CE - 110010315000202300460011SENTENCIA20230508121901

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 00460 01

Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Tutela co ntra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Pensión de jubilación docentes. Tiempos laborados mediante órdenes de prestación de servicios.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia del 23 de febrero de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró improcedente la acción en relación con los defectos de decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución y negó el amparo deprecado respecto de los demás reproches realizados en la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

La señora Martha Cecilia Gutiérrez Montaña , por medio de apoderado, promueve acción de tutela contra la providencia del 11 de octubre de 2022, que dictó el Tribunal

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

La señora Martha Cecilia Gutiérrez Montaña , por medio de apoderado, promueve acción de tutela contra la providencia del 11 de octubre de 2022, que dictó el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante la que confirmó el fallo del 14 de septiembre de 2020, proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00460 01

Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña

1.2. Pretensiones

La accionante formula las siguientes súplicas:

PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de nulidad y restablecimiento del derecho , [e]xpediente No. 150013333008201900107 -01 [Tribunal Administrativo de Boyacá-Sala No. 6 magistrado ponente dr. Félix Alberto Rodríguez Riveros] al confirmar la sentencia del 14 de septiembre de 2020 emitida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja, vulneraron a la señora [Martha Cecilia Gutiérrez Montaña] los derechos fundamentales a: la igualdad frente a la aplicación de la ley y el bloque de jurisprudencia relacionada con la pensión de jubilación que debía incluir los tiempos OPS, los derechos adquiridos con arreglo a la ley, al trabajo, el acceso a la administración de justicia, el debido proceso judicial, el derecho a la seguridad social, la seguridad jurídica y demás derec hos constitucionales que resulten del estudio y análisis de los hechos que fundamentan la acción.

SEGUNDA.- En consecuencia [dejar sin efectos legales] la sentencia de segunda

derecho a la seguridad social, la seguridad jurídica y demás derec hos constitucionales que resulten del estudio y análisis de los hechos que fundamentan la acción.

SEGUNDA.- En consecuencia [dejar sin efectos legales] la sentencia de segunda instancia emitida por el [Tribunal Administrativo de Boyacá] fechada el 11 de octubre de 2022 y notificada el 14 de octubre del mismo año.

TERCERA.- En su lugar, ORDENAR a la [corporación judicial] accionada para que realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar sentencias fundamentadas en la normatividad vigente , valorando en plenitud las pruebas aportadas y la línea jurisprudencial vigente contenidas entre otras, en la [S]entencia C -555 de 1994 proferida por la Corte Constitucional y en el fallo unificado de […] 25 de agosto de 2016 proferido por la Sección Segu nda del Consejo de Estado.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hecho s relevantes, la accionante a través de su apoderado señaló los siguientes:

1. Nació el 15 de mayo de 1963 , y cumplió cincuenta y cinco años en 2018. Se ha desempeñado como docente oficial por más de veinte años.

1. Su primera vinculación al magisterio fue el 14 de febrero de 1997, bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios al departamento de Boyacá, desarrollando su labor hasta el 12 de diciembre de 2003, posteriormente fue nombrada en provisionalidad a partir del 1.º de abril de 2004, adscrita a la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, que ha sido prorrogada mediante distintos actos hasta la

provisionalidad a partir del 1.º de abril de 2004, adscrita a la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, que ha sido prorrogada mediante distintos actos hasta la actualidad.3

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Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña

1. Teniendo en cuenta que el artículo 7.º de la Ley 71 de 1988, establece que la pensión de jubilación por aportes se adquiere al cumplir 55 años de edad y 20 años de servicio, para el caso de las mujeres, es válido anotar que adquirió el estatus de pensionada el 15 de mayo de 2018, fecha en la que cumplió el req uisito de edad y porque para ese entonces ya acreditaba más de veinte años de servicio.

1. El 12 de julio de 2018, elevó petición a la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que le concediera y pagara la pensión de jubilación por aportes, anexando toda la documentación requerida.

