CE - 110010315000202300494011SENTENCIA20230512111147

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00494-01

Demandante: Marianela Santiago Romero

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-00494-01

Demandante: MARIANELA SANTIAGO ROMERO

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Acción de tutela. Petición ruptura de solidaridad servicio de energía.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la apoderada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en calidad de demandada, contra la providencia del 2 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que decidió:

“PRIMERO: Deniéguese la solicitud de desvinculación propuesta por la apoderada judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia - DAPRE, por las razones expuestas.

Quinta, que decidió:

“PRIMERO: Deniéguese la solicitud de desvinculación propuesta por la apoderada judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia - DAPRE, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Ampárese el derecho fundamental de petición de la señora Marinela Santiago Romero y, en consecuencia, ordénese al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia - DAPRE que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, brinde respuesta a la solicitud elevada por la mencionada ciudadana el 10 de enero de 2023 y se la notifique debidamente.

TERCERO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado en cuanto, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por los motivos descritos anteriormente.

CUARTO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la señora Marinela Santiago Romero en lo que concierne a los reparos expuestos contra Afinia Grupo EPM - empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S.

E.S.P., conforme con lo señalado en las consideraciones de este proveído.

QUINTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión. (…)”

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Marianela Santiago Romero, en nombre propio, presentó acción de tutela en contra d el presidente de la República y la Superintendencia de Servicios

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Marianela Santiago Romero, en nombre propio, presentó acción de tutela en contra d el presidente de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por estimar vulnerado el derecho fundamental de petición.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:Radicado: 11001-03-15-000-2023-00494-01

Demandante: Marianela Santiago Romero

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“PRIMERO PRETENDO CON Esta acción de tutela como mecanismo definitivo y excepcional PARA QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENA AL PRESIDENTE DE COLOMBIA REASUMIR LAS COMPETENCIA, OTORGADA A LA SUPERSERVICIOS CONFORME ARTICULO 12 DE LALEY 489 DE 1998 DECLARADO EXEQUIBLE POR LA SENTENCIA C -727 DEL 2000 , artículos 2,4,6,13,23,29,31,40,83,84,85,86,93,189-22 208,209,210,211, 365 al 370 de la constitución ARTICULOS 75,DEN LA LEY 142 DE 1994, y de respuesta al derecho de petición , ASIMISMO EL

JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE AL SUPERINTENDENCIA DE SERVCICIO PUBLICO S, A

EJERCER SUS FUCIONES

ARTICULOS 75,DEN LA LEY 142 DE 1994, y de respuesta al derecho de petición , ASIMISMO EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE AL SUPERINTENDENCIA DE SERVCICIO PUBLICO S, A EJERCER SUS FUCIONES CONSAGARADA EN ELARTICULO 75,79,81.82 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y LA SENTENCIAS C-263 DE 1996 C-558 DEL 2001, así mismo de respuesta al derecho de petición, así mismo el juez ordene a la superservicios y a la empresa Afinia a darle tramite al derecho de petición, debido que no es una petición reiterativa ni es un hecho superado y concedas los recursos de ley y tanto la empresa como la superservicios se abstenga de exigir requisitos no autorizados POR LA

CONSTITUCION (…)

ordene al presidente de Colombia y al superintendente de servicios públicos ejerzan sus funciones, obligando al doctor Javier lastras gerente de la empresa Afinia de la costa a darle tramite nuevamente al núcleo esencial del derecho de petición, resolviéndolos de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión , atendiendo los solicitado, en sus totalidad , que no sea aislada y resuelve todas y cada una de las pretensiones e integrando debidamente el contradictorio (…)

SEGUNDO QUE el señor juez constitucional ordene al señor , superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito para conceder el rompimiento de la solidaridad, certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos,

fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito para conceder el rompimiento de la solidaridad, certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya no lo expide , y nadie está obligado a lo imposibles violando la sentencias de tutelas T-636 DEL 2006 Y T -281 DEL 2012, Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) (...).

