CE - 110010315000202300400011SENTENCIA20230420165422

Demandante: Carlos Adolfo Gómez Higuita Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2023-00400-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00400-01

Demandante: CARLOS ADOLFO GÓMEZ HIGUITA

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Tema: Tutela contra acto administrativo – declara improcedencia por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad1.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 3 de marzo de 2023 , por la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A negó la solicitud de amparo interpuesta por el actor.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Carlos Adolfo Gómez Higuita, a través de apoderado, presentó acción de tutela2 contra el « CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA », con el fin de

1.1. La solicitud de amparo

El señor Carlos Adolfo Gómez Higuita, a través de apoderado, presentó acción de tutela2 contra el « CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA », con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales «a la igualdad, equidad, trabajo, libre desarrollo de la profesión, mínimo vital y principio de favorabilidad».

Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por la autoridad en mención , con ocasión a la expedición de su tarjeta profesional de abogado, toda vez que esta se le dio con una vigencia de carácter temporal, mientras que a algunos de sus compañeros de carrera, que ingresaron a estudiar en la misma fecha que él, no se les impuso ninguna restricción.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

1 Se reitera la posici ón adoptada en la sentencia de 16 de marzo de 2023, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, dentro del expediente 11001-03-15-000-2023-00928-00. 2 Mediante escrito radicado el 30 de enero de 2023, en el buzón electrónico tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co y remitido a la Secretaría del Consejo de Estado, en la misma fecha.Demandante: Carlos Adolfo Gómez Higuita Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2023-00400-01

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO. Por todo lo anterior señor Juez, solicito respetuosamente se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que, en la mayor brevedad posible, expida la tarjeta profesional definitiva de abogado a mi prohijado, el señor CA RLOS GOMEZ HIGUITA, en aras de impedir que se siga vulnerando su derecho al trabajo, igualdad, libre desarrollo a la profesión, equidad, principio de favorabilidad y mínimo vital.

SEGUNDO. Que se dé cumplimiento al fallo de tutela con radicado No. 11001 -0315-000-2022-03409-00 mediante el cual se ordenó expedir la tarjeta profesional de abogado a la señora KATHYA MARCELA ALVAREZ y por su parte PREVENIR al Consejo Superior de la Judicatura para que en lo sucesivo se abstenga de exigir el requisito consagrado en la Ley 1905 de 2018, hasta tanto se pueda materializar la presentación del examen de la conforme a las consideraciones expresadas en el proyecto, fallo que solicito se tenga a consideración al dictar sentencia, teniendo en cuenta su efecto INTER COMUN IS, y lo que por efecto, negar la expedición de la Tarjeta Profesional definitiva de abogado, implicaría imponer una carga lesiva a mi prohijado, de la cual, no tiene el deber jurídico de soportar, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, t eniendo en cuenta que esta supone la existencia de una situación fáctica concreta ya reconocida, siendo esta el fallo de tutela INTER COMUNIS con radicado 202203409 de conocimiento de la

virtud del principio de la condición más beneficiosa, t eniendo en cuenta que esta supone la existencia de una situación fáctica concreta ya reconocida, siendo esta el fallo de tutela INTER COMUNIS con radicado 202203409 de conocimiento de la SALA PLENA CONTENCIOSA - SECRETARIA GENERAL SECCIÓN QUINTA, toda vez que esta es más favorable a mi prohijado que la impuesta actualmente, ante esto la Corte Constitucional ha manifestado que: […]3.

1.3. Hechos

La parte actora fundó su escrito de tutela en la siguiente síntesis:

Señaló que una vez se le reconoció la asig nación de retiro por haber laborado al servicio de la Policía Nacional, decidió iniciar sus estudios en derecho en la Universidad Politécnico Grancolombiano, dado que existía un convenio entre este ente universitario y la institución donde laboró por 33 añ os, a través del cual se le posibilitaba acceder a diferentes beneficios educativos.

Explicó que una vez obtenido su título de abogado y con fundamento en unos fallos de tutela 4, el 4 de octubre de 2022 remitió un correo a la dirección electrónica regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, con el fin de que le fuera expedida su tarjeta profesional de abogado, previa acreditación de los requisitos que el Consejo Superior de la Judicatura exigía para ese momento.

