CE - 110010315000202300552011SENTENCIA20230524081832

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00552-01

Actora: Centro de Estimulación Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza

S.A.S

Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proces o y ii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 30 de marzo de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual negó la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Atlántico, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 3 de octubre de 2022 , en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. La actora, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Atlántico, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 3 de octubre de 2022 , en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 08-001-33-00-014-2017-00063-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.2

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Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, presento demanda contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, a fin de que se declarara la “[…] nulidad de la Resolución No. GGIRERS-04682-15 del 9 de diciembre de 2015, que negó la solicitud de devolución de la suma de $ 57.525.000,oo. que pagó por concepto de impuesto de ind ustria y comercio […] la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. COD 504 Acto No.

GGI-FI-LR-00866-15 de 29 de septiembre de 2015, proferida por la Gerencia de Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla, a través de la cual modifica las declaraciones de retención y autoretenciones del impuesto de industria y comercio y su complemento de avisos y tableros, correspondiente a

Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla, a través de la cual modifica las declaraciones de retención y autoretenciones del impuesto de industria y comercio y su complemento de avisos y tableros, correspondiente a los periodos 2, 3, 4, 5 y 6 del año gravable 2012, así como de la Resolución No. GGI-DT-RS-00387-16 […]” y, a título de restablecimiento del derecho, “[…] declare que la sociedad Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza S.A.S. no es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio de avisos y tableros en el Distrit o de Barranquilla. Además, solicita que se condene a la demandada a reintegrar a dicho centro la suma de $ 57.525.000, valor que fue pagado por la parte demandante, por concepto de impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros y sobretasa bomberil, correspondiente a los años gravables 2011 a 2015 […]”.

4. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, profirió sentencia de primera instancia el 24 de septiembre de 2019, por medio de la cual, denegó las pretensiones de la demanda.

5. La Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico , profirió sentencia de segunda instancia el 3 de octubre de 2022, resolviendo lo siguiente:3

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“[…] PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia de 24 de septiembre de 2019, proferida por el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda. […]”.

5.1. Al respecto consideró lo siguiente:

“[…] el Tribunal a resolver la controversia planteada, para lo cual inicialmente ha de indicarse que, si bien el Distrito de Barranquilla no cuestionó que la actora tenga la calidad de entidad prestadora del servicio de salud, lo cierto es que la demandante, tal como lo dijo el juez de instancia, no demostró que los servicios de salud que originaron los ingresos tuvieran origen en los recursos de la seguridad social.

La parte demandante se relevó de probar dicha situación, pues en su criterio, la desgravación del impuesto de industria y comercio obedece, de forma exclusiva, a su condición subjetiva de encontrarse adscrita al sistema de seguridad social, al punto que hizo descansar todos sus argumentos en esa premisa. Sin embargo, como ya se vio conforme la línea jurisprudencial tejida por el Consejo de Estado, le corresponde probar el presupuesto de hecho que permitiría reconocer la desgravación.

En ese orden, debió probar que el ingreso efectivamente fue obtenido por la prestación de servicios de salud correspondientes a los referidos planes diferentes al POS, pues los ingresos derivados de actividades comerciales e industriales sí hacen parte de la base gravable del impuesto […]”.

[…]

prestación de servicios de salud correspondientes a los referidos planes diferentes al POS, pues los ingresos derivados de actividades comerciales e industriales sí hacen parte de la base gravable del impuesto […]”.

[…]

“[…] en el dictamen pericial que se rindió al interior del proceso se conc luye sin ambages que los ingresos percibidos por la parte demandante provienen de lo que percibe por los servicios que presta como Institución Prestadora de Salud, y que también recibe otros ingresos, mismos que a juicio del demandante, según lo expone vía apelación, se relacionan con actividades relacionadas con la prestación del servicio médico, ya que su implementación supone una mejoría del ciclo de prestación del objeto principal del demandante, argumento que no solo no encuentra respaldo en las prueba s arribadas a la actuación, sino que, de encontrarlo, es evidente que dicho ingreso no fue obtenido por la prestación de servicios de salud, sino a la realización de una actividad comercial gravada con el impuesto de Industria y Comercio.

En ese orden, esta Corporación coincide con el juez de instancia, en tanto indicó que la sociedad actora debía acreditar que el monto de los valores que afirma fue indebidamente gravados por la Administración con el impuesto de industria y comercio, corresponden a la pre stación de servicios de salud. Por consiguiente, se encuentra demostrado que la actora recibió ingresos operacionales originados en servicios no POS, que resultan gravados con ICA y, por lo tanto, es procedente la inclusión que de los mismos hizo la Administración en la base gravable del impuesto.

Así pues, concluye la corporación que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados, por lo que deberá confirmarse la sentencia de

inclusión que de los mismos hizo la Administración en la base gravable del impuesto.

Así pues, concluye la corporación que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados, por lo que deberá confirmarse la sentencia de primer grado, denegatoria de las suplicas de la dema nda, sin que haya lugar a la condena en costas en esta instancia, al no encontrarse probadas ni causadas. Además, porque del comportamiento de las partes tampoco se infiere la imposición de las mismas […]”.4

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La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1º.- Tutelar la protección del derecho constitucional y fundamental DEBIDO

PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICION, ACCESO EFICIENTE A

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

2º.- Como consecuencia del amparo anterior, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO – M.P. CRISTOBAL CHRISTIANSEN MARTELO, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al conocimiento de la sentencia que así lo disponga, revis ar expediente, actuar de conformidad lo exige la jurisprudencia del órgano de cierre en la que basa su decisión, valorar las pruebas pertinentes y conducentes aportadas con la demanda, ordenar la práctica de nuevas pruebas en consonancia con la jurisprudencia que sobre el tema basó su decisión.

valorar las pruebas pertinentes y conducentes aportadas con la demanda, ordenar la práctica de nuevas pruebas en consonancia con la jurisprudencia que sobre el tema basó su decisión.

3°- Subsidiariamente se solicita, en gracia de aceptar la decisión judicial proferida por la accionada, solicitamos al juez de tutela a conminar a la accionada expedir decisión menos lesiva a los interese de nuestra representada, ordenar a CEASE SAS corregir las Declaraciones tributarias que no hubiesen adquirido firmeza, como se dijo el 99.6% de los ingresos percibidos correspondían a la prestación de servicios de salud, las cuales el mismo juzgador en todo momento promulgó como exentas de dicho impuesto […]”.

6.1. La actora en su escrito de tutela señaló que la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en un defecto fáctico y en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

7. La Sección Cuarta del Consejo de Estado , mediante auto de 10 de febrero de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico y iii) vinculó al Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y al Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla , en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.5

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Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

8. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla solicitó “[…] declarar improcedente la acción de tutela impetrada por carencia actual de objeto […]”.

9. El Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

10.La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 30 de marzo 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] 1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en esta providencia. […]”.

10.1. Consideró que:

“[…] no hubo indebida aplicación del precedente, habida cuenta de que la autoridad judicial demandada tuvo en cuenta el vigente cuando fue decidida la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Como se vio, la sentencia cuestionada fue dictada el 3 de octubre de 2022 y para ese momento estaba vigente la posición vigente en las sentencias del 4 de abril y 27 de junio de

2019. Como las sentencias del 4 de abril y 27 de junio de 2019 no fijaron efectos temporales específicos, se entiende que resultan aplicables para todos los casos que se encontraran en discusión […]”.

[…]

2019. Como las sentencias del 4 de abril y 27 de junio de 2019 no fijaron efectos temporales específicos, se entiende que resultan aplicables para todos los casos que se encontraran en discusión […]”.

[…]

“[…] 5.2. De hecho, la Sala advierte que, en este caso, no puede predicarse un cambio jurisprudencial, ni muchos menos una modificación de las condiciones bajo las que fue interpuesta la demanda de nulidad y restablecimiento del der echo. En efecto, la demanda fue radicada el 6 de febrero de 2018 y para ese momento ya estaba vigente la posición que obligaba a que las IPS tuvieran que demostrar que los ingresos provenían de pagos asociados a servicios POS.

5.2.1. Desde el mismo momen to de la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el precedente indicaba que el contribuyente debía probar el presupuesto de hecho que permitiría reconocer la desgravación de ICA frente a ingresos derivados de la prestación de servicios de salud, esto es, debía acreditar que el ingreso efectivamente fue obtenido por la prestación de servicios de salud correspondientes al POS.

