CE - 110010315000202300514011SENTENCIA20230605152203

CONSEJO DE EST ADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A Consejera Ponente: MART A NUBIA VELÁSQUEZ RICO B o g o t á D . C . , d o s ( 0 2 ) d e j u n i o d e d o s m i l v e i n t i t r é s ( 2 0 2 3 ) .

Radicación número: 1 1001-03-15-000-2023-00514-01. Accionante: Clara E. Becerra Díaz y Alan R. Delgadillo Allen. Accionado: Consejo de Estado – Sección T ercera, Subsección B. Referencia: Acción de T utela (sentencia de segunda instancia) T e m a s : A C C I Ó N D E T U T E L A C O N T R A P R O V I D E N C I A J U D I C I A L – R e q u i s i t o s d e p r o c e d e n c i a / F A L T A D E R E L E V A N C I A C O N S T I T U C I O N A L – L o s d e m a n d a n t e s p r e t e n d i e r o n r e a b r i r l a c o n t r o v e r s i a r e s u e l t a p o r e l j u e z n a t u r a l ; l a e n u n c i a c i ó n s i n j u s t i f i c a c i ó n d e l a s v u l n e r a c i o n e s a l o s d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e s n o e s s u f i c i e n t e p a r a d a r l e r e l e v a n c i a c o n s t i t u c i o n a l .

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia de 16 de marzo de 2023 1 , proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda El 5 de febrero 2023, Clara E. Becerra Díaz y Allan R. Delgadillo Allen, a través de apoderado, instauraron una demanda de tutela contra la Subsección B de la Sección T ercera del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y mínimo vital, así como otros principios constitucionales.

Los accionantes pretenden que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia del 14 de septiembre de 2022, pues consideran que adolece de un defecto fáctico al no haber valorado la conducta de los señores Becerra y 1 Q u e i n g r e s ó p a r a f a l l o e l 2 4 d e a b r i l d e 2 0 2 3 . 1Radicación: 11001-03-15-000-2023-00514-01.Actor: Clara Elvira Becerra Díaz y Allan RobertDelgadilloAllen.Demandado: Subsección B de la Sección Tercera delConsejodeEstado.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia)

Delgadillo bajo el estándar de culpa apropiado, dentro del proceso ejecutivo que llevó al remate judicial de un inmueble de su propiedad. Igualmente, señalan que la decisión de la Subsección B de la Sección T ercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo y desconoció la jurisprudencia aplicable, por haber interpretado el concepto de culpa exclusiva de la víctima en contravía del bloque de constitucionalidad.

2. Hechos relevantes Clara E. Becerra Díaz y Allan R. Delgadillo Allen eran propietarios del inmueble ElRemanso, ubicado en el municipio de Subachoque, Cundinamarca.

El 21 de septiembre de 2009, a través de la Escritura Pública No. 05576 de la Notaría Novena del Circuito de Bogotá, constituyeron dicho bien como garantía de unos pagarés a favor de la Sociedad Inversiones JAP ABOL Ltda. (ahora Inversiones JAP ABOL S.A.S). El 23 de marzo de 201 1, vencidos los títulos valores y la deuda aún pendiente, la Sociedad inició un proceso ejecutivo (Radicado No. 201 1-00363), en el que hizo efectiva la garantía hipotecaria, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Civil del Circuito de Funza.

Los señores Becerra Díaz y Delgadillo Allen fueron notificados personalmente el 28 de septiembre de 201 1 del mandamiento de pago librado el 30 de marzo de ese mismo año. T ranscurrido el término para contestar y presentar excepciones, el 5 de octubre de 201 1, los ejecutados no se pronunciaron, quedando debidamente registrado en el auto del 19 de octubre de 201 1, notificado por estados el día 21 de ese mes. Un mes después, mediante la providencia del 25 de noviembre, se ordenó continuar con la ejecución y la venta en pública subasta del inmueble dado como garantía hipotecaria. 2Radicación: 11001-03-15-000-2023-00514-01.Actor: Clara Elvira Becerra Díaz y Allan RobertDelgadilloAllen.Demandado: Subsección B de la Sección Tercera delConsejodeEstado.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia) El avalúo considerado para llevar a cabo dicha subasta fue aportado por la sociedad ejecutante, que, con base en el avalúo catastral usado por la Secretaría de Hacienda del municipio de Subachoque, usó la fórmula dada en el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, norma vigente en ese entonces. El Juzgado Civil del Circuito de Funza, a través del auto del 22 de febrero de 2012, le dio traslado a los ejecutados para que se manifestaran frente al avalúo hecho sobre su predio y posteriormente, a través del auto del 07 de marzo de 2012, se dejó constancia de que el avalúo no fue objetado, por lo que fue aprobado.