Alegó que el 17 de noviembre de 2022, la autoridad accionada le expidió la tarjeta profesional de abogado N.º 395.960, sin embargo, a esta se le dio el carácter de provisional, con una vigencia hasta el 30 de abril de 2024, de conformidad con lo

profesional de abogado N.º 395.960, sin embargo, a esta se le dio el carácter de provisional, con una vigencia hasta el 30 de abril de 2024, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1905 de 20185 y el Acuerdo PCSJA2211985 de 20226.

Manifestó que el 16 de diciembre de 2022, presentó una petición ante el Consejo Superior de la Judicatura a través de la cual solicitó que se le expidiera su tarjeta profesional definitiva y se le explicaran las razones por las cuales a algunos de sus colegas sí se les entregó el citado documento sin otras exigencias, pese a que iniciaron sus estudios con posterioridad a la expedición de la Ley 1905 de 2018.

3 Trascripción literal del original con posibles errores. 4 El actor cito los fallos proferidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en los procesos 11001-03-15-000-2022-038470-00 y 11001-03-15-000-2022-03409-00. 5 «Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado» 6 «por medio del cual se establecen norm as para la expedición de tarjetas profesionales de abogados y se dictan otras disposiciones».Demandante: Carlos Adolfo Gómez Higuita Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2023-00400-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comentó que la mencionada entidad le informó lo siguiente:

[…] el pasado 03 de octubre la Institución Universitaria Politécnico

www.consejodeestado.gov.co Comentó que la mencionada entidad le informó lo siguiente:

[…] el pasado 03 de octubre la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, mediante correo electrónico suscrito por Brayan Camilo Garzón Castellanos de Registro y Control Académico, reportó las siguientes fechas de inicio de carrera y de grado: 04/02/2019 y 29/09/22 mediante acta 561 (...), por lo que conforme con el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, la ley 1905 del 2018, el acuerdo PSCJA22 -11985 del 2022, y la tarjeta remitida por el señor Carlos Adolfo Gómez y la Inst itución Universitaria, se le asignó la tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional, por lo que se reportó que el inicio de sus estudios fue posterior al 28 de junio del 2018 […].

1.4. Fundamentos de la solicitud

El actor consideró que el Consejo Superior de la Judicatura vulneró sus derechos fundamentales «a la igualdad, equidad, trabajo, libre desarrollo de la profesión, mínimo vital y principio de favorabilidad », toda vez qu e le expidió su tarjeta profesional de abogado con carácter tempora l y con una vigencia hasta el 30 de abril de 2024, cuando a algunos de sus compañeros de estudio que entraron a la universidad en la misma fecha que él, se les otorgó el documento de manera definitiva.

Al respecto, explicó que si bien no se le limit ó el ejercicio de su profesión, con la aplicación del Acuerdo PSCJA22-11985 del 2022 se evidencia un trato desigual , pues existe un listado de personas a quienes se les entregó el documento a pesar

Al respecto, explicó que si bien no se le limit ó el ejercicio de su profesión, con la aplicación del Acuerdo PSCJA22-11985 del 2022 se evidencia un trato desigual , pues existe un listado de personas a quienes se les entregó el documento a pesar de haber iniciado sus estudios con posterioridad a la expedición de la citada ley , mientras que a él no.

Informó que está próximo a ser adulto mayor , razón por la cual consideró que la actuación de la entidad accionada vulneró sus garantías fundamentales, dado que se reduce el tiempo en el que podrá ejercer su profesión.

Consideró que no se puede catalogar como un hecho superado la posibilidad que se les dio a los graduados en vigencia de la Ley 1905 de 2018 de solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Abogados sin necesidad del certificado de aprobación del examen de Estado que implementó la mencionada ley, dado que aun no se ha satisfecho su pretensión, esto es, obtener la tarjeta profesional de carácter definitivo.

Puso de presente que en los procesos de tutela identificados con los radicados 11001-03-15-000-2022-03847-01 y 11001-03-15-000-2022-03409-00, la Sección Quinta del Consejo de Estado ordenó al Consejo Superior de la Judicatura expedir la tarjeta profesional de abogado a los accionantes, a pesar de que estos se encontraban en sus mismas condiciones.