TERCERO QUE el señor juez constitucional ordene al señor, superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamento constitucionales y légale para obligar a los usuarios que para conceder los recursos de reposición y apelación y de queja exige como requisito absoluto , el pago de la factura solidaria, y lo que no está objetos de reclamos, sin importar que el usuarios se abstienen de pagarla , y la pone en reclamo , ala súper no le importa esto o la paga , o la paga sin importar que esa factura solidaria sea una sanción ,o que ya tienen más de 20 años hay que pagarla por las buenas o por las mala de lo contrario declaran improcedente el derecho de petición violando la siguiente sentencias Corte Constitucional (…)

Cuarto que el señor juez constitucional ordene al señor presidente SEÑOR SUPERINTENDENTE ordenen a la empresa de energía eléctrica a referirse de cada una de las pretensiones del derecho de petición que yo le acciones tales como: conque fundamento constitucional y legal la

ordenen a la empresa de energía eléctrica a referirse de cada una de las pretensiones del derecho de petición que yo le acciones tales como: conque fundamento constitucional y legal la empresa de energía puede suspenderme el servicios de energía si ante no expide un acto administrativo, como lo ordena el artícul o 154 de la ley 142 de 1994,¿conque fundamento constitucional y legal la empresa de energía, exige como requisito para darle tramite a un derecho de petición de solidaridad, certificado de libertad y tradición, certificado de nomenclatura expedido por el instituto de Agustín Codazzi, cuando este organismo ya no lo viene expidiendo, además la empresa no tiene en su poder el levantamiento catastral y la carta catastral que definen la dirección del inmueble?¿conque fundamento constitucional y legal la empresa de energía exige como requisito para conceder los recursos de apelación ante el superior jerárquico funcional que es la superservicicios, que el usuario obligatoriamente, y absolutamente debe pagar la factura solidaria y lo que no es objeto de reclamo, donde esta exigencia no es obligatoria, como lo dejo claro la corte constitucional en la sentencia c-558 del 2001.

CUARTO Que el SEÑOR juez constitucional ordene a la empresa de energía eléctrica, A DAR UNA RESUESTA de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión, atendiendo los solicitado, en su totalidad, que no sea aislada y resuelve todas y cada una de las pretensiones, concediendo los recursos de reposición y el de apelación ante el superior jerárquico funcional que es la superintendencia

aislada y resuelve todas y cada una de las pretensiones, concediendo los recursos de reposición y el de apelación ante el superior jerárquico funcional que es la superintendencia de servicios públicos domiciliarios (...)Radicado: 11001-03-15-000-2023-00494-01

Demandante: Marianela Santiago Romero

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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(...) SÉPTIMO que el señor presidente ordene al superintendencia de servicios público y al gerente general de Afinia al momento de dar respuesta a este de recho de petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito para darle tramite el proceso de rompimiento de la solidaridad como son, certificado de libertad y tradic ión expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi (...)

OCTAVO que el SEÑOR juez constitucional ordene al gerente general de afinia que, de conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los principios de la función públicas, legalidad tipicidad, debido proceso administrativo, el derecho de petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto administrativo (...)”. (sic para toda la cita)

2. Hechos

función públicas, legalidad tipicidad, debido proceso administrativo, el derecho de petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto administrativo (...)”. (sic para toda la cita)

2. Hechos De la revisión del expediente se advierten como hechos relevantes los siguientes: La señora Santiago Romero señaló que es propietaria de una vivienda ubicada en la ciudad de Valledupar, la cual arrendó desde el 9 de febrero de 2015 hasta el 14 de marzo del 2021 al señor Adelmo Isaza quien , en calidad de arrendatario , incumplió la obligación de pago de las facturas del servicio de energía y , por tal razón, se vio en la obligación de celebrar un acuerdo de financiación con Afinia Grupo EPM - empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P, el cual ella no aprobó.

Que el 10 de enero de 2023 radicó petición ante la Presidencia de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con la finalidad de que, en calidad de “superior jerárquico funcional” de la mencionada empresa de servicios públicos, ordenaran al gerente general que estudiara nuevamente la solicitud de rompimiento de la solidaridad en el pago de la deuda , sin dejar algún asunto por resolver ni exigir requisitos adicionales para demostrar que tiene el dominio del inmueble, tales como el certificado de tradición y libertad del bien y el certificado de nomenclatura expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.

Mencionó que en el tramite que surtió ante la empresa de servicios públicos no hubo lugar a presentar recursos contra lo decidido y en todo caso indicó que en

nomenclatura expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.