No obstante, el 21 de febrero y el 6 de marzo de 2013, casi un año después, los señores Becerra y Delgadillo presentaron un incidentede nulidadde origenconstitucional, en el que manifestaron su oposición al avalúo tenido en cuenta por el juzgado de ejecución en el proceso adelantado por JAP ABOL S.A.S, pues no era el verdadero precio del inmueble. Este memorial fue rechazado de plano, pues ninguna de las razones invocadas está consagrada en las normas procesales aplicables y luego fue objeto de diversos recursos ante el T ribunal Superior de Cundinamarca, decididos todos de manera negativa. Por su parte, el inmueble fue enajenado el 27 de febrero de 2013 en la diligencia de remate por el Juzgado Civil del Circuito de Funza, originada en el proceso 201 1-00363, por valor de $331’750.000, consignados en el Banco Agrario al Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Cundinamarca, Sala Administrativa. Al considerar que el comportamiento y decisión del juez en el proceso ejecutivo constituía un actuar defectuoso de la Administración de Justicia, presentaron una demanda de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial. El conocimiento de este caso correspondió, en primera instancia, al T ribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones en la sentencia del 23 de febrero de 2017 y esta fue apelada. 3Radicación: 11001-03-15-000-2023-00514-01.Actor: Clara Elvira Becerra Díaz y Allan RobertDelgadilloAllen.Demandado: Subsección B de la Sección Tercera delConsejodeEstado.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia)

En segunda instancia, el proceso fue conocido por la Subsección B de la Sección T ercera de esta Corporación. El 14 de septiembre de 2022, profirió la sentencia aquí cuestionada, confirmando lo decidido por el T ribunal Administrativo de Cundinamarca.

3. Fundamentos de la demanda de tutela Los tutelantes pretenden que se revoque o se deje sin efecto la sentencia del 14 de septiembre de 2022, proferida por el Subsección B de la Sección T ercera del Consejo de Estado y que dicte una nueva providencia en remplazo, en la que se haga una debida valoración de la responsabilidad que tuvieron los demandados y el juzgador en el proceso ejecutivo en su contra.

El argumento estructural consiste en que la Subsección B de la Sección T ercera no aplicó un estándar de responsabilidad razonable exigible a los señores Clara E. Becerra Díaz y Allan R. Delgadillo Allen dentro del proceso ejecutivo 201 1-00363, al haber presentado y controvertido, tardíamente, el avalúo del inmueble ElRemanso, para ese momento, de su propiedad. Según el escrito de tutela, los demandantes se abstuvieron de participar en el proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado Civil del Circuito de Funza debido a su ingenuidad y a la edad que tienen, razón por la que depositaron su confianza en el apoderado de la sociedad que los demandó cuando, supuestamente, este les afirmó que esperaría a que ellos vendieran, por cuenta propia, el inmueble secuestrado y embargado para el pago de la deuda.

Enterados de la diligencia de remate, enviaron su avalúo del inmueble y solicitaron la nulidad de todo lo actuado. Esta circunstancia fue expresada, extemporáneamente, en el proceso ejecutivo y constituyó el fundamento para afirmar una deficiente administración de justicia por exceso ritual en la demanda de reparación directa, sin que fuese considerada suficiente para anular lo actuado e impedir el remate, o condenar a la indemnización de perjuicios en primera o segunda instancia. 4Radicación: 11001-03-15-000-2023-00514-01.Actor: Clara Elvira Becerra Díaz y Allan RobertDelgadilloAllen.Demandado: Subsección B de la Sección Tercera delConsejodeEstado.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia) En este sentido, los demandantes consideran que la decisión de la Subsección B de la Sección T ercera del Consejo de Estado adolece de cuatro defectos: procesal, sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, que vulneraron sus derechos fundamentales, al determinar que la razón por la que su avalúo de la finca ElRemansono fue considerado en el proceso ejecutivo, fue por la forma en que asumieron la defensa de sus intereses en ese momento, no obstante las facultades oficiosas de los jueces y que el valor real de la propiedad rematada fuera sustancialmente mayor al pagado tras la diligencia de remate. Puntualmente, ataca a la providencia de haber incurrido en: i) Defecto fáctico: porque no se tuvo en cuenta el avalúo de la finca ElRemanso,aportado por los demandantes en el proceso de reparación directa y tampoco en el proceso ejecutivo.

Puntualmente, ataca a la providencia de haber incurrido en: i) Defecto fáctico: porque no se tuvo en cuenta el avalúo de la finca ElRemanso,aportado por los demandantes en el proceso de reparación directa y tampoco en el proceso ejecutivo. ii) Defecto procedimental: porque consideran que los jueces pudieron, en todo momento, hacer uso de sus facultades para determinar el verdadero valor del inmueble rematado y omitieron hacerlo, por lo que desconocieron el derecho sustancial. iii) Desconocimiento del precedente: porque estiman que la autoridad accionada no tuvo en cuenta la sentencia T -531 de 2010, que trató el tema del ritualismo excesivo por parte de los jueces como un desconocimiento del derecho sustancial a la hora de fallar . iv) Defecto sustantivo; porque la conducta que tuvieron en el proceso ejecutivo debía ser calificada por parte de la Subsección B como propia del régimen de culpa levísima, en lugar de grave, lo que habría evitado aplicar la culpa exclusiva de la víctima, como causal eximente de responsabilidad. 5Radicación: 11001-03-15-000-2023-00514-01.Actor: Clara Elvira Becerra Díaz y Allan RobertDelgadilloAllen.Demandado: Subsección B de la Sección Tercera delConsejodeEstado.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia)

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela 4.1. Mediante el auto admisorio del 7 de febrero de 2023, la Sección Cuarta notificó a la parte accionada y se vinculó al T ribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, como terceros interesados.

4.2. La Subsección B de la Sección T ercera del Consejo de Estado se opuso a la procedencia de la acción de tutela y consideró que la providencia acusada contenía suficientes argumentos para oponerse a lo alegado por los demandantes. 4.3. El T ribunal Administrativo de Cundinamarca allegó el expediente del proceso y guardó silencio frente al contenido de la demanda de tutela. 4.4. La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial no se pronunció.

5. La sentencia de primera instancia La Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 16 de marzo de 2023, declaró improcedente el amparo solicitado, por considerar que el escrito de tutela no satisfacía el requisito de relevancia constitucional.

A esta conclusión llegó, luego de considerar que los demandantes pretendían una tercera instancia y reabrir el debate acerca de la responsabilidad que les era exigible al momento de controvertir el avalúo usado para rematar el inmueble, así como el ritualismo excesivo de los jueces del proceso ejecutivo, que consideran extensivo ahora a los de reparación directa. Para tal fin, comparó algunos apartes de la sentencia acusada con la demanda de tutela.

6. La impugnación La parte actora sostuvo que, en vista de que el error de interpretación sobre la conducta de los demandantes se advirtió desde el proceso de reparación directa, sin que fuese debidamente valorada a la luz de las normas aplicables en ese entonces, se justificaba su inclusión en la demanda de tutela y agregó que el 6Radicación: 11001-03-15-000-2023-00514-01.Actor: Clara Elvira Becerra Díaz y Allan RobertDelgadilloAllen.Demandado: Subsección B de la Sección Tercera delConsejodeEstado.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia)

asunto sí revestía relevancia constitucional por los derechos fundamentales involucrados. Igualmente, insistió que no haber valorado la conducta de sus representados como correspondía, por cuenta de un ritualismo excesivo, fue determinante en los procesos de la jurisdicción ordinaria y de lo contencioso administrativo, por lo que se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, de acceso a la administración de justicia y al mínimo vital.

II. C O N S I D E R A C I O N E S La Sección Cuarta de esta Corporación negó las pretensiones de esta demanda, dado que no encontró que cumpliera con el requisito de relevancia constitucional, luego de que concluyera que se pretendía una tercera instancia en el proceso de reparación directa. Esta Sala comparte la conclusión a la que llegó esa Sección y advierte que, esencialmente, existe una natural inconformidad con las decisiones que negaron la responsabilidad de la Rama Judicial en el proceso ejecutivo 201 1-00363, así como con el valor obtenido en el remate judicial.

Aunque la presente demanda de tutela acusa a la decisión del 14 de septiembre de 2022 de haber incurrido en cuatro defectos diferentes, el argumento central de su escrito gira en torno al supuesto exceso ritual manifiesto de la decisión del Juzgado Civil del Circuito de Funza, al no haber considerado el avalúo presentado, extemporáneamente, por los demandantes, quienes son personas de edad avanzada y que, como consecuencia, el bien fue rematado por un valor considerablemente inferior al esperado por ellos.

Este argumento puede verse tanto en el proceso de reparación directa, como en la presente demanda de tutela. No obstante el estudio hecho por la Sección Cuarta, para demostrar esta observación, se transcriben algunos apartes de uno y otro escrito (con posibles errores): ● Sentencia del 14 de septiembre de 2022 – Subsección B, Sección T ercera del Consejo de Estado: 1 . 4 . R e c u r s o d e a p e l a c i ó n 7Radicación: 11001-03-15-000-2023-00514-01.Actor: Clara Elvira Becerra Díaz y Allan RobertDelgadilloAllen.Demandado: Subsección B de la Sección Tercera delConsejodeEstado.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia) …

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15. En criterio de la parte recurrente, el Tribunal desconoció que, a pesar de lafalenciaenlaquehabíanincurridolosejecutados(al noobjetarensumomentoelavalúo), lociertoeraque, conanterioridadaladiligenciaderemateyrespaldadosenunnuevoavalúo, habíanpuestodepresentedentrodel procesoejecutivoque,el valor real del inmueble era sustancialmentesuperior al fijadoenel avalúoquefueaprobado. Sinembargo,losfuncionariosqueconocierondel procesoejecutivo,sobre la base del desconocimiento la primacía del derecho sustancial sobre lasformas y, endecisionesquecomportabanunexcesoritual, “dictaronprovidenciasque respondieron de manera deficiente, tardía, omisiva y con denegación dejusticia las solicitudes presentadas por los ahora demandantes”. Al respecto,agregó que, en este caso, no bastaba que los funcionarios competentes de laejecuciónrealizaranunjuiciodemeralegalidadprocesal sobrelasituaciónpuestade presente en su momento por los ejecutados, ya que, aunque es cierto quereaccionaron de manera posterior a la posibilidad que se les concedió paracuestionar el avalúo presentado por la ejecutante, el excesivorigorismoprocesalno podía conllevar el desconocimiento de su derecho al debido proceso yasusderechos sustanciales, representados en la propiedad de su inmueble, que fuevaloradoapartirdeun“torpeeinsuficienteavalúo”.

16. En criterio delaparteactora, losfuncionariosqueconocierondelaejecuciónestaban en capacidad de utilizar sus prerrogativas en materia probatoria paraestablecer el verdaderopreciodelagarantía, yaquenoteníanprohibiciónalgunapara decretar como prueba oficiosa el dictamenallegadoensumomentopor losentoncesejecutados,potestaddelaquenohicieronuso.

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… 2 . 1 . A n á l i s i s s u s t a n t i v o … 21…la Sala debe poner de presente las siguientes circunstancias debidamenteacreditadas: los2ejecutadossenotificaronenformapersonal del procesoel 28deseptiembrede20119; el secuestrodel inmueblehipotecadohabíatenidolugarconanterioridad(el 30deagostodeesemismoaño),endiligenciaquefueatendidaenforma personal y sin oposición de ningún tipo por el ejecutado Alan RobertDelgadillo; comolosdemandadosnopropusieronexcepciones,el 23denoviembrede 2011 el Juzgado profirió el autoordenadopor el artículo555del C.P.C., enelque ordenó seguir adelanteconlaejecución, decretólaventaenpúblicasubastadelagarantíayconesefinordenósuavalúo.

22. A propósito de este último, consta que la parte ejecutante lo allegóel 25deenerode2012, enlaformaindicadapor el artículo516del C.P.C., estoes: porelvalor catastral del inmueble incrementado enun50%. Por Autode22defebrerode2012, el Juzgadocorriótrasladodeeseavalúopor el términode3días,enlosquelaparteejecutadanohizoningúntipodemanifestación,razónporlacual,porAuto de 7 de marzo siguiente, el Juzgado indicó que “[p]ara los efectoscorrespondientes, téngase en cuenta que el anterior avalúo del predio no fueobjetado” -seresalta-. Confundamentoeneseavalúoenfirme,seseñalóel 27defebrerode2013paraquetuvieralugar ladiligenciaderemate14,laquesellevóacaboel díaprevistosinquelosejecutadoshubieranformuladooposición.

23. Comoseobserva, losejecutadosyacádemandantesnosoloestabanal tantodelaexistenciadel procesoejecutivodesdeel 30deagostode2011(cuandotuvo

8Radicación: 11001-03-15-000-2023-00514-01.Actor: Clara Elvira Becerra Díaz y Allan RobertDelgadilloAllen.Demandado: Subsección B de la Sección Tercera delConsejodeEstado.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia) lugar ladiligenciadesecuestro), sinoque,además,constaque,conanterioridadaesadiligenciay,porsupuesto,muchoantesdequeseiniciaranlosactospreviosalremate, ya se había producido el avalúocuyafaltadevaloraciónreprocharonenestejuiciocomounexcesoritual.

24. En ese contexto, la Sala sólo puede atribuir la falta de objeciones al avalúopresentado el 25 de enero de 2012, y su consecuente aprobación, a la culpaexclusiva de los ejecutados, cuya primeraactuacióndentrodel procesoejecutivoconsistió en, días previos a la diligencia de remate, elevar una improcedentesolicituddenulidaddeorigenconstitucional,confundamentoenque,asujuicio,elavalúonoestabaajustadoalarealidad.

25. Esasolicitudnoestaballamadaaprosperar, puesconindependenciadesi lafalenciaalegadaestabaprevistadentrodelascausalesdenulidaddelanormativaprocesal (quefuelarazónporlacual serechazóporAutode24deabril de2013),lociertoesquelaparteactoranopodíainvocar ningúnvicioprocesal relacionadoconel avalúodel inmueble. Loanterior, enlamedidaenquelairregularidaddelaquesequejó,quetendríaunanaturalezasaneable,habíaquetenerlasuperadaenel momentoenquelosafectadosconella, estandoencondicionesdehacerlo,noselapusierondepresenteal juzgado…

27. Ahora bien, el extremo recurrente alegó que, el comportamiento de losejecutados no podía catalogarsecomogravementeculposoenlostérminosdelaLey270de1996. LaSalareplicaque, enestecaso, lacausaadecuadadel dañoque alegaron haber experimentado sí puede atribuirse a su evidentedesentendimiento del desarrollo del proceso, como a la inadecuada forma comopretendieronenmendarlaincuriaconlaquehabíanasumidosudefensa

28. Seinsiste, losdemandantestuvieronlaposibilidad, conferidaporlapropialey,decuestionar el avalúopresentadoporlaparteejecutante,posibilidadquedejaronpasar sin hacer ningún tipo de manifestación a pesar de que, paraentonces, yacontabanconlapruebadelapresuntaafectaciónqueacarrearíael hechodequese llevara a remate el inmueble a partir del avalúo quehabíasidoaprobado. Enesascondiciones, noleseradadoplantear unairregularidaddecarácter procesalrelacionada con la firmeza del avalúo, a lo cual cabría agregar que, el sustentomismo de la nulidad denunciada, esto es: que el referente para el precio delrematenoreflejabalarealidadeconómicadelagarantíahipotecaria,nuncaquedócabalmente acreditado, ya que la prueba que acompañaron en su momentopresentaba las falencias ya advertidas con anterioridad por esta Sala, y queimpedíanacogersusconclusiones.

29. En este punto es pertinente agregar que, las razones que los demandantesexpusieron en el recurso, con miras a justificar su inacción dentro del procesoejecutivo, y así evitar que su comportamiento pudiera ser considerado comogravementeculposo, noquedaronacreditadasy, encualquiercaso,deellasnosehabríadadonoticiaal juezquetramitabalaejecución.

30. Al respecto, el testimonio de Sandra Patricia Gaitán Becerra era pruebainsuficiente de la existencia de los acuerdos a los que, supuestamente, habríanllegadolosejecutadosconel abogadodesucontraparte, enel sentidodequeseleshabíaconcedidounplazoparael cumplimientodelasobligacionesejecutadas.Se afirmó en el recurso que, con fundamento eneseacuerdo, losejecutadossehabrían entendido facultados para desentenderse del trámite de la ejecución,razónpor lacual lafaltadecuestionamientodel avalúonopodíaserlesatribuidaatítulodeculpagrave.

9Radicación: 11001-03-15-000-2023-00514-01.Actor: Clara Elvira Becerra Díaz y Allan RobertDelgadilloAllen.Demandado: Subsección B de la Sección Tercera delConsejodeEstado.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia)

31. Sin embargo, de la existencia del presunto acuerdo para el pago de lasobligaciones ejecutadas, no podía ser prueba la declaración de dichotestigo, yaque la falta de un documento que recogiera los términos del convenio, o de unprincipio de prueba por escrito del mismo, en las condiciones previstas por elartículo 232 del C.P.C., debía ser interpretadacomoindiciodelainexistenciadelpresunto acto, mucho más cuando nada les impedía a las partes dejardocumentada la existencia de su pacto, decuyainexistencia, por el contrario, dacuentaotroindicio, yesel hechodequenoconstaqueselehubieradadonoticiadesuexistenciaal juezdelaejecución.

32. Como no hay prueba fehaciente de la existencia del acuerdo, ni el mismotrascendió al ámbitoprocesal, el argumentoapartir del cual lapartedemandanteapuntóamatizarlasimplicacionesdel comportamientoasumidoporlosejecutadosdentro del proceso ejecutivo, concretamente en punto a la falta de objeción delavalúo presentado por la parte actora dentro de ese proceso, quedó sinfundamento, en todo lo cual no incide el hecho de que los ejecutados eranpersonasdelaterceraedad, puesnoexistepruebadequetuvieranalgúntipodepadecimiento que les impidiera asumir en forma adecuada la gestión de suspropiosintereses.

33. Por último, la Sala no observa que la respuesta dada por el juzgado a lassolicitudes de nulidad elevadas por la parte ejecutada, así como las decisionesque, en relación con las mismas, adoptó el Tribunal Superior de Cundinamarca,comportaranunexcesoritual. Enverdad, dentrodel trámitedel procesoejecutivo,no se incurrió en ningún tipo de irregularidad en relación con el trámite seguidopara el avalúo del inmueble que debiera ser declarada, o circunstancias queimpusieran declarar la invalidez de la diligencia de remate, desde luego que lasfalenciasquepresentóel proceso, enlaformaenqueloplantaronlosejecutados,estarían directamente relacionadas con la aprobación del avalúo, aspecto que,como se indicó, al dejar de ser cuestionado en su debida oportunidad por losdeudores, les impedía, con posterioridad, reabrir un debate al respecto, muchomenos desde la perspectiva de irregularidades que, de haberse presentado, sehabríanconsumadoporsuincuria( c u r s i v a y s u b r a y a s p r o p i a s ) .

● Demanda de tutela – Alan Robert Delgadillo Allen y Clara E. Becerra: La razón por la cual mis representados guardaron silencio y no contestaron lademanda obedeció a que, en primer lugar, y dadasuingenuidadpropiadeunosseñoresdelaterceraedad, decidieronconfiar enlaspalabrasdel abogadodelosdemandantesquienendiálogosostenido,lesaseguroquenoprocederíaasolicitarel remate hasta tanto no vendieranel inmueblepor sucuenta, ensegundolugar,se tenía la esperanza de que con las cosechas de losañosvenideros, sepodíaasegurar el pago de las obligaciones antes de que se terminara el proceso,recordemosqueel predio‘El remanso’… Conformealoanterior, ycontrarioaloanteriormenteaseguradoporel apoderadode la contraparte, de forma deshonrosa y obrando de mala fe, adelantó ante eljuzgado una petición encaminada a proceder con la diligencia de remate delinmueble objeto de la medida cautelar, fijando así comofechaparadiligenciaderemateel 27defebrerode2013… Así lascosas, ydebidoatodaslasdecisionesjudicialesanteriormenteenunciadasse procedió a instaurar demanda de reparación directa en contra de la Nación-Rama Judicial alegando responsabilidad por razóndeladeficienteprestacióndelserviciodeadministracióndejusticiacumplidaporpartedel JUZGADOCIVILDEL 1 0Radicación: 11001-03-15-000-2023-00514-01.Actor: Clara Elvira Becerra Díaz y Allan RobertDelgadilloAllen.Demandado: Subsección B de la Sección Tercera delConsejodeEstado.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia)