5.2.2. Por consiguiente, lo razonable era que, desde la propia demanda, la parte actora hiciera un esfuerzo probatorio con respecto a la determinación de la fuente de6

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los ingresos percibidos por los años 2011 a 2015. Sin embargo, como bien lo anotó

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los ingresos percibidos por los años 2011 a 2015. Sin embargo, como bien lo anotó el tribunal demandado en la providencia cuestionada, la desgravación alegada en la demanda estuvo sustentada exclusivamente en el hecho de que la actora fuera una IPS.

5.2.3. Además, la actividad probatoria de la parte actora fue precaria, pues la prueba pericial fue decretada de manera oficiosa por el Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla. Es más, esta sit uación también pone en evidencia que dicho juzgado sabía que lo relevante era verificar la fuente de los ingresos obtenidos por la parte actora y no limitarse al hecho de que la sociedad demandante fuera una IPS vinculada al SGSSS.

5.3. Lo expuesto también es suficiente para desestimar la existencia de defecto fáctico. Debe insistirse en que, como se precisó, en los términos del precedente vigente cuando fue interpuesta y decidida la demanda, no bastaba con demostrar la calidad de IPS. Se reitera, lo que debió probarse es que los ingresos incluidos en la base gravable del ICA fueron efectivamente obtenidos por la prestación de servicios de salud legalmente obligatorios y que no están gravados con el tributo.

5.3.1. Contra lo alegado por la parte actora, no es suficiente con la distinción del perito entre ingresos operacionales y no operacionales, habida cuenta de que la desgravación de ICA tiene sustento principal en el artículo 48 de la Constitución Política y, en ese sentido, lo relevante es la fuen te del ingreso, esto es, debe

entre ingresos operacionales y no operacionales, habida cuenta de que la desgravación de ICA tiene sustento principal en el artículo 48 de la Constitución Política y, en ese sentido, lo relevante es la fuen te del ingreso, esto es, debe demostrarse que el ingreso proviene de la prestación de servicios POS, hecho que no estaba demostrado en el dictamen pericial.

5.3.2. En otras palabras, no es cierto que la autoridad judicial demandada hubiese valorado indebidamente el dictamen pericial. Todo lo contrario, se tuvo en cuenta que en dicha prueba se afirmó que los ingresos provienen de los servicios que presta como IPS. Otra cosa es que el dictamen pericial no especificara que los ingresos provenían de la prestación de servicios del POS, hecho que, como se vio, resultaba relevante para la decisión del caso.

5.3.3. Por lo demás, la Sala reitera que, durante el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte actora pudo realizar esfuerzos probatorios adicionales, máxime cuando existía una discusión jurisprudencial sobre el alcance de la desgravación de ICA en servicios de Salud. No obstante, la parte actora ninguna prueba solicitó para efecto de demostrar la fuente de los ingresos obtenidos por los años gravables 2011 a 2015. Se repite, el único esfuerzo en ese sentido fue la prueba pericial decretada oficiosamente por el juez de primera instancia del proceso ordinario.

5.4. En esas condiciones, la Sala tiene por resuelto el problema jurídico: la sentencia del 3 de octubre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, no incurrió en desconocimiento del precedente ni en defecto fáctico al confirmar la

del 3 de octubre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, no incurrió en desconocimiento del precedente ni en defecto fáctico al confirmar la decisión de denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restableci miento del derecho promovida por la sociedad demandante contra el distrito de Barranquilla. Por consiguiente, serán denegadas las pretensiones de la demanda de tutela […]”.

La impugnación:

11. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente:7

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“[…] Iniciaremos por manifestar, que tanto con nuestra solicitud de devolución del impuesto de industria y comercio de los años 2011 a 2015 (17 de noviembre de 2015), como con la presentación de la demanda (9 de febrero 2017), aportamos las pruebas suficientes y necesarias acorde a la jurisprudencia vigente acorde a esa temporalidad, contenidas en las sentencias del Consejo de Estado que habían sido expedidas durante los años 2012 a 2015, en especial las referidas en los expedientes 760012331000200701036011 (18431) del 16 de agosto del año 2012 , 08001 -2331000-2008-00193-01 (18736) del 28 de febrero del año 2013 Magistrada ponente Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia y 68001 -2331-000-2003-00489-01 (19062) de

000-2008-00193-01 (18736) del 28 de febrero del año 2013 Magistrada ponente Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia y 68001 -2331-000-2003-00489-01 (19062) de fecha 28 de agosto de 2014), las cuales consistían en demostrar que el Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza S.A.S. era una entidad integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud, que en ese momento correspondía a la ÚNICA CONDICIÓN que debían acreditar tales entes para ser beneficiarios de la exención contenida en el literal d) del numeral 2) del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, concordante con la disposición contenida en el numeral 3ro del artículo 57 del Decreto 0924 de 2011 (Estatuto Tributario del Distrito de Barranquilla), de no estar sujeta el Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros ni en el Distrito de Barranquilla ni en cualquier otro municipio del País […]”.

[…]

“[…] No obstante lo anterior, el Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó el fallo condenatorio de primera instancia, pero basando su fundamento en la sentencia de fecha 27 de junio 2019 del Consejo de Estado, la cual a todas luce s tiene una connotación diferente para la desgravación de los servicios de salud de las IPS, que consiste en la desagregación de los ingresos por servicios de salud provenientes de recursos del POS y no POS los cuales serían finalmente los gravados con el ICA, situación que evidentemente implica un cambio de la doctrina jurisprudencial que traía el Consejo de Estado, que requería la solicitud de una prueba consistente en

recursos del POS y no POS los cuales serían finalmente los gravados con el ICA, situación que evidentemente implica un cambio de la doctrina jurisprudencial que traía el Consejo de Estado, que requería la solicitud de una prueba consistente en determinare esta situación. Como puede verse, en el proceso fueron aportadas de nuestra parte las pruebas en primera y segunda instancia conducentes a demostrar que la entidad CEASE SAS cumplía con los requisitos para acceder a los beneficios contemplados en el literal d) del numeral 2) del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, para las entidades integrantes del SGSSS; además de las requeridas oficiosamente por el juez de primera instancia; por lo NO es dable la afirmación del juez de tutela al manifestar que nuestra actividad probatoria era precaria […]”.

[…]

“[…] dentro nuestros alegatos en segunda instancia, manifestamos que si todavía existía alguna duda, correspondía al A quo la oportunidad de saciar todas aquellas incertidumbres que se encontraran pendientes por resolver dentro del proceso y decretar las pruebas pertinentes

Así las cosas y teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo del Atlántico no ordenó ni solicitó nuevas pruebas necesarias que permitieran demostrar si los ingresos por salud recibidos por mi poderdante, durante los años 2011 - 2015, correspondían en su totalidad o en parte a recursos del POS, Ni tampoco el juez de tutela conminó al Tribunal Administrativo del Atlántico para que éste las decretara, decidimos aportar en esta oportunidad la certificación expedida por el Revisor Fiscal de la entidad donde se demuestra que la totalidad de los ingresos por salud percibidos por CESAE SAS durante los años 2011-2015 corresponden a recursos de los planes obligatorios de salud POS.8

de la entidad donde se demuestra que la totalidad de los ingresos por salud percibidos por CESAE SAS durante los años 2011-2015 corresponden a recursos de los planes obligatorios de salud POS.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00552-01

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Con ello se pretende evitar una doble lesión a mi representa da, toda vez que como se podrá observar mediante la prueba antes referida, durante los años 2011 al 2015 la totalidad de sus ingresos correspondían a la prestación de servicios de salud financiados por el POS, en consecuencia exentos del pago del ICA, pero sobre los cuales se pagó este impuesto de manera indebida, adicionalmente la demandada ALCALDIA DE BARRANQUILLA, pretende sancionar a mi representada por haberse descontado unas retenciones en la fuente a título de este impuesto por un valor inferior al que indebidamente fue pagado […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019.

Generalidades de la acción de tutela

para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autorida des públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

15. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes9

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temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia , procediendo posteriormente

providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia , procediendo posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

16. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena1, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

17. Esta Sección adoptó2 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20053, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de p rocedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo

estableció como requisitos generales de p rocedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 3 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.10

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la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimie nto del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos

demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”4 que encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una maner a de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sa la Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

4 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.

por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

4 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00552-01

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Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

23. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencio