CE - 110010315000202300478011SENTENCIA20230512083356

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00478-01

Actores: Yesica Natalia Galeano García y otros 1

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

La causal de violación directa de la Constitución por la no aplicación de la excepción de inconstitucionalidad/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia, ii) igualdad, iii) debido proceso y iv) reparación integral

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la sentencia de tutela de 22 de febrero de 202 3 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado , por medio d el cual negó las pretensiones del amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cristian Andrés Galeano García, María Elda Nubia López Vergara, María Soledad López de Ramírez, Javier Ancizar Salazar López y María Viviana Salazar López.25

1 Cristian Andrés Galeano García, María Elda Nubia López Vergara, María Soledad López de Ramírez, Javier Ancizar Salazar López y María Viviana Salazar López.25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00478-01

Actores: Yesica Natalia Galeano García y otros

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. Los actores, obrando mediante apoderado, presentaron solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir la providencia de 2 de julio de 2021 , dentro del proceso de reparación directa identificado con número único de radicación 05001 33 33 017 2020 00303 01, vulneró sus derechos fundamentales indicados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Los actores presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación , en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se le s declarara administrativamente responsable s por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la desaparición forzada y “[…] presunta ejecución extrajudicial del Rubén Dario López Vergara, ocurrida el 08 de febrero de 2004, en el municipio de Granada (Antioquia) […]”.

4. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín profirió auto de 18

Rubén Dario López Vergara, ocurrida el 08 de febrero de 2004, en el municipio de Granada (Antioquia) […]”.

4. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín profirió auto de 18 de enero de 20 21, por medio del cual rechazó la demanda al haber operado la caducidad del medio de control de reparación directa.

5. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió auto de 2 de julio de 2021 ,

resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo Oral de Medellín, el día dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021), por medio de auto rechazó la demanda por caducidad del medio de control, conforme los argumentos expuestos en esta decisión.25

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SEGUNDO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen para lo de su cargo […]”.

6. Consideró que:

“[…] De la documentación allegada con la demanda, se advierte que los hechos en los que perdió la vida el señor señor (sic) Rubén Darío López Vergara, se presentaron el día 8 de febrero de 2004, cuando fue reportado por miembros del Ejército Nacional, como baja en combate.

No obstante lo anterior, las pretensiones de la demanda están encaminadas a declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, por

por miembros del Ejército Nacional, como baja en combate.

No obstante lo anterior, las pretensiones de la demanda están encaminadas a declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, por cuanto con posterioridad a los hechos, los demandantes tuvieron conocimiento de la participación de miembros del Ejército en el homicidio, en lo que se conoce como ejecución extrajudicial o comúnmente como “falsos positivos”.

Ahora bien, aplicando la tesis expuesta en la sentencia de unificación arriba citada, se advierte que en el presente asunto, contrario a lo manifestado por el recurrente, sí resulta aplicable el término de caducidad del medio de control de reparación directa, no obstante dicho término, debe contabilizarse a partir de la fecha en que los demandantes tuvieron conocimiento de l a participación del Estado, en la muerte del señor Rubén Darío López Vergara.

Al respecto, se advierte por parte de la Sala, que tal como lo indicó el a quo en su providencia, una de las demandantes confirió poder el día 25 de marzo de 2017 para la presen tación de demanda de reparación directa, en virtud de la desaparición forzada y posterior muerte del señor López Vergara y adicionalmente se consignó en el poder la siguiente afirmación “hecho perpetrado presuntamente por miembros activos del EJÉRCITO NACIONAL”, de la cual se puede desprender que aquella tenía conocimiento de la participación del Estado en el hecho dañoso por lo menos, desde la fecha en que confirió dicho poder.

Es así, que el término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, debe contarse a partir del día siguiente, 26 de marzo de 2017, y venció el 26

fecha en que confirió dicho poder.

Es así, que el término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, debe contarse a partir del día siguiente, 26 de marzo de 2017, y venció el 26 de marzo de 2019. No obstante lo anterior, el apoderado solo presentó la solicitud de conciliación prej udicial, el día 24 de enero de 2020, esto es, cuando ya había operado el fenómeno de caducidad.

De conformidad con lo anterior, considera la Sala que se encuentra acreditado dentro del proceso de la referencia, que a pesar de tener conocimiento de la par ticipación del Estado en el hecho sobre el cual, se solicita el reconocimiento de perjuicios, a través de la demanda de la referencia, la parte actora dejó vencer el término de caducidad previsto en la ley, y como consecuencia de ello, resulta procedente e l rechazo de la demanda.

Ahora bien, en relación con la manifestación del apoderado en torno a la inaplicación de la sentencia de unificación por resultar contraria a la Constitución y las normas que integran el Bloque de Constitucionalidad, en25

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tanto en su sentir se trata de un delito de lesa humanidad, se advierte que en criterio de la Sala, no resulta procedente dicha petición, por cuanto las reglas de unificación sentadas en la providencia del 29 de enero de 2020, surgieron precisamente del análisis so bre la correcta aplicación de dichos criterios […]”.

La solicitud de tutela

reglas de unificación sentadas en la providencia del 29 de enero de 2020, surgieron precisamente del análisis so bre la correcta aplicación de dichos criterios […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

“[…] Tutelar los derechos fundamentales al: i) Libre acceso a la administración de justicia y debido proceso, en cuanto a la supremacía del principio de justicia material y prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procedimental, que tiene por fundamento el derecho a una tutela judicial efectiva y la no denegación de justicia (Artículos 29, 228 y 229 de la Constitución, en concordancia con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Garantías Judiciales-); ii) Supremacía co nstitucional sobre leyes y jurisprudencia (Artículo 4 de la Constitución); iii) Inobservancia del precedente jurisprudencial vertical y horizontal que aplica la excepción a la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves violacio nes a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Todo lo anterior, en concordancia con el bloque de constitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución) y la obligación internacional de los operadores judiciales de actuar ejerciendo un estricto control de convencionalidad (Artículos 1 y 2 de la Convención Americana); iv) Derecho a la igualdad de las víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos (Artículo 13 de la Constitución.); v) Principio de reparación integral a las víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos, en especial: Derechos a la vida (Artículo 4 de la Convención

de graves violaciones a los derechos humanos (Artículo 13 de la Constitución.); v) Principio de reparación integral a las víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos, en especial: Derechos a la vida (Artículo 4 de la Convención Americana y 11 de la Constitución), e integridad personal (Artículo 5 de la Convención Americana y 12 y 44 de la Constitución), todo ello en conexidad con la obligación del Estado Colombiano establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; declarando que la providencia judicial del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA QUINTA DE DECISIÓN, con ponencia del Magistrado JORGE LEÓN ARANGO FRANCO, del 2 de julio de 2021, dentro del medio de control de reparación directa con Radicado No. 05 001 33 33 017 2020 00303 01, incurrió en defecto material o sustancial, teniendo en cuenta que: I) La ratio decidendi del H, Tribu nal Administrativo de Antioquia se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; II) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho que vulnera garantías como el ius cogens internacional, III) Se desconoció el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación y IV) El juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando corresponde (T-640/15) […]”.

8. Los actores en su escrito de tutela señal aron que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en25

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incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en25

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Actores: Yesica Natalia Galeano García y otros

la ii) causal de violación directa de la Constitución por la no aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.

Actuación

9. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por auto de 6 de febrero de 202 3; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia ; y iii) vinculó al Ministerio de Defensa Nacional, al Ejército Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín en calidad de tercero s con interés legítimo , concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Ministerio de Defensa Nacional señaló que:

“[…] De lo anterior, se logra colegir, que para (sic) pasaron más de 17 años para incoar un medio de control ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y aún más cuando el apoderado de la parte demandante, tiene poder de representación 2 años antes de iniciar el proceso ante las procuradurías delegadas. Por lo tanto, el no tener o contar con fallo penal definitivo, no eximen al actor del cumplimiento de normas de carácter procesal y por lo tanto de obligatorio cumplimiento, como la presentación del medio de control dentro de la oportunidad determinada en el

no tener o contar con fallo penal definitivo, no eximen al actor del cumplimiento de normas de carácter procesal y por lo tanto de obligatorio cumplimiento, como la presentación del medio de control dentro de la oportunidad determinada en el artículo 164 de la ley 1437 de 2011, máxime si no existe justificación al guna para obviar dicho término […]”.

11. La Fiscalía General de la Nación adujo que:

“[…] Por las anteriores consideraciones, solicito al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, declarar la improcedencia de la acción de tutela incoada por la se ñora Yesica Natalia Galeano García y su grupo familiar a través de apoderado, por cuanto no se cumple con las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ni se vulnera derecho fundamental alguno […]”.

12. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín consideró que:25

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“[…] Por lo anterior y en claro acatamiento del precedente jurisprudencial emanado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que en sentencia del 29 de enero de 2020 decidió unificar la jurisprudencia relativa a la aplicación del término de caducidad, se dispuso el rechazo de la demanda por caducidad, en tanto el supuesto establecido por el superior, esto es, que el interesado hubiera advertido o hubiese tenido la posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos, se cumplió en el caso concreto; conocimiento que no es desmentido por el apoderado actor, que

establecido por el superior, esto es, que el interesado hubiera advertido o hubiese tenido la posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos, se cumplió en el caso concreto; conocimiento que no es desmentido por el apoderado actor, que frente al particular ningún pronunciamiento hizo, en tanto la inconformidad frente a las decisiones de la judicatura se centran en el hecho de la desaparición forzada de la que fue objeto el señor Rubén Darío López Vergara, dejando de lado la muerte de la víctima directa, que en sede de tutela se convierte en hipótesis. En virtud de lo expuesto, el Despacho disiente de lo manifestado en el escrito tutelar, en tanto en el trámite que aquí se adelant ó, se respetaron todos y cada uno los presupuestos constitucionales y legales aplicables al caso […]”.

13. El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

14. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia de 22 de febrero de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Negar el amparo de los derechos fundamentales de los señores Yesica Natalia Galeano García, Cristian Andrés Galeano García, María Elda Nubia López Vergara, María Soledad López de Ramírez, Javier Ancizar Salazar López y María Viviana Salazar López, en la acción de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, de conformidad con la parte motiva de esta providencia […]”.

15. Consideró que:

“[…] En vista de ello, resulta lógico y ajustado a derecho que el Tribunal accionado

Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, de conformidad con la parte motiva de esta providencia […]”.

15. Consideró que:

“[…] En vista de ello, resulta lógico y ajustado a derecho que el Tribunal accionado contara el término de caducidad conforme lo previsto en el artículo 164 del CPACA, de dos (2) años a partir del día siguiente de cuando los demandantes tuvieron conocimiento del hecho dañoso; esto es, el 26 de marzo de 2017, y venció el 26 de marzo de 2019. No obstante, lo anterior, el apoderado solo presentó la solicitud de conciliación prejudicial, el día 24 de enero de 2020, esto es, cuando ya había operado el fenómeno de caducidad.

Al respecto, tal como lo explicó el Tribunal accionado en su providencia, realizó un chequeo similar al realizado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, dond e deja demostrado que los accionantes fueron negligentes en accionar el medio de control de reparación directa para pretender la responsabilidad patrimonial del Estado.25

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Actores: Yesica Natalia Galeano García y otros

Dicho ello, contrario al decir de la parte actora, el Tribunal accionando no incurrió en defecto fáctico ni desconoció pronunciamiento judicial alguno, pues de ninguna manera desechó las graves circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaeció la «desaparición y posterior homicidio del señor Rubén Darío López Vergara», que

defecto fáctico ni desconoció pronunciamiento judicial alguno, pues de ninguna manera desechó las graves circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaeció la «desaparición y posterior homicidio del señor Rubén Darío López Vergara», que incluso se mencionó en el escrito de tutela ocurrió desde el 08 de febrero de 2004, en el municipio de Granada (Antioquia); diferente es, que el asunto haya sido decidido a la luz de la regla jurisprudencial establecida por el órgano de cierre de lo contencioso adminis trativo, en materia de la caducidad del medio de control de reparación directa frente a casos relacionados con delitos de lesa humanidad, graves violaciones del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra […]”.

[…]

“[…] Es decir, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, no se encuentra incursa en irregularidad alguna, en definitiva, el análisis efectuado, le permitió concluir que, de acuerdo con las reglas reseñadas en la sentencia de unificación existentes sobre la materia, las cuales son de obligatorio acatamiento, el medio de control de reparación directa impetrado por los señores Yesica Natalia Galeano García, Cristian Andrés Galeano García, María Elda Nubia López Vergara, María Soledad López de Ramírez, Javier Ancizar Salazar López y María Viviana Salazar López, había caducado.

Por consiguiente, la decisión adoptada no vulneró los derechos fundamentales de los accionantes porque aplicó la disposición del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con las pruebas aportadas al expediente y siguió lo dispuesto en

Por consiguiente, la decisión adoptada no vulneró los derechos fundamentales de los accionantes porque aplicó la disposición del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con las pruebas aportadas al expediente y siguió lo dispuesto en la pluricitada sentencia de unificación, que estableció que el término de caducidad para la acción de reparación directa relacionada con delitos de lesa humanidad debe contarse desde que se tuvo conocimiento del hecho dañoso, de ser ello posible […]”.

La impugnación

16. Los actores impugnaron la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Seguna del Consejo de Estado . En ese orden de ideas, expresaron lo

siguiente:

“[…] Se reiteran todos los argumentos y fundamentos jurisprudenciales expuestos en la acción de tutela sobre los cuales sorpresivamente no se pronunció el honorable Magistrado Ponente. En igual sentido, se vuelve a anexar con el presente escrito dos salvamentos de voto que guardan absoluta consonancia con lo expuesto en la solicitud de amparo constitucional denegada: el primero, tratándose del salvamento de voto a la jurisprudencia de unificación sobre el tema de caducidad del medio de control de reparación dire cta del Magistrado, Alberto Montaña Plata (Rad. 61.033 del 29 de enero de 2020), donde se estableció con un análisis integrado a preceptos del derecho internacional de los derechos humanos, que frente a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no opera la figura procesal de la caducidad en el medio de control de reparación directa; y el segundo, del mismo magistrado (Rad. 11001 -03-15-0002022-02527-00), en el que señala25

procesal de la caducidad en el medio de control de reparación directa; y el segundo, del mismo magistrado (Rad. 11001 -03-15-0002022-02527-00), en el que señala25

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que la sentencia SU -312-2020 emitida por la Corte Constitucional no limita la s competencias del juez para llevar a cabo el control de convencionalidad.

Es sorprendente para la parte que, en el fallo recurrido, el H. Magistrado no haya hecho referencia a las normas de derecho internacional que son igualmente aplicables al sub lite, más específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos, y las sentencias de su órgano interpretador, esto es, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a que en el escrito de tutela el apoderado de los accionantes hizo referencia a su aplicabilidad. En ese sentido, se considera pertinente exponer algunos argumentos que bien pueden entenderse como parte del disenso.

Es fundamental exponer que, en el Caso Órdenes Guerra Vs. Chile, la Corte IDH sí se pronunció en el fondo de la sentencia sobre las violaciones a los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial contenidos en los artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la CADH […]”.

[…]

“[…] Aunado a lo anterior, en el reciente caso Familia Julien Grisonas Vs. Argentina, en la Sentencia emitida el 23 de septiembre de 2021, la Corte Interamericana de

de la CADH […]”.

[…]

“[…] Aunado a lo anterior, en el reciente caso Familia Julien Grisonas Vs. Argentina, en la Sentencia emitida el 23 de septiembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió nuevamente a la imprescriptibilidad de las acciones emprendidas para obtener reparaciones por graves violaciones a los derechos humanos […]”.

[…]

“[…] Así, no hay lugar a dudas de que es de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano el criterio fijado por la CIDH respecto de la imprescriptibilidad de las acciones emprendidas por las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, tales como las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias. Aún más, el Estado colombiano, como Estado Parte de la CADH, también tiene la obligación de adoptar las medidas legislativas o las que sean necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades contenidas en dicho instrumento según el artículo 2 de la CADH. De ello, se deriva un efecto positivo y otro negativo, es decir, tanto el de suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violaciones a las garantías contenidas en la CADH, como el de expedir normas y la realización de prácticas conducentes para la efectiva observancia de aquellas garantías.

Por tal motivo, es reprochable que pese a existir argumentos contundentes de rango convencional referidos a la interpretación de la imprescrip tibilidad y caducidad, el Magistrado ponente del fallo de tutela hoy recurrido, expresara lo siguiente con fundamento en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 29 de enero de 2020:

“De conformidad con lo expuesto, para la Sala, contrario a lo que arguyen los

fundamento en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 29 de enero de 2020:

“De conformidad con lo expuesto, para la Sala, contrario a lo que arguyen los accionantes, el Tribunal para decidir la cuestión aplicó las reglas previstas en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, dictada por la Sección Tercera de esta corporación en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto, criterio vinculante y obligatorio según lo dispuesto en el artículo 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo25

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Contencioso Administrativo (CPACA), para cuando se interpuso el medio de control de reparación directa, esto es, el 30 de noviembre de 2020.”

De esta forma, es razonable concluir que la interpretación e implementación restrictiva del artículo 164. 2. i. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establecida en la Sentencia de Unificación (Rad. 61.033 del 29 de enero de 2020), es una violación directa a la Convención Americana de Derechos Humanos, que generaría responsabilidad internacional del Estado colombiano. En ese sentido, afirmar que el juez de la causa, en ejercicio de su autonomía e independencia está facultado para decidir los asuntos sometidos a su arbitrio aplicando la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de

Estado colombiano. En ese sentido, afirmar que el juez de la causa, en ejercicio de su autonomía e independencia está facultado para decidir los asuntos sometidos a su arbitrio aplicando la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, más que una oda a la respetable y valiosa autonomía judicial, se convierte en la práctica en un respaldo de la conducta omisiva de los jueces de la República, consistente en la inaplicación y desconocimiento del control de convencionalidad en desmedro de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y hasta podría convertirse para los operadores jurídicos en una invitación que, de seguir siendo aceptada, podría comprometer internacionalmente la responsabilidad del Estado, en el sentido de impedir a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos el acceso a la administración de justicia […]”.

[…]

“[…] Ahora, no tiene sentido que por una parte se admita la pertenencia de la Convención Americana al bloque de constitucionalidad y el hecho de que la Corte IDH es el intérprete autorizado de la misma, pero que por la otra se indique que las sentencias del intérprete autorizado no son aplicables en el ordenamiento jurídico interno como parámetro para el estudio de los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿qué interpretación debe preferirse: ¿la de la Corte IDH como intérprete autorizado, o la que adelanten los órganos jurisdiccionales internos? La respuesta es clara: teniendo en cuenta que m al podría cualquier órgano interno conferirse la competencia de interpretación de la Convención Americana cuando ya existe un órgano internacional con competencia para hacerlo, el pronunciamiento llamado a surtir efectos es el del intérprete autorizado, po r lo

órgano interno conferirse la competencia de interpretación de la Convención Americana cuando ya existe un órgano internacional con competencia para hacerlo, el pronunciamiento llamado a surtir efectos es el del intérprete autorizado, po r lo que la posición de la Corte IDH sobre la imprescriptibilidad de las acciones encaminadas a obtener la reparación por las graves violaciones a los derechos humanos, es la que aplicarse en el caso concreto […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constituc ión25

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Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 3 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a

destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

19. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilid ad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir la providencia de 2 de julio de 2021, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 05001 33 33 017 2020 00303 01 , incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación directa de la Constitución por la no aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, lo que trajo como consecuencia que declarara de oficio la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.

20. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias

2 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”25

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judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se diri ge contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; v)