CE - 110010315000202300393011SENTENCIA20230519124259

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01

Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01

Demandante: NEILA CECILIA HURTADO CAMACHO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E, Y OTRO

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –

REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandada contra la providencia del 22 de febrero de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que decidió:

“PRIMERO: Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Neila Cecilia Hurtado Camacho, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segunda, Subsección B que decidió:

“PRIMERO: Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Neila Cecilia Hurtado Camacho, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que promovió la señora Neila Cecilia Hurtado Camacho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora S. A. (expediente 11001-33-42-047-2018-00470-01).

TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que dentro de los diez (10) días siguientes a la n otificación de esta decisión, profiera una nueva providencia, en lo relacionado con la reliquidación de la pensión de invalidez reclamada, en particular, en lo que atañe a la inclusión de la prima de servicios, en atención a las consideraciones expuestas e n esta sentencia. (…)”

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Neila Cecilia Hurtado Camacho , mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E , por estimar vulnerado s los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad , al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la

proceso, a la igualdad , al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJEN SIN EFECTOS la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E de fecha 30 de septiembre del 2022, mediante la cual REVOCA la sentencia 07 de diciembre del 2020 proferida por el Juzgado Cuarenta y Siete (47) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda respecto a la reliquidación de la pensión de invalidez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01

Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se ORDENE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reliquidar la pensión de invalidez de la señora NEILA CECILIA HURTADO CAMACHO EQUIVALANTE AL 75 % del

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reliquidar la pensión de invalidez de la señora NEILA CECILIA HURTADO CAMACHO EQUIVALANTE AL 75 % del último salario devengado sobre el cual cotizó la demandante, incluyendo TODOS los factores salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio.

TERCERO: Así mismo ordenar el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social de los factores salariales que se tengan en cuenta para liquidar el IBL, sobre las cuales no se efectuaron los respectivos aportes al sistema de seguridad social.

CUARTO: Que se condene en costas a las entidades demandadas de conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTO: Solicito cordialmente a su distinguida Sala si es el caso oficiar al Juzgado Cuarenta y Siete (47) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogot á – Sección Segunda para que allegue en su integralidad 11001334204720180047001, en dado caso de qu e el expediente administrativo haya sido devuelto al juzgado de origen.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Neila Cecilia Hurtado Camacho prestó sus servicios como docente oficial al servicio del Estado desde el 14 de abril de 1994 hasta el 13 de abril de 2017 , momento en el que le fue decretada pérdida de capacidad laboral del 77.3 % razón por la que mediante Resolución núm. 462 del 27 de marzo de 2017 fue retirada del servicio.

En virtud de lo anterior, la señora Hurtado Camacho solicitó ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) el reconocimiento y

servicio.

En virtud de lo anterior, la señora Hurtado Camacho solicitó ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual le fue reconocida por Resolución núm. 7582 del 3 de oct ubre de 2017 con un IBL del 75 % del último salario devengado ; sin embargo, dicho reconocimiento no incluyó la totalidad de los factores salariales devengados, entre ellos la prima de servicios.

Inconforme con lo anterior, el 2 de agosto de 2018 la parte actora radicó petición ante el FOMAG con la finalidad de que se reajustara la pensión reconocida, dado que no se tuvieron en cuenta todos los factores salariales a que tenía derecho. Además, le fueran reintegrados los descuentos del 12% efectuados en salud en las mesadas adicionales.

El FOMAG mediante Resolución núm. 9716 del 24 de septiembre de 2018 negó el reajuste de la pensión y el reintegro y suspensión de los descuentos efectuados por concepto de seguridad social en salud solicitados por l a demandante.

Como consecuencia de lo anterior, l a demandante interpuso demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad del referido acto administrativo y en consecuencia se ordenara el respectivo aju ste con el reconocimiento y pago de la totalidad de los factores salariales devengados al momento del retiro, tales como la prima de servicio .

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado 47 Administrativo de Bogot á que, en sentencia del 7 de diciembre de 2020 , negó la

salariales devengados al momento del retiro, tales como la prima de servicio .

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado 47 Administrativo de Bogot á que, en sentencia del 7 de diciembre de 2020 , negó la reliquidación de la pensión con inclusión de la prima de servicios y accedió en cuanto a la suspensión de cobro de aportes de seguridad social sobre la mesada adicional diciembre y ordenó el reintegro de lo cobrado por ese concepto.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01

Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho

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La decisión se sustentó en que no era viable acceder a la reliquidación solicitada por la actora, dado que, si bien los factores reclamados fueron devengados en el último año de servicio, sobre los mismos no se realizaron aportes al sistema general de seguridad social y , además, no se encuentran enunciados de manera taxativa en la norma aplicable.

Frente a los descuentos de las mesadas adicionales , consideró que eran ilegales porque el porcentaje máximo de cotización es el 12 % sobre la mesada pensional mensual y, al efectuarse sobre la mesada adicional de junio y de diciembre, dicho descuento equivaldría al 24 % para es os meses, razón por la que accedió a las

porque el porcentaje máximo de cotización es el 12 % sobre la mesada pensional mensual y, al efectuarse sobre la mesada adicional de junio y de diciembre, dicho descuento equivaldría al 24 % para es os meses, razón por la que accedió a las pretensiones y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó el reintegro y pago de manera indexada de los valores correspondientes que por concepto de aportes en salud efectuó sobre las mesadas adicionales causadas desde el 13 de abril de 2017. Dicha decisión fue apelada por las partes y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en sentencia del 30 de septiembre 2022, la revocó y, en su lugar, negó la totalidad de las pretensiones del medio de control , al considerar que los descuentos realizados sobre las mesadas adicionales se encuentran ajustados a derecho, bajo la premisa de que tales deducciones, al igual que aquellas realizadas en las mesadas ordinarias se efectúan en virtud de un mandato legal y están destinadas a la sostenibilidad de los recursos del FOMAG, en observancia del principio de solidaridad que también rige este sistema, conforme lo indicó la sentencia de unificación SUJ -024-CE-S2-2021 de 3 de junio de 2021 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Además, sustentó que no era posible acceder a la reliquidación de la pensión de invalidez conforme a lo señalado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ2 -001/16 del 14 de abril de 2016 en la que se determinó que: “los docentes nacionales vincul ados antes o con posterioridad a la

en la sentencia de unificación SUJ2 -001/16 del 14 de abril de 2016 en la que se determinó que: “los docentes nacionales vincul ados antes o con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, no tienen derecho a la prima de servicios.”

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la actora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, con la decisión de segunda instancia , vulneró los derechos fundamentales invocados, al incurrir en defecto sustantivo dado que , a su juicio , desconoció que , de conformidad con el parágrafo transitorio 1 del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 , a los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003 les asiste el derecho a que el reconocimiento de la pensión de invalidez se estudie bajo lo preceptuado en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 en el que se encuentra enunciada la prima de servicios, razón por la que sí procede la reliquidación de la pensión con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.

Además, indicó que no es procedente dar aplicación a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 1, en la cual se analizó el IBL en el régimen pensional de jubilación docentes dado que en dicha oportunidad no se hizo referencia a la pensión de invalidez.

del 25 de abril de 2019 1, en la cual se analizó el IBL en el régimen pensional de jubilación docentes dado que en dicha oportunidad no se hizo referencia a la pensión de invalidez.

1 Proferida en el proceso con radicado: 68001233300020150056901(0935-17) C.P Cesar Palomino Cortes.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01

Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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4. Oposición

La Sección Segunda, Subsección E, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto del magistrado ponente de la decisión atacada, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.

Señaló que la demandante pretende reabrir en sede constitucional el debate respecto de cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas en el marco del proceso ordinario.

Así mismo, expresó que el caso objeto de estudio fue decidido conforme a la ley y los antecedentes jurisprudenciales vigentes, en especial , en aplicación de la sentencia de unificación del 14 de abril de 2016, que le permitió concluir que no le asiste derecho a la ac tora a que la pensión le sea reliquidada como lo pretende,

los antecedentes jurisprudenciales vigentes, en especial , en aplicación de la sentencia de unificación del 14 de abril de 2016, que le permitió concluir que no le asiste derecho a la ac tora a que la pensión le sea reliquidada como lo pretende, pues al haberse vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, su derecho pensional debía ser liquidado con el 75% del salario promedio devengado en el año anterior al retiro del servicio, teniendo en cuenta lo previsto por el Decreto 1848 de 1969, y los factores salariales enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

Además, manifestó que en la providencia objeto de reproche se explicó con claridad que no hay lugar a incluir en la liquidación de la pensión de invalidez de la demandante la prima especial, por cuanto no fue enlistada en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, ni la prima de servicios establecida en dicha normativa, pues conforme lo indicó el Consejo de Estado en la referida sentencia de unificación, la prima de servicios que devengan los docentes oficiales es la contenida en el Decreto 1545 de 2013, cuyo derecho se reconoció a partir del año 2014, sin efectos pensionales por expresa voluntad del legislador.

5. Intervenciones

El Juzgado 47 Administrativo de Bogotá solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la referencia respecto a ese despacho dado que los cuestionamientos planteados por el actor únicamente esta dirigidos contra la decisión de segunda instancia.

La Fiduprevisora S.A. solicitó ser desvinculada del trámite de la referencia o que

cuestionamientos planteados por el actor únicamente esta dirigidos contra la decisión de segunda instancia.

La Fiduprevisora S.A. solicitó ser desvinculada del trámite de la referencia o que en su defecto se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que las pretensiones del amparo van dirigidas contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en esa medida no existe responsabilidad de la entidad en la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la demandante.

6. Sentencia de primera instancia

La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en providencia del 22 de febrero de 2023, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la señora Hurtado Camacho y, en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E , y le ordenó proferir nueva decisión respecto a la reliquidación de la pensión de invalidez reclamada, en particular, en relación a la inclusión de la prima de servicios.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01

Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Lo anterior, al considerar que el tribunal demandado incurrió en defecto sustantivo dado que, conforme a lo señalado en anterior op ortunidad 2

a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Lo anterior, al considerar que el tribunal demandado incurrió en defecto sustantivo dado que, conforme a lo señalado en anterior op ortunidad 2 en un caso de similitud fáctica se determinó que el tribunal demandado, al momento de adoptar la decisión cuestionada frente a la prima de servicios, aplicó el artículo 5 del Decreto 1545 de 2013, al considerar que ese emolumento constituye fact or salarial solamente para efectos de la liquidación de las vacaciones, cesantías y primas de vacaciones y de navidad, más no para la pensión de invalidez, a pesar de que el Decreto 1045 de 1978, por el que se fijan las reglas generales de las disposicione s sobre prestaciones sociales a de los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden nacional y el cual además rige la prestación social de la actora , estableció como factores salariales para su liquidación pensional, entre otros, la prima de servicios, la cual, como lo exige el Decreto 1848 de 1969, debe ser devengada en el último salario recibido.

Indicó que en el caso objeto de estudio , al igual que en el cas o citado, había lugar a ratificar la postura adoptada, habida cuenta de que cuando se desatiende lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, para concluir que la prima de servicios no p uede ser incluida como factor salarial para liquidar la pensión de invalidez, se incurre en defecto sustantivo.

7. Impugnación

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección E, por

liquidar la pensión de invalidez, se incurre en defecto sustantivo.

7. Impugnación

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección E, por conducto del ponente de la decisión cuestionada impugnó la decisión de primera instancia e indicó que:

“la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2022 en el proceso ordinario No. 1100133-42-047-2018-00470-01 incurrió en un defecto sustantivo, por cuanto desconoció que la situación pensional de la actora “se rige por los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, sin que le sea aplicable la sentencia de unificación del 25 de abril de 201920, en la cual se analizó el IBL en el régimen pensional de jubilación docentes”, pues se debió incluir la prima de servicios como factor salarial devengado para efectos de reliquidarle la pensión de invalidez, como esa misma Corporación lo había admitido en la sentencia de tutela de fecha 16 de febrero de 2023 que allí relaciona.(…)”

Al respecto, manifestó que no comparte la referida decisión ni su fundamento en la medida que respecto al tema de los factores a considerar en el reconocimiento o reliquidación de la pensión de invalidez de los docentes no existe una sentencia de unificación que determine cuáles deben ser incluidos, por tanto, no se incurrió en el defecto sustantivo que afecte la sentencia ordinaria objeto de la decisión de tutela.

Además, adujo que el precedente invocado en la providencia impugnada es un fallo de tutela que no tiene vocación de ser un precedente vinculante, pues tal como lo

Además, adujo que el precedente invocado en la providencia impugnada es un fallo de tutela que no tiene vocación de ser un precedente vinculante, pues tal como lo ha indicado el Consejo de Estado , las sentencias de tutela no crean reglas de derecho vinculantes y las mismas constituyen un criterio auxiliar de interpretación , debido a que son proferidas cuando actúan como jueces constitucionales y no como órganos de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, en todo caso insistió en que sus efectos son inter partes, por lo que únicamente producen efectos entre

2 mediante sentencia de tutela del 16 de febrero de 2023 , e xpediente 11001031500020230029100 , a ctor: Nohora Silvia Umaña Montero CP. Carmelo Perdomo Cuéter.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01

Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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quienes intervienen en el litigio, motivo por el cual, no es posible que lo allí decidido sea “aplicable uniformemente a personas ajenas al conflicto, aun cuando ambos casos sean similares”.

Afirmó que, al momento de proferir la decisión impugnada, el juez constitucional no tuvo en cuenta que el fallo de tutela que aplicó como precedente vinculante , fue

casos sean similares”.

Afirmó que, al momento de proferir la decisión impugnada, el juez constitucional no tuvo en cuenta que el fallo de tutela que aplicó como precedente vinculante , fue proferido el pasado 16 de febrero de 2023, razón por la que este no existía cuando el caso objeto de estudio fue resuelto, esto es, el 30 de septiembre de 2022, por lo que era imposible conocerla y, por ende, no podía soportar un vicio como el que se le endilgó.

Sostuvo que , contrario a lo afirmado en la decisión impugnada, en el presente asunto deberían prevalecer las sentencias de unificación ya se an de la Sala Plena o de la Sección Segunda, que se ocupen del tema objeto de debate, pero se evidencia que hasta el momento no han sido proferidas, por lo que es razonable seguir las reglas fijadas en las que han sido emitidas con el objetivo establecer criterios uniformes para la interpretación y aplicación de las normas legales en el tema pensional, como aquella que al amparo de lo previsto en la Constitución Política (art. 48) prevé que para efectos de la liquidación de las pensiones solo se deben tener en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones, tal como ocurrió en el caso concreto, como quiera que el fallo de 30 de septiembre de 2022 fue proferido atendiendo las sentencias de unificación SUJ2 -001-16 y SUJ -014 -CE-S2 -2019, que fijaron la regla antes indicada, las que por demás, se encontraban vigentes al momento de ser proferida la decisión cuestionada.

Insistió en el hecho de que la providencia cuestionada se emitió con base en la

indicada, las que por demás, se encontraban vigentes al momento de ser proferida la decisión cuestionada.

Insistió en el hecho de que la providencia cuestionada se emitió con base en la normativa aplicable y el precedente vinculante (sentencias SUJ2-001-16 y SUJ-014 -CE-S2 -2019), material jurídico que junto con el probatorio debidamente allegado y valorado permitió proferir la decisión que no puede ser calificada como caprichosa o arbitraria.

Destacó que es importante resaltar que, si bien es cierto el Decreto 1848 de 1969 estableció en el artículo 63 que la pensión de invalidez se debía liquidar con el último salario devengado, sin hacer distinción sobre los fac tores que se debían incluir, también lo es que dicha norma se debió interpretar en armonía con el Acto Legislativo 01 de 2005 (art. 1.º), pues se trata de normativa que es posterior y de aplicación prevalente respecto de las disposiciones invocadas en la d ecisión que por el presente se controvierte.

En efecto, la norma Constitucional introdujo una regla muy clara, consistente en establecer que los factores que se deben incluir en las pensiones son aquellos sobre los cuales se hayan efectuado aportes , postura que ha sido adoptada por el órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en las sentencias de unificación relacionadas con los asuntos pensionales.

Expresó que en la decisión impugnada además se dejó de lado que en el marco del proceso ordinario no se encontró acreditado que la actora hubiese efectuado aportes sobre la prima de servicios, razón adicional por la que no era posible

Expresó que en la decisión impugnada además se dejó de lado que en el marco del proceso ordinario no se encontró acreditado que la actora hubiese efectuado aportes sobre la prima de servicios, razón adicional por la que no era posible reconocerla como factor para ordenar la reliquidación de la pensión de la demandante, más aún cuando la norma que estableció la prima de servicios paraRadicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01

Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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los docentes (Decreto 1545 de 2013), no la previó como un factor para liquidar las pensiones.

En consecuencia, indicó que al aplicar los decretos relacionados en el fallo impugnado en la forma en que hizo el juez de tutela de primera instancia se incurre en un defecto sustantivo por falta de aplicación de la regla prevista en el Acto Legislativo No. 1 de 2005 (art. 1.º), y por indebida aplicación de los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, que se deben atender en concordancia con lo regulado por la Constitución, lo que conlleva a que el fallo impugnado sea revocado.

De otro lado, expuso que no se puede desconocer que la sentencia del proceso

lo regulado por la Constitución, lo que conlleva a que el fallo impugnado sea revocado.

De otro lado, expuso que no se puede desconocer que la sentencia del proceso ordinario que fue revocada con la decisión de tutela fue clara al indicar que conforme lo señaló el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ2 -0011615, la prima de servicios que devengan los docentes oficiales es la contenida en el Decreto 1545 de 2013, cuyo derecho se reconoció a partir del año 2014, sin efectos pensionales por expresa voluntad del legislador. Posición que en todo caso ha sido reiterada por las secciones primera y segunda del máximo órgano de cierre en sentencias.

Conforme a lo expuesto , solicitó se revoque el fallo recurrido y , en su lugar , se declarare improcedente la acción de tutela dado que lo que pretende la demandante es reabrir un debate definido en el marco del proceso ordinario.

De manera subsidiaria solicitó revocar y que se n ieguen las pretensiones de la acción de tutela dado que en la providencia cuestionada no se encuentran configurados los defectos alegados por la actora.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o po r quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o po r quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutelaRadicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01

Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional3 , para lo cual aplicó l a metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la

contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional3 , para lo cual aplicó l a metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 4 y específicas 5 de procedencia de la acción de tutel a.

Problema jurídico

Pese a que el a quo consideró que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, considera la Sala que, preliminarmente, debe analizarse, en particular, si se cumple con e l requisito de relevancia constitucional.

De superar ese análisis, corresponderá a la Sala establecer si al proferir la sentencia del 30 de septiembre de 2022 dentr