Mencionó que en el tramite que surtió ante la empresa de servicios públicos no hubo lugar a presentar recursos contra lo decidido y en todo caso indicó que en contra de la Superintendencia de Servi cios Públicos Domiciliarios cursa denuncia, pues se tiene evidencia de que ha negado más del 90 % de los recursos que se interpusieron contra las decisiones emitidas por Afinia Grupo EPM - empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Además, en la petición también requirió a la aludida empresa de servicios públicos para que resolviera la solicitud de ruptura de la solidaridad, pues, aunque en la factura de energía aparezca una dirección de la vivienda diferente a la contenida en los ce rtificados de tradición y libertad, así como de nomenclatura, afirma, bastaba con demostrar que fue la persona que suscribió el contrato.

Mediante Oficio núm. 202370024316 de 13 de enero de 2023, la coordinadora central de la empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., le comunicó que no accedía a la petición en la que insistia en el rompimiento de la solidaridad dado que ya se pronunció al respecto y se le informó que no eraRadicado: 11001-03-15-000-2023-00494-01

Demandante: Marianela Santiago Romero

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procedente acceder a lo solicitado, ni conceder los recurso s de ley que procedían pues en anterior oportunidad bajo el radicado RE3110202121152 se surtió apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y en Resolución 20218600478085 del 11 de septiembre 2021 confirmó la decisión de la empresa.

Finalmente, adujo que en la mencionada respuesta se le informó que la compañía no solicitaba documentos adicionales a los establecidos por la ley para dar trámite al rompimiento de solidaridad, estos son: el certificado de tradición y libertad vigente (no mayor a 90 días). “ Si la dirección [plasmada allí] es distinta a la de la factura, debe anexar el Certificado de Nomenclatura expedido por el Instituto de Agustín Codazzi, que reporte el número de matrícula del predio y la dirección” y el contrato de arrendamiento.

La demandante afirmó que, desde la radicación de la solicitud hasta la fecha de interposición de la acción de tutela, no ha recibido respuesta por parte de la s autoridades demandadas y, por este motivo, considera que se le está vulnerando el derecho fundamental invocado.

3. Argumentos de la acción de tutela

La demandante sostuvo que, a la fecha de la presentación de la tutela, se encuentran vulnerado el derecho fundamental invocado porque no ha tenido resolución pronta y oportuna a frente a la petición que elevó el 10 de enero de 2023.

La demandante sostuvo que, a la fecha de la presentación de la tutela, se encuentran vulnerado el derecho fundamental invocado porque no ha tenido resolución pronta y oportuna a frente a la petición que elevó el 10 de enero de 2023.

A su vez, la señora Santiago Romero cuestionó la respuesta brindada por parte de la empresa de servicios públicos al requerimiento que presentó el 10 de enero de 2023, toda vez que a su juicio no se explicó cuál es el fundamento constitucional y legal para exigir los certificados de tradición y libertad del bien, así como el de nomenclatura expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, pese a que esta entidad no emite tal documento.

Expresó que la mencionada compañía no tiene en su poder el levantamiento y la carta catastral que definen la dirección de su inmueble; además, mostró desacuerdo en el hecho de que se supeditó la procedencia del recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y cuestionó el hecho de que i) se le exigiera presentar los aludidos certificados del bien en el que se suministró el servicio pendiente de pago, dado que en las facturas ella aparece identificada como la propietaria y en una declaración Extra juicio, al igual que ii) se suspendiera la prestación de la energía eléctrica de forma unilateral, sin que previamente se hubiera expedido el acto administrativo correspondiente.

4. Oposición

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia – DAPRE informó que no recibió alguna solicitud de la demandante a la que pueda dar trámite.

Además, indicó que no es la autoridad competente para ejercer la inspección,

Colombia – DAPRE informó que no recibió alguna solicitud de la demandante a la que pueda dar trámite.

Además, indicó que no es la autoridad competente para ejercer la inspección, vigilancia y control de las irregularidades que, a juicio de la actora, se han originado en la expedición y cobro del servicio de energía eléctrica . Debido a lo expuesto solicitó se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00494-01

Demandante: Marianela Santiago Romero

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Expresó que, si bien el presidente de la República manifestó que “asumiría el control de las políticas públicas generales delegadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico efectuadas”, este no asumirá las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, que los actos de contenido particular, los reclamos y demás peticiones son del conocimiento de las autoridades competentes para el efecto.