CIRCUITO DE FUNZA y la Sala civil-Familia del TRIBUNAL SUPERIOR DECUNDINAMARCA, a causa de un defecto procedimental por unevidenteexcesoritual , desconociendo el derecho sustancial sobre el formal, dejandodeladolasdistintassolicitudesqueensumomentomisrepresentadospusierondepresenteafin de precaver la notoria diferencia económica existente entre el valor catastralaplicado y el valor comercial real existente respecto del bien inmueble rural “ElRemanso”… Finalmente, esnecesarioponer depresentequedurantetodoel proceso, tantoelejecutivocomoel contenciosoadministrativo, jamássehizomención,ni serealizóvaloraciónprobatoriadel AvalúoNo.4280efectuadoal inmueblequefueobjetodela medida de remate, con fecha del 11 de agosto de 2011, el cual según seobserva, se encuentra debidamente sustentado por parte de la firma LonjaAvaluadores Asociados, miembro de la Lonja Inmobiliaria de Colombia, la cualconsignó que efectivamente y conforme a la tipología descriptiva del bien, susáreas, yvalor del metrocuadrado, secertificóunvalorcomercial promediodeMILOCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOSMCTE($1.816.680.000.oo)…

D E F E C T O M A T E R I A L O S U S T A N T I V O En primer lugar, es evidente que se ha configurado un defectosustantivoconlaprovidencia censurada, toda vez que esta realizó una errónea hermenéuticajurídicaal valorarerróneamentelaconductallevadaacabopormisrepresentados,toda vez que su conducta llevada a cabo dentro del procedimiento ejecutivo,manifiestan ellos seconfigurócomolacausadel dañoatribuibleúnicamenteasupropianegligencia,dandoasí unainterpretaciónextensaalafiguradelaculpagrave,sinembargo,loque debió haber hecho fue considerar que la conducta en que incurrieron misrepresentados claramente configuraba una culpa levísima, con la cual no podríahablarsedeculpaexclusivadelavíctimacomoeximentederesponsabilidad… Conformealoanterior,esevidentequeel comportamientodelosejecutados,al noobjetar en su momento el avalúo presentado por la parte ejecutante, no podíaentenderse como constitutivo deunaconductadolosaogravementeculposa, porcuanto se desconoció que, a pesar de la falencia enlaquehabíanincurridomisrepresentados (al no objetar en su momento el avalúo), lo cierto era que, conanterioridad a la diligencia de remate y respaldados en un nuevo avalúopresentado, SÍ se había puesto de presente dentro del procesoejecutivo, queelvalor real del inmuebleerasustancialmentesuperior al fijadoenel avalúoquefueaprobado.( S u b r a y a p r o p i a d e l o r i g i n a l )

En segundo lugar, salta a la vista la existencia de una indebida valoraciónprobatoriatodavezqueantelasolicitudquelaparteejecutadarealizósolicitandola revisión del avalúo catastral aportado al expediente, losoperadoresjudiciales,por motivosqueaúnnoseexplican,prefirieronaplicararajatablael procedimientoejecutivocontítulohipotecario, teniendoencuentaúnicamenteel avalúoaportadopor losejecutantes,sintenerjamásencuentael avalúocomercial aportadoporlaspartesejecutadas, ydejandodeladoasuvez, lapotestadoficiosaquetienetodojuez para decretar pruebas, permitiendo así tener certeza del valor del bien arematar. De modo que, se debe cuestionar y censurar el hecho de que si los distintosoperadores judiciales tenían en su haber suficientes elementos de prueba parapoder verificar que efectivamente y con motivo de la indebida valoraciónprobatoria, se estaba causando un notorio perjuicio económico a mis 1 1Radicación: 11001-03-15-000-2023-00514-01.Actor: Clara Elvira Becerra Díaz y Allan RobertDelgadilloAllen.Demandado: Subsección B de la Sección Tercera delConsejodeEstado.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia)

representados, debían haber actuado de manera activa para proteger a losderechos de los hoy accionantes, máxime teniendo en cuenta quesetratabadepersonas de la tercera edad, respecto de las cuales se debía tener un mayorcuidado, por el contrario, sedenotaqueel actuar tantodelosJuecescomodelosMagistrados y Consejeros fueguardar absolutosilenciofrentealainequidadquese evidenciaba en contra de mis poderdantes, quienes evidentemente eran laparte débil de la relación jurídica, no solo por el hecho de ser personas de latercera edad, sino que además, por el simple hecho de quesuúnicopatrimonioerael bieninmuebleobjetodel remate,ydel quedependíaneconómicamenteparasucongruasubsistenciapermitiéndolesgozardeunavidadignaensuvejez… Finalmente, tenemos que se ha incurrido en un exceso ritual manifiesto en lamedida en que los entes jugadores, en todo momento, podían hacer uso