Finalmente, consideró que imponer una vigencia para su tarjeta profesional provoca incertidumbre sobre los procesos judiciales que lleva hasta la fecha, dado que se interrumpirá el ejercicio de su profesión hasta que se materialice el examen

Finalmente, consideró que imponer una vigencia para su tarjeta profesional provoca incertidumbre sobre los procesos judiciales que lleva hasta la fecha, dado que se interrumpirá el ejercicio de su profesión hasta que se materialice el examen de Estado que implementó la Ley 1905 de 2018.Demandante: Carlos Adolfo Gómez Higuita Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2023-00400-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5. Trámite de la acción

Con auto de 2 de febrero de 2023 , la magistrada sustanciadora del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar al presidente del Consejo Superior de la Judicatura , como autoridad accionada.

Además, ordenó comunicar el auto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que si lo considera procedente interviniera en el presente asunto.

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los siguientes pronunciamientos:

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

El director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia solicitó que se niegue el amparo deprecado en la acción de tutela, comoquiera que no existe vulneración a ningún derecho fundamental del tutelante.

El director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia solicitó que se niegue el amparo deprecado en la acción de tutela, comoquiera que no existe vulneración a ningún derecho fundamental del tutelante.

En primer lugar, explicó que el artículo 1.° de la Ley 1905 de 2018 dispuso que «Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del Exame n de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura». Así mismo, que en el artículo 2.° de la citada disposición se determinó que este requisito se aplicaría a quienes iniciaran la carrera de derecho después de su promulgación.

Informó que con ocasión a lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura autorizó al Director Ejecutivo de Administración Judicial suscribir un convenio interadministrativo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) para implementar el examen y poder ejercer la profesión de abogado.

Afirmó que el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo No. PCSJA2211985 del 29 de agosto de 2022 en el que se determinó que «para los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018 que a ún no presentan el examen de Estado, podrán solicitar sin la acreditación del certificado de aprobación del examen, su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de una Tarjeta Profesional de Abogado, que tendrá carácter provisional co n vigencia hasta la publicación de los resultados de la primera prueba».

Sobre el caso concreto, puso de presente que el 4 de octubre de 2022, el actor

Profesional de Abogado, que tendrá carácter provisional co n vigencia hasta la publicación de los resultados de la primera prueba».

Sobre el caso concreto, puso de presente que el 4 de octubre de 2022, el actor solicitó la expedición de la tarjeta profesional de abogado como titulado por la Institución Universita ria Politécnico Grancolombiano , sede Medellín , entidad que posteriormente le informó que tutelante inició la carrera de derecho el 04 de febrero de 2019 y la finalizó el 29 de septiembre de 2022.Demandante: Carlos Adolfo Gómez Higuita Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2023-00400-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De igual manera, expuso lo siguiente:

No obstante lo anter ior, esta Unidad mediante correo electrónico del 22 de octubre de 2022, remitió el oficio de fecha 21 de octubre de la misma anualidad, dirigido a la Doctora NAYIBE PAOLA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Directora Escuela Derecho y Gobierno Institución Universitaria Pol itécnico Grancolombiano Medellín, reiteró las peticiones realizadas mediante los oficios del 14 de septiembre y 30 de septiembre de 2022, donde se solicita se sirva informar a la Unidad la fecha de inicio de la carrera de Derecho de los graduados, teniendo en cuenta los procesos de homologación, transferencias internas o externas y/o cualquier situación administrativa que tenga incidencia en la fecha de inicio del

Unidad la fecha de inicio de la carrera de Derecho de los graduados, teniendo en cuenta los procesos de homologación, transferencias internas o externas y/o cualquier situación administrativa que tenga incidencia en la fecha de inicio del programa académico de Derecho, precisando si conforme a los estatutos internos de la Universid ad, esta representa continuidad de dicho programa, con el fin de determinar la aplicación de la Ley 1905 de 2018, para lo cual se anexó un Archivo Excel que contiene la relación de 45 personas que han solicitado la Tarjeta Profesional de Abogado, entre los cuales se encuentra el Dr. CARLOS ADOLFO GÓMEZ HIGUITA, sin que a la fecha se haya recibido respuesta, cuyas copias se adjuntan.

Señaló que de conformidad con la información suministrada por la institución universitaria y en aplicación a lo dispuesto por la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo No. PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, se inscribió al actor en el Registro de Abogados y se le asignó la tarjeta profesional de abogado N .º 395.960, bajo el acta N .º 24604 del 17 de noviembre de 2022 , con una v igencia provisional, comoquiera que este inició sus estudios después de haber sido promulgada la Ley 1905 de 2018.

Relató que a las señoras Elizabeth Jaramillo Rodríguez y Katya Marchela Álvarez Olivella les fueron expedidas sus tarjetas profesionales en cumpli miento de las ordenes judiciales dadas en los procesos de tutela identificados con los radicados 11001-03-15-000-2022-03847-00 y 11001-03-15-000-2022-03409-00, respectivamente.

ordenes judiciales dadas en los procesos de tutela identificados con los radicados 11001-03-15-000-2022-03847-00 y 11001-03-15-000-2022-03409-00, respectivamente.

Además, comunicó que la entidad que representa analizará cada caso particular para que , por conducto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , se adelanten las acciones judiciales y administrativas pertinentes, cuando se observe que se expidió una tarjeta profesional a quienes iniciaron la carrera judicial con posterioridad al 28 de junio de 2018, sin haber presentado el examen de Estado.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 3 de marzo de 2023 , el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A negó el amparo invocado por el señor Carlos Adolfo Gómez Higuita, al considerar que no se evidenci ó una afectación a sus garantías constitucionales por el hecho de que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares haya emitido una tarjeta profesional con carácter provisional.

El a quo constitucional para sustentar su decisión, en primer lugar, destacó que el accionante es destinatario de la Ley 1905 de 2018, pues ingresó a cursar sus estudios en derecho el 4 de febrero 2019, es decir, con posterioridad al 28 de junio de 2018, fecha en la que se publicó la mencionada normativa.Demandante: Carlos Adolfo Gómez Higuita Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2023-00400-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00400-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respectó, explicó que mediante el Acuerdo No. PSCJA22 -11985 de 29 de agosto de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura estableció que debido a que el examen de Estado se encuentra en fase de implementación, las personas a las que les resulten aplicables las disposiciones de la Ley 1905 de 2018, están facultadas para obtener su tarjeta profesional de manera provisional, hasta tanto se lleve a cabo y se publiquen los resultados de la primera prueba.

Por lo tanto, aclaró que la negativa de expedirle al tutelante una tarjeta profesional con carácter definitivo no implica una vulneración de sus derechos fundamentales, puesto que para acceder a ese tipo de tarjeta debe cumplir con el requisito exigido en la Ley 1905 de 2018.

En cuanto a la presunta vulneración del derecho a la igualdad en relación con sus compañeros, a quienes al parecer les fue expedida la tarjeta profesional sin condicionamientos, explicó que dentro del expediente no obra ba prueba que permita evidenciar que hubiesen inici ado los estudios en la misma institución universitaria que el accionante ni en la misma fecha que él, situación que no permite determinar un trato desigual.

Expuso que si la parte actora se encuentra inconforme con la reglamentación dispuesta mediante el Acuerdo PCSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, al ser este un acto administrativo de carácter general, puede ejercer el medio de control

Expuso que si la parte actora se encuentra inconforme con la reglamentación dispuesta mediante el Acuerdo PCSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, al ser este un acto administrativo de carácter general, puede ejercer el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 de la Ley 1437 de 20 14, para obtener su remoción del ordenamiento jurídico.

Por último, comentó que si bien en los fallos invocados por el actor , la Sección Quinta del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales de los actores, tales decisiones «n o constituye un precedente aplicable al caso bajo estudio, de un lado, porque tiene efectos inter partes y no intercomunis, como se alegó en el escrito de la demanda de tutela, y de otra parte, porque dicha decisión se adoptó con anterioridad a que se dictara el Acuerdo PCSJA22 -11985 de 29 de agosto de 2022, es decir, cuando no e xistía la reglamentación para expedir la tarjeta profesional temporal, respecto de los casos como los del señor Carlos Adolfo Gómez Higuita»7.

1.8. Impugnación

Mediante escrito enviado el 15 de marzo de 20238, el actor impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se revoque para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción de amparo.

Por un lado, explicó que el a quo constitucional pasó por alto la página 53 de los anexos de la demanda, donde se evidencia que algunos de los prof esionales sí ingresaron en la misma fecha e institución que él, esto es, el 4 de abril de 2019.

7 Trascripción literal del original con posibles errores.

anexos de la demanda, donde se evidencia que algunos de los prof esionales sí ingresaron en la misma fecha e institución que él, esto es, el 4 de abril de 2019.

7 Trascripción literal del original con posibles errores. 8 La sentencia de primera instancia fue notificada el 10 de marzo de 2023 y el escrito de impugnación fue presentado el 15 de marzo del mismo año.Demandante: Carlos Adolfo Gómez Higuita Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2023-00400-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así mismo, indicó que tampoco se avizoraron las páginas 54 y 55 del mismo anexo ni el listado adjunto en el proceso radicado con el número 11001 -03-15000-2022-03409-00, en donde la Universidad Politécnico Gran Colombiano relacionó el titulo y fecha de inici o de la carrera de algunos profesionales del derecho, entre ellos Édison Manuel Rincón García, Katya Marchela Álvarez Olivella y Elizabeth Jaramillo Rodrí guez, quienes al igual que él empezaron sus clases el 4 de febrero de 2019.

De otra parte, anexó copia del oficio remitido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en donde se solicit ó a la Oficina de Registro y Control Académico del Politécnico Gran Colombiano , la aclaración de fechas de inicio de la carrera de derecho de los graduados.

Ahora bien, respecto al fallo de tutela de 4 de agosto, proferido por la Sección

Registro y Control Académico del Politécnico Gran Colombiano , la aclaración de fechas de inicio de la carrera de derecho de los graduados.

Ahora bien, respecto al fallo de tutela de 4 de agosto, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del expediente radicado 11001 -03-15-0002022-03409-00, en el que se accedió al amparo pretendido por la señora Katya Marchela Álvarez Olivella , explicó que en este sí se dio un efecto inter comunis, comoquiera que en el enunciado del tema de la citada sentencia se dijo: « Tema: Expedición de tarjeta profesional de abogado. Examen de Estado. Efecto inter comunis de los fallos de tutela. Concepto de amparo».

Por lo tanto, solicitó que se tenga en cuenta dicho efecto y se ordene al Consejo Superior de la Judicatura expedir su tarjeta profesional definitiva.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 3 de marzo de 2023, proferida el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determin ar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia de 3 de marzo de 2023 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , mediante la cual se negó la solicitud de amparo

Corresponde a la Sala determin ar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia de 3 de marzo de 2023 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , mediante la cual se negó la solicitud de amparo interpuesta por el señor Carlos Adolfo Gómez Higuita.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos; y (iii) el caso concreto.Demandante: Carlos Adolfo Gómez Higuita Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2023-00400-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fu ndamentales cuandoquiera que resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la fa lta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por

la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.4. La naturalez a subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos.

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial ”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a

Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia9.

9 En sentencia T -313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común g arantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.Demandante: Carlos Adolfo Gómez Higuita Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2023-00400-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asu nto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asu nto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

Por tanto, debe haber claridad en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conoce r de las controversias que se puedan suscitar de un acto administrativo, frente al cual se pueden pedir medidas cautelares en los términos de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). No obstante, a pesar de ser este el juez natural de este tipo de asuntos es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos fundamentales, pues se puede dar el caso de que tal transgresión sea el producto de una decisión administrativa que a la luz del o rdenamiento contencioso se encuentre revestida de legalidad. En esos casos, la tutela se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden superior.

2.5. Caso concreto

2.5.1. En síntesis, en el sub examine la parte tute lante alegó qu e el Consejo Superior de la Judicatura vulneró sus garantías constitucionales a la igualdad, al trabajo, al libre desarrollo de la profesión, al mínimo vital y el principio de favorabilidad, toda vez que le expidió su tarjeta profesional de a bogado con un carácter temporal y u