CE - 110010315000202300364011SENTENCIA20230622090217

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-00364-01

Referencia: Acción de tutela

Actor: JAVIER GUERRERO CAICEDO

TESIS: SE MODIFICA EL FALLO IMPUGNADO QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA Y, EN SU LUGAR, SE

DENIEGA EL AMPARO. RESULTABA VÁLIDO QUE LA SECCIÓN

TERCERA DE ESTA CORPORACIÓN SE PR ONUNCIARA SOBRE LA

CADUCIDAD EN LA SENTENCIA, PESE A QUE EN ETAPA ANTERIOR

YA HUBIESE EFECTUADO UN ESTUDIO AL RESPECTO.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de 30 de marzo 2023, proferida en primera instancia por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por falta de relevancia constitucional.

1 En adelante SECCIÓN QUINTA.2

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Actor: JAVIER GUERRERO CAICEDO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actor: JAVIER GUERRERO CAICEDO

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I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor JAVIER GUERRERO CAICEDO , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso y el principio de primacía del derecho sustancial, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A” - DEL CONSEJO DE ESTADO al proferir en segunda instancia la sentencia de 29 de julio de 2022, dentro de la acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 540012331000-2010-00269-02.

I.2.- Hechos

Indicó que, como consecuencia de las funciones que ejerció como secretario de educación del DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER entre los años 1995 y 1996, fue vinculado junto con el señor RUBÉN ÁNGEL BECERRA ARÉVALO , representante de los educadores, a una investigación penal por la presunta comisión del delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos3

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legales.

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legales.

Sostuvo que, como consecuencia de lo anterior, mediante sentencia de 6 de junio de 2003, el JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CÚCUTA lo declaró penalmente responsable, así como al señor RUBÉN ÁNGEL BECERRA ARÉVALO y los condenó a 5 años de prisión.

Manifestó que, mediante sentencia de 21 de agosto de 2007, la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA confirmó la condena que le fue impuesta, pero declaró extinguida la acción penal seguida contra el señor RUBÉN ÁNGEL BECERRA ARÉVALO.

Expuso que interpuso el recurso extraordinario de revisión ante la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA que, mediante sentencia de 31 de marzo de 2008, declaró extinta la acción penal seguida en su contra y decretó la cesación del proceso por prescripción.

Agregó que el 20 de mayo de 2008 el JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA declaró la ejecutori a de la decisión proferida por la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE4

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proferida por la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE4

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SUPREMA DE JUSTICIA y archivó las actuaciones.

Precisó que el 5 de abril de 2010, junto con el señor RUBÉN ÁNGEL BECERRA ARÉVALO y sus respectivos familiares, presentaron la solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de la acción de reparación directa y el 24 de junio de 2010 se expidió la constancia de agotamiento respectiva.

Explicó que, el 9 de agosto de 2010, junto con el señor RUBÉN ÁNGEL BECERRA ARÉVALO y sus respectivos familiares, promovieron la acción de reparación directa contra la RAMA JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 2, por la privación injusta de la libertad a la que fueron sometidos.

Anotó que el proceso aludido fue identificado con el número único de radicación 540012331000 -2010-00269-00 y atribuido para su trámite en primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER3 que, mediante auto de 19 de agosto de 2010, rechaz ó la demanda por caducidad , al estimar que el auto mediante el cual la SALA DE CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA

2 En adelante la FISCALÍA. 3 En adelante el TRIBUNAL.5

2010, rechaz ó la demanda por caducidad , al estimar que el auto mediante el cual la SALA DE CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA

2 En adelante la FISCALÍA. 3 En adelante el TRIBUNAL.5

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DE JUSTICIA decidió el recurso extraordinario de casación , había quedado ejecutoriado el 31 de marzo de 2008.

Explicó que, como consecuencia del recurso de apelación que interpuso, mediante auto de 27 de abril de 2011, la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación estimó que la demanda sí había sido presentada en término, por lo que revocó la decisión recurrida , al considerar que la decisión de la SALA DE CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA había quedado ejecutoriada el 20 de mayo de 2008, cuando el JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA así lo declaró.

Comentó que, surtido el trámite respectivo, mediante sent encia de 1o. de julio de 2021, el TRIBUNAL declaró probada de oficio la excepción de indebida representación de la RAMA JUDICIAL y denegó las pretensiones de la demanda.

Agregó que interpuso el recurso de apelación ante la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación que, a través de sentencia de 29 de

denegó las pretensiones de la demanda.

Agregó que interpuso el recurso de apelación ante la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación que, a través de sentencia de 29 de julio de 2022, revocó la decisión del TRIBUNAL y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de caducidad , al estimar que en efecto el término debía contabilizarse desde la ejecutoria del auto6

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de 31 de marz o de 2018, proferido por la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA , esto es desde el 23 de abril de esa anualidad, cuando trascurrieron 3 días desde su notificación.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que al proferir la providencia cuestionada la autoridad judicial accionada “[…] vulneró el principio de cosa juzgada y nom bis in idem, cuando la sentencia de segundo nivel deja de lado la decisión tomada por el mismo órgano, en firme y vigente que al valorar el requisito de caducidad estableció su inocurrencia (sic) […]”.

Comentó que se configuró un defecto fáctico, comoquiera que la SECCIÓN TERCERA varió la interpretación que ya había dado a las mismas pruebas que obraban en el plenario, para conc luir, en un primer estudio, que la demanda fue presentada en término.

SECCIÓN TERCERA varió la interpretación que ya había dado a las mismas pruebas que obraban en el plenario, para conc luir, en un primer estudio, que la demanda fue presentada en término.

Explicó que la decisión cuestionada afecta la seguridad jurídica, máxime si se tiene en cuenta que con ocasión a la oportunidad en la que indicó que la demanda había sido presentada en término, el proceso se tramitó durante más de una década, con lo cual se alteró7

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el principio de cosa juzgada y la preclusión de las etapas procesales como elementos del debido proceso.

Precisó que, en ese orden de ideas, conforme con lo indicado inicialmente por la autoridad judicial accionada, “[...] el conteo de la caducidad debe hacerse a partir de la última actuación procesal, esto es desde el 20 de mayo de 2008 cuyo término para su expiración, caducidad, está determinado para el 21 de mayo de 2010 y teniendo en cuenta que dentro de su tránsito, el 5 de abril de 2010, los accionantes instauraron solicitud de audiencia de conciliación […]”.

Manifestó que de igual forma la providencia cuestionada incurrió en el defecto sustantivo, por cuanto la SECCIÓN TERCERA desbordó el marco de acción que le confiere la Ley.

Señaló que la primera decisión que profirió la autoridad judicial accionada sobre la caducidad resultaba incontrovertible, incluso si

el defecto sustantivo, por cuanto la SECCIÓN TERCERA desbordó el marco de acción que le confiere la Ley.

Señaló que la primera decisión que profirió la autoridad judicial accionada sobre la caducidad resultaba incontrovertible, incluso si hubiese un error en ella, porque fue proferida por un funcio nario competente, por lo que la fecha allí indicada era la que debía tenerse en cuenta para efectuar el cómputo de la caducidad.

Agregó que es una persona de la tercera edad, frente a un debate de8

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caducidad que ya había sido resuelto 11 años atrás, por l o que no había lugar a que se omitiera el estudio del fondo del asunto afectando su derecho sustancial.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] Ruego al Señor Juez Constitucional TUTELAR los derechos fundamentales aludidos, artículos 29 y 228, de la C.P./91, consecuencialmente, se anule la sentencia adiada en Julio 29 de 2.022 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado M.P. Dra Martha Nubia Velásquez Rico y se ordene proferir la que en derecho corresponda […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA expuso que no desconoció que, en

Consejo de Estado M.P. Dra Martha Nubia Velásquez Rico y se ordene proferir la que en derecho corresponda […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA expuso que no desconoció que, en oportunidad anterior, se pronunció acerca del presupuesto procesal de la caducid ad de la acción interpuesta por los señores JAVIER GUERRERO CAICEDO y RUBÉN ÁNGEL BECERRA ARÉVALO en compañía de sus núcleos familiares.

Anotó que bastaba con revisar el fallo acusado, para establecer que en la sentencia cuestionada consignó expresamente cuáles fueron las9

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razones para apartarse de lo resuelto inicialmente en el auto del 27 de abril de 2011.

Indicó que dado que el presupuesto procesal de la caducidad debe ser analizado por el juez al momento de dictar sentencia, no p odía dejar de establecer que el juicio de oportunidad inicialmente efectuado no fue completo, “[…] toda vez que frente al señor Rubén Ángel Becerra Arévalo no se realizó realmente análisis de caducidad alguno -a pesar de que la demanda también se admitió d e dicho sujeto procesal […]”.

Explicó que , en todo caso, en virtud del deber que le asistía de verificar de forma oficiosa el cumplimiento de los presupuestos

alguno -a pesar de que la demanda también se admitió d e dicho sujeto procesal […]”.

Explicó que , en todo caso, en virtud del deber que le asistía de verificar de forma oficiosa el cumplimiento de los presupuestos procesales, específicamente el de la demanda en tiempo, se encargó de complementar el estudio de caducidad que con anterioridad esta Corporación había adelantado.

Agregó que al revisar con detalle las providencias judiciales proferidas en el proceso penal adelantado contra el actor y el señor RUBÉN ÁNGEL BECERRA ARÉVALO , pudo determinar que las condiciones jurídicas fueron diferentes para ambos demandantes; sin embargo, para efectos de contabilizar el término máximo para acudir10

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a esta jurisdicción, la lógica adjetiva sí era la misma para los demandantes.

Anotó que, en ese orden de ideas, estudió de forma razonada cuáles eran las disposiciones procesales aplicables a la firmeza de las providencias judiciales adoptadas en el marco de un juicio penal y determinó que la demanda había sido presentada fuera de término.

Concluyó que, contrario a lo señalado por el actor, no era cierto que al momento de fallar hubiese perdido la oportunidad de estudiar el presupuesto procesal de la caducidad de la demanda, puesto que dicho análisis estaba plenamente justificado en el deber ofic ioso y,

al momento de fallar hubiese perdido la oportunidad de estudiar el presupuesto procesal de la caducidad de la demanda, puesto que dicho análisis estaba plenamente justificado en el deber ofic ioso y, además, “[…] en el hecho de que una revisión inicial incompleta -la realizada en el auto del 27 de abril de 2011 - no tenía la virtualidad de atar e impedirle a esta Subsección abordar el juicio de oportunidad que ahora reprocha el accionante […]”.

I.5.2.- La FISCALÍA, vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, “[…] por cuanto no se cumple con las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ni se vulnera derecho fundamental alguno11

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[…]”.

Anotó que el actor no sustentó de forma suficiente las causales específicas de procedibilidad de la acción, además que lo que pretende en realidad es retrotraer las etapas del proceso ordinario, con la finalidad de obtener una decisión diferente, lo cual desconoce la subsidiariedad de la solicitud de amparo.

I.5.3.- La RAMA JUDICIAL solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que lo cuestionado es una actuación de una autoridad judicial frente a la cual no tiene ninguna injerencia.

I.5.3.- La RAMA JUDICIAL solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que lo cuestionado es una actuación de una autoridad judicial frente a la cual no tiene ninguna injerencia.

Comentó que, en todo caso, la solicitud de amparo es improcedente por inmediatez, comoquiera que, en su sentir, no fue interpuesta en un término razonable.

I.5.4.- La señora GLORIA BETTY CASTIBLANCO MENDOZA , vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó acceder a las pretensiones del actor.

Comentó que la autoridad judicial accionada erró al contabilizar el12

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término de la caducidad, porque tuvo en cuenta la ejecutoria de la providencia mediante la cual la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA resolvió el recurso extraordinario de casación, mientras que, en su sentir, debió ser a partir del momento en que el JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA profirió el auto respectivo de “ obedece y c umple lo ordenado por el superior”.

Insistió en que, además, el debate sobre la caducidad ya había sido dirimido, por lo que no podía volver a ser discutido.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

ordenado por el superior”.

Insistió en que, además, el debate sobre la caducidad ya había sido dirimido, por lo que no podía volver a ser discutido.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN QUINTA de esta Corporación, mediante sentencia de 30 de marzo de 2023, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por falta de relevancia constitucional.

No obstante, como asunto previo indicó que no desvincularía a la RAMA JUDICIAL , “[…] en razón a que su comparecencia a este mecanismo se hizo en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso y no como autoridad demandada […]”.13

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Sostuvo que no se superó el requisito de la relevancia constitucional, porque la controversia se enfocó en intentar, con sustento en la presunta trasgresión a los principios de cosa juzgada y nom bis in ídem, en establecer que no era posible para el ad quem declarar probada la excepción de caducidad, porque ya había un pronunciamiento al respecto emitido por esa misma Corporación.

Agregó que, no obstante, el actor no justificó las razones por las cuales el análisis de la autoridad judicial accionada incurrió en una vulneración arbitraria a sus derechos fundamentales, además porque no controvirtió los motivos que esta dio sobre el aspecto reprochado,

cuales el análisis de la autoridad judicial accionada incurrió en una vulneración arbitraria a sus derechos fundamentales, además porque no controvirtió los motivos que esta dio sobre el aspecto reprochado, en relación con el cual aquella se había basado en una sentencia de unificación conforme con la cual “[…] los límites competenciales del ad quem frente al recurso de apelación no restringen la potestad para pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad […]”.

Expuso que, en ese orden de ideas, era posible concluir que los argumentos expuestos por el actor apuntan a convertir este mecanismo constitucional en una instancia adicional al proceso ordinario, máxime cuando sus fundamentos fueron resueltos por el14

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juez natural de la causa, lo que implica que la tutela se torne improcedente.

Destacó que no le corresponde al juez constitucional realizar un estudio de fondo del caso con el fin de señalar, de manera oficiosa, cuál es la correcta interpretación jurisprudencial o implementación normativa aplicable al caso, pues se vulneraría la independencia y autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia

autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia poniendo de presente que, en su sentir, la acción d e tutela sí tiene relevancia constitucional como quiera que la divergencia deviene de la vulneración al derecho fundamental al debido proceso.

Puso de presente que los hechos tienen origen en el año 2007 cuando la SALA DE DECISIÓN PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA hizo caso omiso a los requerimientos que efectuó el Ministerio Público, “[…] quien insistentemente rogaba la emisión del fallo ordinario de primera instancia del juicio penal […]”.15

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Sostuvo que presentó de forma oportuna la demanda de rep aración directa, teniendo en cuenta el auto por medio del cual el JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA ordenó el archivo de la actuación como consecuencia de la orden dada por la SALA DE

CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Sostuvo que la SECCIÓN QUINTA de esta Corporación estimó “[...] necesario aplicar una sentencia de unificación de 2018, es decir, proferida 8 años posteriores a la incoación de la demanda administrativa, lo cual emerge como una violación indirecta de la ley, amén que las reglas ya aceptadas por las partes en contienda, que

proferida 8 años posteriores a la incoación de la demanda administrativa, lo cual emerge como una violación indirecta de la ley, amén que las reglas ya aceptadas por las partes en contienda, que rigen para este momento, lo cual emerge como práctica de inseguridad jurídica […]”.

Destacó que la sentencia impugnada, al no resolver el asunto de fondo, privilegió lo adjetivo sobre lo sustancial para proteger a la autoridad judicial accionada.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia16

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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por l a Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.17

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona18

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afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un

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afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años despu és de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resoluci ón de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos

la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor19

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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si

momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesa rio acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue20

Número único de radicación: 110010315000-2023-00364-01

Actor: JAVIER GUERRERO CAICEDO

Calle 12 No. 7-6