Finalmente aportó certificación expedida el 13 de febrero de 2023 por el Grupo de Correspondencia de la Presidencia de la Repú blica, en la que se evidencia que , consultada la base de datos de radicación de documentos de origen externo “NO

Finalmente aportó certificación expedida el 13 de febrero de 2023 por el Grupo de Correspondencia de la Presidencia de la Repú blica, en la que se evidencia que , consultada la base de datos de radicación de documentos de origen externo “NO se encontró registrada comunicación alguna a nombre de la señora MARIANELA

SANTIAGO ROMERO”.

Por su parte la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se opuso a las pretensiones de la solicitud de amparo e indicó que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que la Dirección Territorial Nororiente contestó la petición de la a ctora mediante consecutivo 20238600649891 de 14 de febrero de 2023 y le comunicó dicha respuesta al correo electrónico “melkiskammerer@hotmail.com”.

Afirmó que en dicha oportunidad se le informó a la demandante que no aportó copia de la decisión que Afinia Grupo EPM - Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. otorgó como respuesta a su petición, lo que impedía determinar si era o no competente “para tramitar en segunda instancia el recurso concedido por la prestadora el cual puede ser el de apelación o el de queja dependiendo de lo resuelto por el prestador en cada actuación administrativa a recurrir”.

Finalmente, indicó que el reparo de la actora consistente en afirmar que no es válido suspender el servicio de energía, sin existir primero un pronunciamiento de fondo, no es de su competencia, sino de la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. - Afinia Grupo EP, así que no es posible colegir que incurrió en alguna omisión.

5. Intervenciones

no es de su competencia, sino de la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. - Afinia Grupo EP, así que no es posible colegir que incurrió en alguna omisión.

5. Intervenciones La empresa de servicios públicos Afinia Grupo EPM – Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. explicó que la actora el 13 de junio de 2021 radicó solicitud de ruptura de solidaridad por el periodo comprendido desde el 9 de febrero del 2015 hasta el 14 de marzo del 2021, bajo el radicado RE3110202301843, NIC 5325172.

Sin embargo, informó que dicha solicitud fue declarada improcedente mediante el comunicado núm. 202170143761 de 1º de junio de 2021, toda vez que como propietaria “ha dejado de hacer efectivo el contrato de arriendo y consintió la deuda dejada por el inquilino”, aunado a que el cliente y el usuario son solidariamente responsables en lo que respecta a las deudas que se generan por la prestación del servicio de energía.

De igual forma afirmó que, contra esa decisión se concedió el recurso de reposición ante la empresa y, en subsidio, el de apelación para que fuera zanjado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, lo cuales se interpusieron por la usuaria y se resolvieron con el Oficio 202170186597 de 12 de julio de 2021 y laRadicado: 11001-03-15-000-2023-00494-01

Demandante: Marianela Santiago Romero

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marianela Santiago Romero

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Resolución SSPD - 20218600478085 de 11 de septiembre del mismo año, respectivamente, de forma desfavorable a los intereses de la actora.

Advirtió que la superintendencia señaló que no se anexaron todos los documentos requeridos para dar trámite a la petición, como lo es, el certificado de nomenclatura expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC que reportara el número de matrícula del inmueble y la dirección, toda vez que el barrio indicado en el certificado de tradición y libertad aportado por la peticionaria no es el mismo que el registrado en el Sistema de Gestión Comercial de la Empresa, pues se encontró que “el Nic -5325172, corresponde al predio de dirección Calle 38 No. 23 - Barrio Villa Leonor de ValleduparCesar.”

Adujo que en el caso objeto de estudio no es viable debatir nuevamente una situación jurídica sobre la cual ya se le dio respuesta a la actora, especialmente si se tiene en cuenta que los argumentos que sirvieron de respaldo para decidir la solicitud de rompimiento de solidaridad deben ser analizados por el juez competente en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, vía que en todo caso no ha sido adelantada por la demandante.

solicitud de rompimiento de solidaridad deben ser analizados por el juez competente en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, vía que en todo caso no ha sido adelantada por la demandante.

Aclaró que el escrito presentado por la actora el pasado 10 de enero de 2023 bajo el radicado núm. RE3110202301843 no constituye una petición conforme lo estipulado en la Ley 142 de 1994 sino una reclamación contra un acto de facturación, así que no era dable a la empresa volver a pronunc iarse sobre tal solicitud, pues previamente se agotó la vía gubernativa.

Finalmente expreso que en Oficio 202370024316 del 13 de enero del presente año, se respondió lo requerido por la actora, en el sentido de indicar que anteriormente había presentado una reclamación con la misma finalidad, la cual fue atendida en debida forma por la empresa, sin que ello origine el quebranto de sus derechos fundamentales.

