CE - 110010315000202300562011SENTENCIA20230518115234

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Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Shirley Genova Joya Martínez

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00562-01

Demandante: Shirley Genova Joya Martínez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial que confirmó la que negó las pretensiones del medio de control de reparación directa por falla en el servicio causado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia / inexistencia de los defectos fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial / independencia y autonomía del juez

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, proferida el 3 de marzo de 2023, que declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, los señores Shirley Genova Joya Martínez, Dehiver Alexis Jaimes Joya, Luis Alexander Jaimes Garnica, Mario Joya Carvajal y Nelly Martínez Fuentes , por intermedio d e apoderado, promovieron demanda en orden a que se les amparen los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, confianza legítima, seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia, igualdad, debido proceso y reparación integral,2

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conculcados con la providencia proferida por el Tribunal Administrativo d e Santander el 14 de diciembre de 2022, en el medio de control de reparación directa 68001-33330092021-00028-00(01), que confirmó la decisión que en primera instancia expidió el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga el 5 de noviembre de 2021.

1.1.2. Los hechos

Los accionantes, en síntesis, narraron como sustento fáctico de la solicitud de amparo, lo siguiente:

1.1.2.1. Instauraron el medio de control de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial, por falla en el servicio causada por el defectuoso funcionamiento de la

lo siguiente:

1.1.2.1. Instauraron el medio de control de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial, por falla en el servicio causada por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia , dad o que, por mora judicial, el director del proceso dejó prescribir la acción penal iniciada con ocasión de la agresión que causó la muerte de su familiar.

1.1.2.2. El 5 de noviembre de 2021 el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga, profirió sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y condenó al demandante al pago de costas.

1.1.2.3. El 14 de diciembre de 2022 el Tribunal Administrativo de Santander al desatar el recurso de apelación confirmó la decisión de primera instancia.

1.1.3. Los defectos invocados

La parte accionante, indicó que la s providencias cuestionadas incurrieron en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial horizontal; para el efecto, expuso lo que a continuación se sustrae:

1. Defecto fáctico: por cuanto que, las accionadas no efectuaron una valoración adecuada de las pruebas, en virtud a los siguientes aspectos:3

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a) Pese a que admite demoras injustificadas de la justicia penal, se abstuvo de

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a) Pese a que admite demoras injustificadas de la justicia penal, se abstuvo de condenar al demandado a reconocer y pagar los perjuicios solicitados, cuando lo cierto es que, por la citada mora judicial, los accionante s no tuvieron la oportunidad de conocer, por un lado, la verdad de los hechos y , por otro, que el responsable de la conducta punible fuera condenado.

b) Impuso cargas imposibles e injustificadas, como lo era la de constituirse en parte civil dentro del proceso penal, en tanto que dicho trámite «nisiquiera pudo iniciar» y , por tanto, no resultaba posible «exigir responsabilidad civil por via (sic) judicial ordinaria cuando no hay un responsable material definido por la [jurisdicción] penal»; de tal forma que, por ese motivo se configuró el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

c) La responsabilidad penal es totalmente diferente a la civil, por tanto, no es de recibo que el fallo cuestionado exigiera a los actores constituirse en parte civil dentro de u n proceso penal, y, también que demandaran ante la jurisdicción ordinaria, para obtener la indemnización como reparación del daño.

d) El daño, entendido como la privación del derecho a la tutela efectiva, es imputable a la demandada, quien dio lugar a la demora que conllevó a la prescripción de la acción penal y, por ende, a la causación de serios perjuicios.

e) Las pretensiones de la presente demanda están encaminadas a obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la Rama Judicial, tanto por la lesión

penal y, por ende, a la causación de serios perjuicios.

e) Las pretensiones de la presente demanda están encaminadas a obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la Rama Judicial, tanto por la lesión de derechos constitucionalmente protegidos, como por la denominada p érdida de oportunidad con ocasión del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivada de la declaratoria de prescripción de la acción penal; por tan to, existe incoherencia entre lo que se pide y lo decidido.

f) La decisión cuestionada vulnera las garantías de no repetición, statuo quo ante la igualdad sustancial y se subsume en la afectación de bienes constitucional o convencionalmente protegidos.4

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g) El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se concreta en la mora judicial, pues la tardanza se debió a las solicitudes de aplazamientos de la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, como el director del proceso fue el juez penal, es en la Rama Judicial en quien recae la responsabilidad estatal.

1. Desconocimiento del precede nte jurisprudencial horizontal y vertical, comoquiera que, el Tribunal Administrativo de Santander condenó a la Rama Judicial en un caso idéntico a través de sentencia proferida el 2 de diciembre de 2021, dentro del proceso con radicado 2020 -00029-01, al consider ar que la demora jud icial permitida por el

idéntico a través de sentencia proferida el 2 de diciembre de 2021, dentro del proceso con radicado 2020 -00029-01, al consider ar que la demora jud icial permitida por el director del proceso fue la que conllevó la pr escripción de la acción penal y, en consecuencia, la causación del daño.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 8 de febrero de 2023, el ponente sustanciador admitió la acción de tutela y , dispuso notificar como demandados a l juez noveno administrativo del Circuito de Bucaramanga y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander. Como terceros interesados en las resultas del proceso, vinculó a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga

El juez Jairo García Suárez solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia por no cumplir con los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, o, en su defecto, negar el amparo pretendido, puesto que efectuó el análisis probatorio al interior del proceso, con sujeción a las garantías procesales del derecho de defensa y contradicción.

En ese sentido, considera que la acción de tutela no puede ser utilizada como una tercera instancia cuando la decisión judicial no resulta favorable a las pretensiones de los demandantes.5

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tercera instancia cuando la decisión judicial no resulta favorable a las pretensiones de los demandantes.5

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1.3.2. Durante el término del traslado, el Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio, pese a haber sido notificado en debida forma.

1.4. Intervenciones

1.4.1. De la Nación, Rama Judicial

La abogada Juliana Andrea Gómez Sandoval, como apoderada de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, precisó los siguientes aspectos:

1. La parte accionante no cumplió con la carga argumentativa y probatoria para demostrar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales;

1. Ni esa entidad, ni los despachos judici ales que profirieron las decisiones atacadas, han menoscabado los derechos fundamentales de la parte accionante y por ello, las actuaciones, en lo atinente a la valoración probatoria, se adelantaron con el respeto al debido proceso.

1.5. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 3 de marzo de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional , al considerar, en lo fundamental, lo siguiente:

1. Los argumentos que los accionantes plantearon como fundamento de la presunta

declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional , al considerar, en lo fundamental, lo siguiente:

1. Los argumentos que los accionantes plantearon como fundamento de la presunta vulneración de los derechos deprecados, no contienen un desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones por las que considera n que se afectó en forma desproporcionada el núcleo esencial de s us derechos fundamentales con ocasión de la expedición de la sentencia del 14 de diciembre de 2022. Aunado a que se limitan a reiterar lo expuesto y discutido al interior del medio de control de reparación directa 68001-3333-009-2021-00028-00/01.6

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1. Si bien la parte actora identificó que la sentencia del 14 de diciembre de 2022 incurrió en un defecto fáctico y en un desconocimiento del precedente, lo cierto es que los argumentos que sustentan esta acción no se hicieron desde una óptica constitucional, por lo que el debate que se plasma en el escrito de amparo es de mera legalidad y, en ese sentido, la resolución de dicho debate fue zanjad a por el Tribunal Administrativo de Santander en el fallo enjuiciado.

1.6. impugnación

La parte accionante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, para el efecto reiteró los argumentos de la acción de tutela.

Adicionalmente manifestó que el a quo:

1.6. impugnación

La parte accionante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, para el efecto reiteró los argumentos de la acción de tutela.

Adicionalmente manifestó que el a quo:

1. Se esforzó por «dejar el asunto en la relevancia constitucional con el fin de no pasar a estudiar la esencia de esta acción de tutela», esto es, el desconocimiento del precedente horizontal;

1. No tuvo en cuenta que en el escrito de tutela se enumeran los defectos en que incurren las decisiones cuestionadas y, por tanto , se acredita la vulneración de los derechos fundamentales deprecados;

1. Vulnera la primacía de la realidad sobre las formas , con exigencias argumentativas que carecen de sentido; y,

1. Omite pronunciarse sobre todos los cargos propuestos en la acción de tutela.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso7

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Administrativo serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para

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Administrativo serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Primera, de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

Si bien el presente asunto se dirige contra la decisión proferida en primera instancia por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga, dentro del medio de control de reparación directa 68001-33-33-009-2021-00028-00 [01], fue el Tribunal Administrativo de Santander, el que en segunda instancia tomó la decisión que definió el asunto objeto de litis a través de la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2022, por lo que el análisis de la posible vulneración de los derechos fundamentales alegados se hará respecto de la mentada providencia, por haber cerrado en forma definitiva la controversia.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 14 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de contro l de reparación directa radicado 68001-33-33-009-2021-00028-00 [01]. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se incurrió en las causales de procedibilidad defecto fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial y, por ende, si se vulneraron los derechos fundamentales al debido

se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se incurrió en las causales de procedibilidad defecto fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial y, por ende, si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, junto con las garantías a la tutela judicial efectiva, confianza legítima, seguridad jurídica y reparación integral.

2.4. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un medio a través del cual t oda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la8

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protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas. Estos artícul os, posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, en Sentencia C -543 de 1992 , al considerarse que atentaban contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la

ejecutoriadas. Estos artícul os, posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, en Sentencia C -543 de 1992 , al considerarse que atentaban contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad , de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en c asos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 20052, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un

1 T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T -589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.9

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perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la infracción como los derechos afectados y que hubiere alegado tal desconocimiento en

en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la infracción como los derechos afectados y que hubiere alegado tal desconocimiento en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20123, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 20144 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de

3 Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). 4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Adm inistrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez. Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).10

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inmediatez que debe considerarse en ca da caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de Santander, del 14 de diciembre de 2022 en el medio de control reparación

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de Santander, del 14 de diciembre de 2022 en el medio de control reparación directa radicado 68001-33-33-009-2021-00028-01

2.5.1. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela guardan coherencia lógica y temporal.

2.5.2. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela , en tanto que la decisión censurada fue proferida en el trámite de l medio de control reparación directa.

2.5.3. Se presentó con inmediatez . Sobre el particular es preciso indicar que, la sentencia cuestionada data del 24 de diciembre de 2022, y la acción de tutela se instauró el 6 de febrero de 20235, con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe sobrepasar los seis meses.

2.5.4. El asunto tiene relevancia constitucional. En ese sentido y a diferencia de lo señalado por la primera instancia, la invocada protección a los derechos fundamentales al deb ido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia fueron justificados razonablemente por los accionantes, para evidenciar una posible restricción desproporcionada respecto de dichas garantías por parte de la autoridad judicial, que permiten considerar que se cumple con este presupuesto respecto de las presuntas vías de hecho alegadas.

2.5.5. Se agotaron los medios de defensa judicial: comoquiera que contra la

autoridad judicial, que permiten considerar que se cumple con este presupuesto respecto de las presuntas vías de hecho alegadas.

2.5.5. Se agotaron los medios de defensa judicial: comoquiera que contra la providencia objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios de defensa ni , de acuerdo con lo argumentado, las causales especiales para la instauración del recurso extraordinario de revisión.

5 De acuerdo con el sistema de consulta de procesos judiciales SAMAI, la acción de tutela fue interpuesta en línea, a través de la página web de la Rama Judicial, el 6 de febrero de 2023.11

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2.6. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad del amparo 6 contra providencias judiciales , es decir, que la actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos: a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente

a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico , que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo , como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación , que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el desconocimiento del precedente , hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece e l alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fu ndamental vulnerado; y, h) la violación directa de la Constitución , que se predica cuando, de manera ostensible y flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la carta política.

vulnerado; y, h) la violación directa de la Constitución , que se predica cuando, de manera ostensible y flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la carta política.

Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y

6 Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales.12

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vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad jurídica.

En el presente asunto, la parte accionante formula las causales de procedibilidad defectos fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial. Conforme a lo expuesto y con la finalidad de determinar la procedibilidad del amparo y la consiguiente tutela o no, de los derechos fundamentales al debido proceso , igualdad y acceso a la administración de justicia , la Sala hará un examen del marco normativo y jurisprudencial de los defectos alegados.

2.7. Marco normativo y jurisprudencial de las causales de procedibilidad defecto fáctico y por desconocimiento del precedente jurisprudencial.

jurisprudencial de los defectos alegados.

2.7. Marco normativo y jurisprudencial de las causales de procedibilidad defecto fáctico y por desconocimiento del precedente jurisprudencial.

2.7.1. Defecto fáctico

De acuerdo con la Corte Constitucional, se está en presencia de un defecto fáctico cuando, al examinarse la providencia judicial objeto de la tutela, «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».7

En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una dimensión positiva o en una dimensión negativa (omisiva) de la valoración y práctica de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera comprende valoraciones inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y la valoración de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar una acción de tutela en este defecto cuando se observa que la valoración pro