1. Mediante Resolución 7008 del 16 de agosto de 2018, la entidad negó su solicitud, argumentando que ingresó al servicio docente en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que se le debe aplicar el régimen de prima media contenido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, que exige 1300 semanas de aportes y 57 años de edad para el reconocimiento de la pensión.

1. Por lo anterior, acudió a la Jurisdicción Con tencioso-Administrativa en uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para que se le otorgara la

reconocimiento de la pensión.

1. Por lo anterior, acudió a la Jurisdicción Con tencioso-Administrativa en uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para que se le otorgara la pensión de jubilación por aportes y para el efecto pi dió tener en cuenta todos los tiempos laborados incluidos los períodos por contrat os y órdenes de prestación de servicios entre 1997 y 2003, así como las semanas cotizadas ante la Administradora Colombiana de Pensiones ( COLPENSIONES), las cotizaciones provenientes del sector privado, para completar los veinte años exigidos por la Ley 71 de 1988.

1. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja en fallo de l 14 de septiembre de 2020, denegó las pretensiones de la dema nda, porque consideró que no era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; por tanto, la prestación reclamada no se podía reconocer con base en la Ley 71 de 1988, en la que concurren aportes públicos y privados. Igualmente, y pese a que fue vinculada con anterioridad a la Ley 812 de 2003, teniendo en cuenta lo s tiempos que laboró por órdenes de prestación de servicio, no le es aplicable la Ley 33 de 1985, pues no acreditó el requisito de veinte años de servicio como empleada oficial. Contra4

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Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña

esa decisión interpuso recurso de apelación.

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00460 01

Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña

esa decisión interpuso recurso de apelación.

1. El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 11 de octubre de 2022 confirmó el proveído de primera instancia, apartándose de la línea jurisprudencial fijada, entre otros, en el fallo de unificación del 25 de agosto de 2016, emitid o por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso con radicado 23001 23 33 000 2013 00260 01, la cual suscribieron todos los magistrados sin salvamento de voto.

1. Lo anterior, ti ene un sustento regresivo, pues impone una tesis que se dirige a recuperar la literalidad de la Ley 80 de 1993, expedida con posterioridad al ti empo laborado por contratos de prestación de servicios y a la Ley 797 de 2003, que prevé que los contratistas están obligados a realizar aportes al sistema de seguridad social en pensiones, contradiciendo de manera evidente la Sentencia C -555 de 1994, que declaró inexequible el ámbito normativo que permitía la contratación de docente s, sin mencionar l os argumentos o fundamentos para apart arse del precedente constitucional y del fallo de unificación del Consejo de Estado del 25 de agosto de

2016.

1.4. Fundamentos jurídicos

La accionante alega que con la sentencia acusada se vulnera ron sus derechos a la igualdad frente a la ley, al trabajo, a l debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título, la seguridad social

La accionante alega que con la sentencia acusada se vulnera ron sus derechos a la igualdad frente a la ley, al trabajo, a l debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título, la seguridad social integral en conexión con el régimen especial del magisterio y se incurrió en defect o material o sustantivo, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, por lo siguiente:

1. Mediante la Sentencia C-555 del 6 de diciembre de 1994, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 6.º de la Ley 60 de 1993, así como el parágrafo tercero del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, el cual establecía que «a los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero del artículo 6.º de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el período académico5

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00460 01

Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña

siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la plant a d e personal docente territorial».

1. Su situación laboral se ajusta a las circunstancias de desigualdad descritas en la aludida decisión, por tanto, no es correcto que en la sentencia cuestionada se niegue el derecho pensional argumentando la falta de cotizaciones durante el período que laboró mediante órdenes de prestación de servicios, pues conforme lo establece el artículo 3.º de la Ley 797 de 2003, no estaba obligada a realizar tales aportes.

1. Por lo anterior no es admisible que la sentencia emitida por el Tribunal pretenda

laboró mediante órdenes de prestación de servicios, pues conforme lo establece el artículo 3.º de la Ley 797 de 2003, no estaba obligada a realizar tales aportes.

1. Por lo anterior no es admisible que la sentencia emitida por el Tribunal pretenda endilgarle una carga de cotizaciones pensionales que debían efectuarse por la entidad territorial o el Estado, ello en virtud del principio de igualdad, la realidad sobre las formalidades y legalidad.

1. Por su parte, la Sentencia SU-226 de 2019, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional establece la responsabilidad exclusiva del empleador en la afiliación en pensiones; por consiguiente, el reconocimiento integral de las prestaciones sociales recae de manera exclusiva en el patrono no en el trabajador, víctima del uso de una figura expulsada del ordenamiento jurídico por la Sentencia C -555 de 1994. El juzgador debe entender y aceptar que el uso irregular de los contratos docentes tuvo un fin inconstitucional y victimizante.

1. En conclusión, si en las órdenes de prestación de servicios docentes subyacen los elementos de una relación laboral, es deber de la entidad contratante hacer la afiliación y aportes al sistema pensional o en su defecto, imponer la respectiva cuota parte pensional según el trámite previsto en la Ley 33 de 1985 y en el artículo 72 del Decreto 1848 de 1969, incorporado expresamente por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 como parte del régimen excepcional de los educadores pertenecientes al FOMAG.

1. En la providencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá si bien mencionó algunas sentencias proferidas por el Consejo de Estado, no lo hizo respecto de las

parte del régimen excepcional de los educadores pertenecientes al FOMAG.

1. En la providencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá si bien mencionó algunas sentencias proferidas por el Consejo de Estado, no lo hizo respecto de las demás que componen precedente judicial en el caso concreto ; por consiguiente, se estructura una decisión sin motivación, pues es una obligación indicar con suficiencia argumentativa el fundamento para apartarse de los postulados señalados en las6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00460 01

Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña

sentencias C -555 de 1994 de la Corte Constitucional y la sentencia unificada del Consejo de Estado del 22 de enero de 2015, radicación 25000 23 42 000 2012 02017 01 (0775-2014) donde otorga validez a la modalidad hora cátedra y contratos de prestación de servicios y el fallo de unificación del 25 de agosto de 2016, en el expediente con radicado 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) CESUJ2-005-16, en el que precisa que los tiempos de contratos de prestación de servicio docente surten efectos pensionales, además de los innumerables fallos de las máximas corporaciones

1. El Tribunal al dictar la sentencia de segunda instancia debió argumentar o motivar con suficiente clarid ad su apartamiento del precedente constitucional y contenciosoadministrativo, además de explicar con fundamento en la Constitución, tratados y convenios internacionales el principio de solidaridad y sostenibilidad financiera para negar derechos prestacionales protegidos nacional e internacionalmente.

administrativo, además de explicar con fundamento en la Constitución, tratados y convenios internacionales el principio de solidaridad y sostenibilidad financiera para negar derechos prestacionales protegidos nacional e internacionalmente.

1. Se desconocieron las reglas jurisprudenciales consolidadas, que configura la transgresión de la seguridad jurídica de los siguientes precedentes:

1. De la Corte Constitucional: C-555 de 1994, C-154 de 1997 y C-517 de 1999.

1. Del Consejo de Estado, Sección Segunda: sentencias de unificación del 22 de enero de 2015, radicado 25000 23 42 000 2012 02017 01 y del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01.

1. Sentencias dictadas por la Subsección B de la Sección Segunda dentro de los procesos con radicados 52001 23 31 000 1999 01215 02, sin fecha; 68001 23 31 000 2003 02583 01 , sin fecha; 15001 23 33 000 2013 00138 01 , sin fecha ; 54001 23 33 000 2013 00402 01, del 4 de julio de 2019; 66001 23 33 000 2013 00413 01, del 4 de julio de 2019. De la Subsección A de la Sección Segunda del 13 de febrero de 2020, radicado 54001 23 33 000 2014 00106 01; del 18 de noviembre de 2020, radicación

66001 23 33 000 2016 00082 01; del 11 de febrero de 2 021, radicación 81001 23 33 000 2013 00079 01; del 11 de febrero de 2021, radicación 81001 23 33 000 2013 00005 01; del 18 de febrero de 2021, radicación 81001 23 33 000 2013 00012 02; del 3 de junio de 2021, radicación 50001 23 33 000 2018 00357 01.7

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00460 01

Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña

1. Igualmente, s e configur ó la violación directa de la Constitución porque la providencia cuestionada desconoció el tiempo que laboró como docente para la obtención de la pensión de jubilación, lo que constituye una infracción al contenido de las sentencias C-634 de 2011 y C-816 de 2011, relacionadas con la fuerza vinculante de la jurisprudencia.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto del 6 de febrero de 2023, que se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y a la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) como terceros interesados en las resultas de esta acción, para que dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

Prestaciones Sociales del Magisterio) como terceros interesados en las resultas de esta acción, para que dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Tribunal Administrativo de Boyacá. El magistrado Félix Alberto Rodríguez Riveros solic ita se desestimen las súplicas de la demanda, por los siguientes motivos:

1. En el presente asunto no resulta procedente la acción de tutela, pues lo que pretende la señora Martha Cecilia Gutiérrez Montaña es que se declare sin efectos el fallo del 11 de octubre de 2022, dictad o dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001 33 33 008 2019 00107 01, para que se ordene estudiar nuevamente el asunto que ya fue objeto de debate jurídico.

1. Si bien la accionante tiene derecho a acceder a la administración de justicia, también le asiste el deber de hacerlo en los términos que fija la ley para ello, y dado que no cumple con tal obligación no puede invocar vulneración de d erechos fundamentales, pues es indispensable que se sujete a las normas previstas para accionar el aparato jurisdiccional.8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00460 01

Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña

1. Como se evidencia, la presunta violación de las garantías fundamentales deprecada por la parte actora deviene de l o resuelto en el fallo de segunda instancia, que resolvió confirmar la sentencia d el 14 de septiembre de 2020, proferido por el

1. Como se evidencia, la presunta violación de las garantías fundamentales deprecada por la parte actora deviene de l o resuelto en el fallo de segunda instancia, que resolvió confirmar la sentencia d el 14 de septiembre de 2020, proferido por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, que negó las pretensiones, decisión que en ningún momento que brantó los derechos de la accionante, ya que analizó en forma precisa el caso concreto, teniendo en cuenta los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al sub iudice.

1. Por esas razones, resulta evidente que la tutela no es procedente y en caso de serlo, es palpable que las providencias cuestionadas no están viciadas de ningún defecto que dé lugar a vulnerar los derechos invocados por la accionante.

1.6.2. Del Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja. La juez Gloria Carmenza Páez Palacios se opone a la prosperidad de la acción, con fundamento en lo siguiente:

1. En la decisión adoptada el 14 de septiembre de 2020, se tuvo en cuenta la normativa y jurisprudencia vigente en la materia , así : 1) el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, 2) el régimen prestacional anterior, establecido en la Ley 71 de 1988, 3) el régimen jurídico aplicable a los docentes oficiales en el reconocimiento d e la pensión de jubilación que se encuentran afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y 4) las órdenes de prestación de servicios como tiempos computables para el reconocimiento de pensión.

reconocimiento d e la pensión de jubilación que se encuentran afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y 4) las órdenes de prestación de servicios como tiempos computables para el reconocimiento de pensión.

1. Una vez analizado el material pro batorio y los preceptos aplicables se concluyó que no era posible el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes a la accionante, en la medida en que no era beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, requisito sine qua non para que se le pudiera aplicar la Ley 71 de 1988.

1. Además, a pesar de haber sido vinculada con anterioridad a la Ley 812 de 2003, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, no logró acreditar el presupuesto de los veinte años de servicio continuos o discontinuos como empleado oficial, que dicha norma exige para el otorgamiento de la pensión de jubilación.9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00460 01

Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña

1. En virtud del principio de inesc indibilidad no era posible reconocer los efectos de un régimen de transición, como lo es, el de los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003 para conceder la pensión de jubilación por aportes que contempla la Ley 71 de 1988, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante providencia del 11 de octubre de 2022.

1. Lo que realmente p ersigue la accionante es que la tutela se convierta en una

la Ley 71 de 1988, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante providencia del 11 de octubre de 2022.

1. Lo que realmente p ersigue la accionante es que la tutela se convierta en una tercera instancia, donde se vuelva a ejercer el control judicial sobre el acto demandado, situación que desdibuja su fin. La decisión proferida en el trámite de primera instancia corresponde a la confrontación del material probatorio allegado al expediente con las normas y jurisprudencia aplicables al asunto; en consecuencia, deben negarse las pretensiones incoadas.

1.6.3. De la Nación (Ministerio de Educación Nacional). El jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicita la desvinculación de esa entidad, toda vez que no es competente para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela, pues los conflictos alegados se circunscriben a las actuaciones del despacho judicial, que deben dirimi rse de acuerdo con lo establecido en la normativa que rige para el asunto; por ende, ese organismo no tiene injerencia en la decisión que se tome al respecto.

1.7. La sentencia que se impugna

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante fallo de l 23 de febrero de 202 3, declaró improcedente la acción en relación con los defectos de decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Const itución y negó la protección respecto de los demás reproches realizados en la solicitud, con base en las siguientes razones:

1. En el presente caso no se cumple la exigencia de agotamiento de los mecanismos

protección respecto de los demás reproches realizados en la solicitud, con base en las siguientes razones:

1. En el presente caso no se cumple la exigencia de agotamiento de los mecanismos judiciales porque si bien contra la sentencia cuestionada no procede ningún recurso ordinario, en lo que se refiere a l as censuras relacionadas con el presunto desconocimiento de l os fallos de unificación del Consejo de Estado, la accionante10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00460 01

Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña

contaba con el recurso extraordinario de unificación de juri sprudencia previsto en los artículos 256 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

1. Comoquiera que los cargos denominados decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, se centran en idéntico argumento, esto es, el desobedecimiento de varias sentencias del Consejo de Estado que, a juicio de la accion ante, fijan una regla concerniente a los tiempos de servicio que se deben tener en cuenta para efectos del reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes , esto es, todos se cimientan en el designado como «desconocimiento del precedente», se deben analizar en conjunto con el primero, pues se soportan bajo una única consideración, lo que no ocurre con el defecto material que se examina por separado, porque supone una fundamentación diferente.

1. Entonces, como la inconformidad de la parte actora radica en que el fallo de segunda instancia dictado por el Tribunal Administrativo de Boyacá des acató las

se examina por separado, porque supone una fundamentación diferente.

1. Entonces, como la inconformidad de la parte actora radica en que el fallo de segunda instancia dictado por el Tribunal Administrativo de Boyacá des acató las sentencias de unificación de la Sección Segunda de esta corporación , a saber las emitidas el 25 de enero de 2015 y del 25 de agost o de 2016, dentro de los procesos con radicaciones 25000 23 42 000 2012 02017 01 y 23001 23 33 000 2013 00260 01, respectivamente, que establecieron reglas para el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, en la que se deben contabilizar los tiempos laborados mediante órdenes de prestación de servicios, aun cuando no se hayan efectuado cotizaciones a la seguridad social.

1. Por lo anterior, no cabe duda de que la accionante tenía a su alcance el recurso extraordinario de unificación de juris prudencia, por tratarse de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de contenido laboral, por tanto, los cargos de la demanda que se relacionan con el desconocimiento del precedente de los fallos de unificación del Consejo de Estado no superan el requisito de subsidiariedad.

1. La parte actora señaló como inobservadas algunas sentencias de esta corporación, así como las de la Corte Constitucional C-555 de 1994, C-154 de 1997 y C-517 de 1999; no obstante, en las providencias de constitucionalidad no se fijó alguna regla o subregla de derecho relacionada con la inclusión de tiempos laborados a través11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00460 01

Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña

regla o subregla de derecho relacionada con la inclusión de tiempos laborados a través11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00460 01

Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña

de órdenes de prestación de servicios para la concesión de una pensión de jubilación por aport es, independientemente de las cotizaciones que se hayan realizado a la seguridad social.

1. En lo que se refiere a las providencias que citó 1 la accionante dictadas por el Consejo de Estado, en las que aduce se regularon casos similares al suyo , se debe indicar que si bien en algunas se incluyeron a unos docentes los tiempos laborados por contrato de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación, lo cierto es que en la providencia del 11 de octubre de 2022, el Tribunal adoptó su decisión con fundamento en la postura asumida por el Consejo de Estado en providencia del 9 de septiembre de 2021, dentro del proceso con radicado 54001 23 33 000 2013 00091 02.

1. Por todo lo anterior, los cargos que se expusieron en la solicitud d e tutela no determinan la configuración de un defecto del desconocimiento del precedente, toda vez que no se le puede impedir al funcionario judicial acoger una postura jurisprudencial determinada, comoquiera que ello riñe con la independencia con la que están facultados los jueces de la República.

1. En lo referente al defecto sustantivo o material, no se observa la configuración de este vicio, porque no se evidencia que la autoridad accionada haya aplicado las

están facultados los jueces de la República.

1. En lo referente al defecto sustantivo o material, no se observa la configuración de este vicio, porque no se evidencia que la autoridad accionada haya aplicado las normas inexequibles enunciadas por la señora Gutiérrez Montaña, esto es el parágrafo del artículo 6.º de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo tercero del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, pues estas tienen que ver con la contratación de los docentes, pero nada señalan sobre los aportes a seguridad social en las órdenes de prestación de servicios o su incidencia en el reconocimiento de la pensión por aportes.

1. Respecto a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y las leyes 91 de 1989, 71 de 1988 y 812 de 2003, no se evidencia una int erpretación irrazonable de estas normas en el fallo reprochado, sino que, por el contrario, el Tribunal encontró procedente analizar si la accionante cumplía con los requisitos del régimen pensional contenido en la Ley 812 de 2003 en concordancia con las leyes 100 de 1993 y 797 de

1 Las cuales están relacionadas en los literales (c), (d) y (f) del acápite 1.4.3 de la sentencia del 23 de febrero de 2023.12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 00460 01

Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña

2003, porque se demostró que su vinculación legal y reglamentaria se efectuó con posterioridad a la entrada en vigor de esa norma, lo que la llevó a concluir que, cumplía

Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña

2003, porque se demostró que su vinculación legal y reglamentaria se efectuó con posterioridad a la entrada en vigor de esa norma, lo que la llevó a concluir que, cumplía el requisito de edad, pero no así el de las semanas cotizadas.

1.8. Impugnación

La accionante a través de apoderad o impugna la providencia anterior, para que se revoque y, en su lugar, se protejan sus derechos fundamentales y se ordene al Tribunal realizar los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar una nueva sentencia. Como motivos de inconformidad alega lo siguiente:

1. La primera instancia consideró que cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, esto es, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia; sin embargo, en las actuaciones administrativa, judicial, ordinaria y constitucional ya se agotó la argumentación jurídica, siempre apoyada en la línea de juris prudencia que permite la inclusión de los tiempos contractuales de docentes oficiales para la estructuración de la pensión de jubilación, sin que haya sido posible convencer a los operadores jurídicos sobre el grave yerro en que se incurrió en los fallos q ue dan origen a la presente solicitud de amparo.

1. Debe tomarse en cuenta que e n materia de reconocimiento pensional los educadores contratistas deben ser tratados en igualdad de condiciones que aquellos vinculados mediante relación legal y reglamentaria e inclusive frente a sus pares privados, y en caso de no haber sido afiliados a una entidad de previsión, la entidad encargada está obligada a imponer al empleador negligente, las cuot