CE - 110010315000202300469011SENTENCIA20230801153121

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00469-01

Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales de la Protección SocialUGPP

Demandado: Sección Segunda del Consejo de Estado

Tema: Acción de tut ela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 10 de abril de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado1, por medio del cual declaró improcedente el amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Sentencia proferida por una Sala de Conjueces.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00469-01

Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

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I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través del Subdirector de Defensa Judicial Pensional, presentó acción de tutela contra la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 11 de agosto de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 15001 -23-33-000-2016-00278-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, la señora Hirma Nubia Jiménez Lozano nació el 21 de mayo de 1959 y prestó sus servicios al magisterio oficial en el Departamento de Boyacá - Municipio de Sogamoso, con una vinculación de carácter municipal y nacionalizada.

4. Expresó que, la señora Hirma Nubia Jiménez Lozano solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, esta peti ción fue negada, mediante las resoluciones: (i) núm. RDP 003051 del 27 de enero de 2015, que le negó el reconocimiento de la pensión gracia; (ii) núm. RDP 009070 del 6 de marzo

mediante las resoluciones: (i) núm. RDP 003051 del 27 de enero de 2015, que le negó el reconocimiento de la pensión gracia; (ii) núm. RDP 009070 del 6 de marzo de 2015, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó; y (iii) núm. RDP 014101 del 13 de abril de 2015, que resolvió el recurso de apelación ratificando la postura de la entidad demandada.

5.Adujo que, la señora Hirma Nubia Jiménez Lozano presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restableciendo del derecho, en donde solicitó que se declarara la nulidad de las resoluciones indicadas supra.3

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6. El Tribunal Administrativo de Boyacá profirió sentencia de primera instancia el 11 de mayo de 2017, negando las pretensiones de la demanda.

7. La Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de se gunda instancia el 11 de agosto de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] Primero. Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar la siguiente regla en cuanto al entendimiento que debe otorgarse al artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de reconocer la pensión gracia de jubilación:

precisar la siguiente regla en cuanto al entendimiento que debe otorgarse al artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de reconocer la pensión gracia de jubilación:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.

Segundo. Advertir a la comunidad en general que la regla jurisprudencial fijada en la presente sentencia de unificación es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en sede administrativa; (ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efecto s respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y, por ende, resultan inmodificables.

Tercero. Por tratarse de una sentencia de unificación que reconoce un derecho, esta sentencia debe ser extendida por las autoridades administrativas en virtud de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, a quienes acrediten encontrarse en los mismos supuestos fácticos y jurídicos, de conformidad con las reglas señaladas en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. Revocar la sentencia del 11 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda de la

la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. Revocar la sentencia del 11 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda de la referencia, conforme a lo expuesto en la p arte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone lo siguiente:

Quinto. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 003051 del 27 de enero de 2015, RDP 009070 del 6 de marzo de 2015 y RDP 014101 del 13 de abril de 2015, mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia de la actora.

Sexto. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP reconocer y pagar la pensión gracia de la señora Hirma Nubia Jiménez Lozano, identificada con cédula de ciudadanía 46.353.735, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de s u estatus pensional, comprendido entre el 21 de mayo de 2008 y el 21 de mayo de 2009, con inclusión de la asignación básica y las doceavas partes de las primas de vacaciones docentes y de navidad. La prestación tendrá efectos fiscales a partir del 26 de septiembre de 2011 por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal.4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00469-01

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2011 por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal.4

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Séptimo. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.

Octavo. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.

Noveno. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Décimo. No se condenará en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Décimo primero. Rechazar la solicitud de unificación jurisprudencial elevada por la UGPP, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Décimo segundo. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester […]”.

8.La Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que:

“[…] Con fundamento en los análisis precedentes, la Sección Segunda del Consejo de Estado fija la siguiente regla de unificación en cuanto al entendimiento que debe otorgarse al artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de reconocer la pensión gracia de jubilación:

de Estado fija la siguiente regla de unificación en cuanto al entendimiento que debe otorgarse al artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de reconocer la pensión gracia de jubilación:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con l os demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento […]”.

[…]

“[…] 112. Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala revocará la decisión del a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la demandante.

Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos: i) La señora Hirma Nubia Jiménez Lozano demostró que laboró en el magisterio oficial durante más de 20 años como docente de primaria, en plazas clasificadas como nacionalizadas y territoriales. Igualmente, tuvo una experiencia como educadora anterior al 31 de diciembre de 1980, por ende, en lo que respecta al tiempo de servicio, cumple con los presupuestos previstos por las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 para ser acreedora del beneficio pensional pretendido.

1. El tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia corresponde al siguiente: […]”.

[…]

“[…] 113. En relación con las vinculaciones antes descritas es oportuno hacer las siguientes precisiones:5

1. El tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia corresponde al siguiente: […]”.

[…]

“[…] 113. En relación con las vinculaciones antes descritas es oportuno hacer las siguientes precisiones:5

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a. La demandante tuvo vincula ciones en interinidad, las cuales son válidas para obtener la pensión gracia objeto de controversia. Al respecto esta corporación ha sostenido lo siguiente:

Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.

En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en

precisado que dicha figura debe entenderse como el mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva prestaci ón de los servicios educativos.

114. Conforme al anterior criterio, las vinculaciones en interinidad son computables para acceder a la pensión gracia, pues lo relevante es la prestación efectiva del servicio en el ramo docente del orden territorial o nacionalizado, lo cual se acreditó en el sub lite. b.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio certificó que la actora fue vinculada como docente por contratos de prestación de servicios durante los años 1993 y 1994,98 los cuales también deben computarse para efectos de obt ener la pensión gracia […]”.

[…]

“[…] 115. Conforme al anterior lineamiento interpretativo, en el sub lite se computarán los tiempos laborados por la actora en virtud de contratos de prestación de servicios, celebrados con el alcalde del municipio de Sogamoso y que se pagaron con recursos propios de dicho ente territorial, en razón a que la normativa especial no excluyó tal modalidad contractual para el acceso a dicho beneficio laboral; por el contrario, lo relevante es que el interesado demuestre haber t rabajado en el magisterio oficial como maestro territorial o nacionalizado, así como tener una experiencia docente anterior al 31 de diciembre de 1980.

116. Es pertinente aclarar que esta tesis es consonante con el mandato constitucional de privilegiar la realidad sobre las formalidades en aras de garantizar el acceso de los trabajadores a sus derechos mínimos laborales […]”.

[…]

116. Es pertinente aclarar que esta tesis es consonante con el mandato constitucional de privilegiar la realidad sobre las formalidades en aras de garantizar el acceso de los trabajadores a sus derechos mínimos laborales […]”.

[…]

“[…] 124. En este orden de ideas, la presente decisión se ciñe integralmente al criterio unificado del Consejo de Estado en torno a la forma en que debe acreditarse la plaza docente territorial o nacionalizada que viabiliza el cómputo del tiempo de servicios para acceder a la pensión gracia.

1. La señora Hirma Nubia Jiménez Lozano cuenta con más de 50 años de edad y durante su ejercicio como docente no se registraron sanciones disciplinarias, es decir, que cumple con los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral6

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con honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento del beneficio pensional reclamado […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRINCIPALES:

Primero. Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA con la sentencia del 11 de agosto de 2022.

los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA con la sentencia del 11 de agosto de 2022.

Segundo. Consecuentemente DEJAR sin efectos la decisión proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO AD MINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA con la sentencia del 11 de agosto de 2022 dentro de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 15001233300020160027801 promovido por la señora HIRMA NUBIA JIMÉNEZ LOZANO contra la UGPP en razón a que reconoce y ordena el pago de una pensión gracia a la causante quien no tiene derecho a ello y que genera un absoluto detrimento a la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional por la evidente irregularidad sustancial en la orden impartida.

Tercero. Que como consecuencia de lo anterior se sirva ordenar:

Al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, dictar nueva sentencia ajustada al marco del reconocimiento de la pensión gracia bajo el principio de legalidad.

ACCESORIAS:

En caso de que esa H. Magistratura determine que en este caso procede otro medio de defensa judicial solicitamos:

Primero. AMPARAR de manera TRANSITORIA los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA, al ordenar el reconocimiento de una pensión gracia sin el lleno de requisitos legales.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior, SUSPENDER el cumplimiento de la

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA, al ordenar el reconocimiento de una pensión gracia sin el lleno de requisitos legales.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior, SUSPENDER el cumplimiento de la sentencia del 11 de agosto de 2022 proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E, dentro del proceso contencioso Nº 15001233300020160027801 para evitar la configuración de un perjuicio irremediable al Erario, mientras se resuelve la actuación judicial que es a H. Corporación determine debemos iniciar para controvertir la legalidad de las órdenes impartidas en las sentencias objeto de tutela […]”.7

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10. La actora en su escrito de tutela señal ó que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto fáctico, en un ii) defecto sustantivo por interpretación irrazonable; y en un iii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

11. La Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por auto de 21 de marzo de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y iii) vinculó a Hirma Nubia Velázquez Lozano y al Tribunal Administrativo de Boyacá, en calidad

notificar a los magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y iii) vinculó a Hirma Nubia Velázquez Lozano y al Tribunal Administrativo de Boyacá, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular. Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

12. Hirma Nubia Velázquez solicitó que:

“[…] Considero de manera respetuosa, que no existe ningún hecho o fundamento jurídico, para la procedencia de la acción de tutela de la referencia, por cuanto ningún derecho fundamental se le ha vulnerado a la Entidad y adicionalmente, se surtió la demanda, conforme a lo que ordena la Ley.

En cuanto a las razones expuestas por la accionante, la UGPP, respecto a la aplicación errada de la normatividad, por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, en la Sentencia proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de radicado No. 15001 23 33 000 2016 00278 01, resultan ser consideraciones de hecho infundadas, por cuanto el reconocimiento de la prestación denominada Pensión Gracia, no contempla el requisito de vinculación mediante forma legal y reglamentaria, por el contrario, solo se requiere que la vinculación sea territorial y previa al 31 de diciembre de 1980 […]”.

[…]

“[…] La discusión relacionada con mi derecho a la Pensión Gracia, ya fue resuelto previamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Acción de Tutela no es el mecanismo para atacar dichas consideraciones correspondientes a otra

[…]

“[…] La discusión relacionada con mi derecho a la Pensión Gracia, ya fue resuelto previamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Acción de Tutela no es el mecanismo para atacar dichas consideraciones correspondientes a otra instancia judicial, bajo el entendido que ese es el argumento al cual acude la UGPP al Juez de Tutela […]”.

13. La Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que:

“[…] En este orden de ideas, la UGPP pretende una nueva evaluación en sede de tutela de los argumentos que fueron ampliamente estudiados en segunda instancia8

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dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho y que llevaron a concluir q ue la señora Hirma Nubia Jiménez Lozano tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia debatida.

1. Con el presente trámite constitucional se pretende habilitar una nueva oportunidad en aras de reiterar los argumentos ventilados en el proceso ordi nario, así como exponer mejores consideraciones en defensa de los intereses de la entidad accionante, lo cual desconoce la finalidad de la acción de tutela, el principio de preclusión de las actuaciones judiciales y los derechos al debido proceso, contradicción y defensa de las partes.

Así las cosas, es oportuno resaltar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para reabrir el debate sobre un asunto que fue analizado de manera concienzuda en

contradicción y defensa de las partes.

Así las cosas, es oportuno resaltar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para reabrir el debate sobre un asunto que fue analizado de manera concienzuda en primera y segunda instancia por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con respeto del debido proceso de los intervinientes, garantizando los derechos de audiencia y de defensa de las partes y teniendo en cuenta la normativa aplicable en la materia puesta a consideración de los jueces competentes, e n armonía con las pruebas allegadas al expediente […]”.

14. El Tribunal Administrativo de Boyacá guardó silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

15. La Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia de 10 de abril de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por la UGPP en contra de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia […]”.

16. La Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo

de Estado consideró que:

“[…] La acción de tutela, como mecanismo de protección de los derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados por la actuación u omisión de las autoridades o de algunos particulares, es procedente para controvertir providencias judiciales, siempre y cuando se cumplan con los requisitos generales y específicos fijados jurisprudencialmente. Así las cosas, una de las exigencias generales es precisamente la subsidiariedad, como se expuso en precedencia.

providencias judiciales, siempre y cuando se cumplan con los requisitos generales y específicos fijados jurisprudencialmente. Así las cosas, una de las exigencias generales es precisamente la subsidiariedad, como se expuso en precedencia.

Al respecto, se aprecia que es el recurso extraordinario de revisión, bajo la causal que consta en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA que dice: «No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida» 2 la

2 Esta posición ha sido adoptada, entre otras, en las siguientes providencias: 2 de junio de 2022 , radicación: 11001-03-25-000-2019-00451-00 (3403-2019), demandante: Esperanza Trujillo Delgado; 3 de noviembre de9

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herramienta judicial con la que cuenta quien considera que la decisión acusada ha reconocido una pensión a quien no tenía la aptitud legal para acceder a ella, entendiendo aquella como la situación jurídica necesaria para adquirir el estatus de pensionado. Incluso, de considerar que se ha vulnerado el debido proceso podrá alegar la casual contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la cual introdujo en el ordenamiento colombiano la posibilidad de revisar las providencias judiciales que hayan decretado el reconocimiento de sumas periódicas

alegar la casual contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la cual introdujo en el ordenamiento colombiano la posibilidad de revisar las providencias judiciales que hayan decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública.

En relación con lo anterior, el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 determina que el recurso extraordinario de revisión procede en contra de las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de los Tribunales o de los jueces administrativos y el artículo 250 ibidem regula las causales descritas en precedencia, como la séptima que se citó en el párrafo anterior. Por lo tanto, quien estima que se ha vulnerado el debido proceso o se ha reconocido una pensión a quien no tenía la aptitud legal para ello dispone del recurso extraordinario de revisión de que trata el título VI, capítulo I, de la Ley 1437 de 2011, dentro del término previsto en el artículo 251 de la precitada norma.

III. Existencia de otro mecanismo judicial

La UGPP considera que el Consejo de Estado, Sección Segunda, transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, toda vez que reconoció una pensión gracia en favor de la señora Hirma Nubia Jiménez Lozano sin el cumplimiento de lo s requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91 de 1989 . Al respecto, alegó que el ad quem inobservó que los tiempos de servicio prestados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 fueron

116 de 1928 y 91 de 1989 . Al respecto, alegó que el ad quem inobservó que los tiempos de servicio prestados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 fueron en virtud de una vinculación del orden nacional. Asimismo, que se contabilizaron los tiempos trabajados a través de contratos de prestación de servicio, y, finalmente, porque en su concepto, pese a que las certificaciones adolecían de irregularidades fueron valoradas para acceder al derecho pensional.

Por la claridad de la situación en este caso, no cabe duda que la UGPP tiene a su disposición otro mecanismo judicial idóneo de defensa de sus derechos, como lo es el recurso extraordinario de revisión, en donde de conformidad con el numeral 7 del artículo 250 del CPACA, puede discutirse y decidirse la legalidad de la pensión gracia otorgada por la autoridad judicial a la Señora Hirma Nubia Jiménez Lozano. Incluso a través del recurso antes referido mecanismo judicial puede plantear se estudie la violación al debido proceso que también aduce la Accionante, con base en el literal a) del artículo 20 de la ley 797 de 2003 , en donde además se puede discutir la supuesta o real afectación al erario publico y la sostenibilidad fiscal que aduce la accionante contra la sentencia censurada […]”.

[…]

“[…] Una vez revisadas las pruebas que obran en el expediente de la referencia, se denota que no se dan los presupuestos para considerar la afectación o amenaza urgente de los derechos fundamentales que la accionante UGPP invoca, con el fin de flexibilizar la exigencia de subsidiariedad, y que se haga necesaria la intervención del juez constitucional, en tanto que, no demuestran una situación de vulnerabilidad

urgente de los derechos fundamentales que la accionante UGPP invoca, con el fin de flexibilizar la exigencia de subsidiariedad, y que se haga necesaria la intervención del juez constitucional, en tanto que, no demuestran una situación de vulnerabilidad que deba ser atendida a través de este mecanismo constitucional. Además, que

2022, radicación: 110010325000201500276 00 (0532-2015), d emandante: Municipio de Morroa, Sucre , demandado: Olimpo Rafael Guzmán Méndez.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00469-01

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justamente, mediante la acción judicial especial para revisar decisiones judiciales que concedieron derechos prestacionales de carácter económico como en el caso de la pensión gracia, cuenta claramente con el recurso de revisión - se reiteraen el cual el juez tiene amplia competencia, de conformidad con el articulo 255 del CPACA para que mediante la sentencia res pectiva, si encuentra violada la causal 7 del artículo 250 del CPACA, decida invalidando la sentencia revisada y dictando la que corresponda en derecho y así mismo en esta resolverá sobre restituciones, cancelaciones, perjuicios y demás consecuencias de dicha invalidación , o bien si encuentra pruebas de la violación del literal a) del artículo 20 de la ley 797 de 2003 declarara’ la nulidad de la sentencia cuestionada por la UGPP y devolverá el proceso para que la autoridad judicial aquí cuestionada reh aga la actuación conforme a derecho […]”.

La impugnación

declarara’ la nulidad de la sentencia cuestionada por la UGPP y devolverá el proceso para que la autoridad judicial aquí cuestionada reh aga la actuación conforme a derecho […]”.

La impugnación

17. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado . En ese orden de

ideas, expresó lo siguiente:

“[…] El estrado judicial accionado, en su decisión del 11 de agosto de 2022, erró en la aplicación de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91 del 29 de diciembre de 1989, que regularon los requisitos para otorgar la prestación gracia por cuanto:

a.-