6. Sentencia de primera instancia

La Sección Quinta del Consejo de Estado , en providencia del 2 de marzo de 2023, amparó el derecho fundamental de petición a la actora y, en consecuencia, le ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia - DAPRE que, en el término de (48) horas siguientes a la notificación de la providencia responda la solicitud elevada por la demandante el 10 de enero de 2023.

Lo anterior, al considerar que en el proceso se encontraba probado que la solicitud de la demandante fue remitida, entre otros, al correo electrónico notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co , que, si bien es la dirección habilitada

2023.

Lo anterior, al considerar que en el proceso se encontraba probado que la solicitud de la demandante fue remitida, entre otros, al correo electrónico notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co , que, si bien es la dirección habilitada solo para la recepción de notificaciones judiciales, lo procedente por parte de dicha entidad era remitir la petición a la dependencia encargada de resolverla, en el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011.

Finalmente declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00494-01

Demandante: Marianela Santiago Romero

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

7. Impugnación

La apoderada del Departamento Administrativo de la Presidencia impugnó la decisión de primera instancia, insistió en los argumentos del escrito inicial e indicó que es necesario revocar la decisión impugnada porque el operador judicial de primera instancia omitió el hecho de que si bien se evidenció el envío de un correo electrónico a la dirección notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co desde la dirección melkiskammerer@hotmail.com lo cierto es que en dicho correo no se allegó ningún archivo adjunto. Debido a lo anterior, indicó que la solicitud de la actora no podía ser tramitada.

dirección melkiskammerer@hotmail.com lo cierto es que en dicho correo no se allegó ningún archivo adjunto. Debido a lo anterior, indicó que la solicitud de la actora no podía ser tramitada.

Además, precisó que el mensaje de datos fue remitido a una dirección diferente a la que maneja la Presidencia de la República para resolver peticiones , pese a que esta dirección es de ampli o conocimiento por la ciudadanía y , en especial, por la persona que maneja la dirección de correo electrónico desde la que se remitió la petición, pues no es la primera solicitud que eleva ante la entidad.

Indicó que se puede estar en presencia de abuso del derecho , dado que el apoderado mediante el que fueron remitidas las solicitudes se ha dedicado a dirigir masivamente peticiones y acciones de tutela contra la Presidencia de la República por estos mismos hechos respecto de distintos ciudadanos, lo que evidencia su amplio conocimiento sobre cuáles son los requisitos mínimos que debe contener una petición para ser debidamente tramitada.

Puntualmente, señaló que el señor Melkis Kammerer, en su calidad de abogado, ha presentado múltiples acciones de tutela por hechos semejantes, en representación de diversas personas a través de sus correos electrónicos melkiskammerer@hotmail.com y oficinadequejasyreclamos@gmail.com . Y en respuesta a las diferentes solicitudes se ha informado a este señor que: “la Presidencia de la República no es la competente para atender los reclamos que él enfila a nombre de múltiples ciudadanos, en casos idénticos al de este expediente. Es más, en varias de las acciones que él promueve por diversos temas, demanda a la Presidencia de las República para que la competencia recaiga en las altas

enfila a nombre de múltiples ciudadanos, en casos idénticos al de este expediente. Es más, en varias de las acciones que él promueve por diversos temas, demanda a la Presidencia de las República para que la competencia recaiga en las altas Cortes, a sabiendas, como ya varios jueces y el propio Consejo de Estado se lo han indicado, que la esta entidad no ostenta las competencias que le permitan resolver casos puntuales o concretos como el que plantea”.

Además, alegó que «el señor Melkis Kammerer, en su calidad de abogado podría estar incurso en el incumplimient o del deber de todo abogado contenido en los numerales 13, 16 y literal a) del numeral 18 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, que al tenor literal preceptúan: N° 13: “Prevenir litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos y facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos (en virtud de la parte resaltada, únicamente respecto de la Presidencia de la República.»

Expuso que, aunque a esta persona ya se le ha indicado que la Presidencia de la República no es la competente para atender los reclamos que él enfila a nombre de múltiples ciudadanos, en casos idénticos al de este expediente , continúa congestionando tanto a la entidad como al aparato jurisdiccional en un intento del que no se puede avizorar ningún fin legítimo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00494-01

Demandante: Marianela Santiago Romero

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marianela Santiago Romero

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor