pe rsona natural no comerciante, lo cie rto e ra que no se había logrado demostrar que el operador judicial en cuestión hubiera actuado en contravía de lo normado en el Código General del Proceso , ni que se hubiera excedido en la s facultades que la ley le otorga, aunado al hecho de que la calidad de conciliador del accionante estaba limitada a la etapa de negociación de deudas.

De esta forma, aseguró que no se evidenciaba arbitrariedad alguna por parte del juez décimo civil municipal de S antiago de Cali que, en los procesos 2017 -00639, 2019-00049 y 2018-00816, rechazó de plano el trámite de liquidación al no cumplir las exigencia s de ley, por no garantizarse en forma satisfactoria el pago de las acreencias solicitadas.

De otra parte, precisa la Sala, respecto a los cargos por indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso disciplinario, que tampoco se cumple el requisito de

acreencias solicitadas.

De otra parte, precisa la Sala, respecto a los cargos por indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso disciplinario, que tampoco se cumple el requisito de la relevancia constitucional toda vez que el accionante no hizo relación alguna de las pruebas que se dejaron de val orar o que fueron indebidamente analizadas porRadicación: 11001-03-15-000-2023-00358-01

Demandante: Juan Carlos Muñoz Montoya Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

los accionados, por lo que, sobre este punto, la tutela no cumple con la suficiencia carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional.

Conviene anotar que esta Corporación ha sostenido que en la demanda de tutela no se puede escuetamente señalar las inconformidades frente a una providencia judicial, sino que es necesario que tal señalamiento se sustente razonablemente bajo el cumpl imiento de lo s requisitos generales y especí ficos de procedencia de la tutela. Como se sabe, detrás de las causales específica s de prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales2.

En otras palabras, es necesario que los señalamientos que se hagan se sustenten razonablemente en alguno de los requisitos específicos que la Corte Constitucional ha identificado para la prosperidad del amparo, a fin de que el juez cuente con los pará metros suficie ntes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos fundamentales.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos expuestos en la impugnación de l fallo de

cuente con los pará metros suficie ntes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos fundamentales.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos expuestos en la impugnación de l fallo de primera instancia sobre la configuración de un defecto procedimental , se resal ta que los mismos resultan inadmisibles, en la medida en que, de estudiarse esos puntos en esta instancia, se estarían d esconociendo las garantías de defensa y contradicción de la parte demandada, cuya contestación se fundó en los supuestos fácticos y jurídicos contenidos en la solicitud de amparo.

Finalmente, respecto a la vul neración de los derechos fundamentales de los deudores que se vieron afectados con la actuación d el juez décimo civil municipal de Sant iago de Cali , se precisa que el señor Juan Carl os Muñoz Montoya no demostró que estuviera legitimad o para act uar como agente o ficioso o en representación de estos, por lo que no le corresponde a la Sala pronunciarse al respecto.

En suma, se concluye que no se cum ple con el req uisito de la relevancia constitucional, razón por la cual la Sala confirmará la decisión de primera instancia.

2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 201500380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00358-01

Demandante: Juan Carlos Muñoz Montoya

Demandado: Comi