CE - 110010315000202300527011SENTENCIAFALLO20230707163438

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Título
CE - 110010315000202300527011SENTENCIAFALLO20230707163438
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-00527-01

Demandante: Jader Pedroza Uribe Demandados: Presidente de la República y otros

Temas: Derecho de petición . Acción u omisión de autoridad pública frente a la prestación de servicios públicos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Jader Pedroza Uribe, en contra de la sentencia proferida el 6 de marzo de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Jader Pedroza Uribe promovió solicitud de tutel a con el fin de que se ampar aran sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al debido proceso administrativo, a la igualdad y a la prestación del servicio esencial de energía , los cuales consideró vulnerados con ocasión de l

a la tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al debido proceso administrativo, a la igualdad y a la prestación del servicio esencial de energía , los cuales consideró vulnerados con ocasión de l trámite irregular adelantado por la sociedad Afinia Grupo EPM y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, respecto de la solicitud de rompimiento de la solidaridad de la deuda generada por su arrendatario al no cumplir con la obligación de pago del servicio público de energía eléctrica, identificada con el NIC 6512120.

Pese a la falta de claridad del escrito de tutela, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, la Sala establece como situación fáctica la siguiente:

  1. El 1 4 de enero de 2023 Jader Pedroza Uribe radicó petición ante la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios2, Seccional Norte, y la

1 Ver índice 2 de SAMAI expediente 1100103150002020052700. Archivo denominado «ED_DEMANDA_3_2_202310(.pdf) Nr oActua 2» 2 En adelante superservicios2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00527-01

Demandante: Jader Pedroza Uribe empresa Afinia Grupo EPM con el fin de que se decidiera nuevamente, y esta vez de fondo, la solicitud de rompimiento de solidaridad presentada el 19 de julio de 2021 respecto del lapso transcurrido desde el 3 de enero de 2020 hasta el 8 de julio de 2021, identificada con el NIC 6512120.

  1. Con Consecutivo 202370034819 del 19 de enero de 2023 la empresa prestadora

de 2021, identificada con el NIC 6512120.

  1. Con Consecutivo 202370034819 del 19 de enero de 2023 la empresa prestadora del servicio público de energía le informó, entre otras razones, que no es posible atender lo solicitado en tanto ello ya había sido resuelto a través de Consecutivo 202170208308 del 29 de julio de 2021 . Decisión contra las cuales interpuso recursos de reposición, apelación y queja, este último rechazado, por no pago, por la Superintendencia de Servicios Públicos Domicilios, Seccional Norte, de conformidad con el inciso 2 del artículo 155 de la Ley 142 de 1994
  1. En relación con esa respuesta, la parte actora considera que la empresa demandada vulnera sus derechos fundamentales al exigirle requisitos adicionales no contenidos a la ley, para dar trámite a su solicitud.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] PRIMERO PRETENDO CON Esta acción de tutela como mecanismo definitivo y

excepcional PARA QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE AL PRESIDENTE DE

COLOMBIA REASUMIR LAS C OMPETENCIAS, OTORGADAS A LA

SUPERSERVICIOS CONFORME ARTICULO 12 DE LA LEY 489 DE 1998

DECLARADO EXEQUIBLE POR LA SENTENCIA C -727 DEL 2000, artículos 2,4,6,13,23,29,31,40,83,84,85,86,93,189-22 208,209,210,211, 365 al 370 de la

constitución ARTICULOS 75,DE L A LEY 142 DE 1994, y dé respuesta al derecho de petición, ASIMISMO EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO PUBLICOS, A EJERCER SUS FUNCIONES CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 75,79,81.82 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y LA SENTENCIAS C-263 DE 1996 C-558 DEL 2001, así mismo de respuesta al derecho de petición, así mismo el juez ordene a la superservicios y a la empresa Afinia a darle tramite al derecho de petición, debido que no es una petición reiterativa ni es un hecho superado y concedas los recursos de ley y tanto la empresa como la superservicios se abstenga de exigir requisito no autorizados POR LA CONSTITUCION EN EL ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION (…) y se garanticen MIS DERECHOS FUNDAMENTALES Al núcleo esencial del derecho de petición , la administración de justicias, a una tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la vida, a la educación, a una vivienda digna, al debido proceso administrativo, derecho a la defensa, contradicción, a la doble instancia igualdad legalidad t ipicidad, buena fe confianza legítima, y acto propio, a un servicio esencial de energía, a la dignidad humana , y a los precedente de la cortes constitucional que han reiterado que si es procedente la acción de tutela contra las empresas de servicios públicos domiciliarios y contra la superintendencia, para proteger los derechos de los usuarios de los servicios públicos, que el señor juez del conocimiento según el PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD, SE PRONUNCIE sobre todas y cada una de las

empresas de servicios públicos domiciliarios y contra la superintendencia, para proteger los derechos de los usuarios de los servicios públicos, que el señor juez del conocimiento según el PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD, SE PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones, Obligación de integrar debidamente el contradictorio PRINCIPIO DE

OFICIOSIDAD.

