CE - 110010315000202300397011SENTENCIA20230616152011

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00397-01

Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-00397-01

Demandante: GILMA SUSANA MARTÍNEZ GAITÁN Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO , SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas: Tutela contra providen cia judicial. Contra medio de control de reparación directa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 17 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que resolvió:

“PRIMERO. DECLÁRASE improcedente la solicitud de tutela de Gilma Susana Martínez Gaitán y otros, contra el Consejo de Estado -Sección Tercera-Subsección B y el Tribunal

Tercera, Subsección C, que resolvió:

“PRIMERO. DECLÁRASE improcedente la solicitud de tutela de Gilma Susana Martínez Gaitán y otros, contra el Consejo de Estado -Sección Tercera-Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Gilma Susana Martínez Gaitán y otros1, en nombre propio, interpusieron acción de tutela contra el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera , Subsección B , por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración la justicia . En consecuencia, formul aron las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Conceder el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al respeto del debido proceso y al acceso material a la justicia de Gilma Susana Martínez Gaitán, Diego Felipe Lee Martínez, María Inés Martínez De Nieto, María Inés Nieto Martínez, Luis Alejandro Nieto Martínez, Sonia Esther Nieto Martínez, Nubia Cristina Nieto Martínez, Carlos Fernando Nieto Martínez, Martha Cecilia Nieto Martínez, María Cristina Martínez De Ruiz, Camilo

1 Gilma Susana Martínez Gaitán, María Inés Martínez de Nieto, María Inés Nieto Martínez, Luis Alejandro Nieto Martínez,

Sonia Esther Nieto Martínez, Nubia Cristina Nieto Martíne z, Carlos Fernando Nieto Martínez, Martha Cecilia Nieto Martínez, María Cristina Martínez De Ruiz, Alcira Martínez De Angulo, Manuel José Angulo Gracia, Manuel Francisco Angulo Martínez, Hernando Alonso Angulo Martínez, Claudia Johanna Angulo Martínez, Luis Guillermo Martínez Gaitán, Gloria María Martínez De Martínez, Luis Guillermo Martínez Martínez, Ana María Martínez Martínez, Diana Catalina Martínez Martínez, Elvira Martínez De Franco, José Del Carmen Franco Buitrago, Olga Lucía Franco Martínez, Daniel Mauricio Franco Martínez, Ana Lucía Martínez De González, Ximena Lucía González Martínez, Martha Liliana González Martínez, Blanca Isabel Martínez Gaitán, Cecilia Del Rosario Forero Martínez, Carlos Arturo Martínez Gaitán, Diana Yanet Bastidas, Diego Felipe Lee Martínez, José Luis Martínez Bastidas, Carlos Andrés Martínez Bastidas, Ana Sofía Martínez Bastidas, Camilo Andrés Ruiz Martínez, Sandra Patricia Ruiz Martínez y María Clara Ruiz Martínez .Radicado: 11001-03-15-000-2023-00397-01

Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Andrés Ruiz Martínez, Sandra Patricia Ruiz Martínez, María Clara Ruiz Martínez, Alcira Martínez De Angulo, Manuel José́ Angulo Gracia, Manuel Francisco Angulo Martínez, Hernando Alonso Angulo Martínez, Claudia Johanna Angulo Martínez, Luis Guillermo Martínez Gaitán, Gloria María Martínez De Martínez, Luis Guillermo Martínez Martínez, Ana María Martínez Martínez, Diana Catalina Martínez Martínez, Elvira Martínez De Franco, José́ Del Carmen Franco Buitrago, Olga Lucía Franco Martínez, Daniel Mauricio Franco Martínez, Ana Lucía Martínez De González, Ximena Lucía González Martínez, Martha Liliana González Martínez, Blanca Isabel Martínez Gaitán, Cecilia Del Rosario Forero Martínez, Carlos Arturo Martínez Gaitán, Diana Yanet Bastidas, José Luis Martínez Bastidas, Carlos Andrés Martínez Bastidas y Ana Sofia Martínez Bastidas, los cuales son actualmente vulnerados y amenazados por el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B con la sentencia del 07 de abril de 2022, notificada el 10 de agosto de 2022, dictada dentro del pr oceso con radicación No. 25000 -23-26-000-2009-00379-01 (42.530).

SEGUNDA: En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia dictada por el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera - Subsección B dentro del

(42.530).

SEGUNDA: En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia dictada por el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera - Subsección B dentro del proceso de reparación directa cursado en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación dentro del radicado número 25000-23-26000-2009-00379-01 (42.530) y ordenar a la autoridad judicial que se profiera un fallo de reemplazo en el que se valore el daño antijurídico causado a los accionantes, así como la violación del derecho al debido proceso y al acceso material a la justicia.

TERCERA: Conceder el amparo de los derechos fundamentales que el juez de tutela encuentre vulnerados”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 2 de julio de 1999 el representante legal de Electroatl ántico Ltda. denunció ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional Riohacha, La Guajira a la señora Gilma Susana Martínez Gaitán, en calidad de representante legal de Electroguajira S.A. E.S.P.2, el 3 de julio de 2003, la Fiscalía Tercera de Patrimonio Económico de Riohacha definió su situación jurídica, se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento por el delito de peculad o por apropiación, sin embargo, e l representante de la parte civil y el Ministerio Público presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación, por lo que el 14 de febrero de 2005, fue revocada parcialmente la decisión y se le impuso medida de aseguramiento de

representante de la parte civil y el Ministerio Público presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación, por lo que el 14 de febrero de 2005, fue revocada parcialmente la decisión y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a la señora Gilma Martínez, la cual se hizo efectiva el 14 de julio de 2005.

El apoderado de Gilma Martínez solicitó la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva carcelaria, por detención domiciliaria, con base en su condición de madre cabeza de familia , solicitud que fue concedida mediante Resolución del 14 de julio de 2005.

El 25 de octubre de 2005, la Fiscalía 222 de la Unidad 2 de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Bogotá precluyó la investigación a favor de Gilma Martínez, decisión que fue confirmada el 20 de noviembre de 2006 por la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

2 Por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación y prevaricato, por presuntamente haber incumplido un convenio interadministrativo suscrito entre Electroguajira S.A. E.S.P y el municipio de Riohacha, del cual hac ía parte un contrato de concesión de Electroatlántico Ltda.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00397-01

Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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La señora Gilma Susana Martínez Gaitán, junto con su núcleo familiar, ejerci eron medio de control de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios que sufrió por la privación de su libertad, las falsas imputaciones, irregularidades y errores de que fue víctima dentro del proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisión del delito de peculado.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en 17 de agosto de 2011, declaró responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de Gilma Martínez Gaitán, con fundamento en que, estaba probado que la privación de la libertad de detención domiciliaria de la demandante, que transcurrió entre el 14 de julio y el 25 de octubr e de 2005, fue injusta, toda vez que tuvo origen en un proceso penal adelantado en su contra por el delito de peculado por apropiación, en el cual resultó absuelta, al demostrarse la atipicidad de la conducta, con base en lo cual, concluyó que la privación había sido antijurídica, pues no estaba en la obligación de soportarla.

atipicidad de la conducta, con base en lo cual, concluyó que la privación había sido antijurídica, pues no estaba en la obligación de soportarla.

Las partes interpusieron recurso de apelación . La Fiscalía General de la Nación para señalar que el asunto no debía analizarse bajo un régimen objetivo de responsabilidad, porque se ocasionaría una grave lesión para el patrimonio del Estado, además, sostuvo que el tribunal no se pronunció respecto de la excepción propuesta por la fiscalía sobre el hecho exclusivo de un tercero, la cual se encontraba probada y se opuso al reconocim iento de perjuicios concedido a los hermanos de la demandante principal, comoquiera que no probaron su afectación moral. La parte demandante, con el fin de que se modificara la sentencia de primera instancia y se aumentaran las indemnizaciones allí reconocidas.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B , en sentencia del 7 de abril de 2022, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, porque encontró configurada la causal de exoneración de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima.

Frente a lo cual precisó que, en lo referente a la vinculación y a las falsas imputaciones alegadas por la parte demandante, la jurisprudencia ha sostenido que, el deber de soportar investig aciones corresponde a una carga que soportan por igual todas las personas, por lo que su materialización en un caso determinado no comporta, en principio, un desequilibrio que no se esté en el deber jurídico de soportar y, en relación con las irregularidades y errores del proceso penal seguido en contra de Gilma Martínez durante el proceso penal, determinó que , si bien ,

no comporta, en principio, un desequilibrio que no se esté en el deber jurídico de soportar y, en relación con las irregularidades y errores del proceso penal seguido en contra de Gilma Martínez durante el proceso penal, determinó que , si bien , dentro del proceso penal se indicó que se había presentado una mora en el trámite, lo cual dio lugar al cambio de radicación de la investigación, la parte demandante no acreditó que esas actuaciones le hayan generado un daño en su reputación.

En cuanto a la privación de la libertad, consideró que la causal eximente de responsabilidad de culpa de la víctima se configuró porque de las pruebas que obraron en el proceso fue posible evidenciar que, a pesar de que, la víctima directa tenía conocimiento de la existencia de un proceso penal seguido en su contra por el delito de peculado por apropiación -al haber rendido diligencia de indagatoriay sabía, incluso, de la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, decidió de manera voluntaria no comparecer ante las autoridades, pues pudo informar de su situación de madre cabeza de familia durante el lapso queRadicado: 11001-03-15-000-2023-00397-01

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transcurrió para la resolución de los recursos interpuestos en contra de la

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transcurrió para la resolución de los recursos interpuestos en contra de la providencia inicial que se abstuvo de i mponer medida en su contra.

Indicó que, si bien, la Fiscalía, al momento de estudiar la solicitud de sustitución de la medida, omitió realizar algún pronunciamiento frente a la afirmación expresa que hizo la defensa de que Gilma Martínez había eludido la acción de la justicia, lo cierto es que, de todas maneras, decidió mantener la medida de aseguramiento al considerarla razonable y útil, solo que accedió a modificarla por detención domiciliaria, en atención a su condición de madre cabeza de familia y las obligaciones que tenía con su hijo menor de 5 años.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera , Subsección B , incurrió en los defectos fáctico, “sustantivo” por desconocimiento del precedente judicial y procedimental absoluto.

De manera general expuso que se desconoció el derecho fundamental al debido proceso porque lo relacionado con la causal de culpa exclusiva de la víctima no fue estudiada en el proceso, sino que, la posición de la Fiscalía General de la Nación siempre se dirigió a alegar el hecho generado por un tercero, situación que negó el Tribunal, por lo que considera que no era posible que el Consejo de Estado profiriera una sentencia con un argumento totalmente distinto al que se planteó en el proceso. Con fundamento en lo cual la parte actora adujo que no tuvo oportunidad

Tribunal, por lo que considera que no era posible que el Consejo de Estado profiriera una sentencia con un argumento totalmente distinto al que se planteó en el proceso. Con fundamento en lo cual la parte actora adujo que no tuvo oportunidad de presentar argumentos en contra de la causal de culpa exclusiva de la víctima y que, en ese sentido, el Consejo de Estado coart ó toda posibilidad de ejercer el derecho defensa y demostrar que la eximente de culpa exclusiva de la víctima no era aplicable en el presente caso.

En cuanto al cargo por “defecto sustantivo” por el desconocimiento del precedente judicial, indicó que se desconoció por “haber fundado su decisión en un análisis ilógico de una presunta “culpa exclusiva de la víctima” como eximente de responsabilidad del Estado”.

Al efecto, se refi rió a la sentencia de unificación 363 de 2021 , de la Corte Constitucional, según la cual, «(...) la culpa exclusiva de la víctima debe atender lo previsto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996. El supuesto fáctico contemplado en dicha norma es la culpa grave o el dolo de la víctima, que no corresponden a los hechos sumariados en lo penal, sino a una conducta con incidencia procesa l directa, necesaria y determinante, que tenga efecto durante la tramitación del proceso, por la cual se reemplaza la decisión del juez como causa material del daño (privación de la libertad), por la propia conducta de la víctima, que indujo, provocó o determinó la privación de la libertad (...)».

Asimismo, indicó que e n sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, la

(privación de la libertad), por la propia conducta de la víctima, que indujo, provocó o determinó la privación de la libertad (...)».

Asimismo, indicó que e n sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «(...) la participación o incidencia de la conducta del demandante en la generación del daño alegado resulta preponderante, se torna necesario que el juez verifique, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, desde el punto de vista civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, pues no debe olvidarse que, para los eventos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que aquél (el daño) “se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo”, de modo que en los casos en los que la conducta de la víctima esté provista de una u otra condición procede la exoneración deRadicado: 11001-03-15-000-2023-00397-01

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responsabilidad del Estado, por cuanto en tal caso se entiende que es esa conducta la

de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos /evalidador.aspx

responsabilidad del Estado, por cuanto en tal caso se entiende que es esa conducta la determinante del daño(...)».

Agregó que, en sentencia del 19 de noviembre de 2021 3, el Consejo de Estado declaró inexistente la culpa exclusiva de la víctima, en un proceso donde el actor, al igual que la señora Gilma Susana Martínez Gaitán fue aprehendido a causa de una denuncia de un tercero, que, al igual que el caso bajo análisis, el actor siempre manifestó su inocencia y colabor ó con la justicia.

Expuso consideraciones relacionadas con que en la apertura del proceso penal, la conducta de la señora Gilma Susana Martínez Gaitán no fue determinante, sino por la denuncia de un tercero y se concretó por la labor investigativa de la Fiscalía, quien de forma equivocada determinó que la actora debía ser aprehendida y en cuanto a la imposición de la medida de aseguramiento, dijo que , contrario a lo interpretado por el Consejo de Estado, la medida de aseguramiento no se concretó por el actuar de la señora Gilma Susana Martínez Gaitán.

Explicó que el 3 de julio de 2003 la Fiscalía Tercera de Patrimonio Económico de Riohacha resolvió no imponer medida de aseguramiento, decisión que fue revocada el 14 de febrero de 2005, en atención al recurso interpuesto por la parte civil y el Ministerio Público y no por la conducta de Gilma Susana Martínez Gaitán.

Igualmente, que, la medida de aseguramiento no se mantuvo por su actuar, que el

Ministerio Público y no por la conducta de Gilma Susana Martínez Gaitán.

Igualmente, que, la medida de aseguramiento no se mantuvo por su actuar, que el 13 de junio de 2005 no se solicitó la revocatoria de la medida, sino que se pidió la sustitución de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria, por su condición de madre cabeza de hogar. Agregó que, “no puede pretender el Consejo de Estado, que una medida de aseguramiento prevalezca sobre la familia y los derechos de niños, más aún, cuando se probó que la Fiscalía 3 de Riohacha ejerció su mando con irregularidades. Entonces, si la medida continuó fue por decisión de la Fiscalía, quien, atendiendo el recurso interpuesto por la parte civil y el Ministerio público ordenó medida preventiva de aseguramiento; no por algún actuar culposo o doloso de la actora”.

Aseveró incluso que “el Consejo de Estado no demostró que Gilma Susana Martínez Gaitán haya actuado con culpa grave o dolo, tal y como lo exige la jurisprudencia y la ley”.

En cuanto a las actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, afirmó que desconoció el precedente judicial aplicable en materia de perjuicios morales, para la época en que se dictó sentencia104.

En punto al defecto fáctico sostuvo que las autoridades judiciales demandadas valoraron erróneamente las pruebas y se les dio un alcance que no tienen.

A su juicio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B incurrió en el referido defecto en una dimensión positiva, porque no

valoraron erróneamente las pruebas y se les dio un alcance que no tienen.

A su juicio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B incurrió en el referido defecto en una dimensión positiva, porque no tuvo en cuenta los testimonios allegados al proceso, pues, según afirma, todos los testigos fueron coincidentes al indicar que la familia era muy unida y que a todos les afectó la privación injusta de la libertad a la que fue sometida la señora Gilma

3 Consejo de Estado. Secci ón tercera. Subsecci ón B. Radicaci ón n úmero: 20001 -23-31-000-2011-00396-01(49542), Consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz; diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 4 Consejo de Estado. Secci ón Tercera. Rad icación número: 18001-23-31-000-1997-01198-01(18357), Consejero ponente: Dr. Enrique Gil Botero; sentencia de 18 de marzo de 2010 ; Radicación número: 11001-03-26-000-1999-00007-01(16038), Consejera ponente: Dra. Myriam Guerrero De Escobar; sentencia de 22 de julio de 2009 y Radicación Número: 07001-2331-000-1997-00692-01(15769), Consejera Ponente: Dra. Myriam Guerrero de Escobar; dentencia del 11 De Febrero de 2009.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00397-01

Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros

6

Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Susana Martínez Gaitán, como fue el caso del testimonio de Mónica Marcela Rivera Galindo, a efecto de acreditar los perjuicios morales.

Respecto a los perjuicios materiales indicó que el Tribunal omitió verificar las fechas, porque la señora Gilma Susana Martínez Gaitán si padeció la restricción a la libertad “en el plano jurídico”.

Sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B incurrió en el defecto fáctico porque concluyó la existencia de la “culpa exclusiva de la víctima”, a pesar de que en “el trámite se demostró que el daño devino de las actuaciones abiertamente injustas y arbitrarias por parte de la Nación – Fiscalía General de la Nación”.

En cuanto al defecto procedimental absoluto no expuso argumentos que sustentaran el cargo.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en auto del 3 de febrero de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante, a los señores Consejeros de Estado que dictaron la sentencia del 7 de abril de 2022,

2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante, a los señores Consejeros de Estado que dictaron la sentencia del 7 de abril de 2022, radicado número 25000-23-26-000-2009-0037901 y a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B que dictaron la sentencia del 17 de agosto de 2011, radicado número 25000 -23-26-000-200900379-00. Asimismo, a la Nación–Fiscalía General de la Nación, como tercero interesado en el resultado del proceso.

5. Oposición

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B allegó informe en el que indicó que la providencia y el expediente de la respectiva acción de reparación directa, contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda.

6. Intervención de los terceros interesados

La Unidad de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación señaló que la presente acción de tutela resulta improcedente por cuanto (i) la parte accionante no da cuenta a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de este; (ii ) no sustent ó las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente y, (iii) pretende recuperar oportunidades procesales perdidas.

Considera que la parte actora no sustentó en debida forma los defectos invocados y precisó que, en todo caso, no se configuró el defecto fáctico, porque las

procedente y, (iii) pretende recuperar oportunidades procesales perdidas.

Considera que la parte actora no sustentó en debida forma los defectos invocados y precisó que, en todo caso, no se configuró el defecto fáctico, porque las decisiones atacadas, no desbordaron los criterios de proporcionalidad inherentes a la adopción de este tipo de decisiones, toda vez que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B realizaron una valoración de la prueba bajo los criterios establecidos y requisitos legales. Indicó que, el juez administrativo cont ó con los elementos de juicio suficientes para emitir les fallos hoy atacados en sede de tutela y que realizó una valoración adecuada del acervo probatorio.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00397-01

Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Dijo que la parte actora tampoco acreditó la configuración del defecto sustantivo, al no haber establecido que el juez haya efectuado una interpretación irregular de la Ley, ni de la Constitución; toda vez que se verific ó que la medida privativa de la libertad fue legal, razonada y proporcional; así como tampoco se evidencia cuáles

no haber establecido que el juez haya efectuado una interpretación irregular de la Ley, ni de la Constitución; toda vez que se verific ó que la medida privativa de la libertad fue legal, razonada y proporcional; así como tampoco se evidencia cuáles fueron los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o puestos en riesgo con dicha interpretación normativa.

Igualmente que, que no se configura un defecto procedimental absoluto, pues en el proceso del cual son parte los hoy tutelantes se ha aplic ado el procedimiento que corresponde, como es el previsto por el artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 y el artículo 88 del Código General del Proceso por remisión normativa del artículo 267 del CPACA y respecto al exceso ritual manifiesto no se advirtió que la interpretación de las normas procesales haya sido de “excesivo rigor ritual” dado que las providencias judiciales cuestionadas presentaron razones suficientes para fundamentar las decisiones; adicionalmente, el juez se ha ajustado a las ritualidades propias del proceso.

En cuanto a la alegada vulneración del derecho fundamental al debido proceso, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B al proferir los fallos cuestionados, respetaron cada una de las garantías de los accionantes.

Finalmente, afirmó que las providencias que se cuestionan por esta vía respetaron las reglas jurisprudenciales plasmadas en la sentencia SU -072 de 2018.

Agregó que en el presente caso no se cumple con los requisitos generales de relevancia constitucional, porque se ejerce como una instancia adicional y el de

las reglas jurisprudenciales plasmadas en la sentencia SU -072 de 2018.

Agregó que en el presente caso no se cumple con los requisitos generales de relevancia constitucional, porque se ejerce como una instancia adicional y el de subsidiariedad, sin indicar el medio de defensa que tiene a su alcance la parte actora.

Solicitó negar la solicitud de amparo.

7. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en sentencia del 17 de marzo de 2023 , declaró improcedente la acción de tutela por considerar que tutela contra providencia judicial tiene un carácter excepcional, por ello, no le corresponde al juez del amparo revisar, ni evaluar la interpretación y el alcance dado por el juez natural del asunto a los preceptos aplicados al resolver la controversia, preciso que e ste recurso judicial tampoco constituye una instancia adicional al proc eso ordinario, ni es un escenario para refutar la valoración probatoria del juez de conocimiento o para que la parte desfavorecida por una decisión proponga “una mejor solución” al caso.

Concluyó que no se evidenció que la decisión cuestionada sea caprichosa o arbitraria y los argumentos expuestos por la solicitante