[…]3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00527-01

Demandante: Jader Pedroza Uribe

SEGUNDO QUE el señor juez constitucional ordene al señor superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamento constitucionales y legales, para que exijan como requisito para conceder el rompimiento de la solidaridad, certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por el instituto de Agustín Codazzi, cuando este último ya no lo expide, y nadie está obligado a lo imposibles violando o la sentencias de tutelas T636

DEL 2006 Y T -281 DEL 2012, Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) (…) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021, expedida por la superservicios, donde el superintendente juró cumplir la constitución y la ley, sin que la empresa aporte la carta catastral y el levantamiento CATASTRAL, que define cual es la dirección del predio, además la empresa de energía no es la entidad en

expedida por la superservicios, donde el superintendente juró cumplir la constitución y la ley, sin que la empresa aporte la carta catastral y el levantamiento CATASTRAL, que define cual es la dirección del predio, además la empresa de energía no es la entidad en cargada de manifestar cual es la dirección de predio, debido que de conformidad con los artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994 es al municipio que le corresponde realizar la estratificación, fijar las direcciones de las vivienda , y otorgar los subsidio.

TERCERO QUE el señor juez constitucional ordene al señor superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamentos constitucionales y legales para obligar a los usuarios que para conceder los recursos de reposición y apelación y de queja exige como requisito absoluto , el pago de la factura solidaria, y lo que no está objetos de reclamos, sin importar que el usuarios se abstienen de pagarla, y la pone en reclamo, a la súper no le importa esto o la paga, o la paga sin importar que esa factura solidaria sea una sanción, o que ya tienen más de 20 años hay que pagarla por las buenas o por las malas de lo contrario declaran improcedente el derecho de petición […]

CUARTO que el señor juez constitucional ordene al señor presidente SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene a la empresa de energía eléctrica a referirse de cada una de las pretensiones del derecho de petición que yo le acciones tales como: conque fundamento constituc ional y legal la empresa de energía puede suspenderme el servicios de energía si ante no expide un acto administrativo, como lo ordena el artículo

de las pretensiones del derecho de petición que yo le acciones tales como: conque fundamento constituc ional y legal la empresa de energía puede suspenderme el servicios de energía si ante no expide un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994,¿conque fundamento constitucional y legal la empresa de energía, exige como requisito para darle tramite a un derecho de petición de solidaridad, certificado de libertad y tradición, certificado de nomenclatura expedido por el instituto de Agustín Codazzi, cuando este organismo ya no lo viene expidiendo, además la empresa no tiene en su poder el levantamiento catastral y la carta catastral que definen la dirección del inmueble?¿conque fundamento constitucional y legal la empresa de energía exige como requisito para conceder los recursos de apelación ante el superior jerárquico funcional q ue es la superservicicios, que el usuario obligatoriamente, y absolutamente debe pagar la factura solidaria y lo que no es objeto de reclamo, donde esta exigencia no es obligatoria, como lo dejó claro la corte constitucional en la sentencia c-558 del 2001 .

QUINTO SEÑOR presidente ordene a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de juramento, cual es la ley, señalándola numéricamente de forma motivada, debido que siempre contesta, que ellos solamente exigen requisito autorizado por la ley, pero no dicen cuál es la ley ,debido que el artículo 84 de la constitución prohíbe exigir dicho requisito

[…]

SEXTO que el SEÑOR juez constitucional ordene al gerente general de Afinia que de conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los principios de la4

[…]

SEXTO que el SEÑOR juez constitucional ordene al gerente general de Afinia que de conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los principios de la4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00527-01

Demandante: Jader Pedroza Uribe función pública, legalidad tipicidad, debido proceso administrativo, el derecho de petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994

[…]

SÉPTIMO QUE EL SEÑOR juez constitucional ORDENE AL GERENTE GENERAL DE AFINIA, y al superintendente de servicios públicos LE DE CUMPLIMIENTO A LA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA

SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). (…) CUMPLIMIENTO A la Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021, que el señor Denis Martínez, Y la sentencia de tutela T-636 DEL 2006, donde la empresa de energía, viene violando el artículo 84 de la constitución que prohíbe exigir requisito no autorizado por la constitución y las ley (…) y Y LE DE TRAMITE AL a los derecho de petición de solidaridad, sin exigir requi sito adicionales para demostrar la propiedad del inmuebles, teniendo en cuenta la facturad de energía, y la declaración de extra juicio, de igual forma que se abstenga de seguir declarando improcedente los derechos de petición alegando que la dirección de la factura de energía no es la misma que a perecer en los

inmuebles, teniendo en cuenta la facturad de energía, y la declaración de extra juicio, de igual forma que se abstenga de seguir declarando improcedente los derechos de petición alegando que la dirección de la factura de energía no es la misma que a perecer en los certificado sin ante no presente como medio de prueba, la copia de la carta catastral del inmueble, así mismo el levantamiento catastral, debido que según la empresa, la dirección que poseen predomi nan sobre las direcciones registradas en las entidades catastrales las cuales son las entidades facultadas para determinar la dirección de cada inmueble según el plan de ordenamiento territorial

[…]

OCTAVO que el señor juez del conocimiento según el PRIN CIPIO DE OFICIOSIDAD, SE PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones, Obligación de integrar debidamente el contradictorio PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD

[…]

NOVENO señor juez constitucional es procedente esta acción de tutela, debido que no existen o tros mecanismos judiciales para obligar a estas entidades para amparar el núcleo esencial del derecho de petición, además todavía estamos en pandemia por lo que si es procedente esta acción de tutela conforme lo ordenado por la cortes constitucional en la sentencias Sobre la satisfacción del requisito de subsidiariedad en acciones de tutela dirigidas contra empresas de servicios públicos domiciliarios en el contexto de la pandemia por Covid

[…]

DECIMO Que el juez constitucional decrete la violación del derecho de petición por parte del presidente de Colombia doctor Gustavo petro y por el superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Quiroga, asi mismo ordenarles a ambos que en el término no superior de dos meses realice en Valledupar un consejo co munal con todas la

del presidente de Colombia doctor Gustavo petro y por el superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Quiroga, asi mismo ordenarles a ambos que en el término no superior de dos meses realice en Valledupar un consejo co munal con todas la comunidad usuarias , vocales de control y asociaciones de usuarios con las presencia de las delegadas de cada una de la superintendencia para que el pueblo participe expongan sus denuncia explique las irregularidades que vienen cometiendo por más de 20 años violando el estado social de derecho interpretando erróneamente las sentencias C-558 de 2001 debido a que para que procedan los recursos exigen que el usuario se encuentre a paz y salvo sin importar que se deuda de 1998

[…]5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00527-01

Demandante: Jader Pedroza Uribe UNDÉCIMO Que el juez constitucional haga un paralelo, de las pretensiones que solicite a la empresa de energía que resolviera, y las que ella resolvió, para determinar que si hubo o no peticiones reiterativas para que la empresa se abstuviera de dar respue sta nuevamente […]» (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros, Territorial Norte 3 solicitó que se niegue el amparo ante la ausencia de vulneración de derechos fundamentales, toda vez que la petición elevada por el demandante fue resuelta mediante Consecutivo 202386000665091 del 15 de febrero de 202 3, el cual le fue notificado a través de l correo electrónico melkiskammerer@hotmail.com; oportunidad en la que se le informó que al ser un órgano de segunda instancia que

mediante Consecutivo 202386000665091 del 15 de febrero de 202 3, el cual le fue notificado a través de l correo electrónico melkiskammerer@hotmail.com; oportunidad en la que se le informó que al ser un órgano de segunda instancia que vigila las actuaciones de la empresa demandada, solo podría dar r espuesta a lo solicitado una vez la empresa Afinia Grupo EPM agote su competencia.

1.2.2. Afinia Grupo EPM4 solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo o que se nieguen las pretensiones de amparo al considerar que: i) no se ha vulnerado derecho fundamental alguno, ii) el asunto no satisface el requisito de la subsidiariedad, en tanto el demandante puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para cuestionar la legalidad de las decisiones de la empresa y de la superservicios, y iii) tampoco se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable.

En cuanto a la situación fáctica en concreto, aclaró que el demandante «presentó una segunda reclamación por ruptura de solidaridad el 14 de enero de 2023, a la cual se le asignó el radicado RE3110202303342, y a la que se dio respuesta de fondo mediante comunicado con consecutivo No. 202370034819 del 19 de enero de 2023 mediante el cual además de informarle que su solicitud de ruptura de solidaridad había sido previamente atendida por la empresa mediante comunicado con consecutivo No. RE3110202132301, se le procedió a resolver cada una de las pretensiones presentadas en su escrito, respuesta que fue notificada al accionante por correo el mismo 19 de enero de 2023».

atendida por la empresa mediante comunicado con consecutivo No. RE3110202132301, se le procedió a resolver cada una de las pretensiones presentadas en su escrito, respuesta que fue notificada al accionante por correo el mismo 19 de enero de 2023».

1.2.3. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 5 solicitó que se le desvincule del trámite constitucional al considerar que no existe actuación u omisión de su parte a la que se le pueda atribuir la vulneración del derecho fundamental mencionado por la parte demandante.

3 Ver índice 12 de SAMAI expediente 1100103150002020052700. Archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CORREO_MEMO2023005(.pdf ) NroActua 12» 4 Ver índice 11 de SAMAI expediente 1100103150002020052700. Archivo denominado

«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_RV_CONTESTACIONDE(.zip) NroActua

11» 5Ver índice 15 de SAMAI expediente 1100103150002020052700 . Archivo denominado

RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_OFI2300026972GFPU(.zip) NroActua 156

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00527-01

Demandante: Jader Pedroza Uribe 1.3 Sentencia de primera instancia6

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 6 de marzo de 2023 neg ó la solicitud de amparo respecto a la petición del 14 de enero de 2023, en tanto la empresa prestadora del servicio de energía otorgó respuesta,

marzo de 2023 neg ó la solicitud de amparo respecto a la petición del 14 de enero de 2023, en tanto la empresa prestadora del servicio de energía otorgó respuesta, y respecto a la solicitud de realización de un consejo comunitario ya que ello no fue peticionado ante ninguna de las entidades demandadas.

Por otra parte, declaró improcedente la solicitud de tutela , por carecer del requisito de subsidiariedad, frente al reproche relacionado con la exigencia de requi sitos adicionales para acceder al rompimiento de la solidaridad , toda vez que la pretensión del actor se fundamenta en el desacuerdo con las decisiones de la administración, las cuales puede demandar ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo.

1.4. Escrito de impugnación7

Jader Pedroza Uribe impugnó la decisión del a quo al considerar que no se resolvieron de fondo sus pretensiones , por lo que insisto en los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema jurídico, iii) procedencia de la solicitud de tutela - el derecho de petición y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 8 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 9, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

2.2. Problema jurídico

6 Ver índice 2 0 de SAMA expediente 1100103150002020052700 . Archivo denominado : «SENTENCIA(.pdf) NroActua 20» 7 Ver índice 27 de SAMAI expediente 1100103150002020052700 . Archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_RV_APELACIONDELA(.zip) NroActua 27» 8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00527-01

Demandante: Jader Pedroza Uribe La Sala deberá definir si: ¿Las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales de Jader Pedroza Uribe con ocasión de la respuesta desfavorable emitida a la petición elevada el 14 de enero de 2023?

2.3. Procedencia de la solicitud de tutela

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia

amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia10, es decir, no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.3.2. Sobre el derecho de petición

Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de petición ha señalado la Corte Constitucional:

«[…] Aun cuando es claro que el ordenamiento jurídico tiene establecidos otros mecanismos de defensa judicial para exigir el cumpl imiento del derecho de petición, como lo es el acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, luego de agotada la vía gubernativa, la jurisprudencia constitucional ha considerado que resulta muy oneroso para el peticionario acceder al mecanismo ju dicial con el solo propósito de obtener la respuesta a una petición formulada, corriendo el riesgo que, para la época en que se

vía gubernativa, la jurisprudencia constitucional ha considerado que resulta muy oneroso para el peticionario acceder al mecanismo ju dicial con el solo propósito de obtener la respuesta a una petición formulada, corriendo el riesgo que, para la época en que se adopte la decisión judicial, ningún interés represente ya para el accionante la solicitud formulada o no produzca en forma oportuna el efecto inicialmente pretendido por éste.

Por tanto, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, y con el fin de evitar un desgaste innecesario del aparato judicial, atendiendo a su carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata, ha considerado esta Corporación que el derecho de petición solo puede ser protegido de manera eficiente y efectiva a través de la acción de tutela cuya finalidad, como quedó expuesto, es satisfacer al particular con un pronunciamiento frente a la solicitud por él realizada […]»11.

10 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T -1140 de 2004, T -1093 de 2004, T -514 de 2003 y T1121 de 2003. 11 Corte Constitucional, Sentencia 1103 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00527-01

Demandante: Jader Pedroza Uribe

En cuanto a los aspectos generales del derecho fundamental en estudio, de conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, «[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o part icular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]», lo

derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o part icular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]», lo cual no solo implica que la respuesta se produzca dentro de los términos de ley, sino que esta sea suficiente, efectiva y congruente.

2.4. Análisis de la Sala

Jader Pedroza Uribe acudió al juez de tutela con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al debido proceso administrativo, a la igualdad y a la prestación del servicio esencial de energía, con ocasión a la respuesta desfavorable emitida a su solicitud del 14 de enero de 2023.

Lo anterior, al considerar que ello le ha impedido agotar la segunda instancia, y obtener una solución favorable, en el trámite de rompimiento de la solidaridad de la deuda generada por su arrendatario al no cumplir con la obligación de pago del servicio público de energía eléctrica, identificad o con el NIC 6512120. Al respecto, de las pruebas aportadas al expediente se encuentra acreditado que:

  • Jader Pedroza Uribe, el 22 de julio de 2021, radicó ante la empresa Afinia Grupo EPM solicitud de rompimiento de solidaridad respecto de la deuda existente con ocasión del no pago del servicio de energía por parte de su arrendatario del 3 de enero de 2020 al 8 de julio de 2021, identificada con el NIC 6512120.

ocasión del no pago del servicio de energía por parte de su arrendatario del 3 de enero de 2020 al 8 de julio de 2021, identificada con el NIC 6512120.

  • Mediante Consecutivo 202170208308 del 29 de julio de 2021, Afinia Grupo EPM desató el trámite referido, en los siguientes términos:

«[…] PRIMERO: Teniendo en cuenta su petición expuesta, no es procedente declarar el rompimiento de solidaridad, toda vez que como propietario ha dejado de hacer efectivo el contrato de arriendo y consintió la deuda dejada por el inquilino. Le reiteramos que la empresa cumplió con su obligación de suspender el servicio. En virtud de lo anterior, es preciso informarle que solo en los términos del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 se rompe la solidaridad, quedando a cargo del arrendatario la responsabilidad del pago del servicio y demás conceptos que se le imputen al i nmueble durante el ejercicio de prestación del servicio de Energía Eléctrica. Esta responsabilidad retornará al propietario una vez se haya terminado el contrato o en el momento en que la empresa haga exigible la garantía de pago para cancelar facturas adeudadas, si usted no está de acuerdo con esta financiación puede solicitar su anulación. No obstante, le aclaramos que al proceder con la anulación de este, las facturas incluidas en el mismo quedan liberadas siguiendo el curso normal de su proceso de cobro , las cuales sino son canceladas generaran la Suspensión del Servicio, Así como lo establece el Artículo 140 inciso primero de la Ley 142 de 1994 nos establece: "Que en caso de incumplimiento del contrato y la falta de9

Suspensión del Servicio, Así como lo establece el Artículo 140 inciso primero de la Ley 142 de 1994 nos establece: "Que en caso de incumplimiento del contrato y la falta de9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00527-01

Demandante: Jader Pedroza Uribe pago por el término que fije la entid ad prestadora por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio".

En cuanto a su solicitud le aclaramos que el arrendador es solidario con la primera factura dejada de cancelar por el inquilino y corresponde al mes de julio de 2020 por un valor de $5.430, el cual debe ser cancelado en su totalidad antes de la presentación de los recursos, y del cual hace parte del periodo contractual.

SEGUNDO: en cuanto a la no suspensión del servicio, le informamos que mientras las facturas se encuentren en estado reclamado, el sistema no emitirá suspensiones, por lo cual se dará el trámite requerido para que se efectúe un debido proceso, ahora, si el cliente llegare a tener facturas no objeto de reclamación pendientes de pago la empresa podrá suspender el servicio como lo dispone el Artículo 140 de la ley 142 de 1994 y la Cláusula 64ª del Contrato de Condiciones Uniformes.

TERCERO: se reitera el numeral primero.

CUARTO: a pesar de no haber aportado la documentación solicitada, se procede a atender sus pretensiones.

QUINTO: Se reitera el numeral segundo.

SEXTO: no es procedente su solicitud de acuerdo con lo anteriormente manifestado.

Por lo anterior, le informamos que su reclamación ha sido resuelta de manera Desfavorable y en consecuencia se confirman los valores facturados en el periodo

SEXTO: no es procedente su solicitud de acuerdo con lo anteriormente manifestado.

Por lo anterior, le informamos que su reclamación ha sido resuelta de manera Desfavorable y en consecuencia se confirman los valores facturados en el periodo reclamado.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante nuestra Entidad, y en subsidio el de apelación para que sea resuelto por la Superintendencia de Servicios Públicos Do

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